Congreso del Estado
Reforma para que el Ejército siga en las calles avanza en SLP
El Congreso ya dio cuenta del proyecto de decreto
Por: Redacción
El Congreso del Estado en Sesión Ordinaria, se dio cuenta de recepción de la minuta de proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio, del decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, enviado por la Cámara de Diputados.
Esta modificación establece que, “Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanentemente en tareas de seguridad pública”; añade que la fuerza armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 de esta Constitución.
La modificación agrega que conforme a lo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser: Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma justificada por la autoridad civil; Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión a través de la rendición de cuentas; Subordinada y complementaria, de tal forma que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública, sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.
Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral que proporcione los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La comisión se reunirá cada vez que convoque la Directiva para la emisión del dictamen semestral y convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en estas labores.
La comisión bicamaral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación; una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo Federal.
La Cámara de Senadores al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades que la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente al amparo del presente artículo transitorio, con el fin de garantizar que en la conclusión del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la presente Constitución.
Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, enviarán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo General de Seguridad Pública la evaluación integral. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.
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La propuesta busca impulsar la adopción como alternativa de cuidado ante la creciente vulnerabilidad infantil
Por: Redacción
La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia y, en ausencia de ésta, garantizar su incorporación a un núcleo familiar mediante la adopción.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que, aunque el derecho a vivir en familia y el principio del interés superior de la niñez están contemplados en normas internacionales, nacionales y estatales, persiste una significativa vulnerabilidad entre menores que carecen de un entorno familiar
Citó a UNICEF, organismo que establece la obligación del Estado de ofrecer alternativas de cuidado y protección, entre ellas la adopción, considerada un instrumento clave para asegurar que la niñez acceda a un entorno adecuado para su crecimiento y ejercicio pleno de derechos.
La diputada también presentó cifras del informe “Adopciones de niñas, niños y adolescentes en México (a junio de 2025)”, elaborado por REDIM, que señala que entre 2014 y 2024 el DIF Nacional recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 fueron concluidas, es decir, 19.5%. Asimismo, se reporta que hasta el 23 de junio de 2025 existían 2,268 adopciones concluidas en todo el país.
Advirtió que, según datos de la Fundación Unido, para noviembre de 2024 más de 64 mil niñas, niños y adolescentes permanecían en centros de asistencia social, reflejando la urgencia de fortalecer los mecanismos para su integración familiar.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El Congreso recibió un juicio ciudadano que impugna el nombramiento de Patricia Aradillas como presidenta concejal. Sara Rocha y Héctor Serrano aseguran que la designación fue legal y que hay “confusión” sobre el proceso.
El Congreso del Estado confirmó que ya recibió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que impugna la designación de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal de Villa de Pozos, nombramiento aprobado la semana pasada por el Poder Legislativo.
La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, informó que el recurso fue admitido en estrados y que el Congreso cuenta con 72 horas para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación requerida.
Rocha sostuvo que tanto la aceptación de la renuncia de Teresa Rivera como la designación de Aradillas se realizaron “conforme a la Constitución y a la ley”, y que el Poder Legislativo dará trámite formal al juicio sin intervenir en su resolución.
Por su parte, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que la impugnación parte de una “confusión” de quienes interpretan el relevo como si se tratara de un proceso electivo.
“No hubo elección popular. Fue una designación del Congreso. No sé qué derechos político-electorales pretende defender quien promueve el amparo”, criticó.
Serrano insistió en que el procedimiento estuvo “perfectamente cuidado” por los asesores jurídicos del Congreso y descartó riesgos legales para la continuidad de Aradillas.
“Aquí no hay conflicto democrático: hay un nombramiento legislativo. Y nuestro interés es garantizar que Villa de Pozos tenga estabilidad y servicios”, agregó.
Ambos legisladores aseguraron que el Congreso acatará lo que determine el Tribunal Electoral, pero reiteraron su confianza en la legalidad del proceso.
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