Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó los informes de la ASE
Las y los diputados aprobaron el informe general y los informes individuales sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría el Informe general y los informes individuales de auditoría, rendidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 7 entes autónomos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública; la Fiscalía General del Estado; el Tribunal Electoral del Estado; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Los informes aprobados corresponden también a 21 Sistemas DIF Municipales, 22 organismos operadores de agua potable, el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez; y los 58 ayuntamientos de la entidad, todos ellos, rendidos por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021.
Los documentos indican que el universo seleccionado para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021, fue por la cantidad de $13,308,566,478.05, mientras que la muestra auditada asciende a $10,892,023,599.27, esto significa que la ASE revisó el 81.8% del universo seleccionado.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, las observaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado según su Informe General derivaron en 685 pliegos de observación, 297 solicitudes de aclaración, 1,473 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 156 Solicitudes de Aclaración sin importe, 255 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; es decir, un total de 2,866 acciones, además de 1507 recomendaciones. 
El análisis de la información presentada por la ASE en el Informe General, así como del análisis a los informes individuales concluyó que el monto observado para la Cuenta Pública del ejercicio 2021, ascendió a la cantidad de $ 2,078,554,118.49 que resultan de la suma de del importe reflejado como pliego de observaciones por la cantidad de $ 710,781,903.46, más el importe de las solicitudes de aclaración por $1,367,762,215.03.
El monto total resarcido al erario público fue de $ 1,092,613.06, no obstante que el monto observado fue de $ 2,078,544,118.49, lo que significa que el resarcimiento fue de sólo el 0.0526% en relación al monto observado.
La revisión de las cuentas públicas indicó que se practicaron 103 auditorías especiales de fiscalización municipal y a sus organismos descentralizados, financiera y de cumplimiento; 24 auditorías especiales de fiscalización de los poderes del estado y organismos autónomos, financiera y de cumplimiento; y 46 auditorías de desempeño al Poder Ejecutivo en Administración Centralizada y Descentralizada, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Municipios y Organismos Municipales Descentralizados.
La Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control de la misma revisaron la documentación y se estableció en el dictamen respectivo que el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría emitido por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.
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Las autoridades deberán adoptar todas las medidas para evitar revictimización de niños y adolescentes, víctimas de un delito
Por: Redacción
A propuesta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al artículo 66 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, para incluir las medidas específicas que protejan a las niñas, niños y adolescentes que participan en procesos judiciales, y evitar su revictimización en los procesos que son parte.
La legislación establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Por ello, con esta reforma se establece que para su correcta protección en su participación en los procesos judiciales y de procuración de justicia, las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes, que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos; garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes sin que su edad biológica sea impedimento para recabar su opinión o testimonio.
Considerar la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica de niñas, niños y adolescentes, antes de citar a modo de preparación para la entrevista formal; garantizar, con auxilio de una persona especialista, que la participación del infante sea voluntaria; contar durante toda la diligencia con personal especializado que facilite la comunicación entre las niñas, niños y adolescentes, y las personas juzgadoras durante su participación; proporcionar antes de la entrevista, información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial de que se trate y la importancia de su participación en el mismo.
César Lara, explicó que “actualmente hay algunos polígonos electorales que no están claros en su delimitación territorial”
Por: Redacción
El Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic de Carmona, trabajan en una nueva delimitación territorial para definir correctamente los polígonos para la elección del año 2027.
La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, presidida por el diputado César Arturo Lara Rocha, sostuvo una reunión de trabajo con el vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas y representantes de los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona y Soledad de Graciano Sánchez, para definir los polígonos de cara a las próximas elecciones.
El diputado César Lara, explicó que “actualmente hay algunos polígonos electorales que no están claros en su delimitación territorial; por ello, a petición del INE, estamos trabajando para definir las delimitaciones territoriales, para prevenir lo que pudiera ser un posible conflicto en el futuro”.
Los Ayuntamientos están planteando sus propuestas, las cuales, serán analizadas detenidamente por parte de las autoridades electorales y del Congreso del Estado para tener un dictamen a la brevedad posible y turnarlo al Pleno del Poder Legislativo para su análisis y votación.
Congreso del Estado
Se castigará con hasta 5 años de prisión a quien maltrate o mate fauna silvestre
Cuando se produzca la muerte de una especie que se encuentren en peligro de extinción, amenazada, se impondrá pena de hasta 7 años de prisión
Por: Redacción
La protección de animales en peligro no es solo una cuestión ambiental, sino también un imperativo ético y social que beneficia tanto a la naturaleza como a las generaciones futuras, señaló la diputada Roxanna Hernández Ramírez al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que aumenta las penas a quien maltrate y produzca su muerte.
La legisladora representante del Distrito XIV con cabecera en Tamuín, propuso reformar la fracción III y adicionar una fracción III BIS al artículo 317 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que, cuando el maltrato produzca la muerte, se impondrá pena de 24 meses a cinco años de prisión, y sanción pecuniaria de 300 a 600 días del valor de la unidad de medida y actualización vigente; e inhabilitación hasta por tres años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio, cuando quien lo cometió se dedique al cuidado de los animales.
Cuando se produzca la muerte de una especie que se encuentren en peligro de extinción, amenazada o sujeta a protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, se impondrá pena de cuarenta y ocho meses a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida y actualización vigente.
En la iniciativa de la diputada Hernández Ramírez adiciona un artículo 121 BIS de la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí, para señalar que se prohíbe dañar o matar especies que se encuentren en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial enunciadas y conforme a la NOM-059-SEMARNAT2010.
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