La SSPCE asegura que hay hasta tres detenidos diarios y que el repunte del delito ha derivado en refuerzos de seguridad e inteligencia en la región

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, informó que en la región Huasteca se realizan detenciones diarias de personas presuntamente relacionadas con el delito de ponchallantas, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y combate a este ilícito.

En entrevista, el funcionario señaló que, aunque no cuenta con cifras exactas sobre el incremento registrado entre enero y febrero, se detiene en promedio a dos o tres personas al día

Juárez Hernández explicó que los repuntes en la estadística permiten a la Secretaría realizar análisis de inteligencia, con el objetivo de identificar zonas de mayor incidencia y reforzar la presencia policial mediante recorridos más frecuentes y dispositivos de seguridad focalizados.

Respecto a los señalamientos del colectivo Voz y Dignidad, que ha denunciado la presencia de ponchallantas durante labores de búsqueda, el titular de la SSPCE afirmó que la dependencia ha brindado acompañamiento en seguridad periférica, a solicitud de la Fiscalía General del Estado o de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Indicó que, además de la vigilancia, se implementan acciones de generación de inteligencia y atención a las personas participantes, y sostuvo que durante estos operativos se ha logrado la detención de varias personas vinculadas con este delito.

Finalmente, reiteró que la Secretaría mantiene operativos permanentes en la región Huasteca y que el combate a los ponchallantas es una prioridad dentro de la estrategia de seguridad estatal.

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El titular de la SSPCE atribuyó el incremento a cambios en el protocolo nacional, que obliga a abrir carpetas de investigación por cada reporte al 089

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, señaló que el reciente incremento en las cifras de extorsión en San Luis Potosí está relacionado principalmente con un cambio en los mecanismos de denuncia y registro, y no necesariamente con un aumento real en la comisión de este delito.

En entrevista, el funcionario explicó que el estado se sumó a una estrategia nacional para el combate a la extorsión, la cual contempla modificaciones en los procedimientos de atención y canalización de denuncias, así como ajustes normativos en materia de seguridad pública.

Juárez Hernández detalló que actualmente todas las llamadas recibidas a través del 089, donde se reporte un posible caso de extorsión, son turnadas de manera directa a la Fiscalía General del Estado, lo que deriva automáticamente en la apertura de una carpeta de investigación.

Indicó que anteriormente este tipo de reportes pasaban por un proceso de verificación previa, a cargo de la Guardia Civil Estatal, y solo en los casos confirmados se integraba el Informe Policial Homologado para dar inicio a una investigación formal. Con el nuevo esquema, dicho filtro fue eliminado, lo que ha impactado en el incremento estadístico de la incidencia.

“El C5 está obligado a dar aviso a la Fiscalía ante cualquier denuncia anónima, lo que genera que aumente el número de carpetas iniciadas”, explicó el titular de la SSPCE.

Finalmente, reiteró que estas acciones buscan fortalecer el combate a la extorsión, mejorar la atención a las víctimas y garantizar que todos los reportes recibidos sean investigados conforme a la ley.

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 Familias de personas desaparecidas exigen la creación de una fiscalía especializada y mejores condiciones para la búsqueda

Por: Redacción

Un grupo de familias de personas desaparecidas y colectivos civiles bloquearon las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos en la capital, cerrando los accesos con candados como forma de protesta. Los manifestantes aseguran que el estado ha mostrado una falta histórica de atención y debilitamiento de las capacidades de investigación en medio de la crisis por desapariciones que vive México.

La acción en la que también participan activistas provenientes de diversas regiones del estado, surge como respuesta al incumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Esta norma vigente desde 2017 obliga a crear una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, organismo que hasta ahora no ha sido puesto en funcionamiento de manera formal.

En su manifiesto los colectivos criticaron la reciente remoción del responsable de las labores de búsqueda dentro de la fiscalía, decisión que califican de autoritaria y perjudicial para continuar con investigaciones esenciales.

Los manifestantes recordaron que hay más de 200 carpetas de investigación abiertas, muchas de las cuales han tenido hallazgos que ahora dependen de confrontas genéticas para confirmar identidades. Por ello exigieron transparencia en los cambios de personal, recursos para la unidad de búsqueda y la creación inmediata de la fiscalía especializada conforme a la ley. 

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