Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó los informes de la ASE
Las y los diputados aprobaron el informe general y los informes individuales sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría el Informe general y los informes individuales de auditoría, rendidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 7 entes autónomos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública; la Fiscalía General del Estado; el Tribunal Electoral del Estado; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Los informes aprobados corresponden también a 21 Sistemas DIF Municipales, 22 organismos operadores de agua potable, el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez; y los 58 ayuntamientos de la entidad, todos ellos, rendidos por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021.
Los documentos indican que el universo seleccionado para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021, fue por la cantidad de $13,308,566,478.05, mientras que la muestra auditada asciende a $10,892,023,599.27, esto significa que la ASE revisó el 81.8% del universo seleccionado.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, las observaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado según su Informe General derivaron en 685 pliegos de observación, 297 solicitudes de aclaración, 1,473 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 156 Solicitudes de Aclaración sin importe, 255 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; es decir, un total de 2,866 acciones, además de 1507 recomendaciones.
El análisis de la información presentada por la ASE en el Informe General, así como del análisis a los informes individuales concluyó que el monto observado para la Cuenta Pública del ejercicio 2021, ascendió a la cantidad de $ 2,078,554,118.49 que resultan de la suma de del importe reflejado como pliego de observaciones por la cantidad de $ 710,781,903.46, más el importe de las solicitudes de aclaración por $1,367,762,215.03.
El monto total resarcido al erario público fue de $ 1,092,613.06, no obstante que el monto observado fue de $ 2,078,544,118.49, lo que significa que el resarcimiento fue de sólo el 0.0526% en relación al monto observado.
La revisión de las cuentas públicas indicó que se practicaron 103 auditorías especiales de fiscalización municipal y a sus organismos descentralizados, financiera y de cumplimiento; 24 auditorías especiales de fiscalización de los poderes del estado y organismos autónomos, financiera y de cumplimiento; y 46 auditorías de desempeño al Poder Ejecutivo en Administración Centralizada y Descentralizada, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Municipios y Organismos Municipales Descentralizados.
La Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control de la misma revisaron la documentación y se estableció en el dictamen respectivo que el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría emitido por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.
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Congreso del Estado
Congreso busca fortalecer mecanismos de difusión de Alerta Amber
La Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes
Por: Redacción
Para fortalecer y garantizar la implementación de mecanismos de difusión de la Alerta Amber en el estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 23 BIS a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora señaló que la Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo de sufrir daños por motivo de su no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.
Afirmó que fortalecer la difusión de la Alerta Amber es necesario e implica aprovechar los medios que ya se conocen e implementan, y emplear nuevas herramientas tecnológicas como las redes sociales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea y alianzas con empresas privadas que permitan que la ciudadanía se convierta en un aliado fundamental y estratégico en la búsqueda de personas.
Por ello, propone que las instituciones de seguridad pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán y brindarán apoyo inmediato a la autoridad competente en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas conforme a la legislación aplicable, para la difusión de boletines o alertas oficiales, incluidos los mecanismos de alerta Amber u otros análogos, a través de mensajes SMS o los medios tecnológicos disponibles, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren.
Congreso del Estado
Congreso busca reconocimiento oficial de servicio social
Se busca que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral
Por: Redacción
Con el objetivo de que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos legalmente como experiencia laboral, la diputada Ma. Sara Roche Medina, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado; y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta reforma, se busca que las autoridades educativas en coordinación con las instituciones de educación superior en el Estado, promuevan y garanticen que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral previa para efectos de contratación.
Para tal fin, se propone que la constancia o diploma de terminación emitida por la institución educativa deberá detallar las actividades y competencias desempeñadas, la cual tendrá validez oficial como comprobante de experiencia profesional. autoridades competentes a emitir certificaciones con validez oficial para fortalecer la empleabilidad y contratación futura de las y los jóvenes.
La legisladora señala en su exposición de motivos que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las y los jóvenes egresados en el Estado de San Luis Potosí, es la exigencia de tener experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo.
Congreso del Estado
Legislatura deroga leyes de IA en San Luis Potosí
Aprobada iniciativa de la diputada para permitir regulación integral de inteligencia artificial
Por: Redacción
La diputada local Jessica Gabriela López Torres logró la aprobación unánime en la LXIV Legislatura de la derogación de artículos del Código Penal estatal que regulaban el uso de inteligencia artificial.
En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron el Decreto que elimina el artículo 187 TER y el Capítulo V, titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, junto con los artículos 272 BIS y 272 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por López Torres y por ciudadanas y ciudadanos que participaron en el análisis del dictamen. El voto unánime de la legislatura refleja un consenso político en torno a la necesidad de replantear cómo el estado regula la inteligencia artificial y, especialmente, cómo define y sanciona el “uso indebido” de esta tecnología en contextos de comunicación pública.
La decisión legislativa es más apertura que cierre. El Congreso enfatizó que la derogación “no limita la potestad del Congreso del Estado para continuar el análisis y, en su caso, desarrollar un marco jurídico integral en materia de inteligencia artificial”. Con la eliminación de estas tres normas, la legislatura abre espacio para una nueva regulación “sustentada en parámetros de control de regularidad constitucional”, es decir, con especial cuidado en que cualquier restricción a la tecnología no contravenga derechos constitucionales.
Para construir ese marco, el Congreso propiciará “mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa” que incluyan a instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos. Este enfoque sugiere que la legislatura busca escuchar más allá de su propio hemiciclo antes de escribir nuevas normas.
La próxima sesión de la Diputación Permanente está programada para el viernes 7 de agosto de 2026 a las 9:00 horas.
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