noviembre 21, 2024

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SLP podría aprobar una ley de amnistía para robos, aborto, narcomenudeo…

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El Senado hizo un exhorto al Congreso del Estado para crear dicha iniciativa

Por: Bernardo Vera

El Senado de la República emitió un exhorto, el pasado martes 15 de noviembre, para que 21 congresos locales -incluido San Luis Potosí- expidan leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones, y que sean acordes a los lineamientos establecidos en la Ley de Amnistía Federal, vigente desde el 23 de abril de 2020.

Los senadores y senadoras enfatizaron que la creación de las leyes de amnistía en los estados permitirá garantizar que se incorporen a los ordenamientos jurídicos locales, determinados supuestos que permitan liberar a personas privadas de la libertad que se encuentran en centros penitenciarios locales por los delitos específicos del artículo 1 de la legislación federal, como:

1.- Aborto: cuando se impute a la madre, personal médico o familiares que hayan auxiliado.

2.- Homicidio por razón de parentesco: cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos del punto anterior.

3.- Delitos contra la salud cometidos por personas en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad, personas con discapacidad permanente, o se haya cometido por indicación de algún familiar u obligados por el crimen organizado; que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, y personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato.

4.- Por cualquier delito: a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

5.- Robo simple y sin violencia que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

6.- Sedición o que hayan incitado a la comisión de este delito por parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Los congresos estatales a los que fue dirigido el exhorto son los de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La discusión del tema fue abordada por Mónica Fernández Balboa, senadora y presidenta de la Comisión de Gobernación, quien presentó el dictamen de punto de acuerdo para el exhorto; aseguró que la expedición de las leyes por cada congreso local promoverá mecanismos en cada entidad para acabar con injusticias que tienen muchas veces llenos los centros penitenciarios de personas que no han podido acceder a un juicio justo. Mientras que Nestora Salgado García, senadora por Morena, aclaró que se trata de un proceso de reconciliación y pacificación, además que incorpora al ámbito local una ley de amnistía que contemple supuestos que permita liberar a presos que por razones políticas, deficiencias procesales u otras circunstancias se encuentran privadas de la libertad.

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, señaló su rechazo a la propuesta y manifestó su preocupación para otorgar esta figura en caso de robos menores a 50 mil pesos y narcomenudeo; “Esta Ley está enfocada a resolver problemas sociales, pero también abre la puerta a los delincuentes, para que salgan a delinquir nuevamente”, mencionó. Por otro lado, Patricia Mercado Castro, senadora por Movimiento Ciudadano, consideró necesario adoptar una estrategia que incluya los instrumentos de liberación ya existentes y un impulso decidido a la política de reinserción social.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes

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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes

Por: Redacción

La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.

David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.

De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:

  • $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
  • $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
  • $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
  • $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
  • $3,839.00 en La Gran Vía.
  • $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
  • $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
  • Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.

En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.

Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.

Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.

Otros gastos en bares y restaurantes:

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SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados

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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.

Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.

El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.

Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.

Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos

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