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Comunidades indígenas de SLP buscan su autonomía política
Comunidades Tének y Nahuas solicitarán al Congreso del Estado y al Ceepac que se les consulte para asentar y vincular su derecho a elegir sus autoridades como mejor les convenga
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, una las principales demandas de los pueblos indígenas es el reconocimiento de sus derechos humanos; ahora más de 120 comunidades Tének y Nahuas de los municipios de Tanlajás, San Antonio y Tancanhuitz obtuvieron una sentencia del Tribunal Federal Electoral para exigir al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que se les consulte sobre su derecho de participación electoral, para asentar y vincular su derecho a elegir sus autoridades como mejor les convenga, es decir, para obtener su autonomía política.
La Orquesta conversó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y que ha seguido este proceso en las comunidades pertenecientes a la Huasteca Potosina, quien detalló que esto se ha venido solicitando desde hace años, pues los indígenas “ya no quieren seguir participando en un sistema que los pone en desventaja electoral, política, social y económica frente a una minoría”; agregó que se buscará que exista un esquema de usos y costumbres autónomo, tal y como lo enmarca la Constitución: “…la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”.
“Quieren elegir a sus autoridades bajo sus propios usos y costumbres. Quieren desarrollar sus propios proyectos productivos porque como todos los mexicanos tienen derecho a decidir por su propia prosperidad. Están hartos de ser pasivos en el desarrollo de su propia tierra y que los de afuera les digan qué es lo bueno para ellos”, detalló el antropólogo en su columna “La Huasteca Autónoma”, publicado en este medio de comunicación.
León García Lam resaltó que las comunidades indígenas Tének y Nahuas se están encaminando a un momento histórico que nunca se había dado, por ello, los pasos a seguir son completamente impredecibles; no obstante, todo lo que vaya a ocurrir debe partir de la Consulta que ellos están solicitando a los distintos órganos del estado, la cual deberá reflejar y asentar el reclamo y solicitud de las comunidades. Subrayó que este proceso es muy delicado y debe llevarse con extremo cuidado en las características que un proceso de esta naturaleza debe tener, “Libre, Informada, Culturalmente adecuada y sobre todo: de buena fe”.
El Antropólogo dijo que aún es imposible saber cómo quedarían integrados los gobiernos de estas comunidades en caso de que puedan conseguir su autonomía, pues desde hace siglos no han ejercido un gobierno basado en una organización propia y por tanto es difícil predecir qué forma o figuras van a tomar. Sin embargo es posible adelantar algunos rasgos característicos: como que los gobiernos indígenas generalmente toman la forma de asambleas y basan sus decisiones en instituciones concejales.
García Lam señaló que las comunidades indígenas de estos municipios tendrán una gran agenda política a definir en el futuro, pues deberán elegir cómo quedarán asentadas sus autoridades. En principio, hay tres grandes retos:
“Cómo definirían a sus autoridades locales para ejercer los usos y costumbres en su territorio, es decir cómo diseñarían la equivalencia al “municipio libre” y cómo lo armonizarían respecto a cada una de las comunidades.
Cómo negociarían sus espacios de participación con las autoridades del Estado de San Luis Potosí. Concretamente cómo elegirían a sus diputados locales que los representarían en el seno del Congreso del Estado, a sus diputados federales.
Cómo negociarían a sus representantes frente al poder judicial y frente a la administración de los poderes ejecutivos (por ejemplo su representación ante el desarrollo económico, turístico, de comunicaciones, de acceso a la información, a derechos humanos, cultura, educación, etcétera)”.
El experto indicó que hay muchas comunidades indígenas, sobre todo en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que han logrado ejercer sus derechos a la autonomía y al autogobierno. Los resultados, como en todas partes, son dispares:
“No es un camino fácil, por supuesto. Donde me he dado cuenta que ocurren más problemas al principio es en el ejercicio del presupuesto que les corresponde, una vez que las comunidades logran dominar los procesos administrativos de los ejercicios presupuestarios, me parece que el reto está en la eficiencia de los servicios públicos, pues los gobiernos indígenas están siempre bajo una lupa excesiva”.
León García Lam apuntó que la autonomía de los pueblos indígenas es un fenómeno que empieza a generalizarse en México, en el que el caso más importante de autogobierno lo logró la comunidad purépecha de Cherán K’eri, la cual desde el 2011 vive sus usos y costumbres como mejor han considerado, también hay otras comunidades indígenas, que de una manera similar, han logrado establecer su autonomía.
El antropólogo dijo que San Luis Potosí sería un referente nacional si las comunidades indígenas logran establecer una agenda propia y si las instituciones del estado potosino son lo suficientemente flexibles y sensibles para colocarse a la vanguardia, no solo del país sino del mundo: “Sin embargo, las últimas administraciones han dado muestras de una gran dureza y resistencia ante la progresividad de la historia”.
Al cuestionarlo sobre si considera que son los primeros pasos para encaminarse a una representación indígena como la que ocurrió en Bolivia con el triunfo de Evo Morales cuando fue presidente de su nación, García Lam respondió que no, pues una diferencia es la enorme diversidad pluricultural de México y no considera que las comunidades indígenas estén por indianizar al estado mexicano, pero sí a hacer valer sus derechos.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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