noviembre 13, 2025

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Propuesta para “administrar” manifestaciones generó rechazo entre activistas

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Los integrantes de organizaciones civiles indicaron que la iniciativa de Antonio Lorca no reconoce los derechos a la libre manifestación

Por: Bernardo Vera

José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, habló de presentar una iniciativa para “administrar” las manifestaciones en la vía pública, a través de una oficina para resolución de conflictos y, en caso necesario, dar aviso a autoridades de la movilización a realizar. La propuesta fue rechazada por integrantes de diversas organizaciones civiles.

El legislador destacó la importancia de generar una cultura para la resolución de conflictos a través del acercamiento a la autoridad mediante una ventanilla, y atender las solicitudes que se demanden. En caso contrario, se haría el llamado a esta misma oficina con cuatro días de anticipación para movilizar a las autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, entre otras, así como dar a conocer a la ciudadanía sobre el uso de vías alternas.

La autoridad va tener cuatro días para hacer dos cosas; uno, cabildear con ellos para que no se realice la marcha y no haya problemática; y en paralelo, programar a protección civil y Cruz Roja, y anunciar a la ciudadanía las opciones o vías alternas para poder transitar libremente sin quedar atorado en el tráfico y hacer esto extensivo para la mayoría de la gente”.

Lorca Valle señaló que esta propuesta sería presentada al terminar con la ley de movilidad, pues se contempla como un reglamento alterno aplicable para los 58 municipios del estado; agregó que el impacto presupuestal se puede absorber por algún área previa de atención.

Lois Muñoz, integrante del colectivo ‘Movilidad Sostenible’, declaró que esta propuesta no reconocería el derecho a la libre manifestación; indicó que sería mejor que la iniciativa deba encaminarse a la apertura de las autoridades antes que a restringir un derecho, dado que este colectivo ha presentado varias propuestas a diferentes órdenes de gobierno, sin que haya una respuesta.

“Su propuesta deberá de buscar que la sociedad civil tenga siempre las puertas abiertas, antes que encaminarse a restringir las manifestaciones, que es justo la manera de llamar la atención cuando llegó a un punto de no atención a la queja”.

Andrés Costilla, activista de la comunidad LGBT+, declaró que en su caso, las marchas realizadas siguen una planificación, debido a que tienen una agenda específica, pero hay otras que ocurren por algún suceso particular, y no cuentan con la disposición para llamar a la autoridad, además de señalar que la iniciativa no pueda usarse para otros fines.

“Sí es importante que se organicen las manifestaciones, pero otra cosa muy importante, que no se presten para la censura ante situaciones que puedan afectar a la ciudadanía”, declaró Andrés Costilla.

Jesús Monsivais, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y activista por los derechos de la ciudad y la movilidad urbana, calificó la propuesta de administrar la protesta pública como una ocurrencia, que discrimina, criminaliza y estigmatiza a las y los manifestantes, quienes realizan movilizaciones por la ausencia de políticas públicas; solicitó al diputado que conozca sobre el marco jurídico de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pues solo exhibe su desconocimiento en la materia.

“Por naturaleza, el derecho a la manifestación y a la reunión es imprescindible para el equilibrio democrático. No podemos concebir a las calles y a los espacios públicos solamente como ámbitos de circulación; también son espacios de participación democrática”, señaló.

El diputado aseguró en entrevista, que se ha acercado a grupos sociales y representantes de colectivos. Sin embargo, tanto Lois Muñoz, Andrés Costilla como Jesus Monsivais negaron que se hayan mantenido contacto con alguna de estas agrupaciones sociales.

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Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo

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Por: Jorge Saldaña

A pesar de las condiciones de secrecía y hermetismo por parte del gobierno de Villa de Pozos y el poder legislativo, se pudo confirmar la presentación de la “renuncia” de Teresa de Jesús Rivera como presidenta concejal del nuevo municipio, situación que contrapone argumentos jurídicos respecto a quién corresponden las facultades para designar a su relevo.

De acuerdo a la Constitución del Estado en su artículo 121, correspondería al Congreso si es que el poder municipal de Pozos hubiera desaparecido o estuviera suspendido.

En contraparte, como no se encuentra en situación ni de desaparecido, ni suspendido el poder municipal, los concejales se apegarían a la Ley Orgánica del Municipio Libre, misma que los faculta a ellos a elegir a una presidenta o presidente sustituto de entre sus miembros.

Los argumentos jurídicos que implica la renuncia se contraponen.

Tras la licencia de la diputada Patricia Aradillas a su curul en la legislatura, aprobada en sesión extraordinaria el martes 11 de noviembre, comenzaron a circular versiones especulativas respecto a que sería ella quien podría relevar a Rivera Acevedo, no obstante ninguna de las partes ha hecho un anuncio oficial al respecto y se carece de certidumbre jurídica que soporte la forma en que se quiere llevar a cabo el relevo del poder municipal.

La tarde de este miércoles, LaOrquesta pudo obtener la imagen de la “renuncia” que se presentó el martes a la Oficialía de partes del Congreso por parte de la aún presidenta concejal, María Teresa Rivera.

En su “renuncia” Rivera Acevedo cita el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, en el que se ampara para presentar su renuncia por motivos personales y que surtiría efecto a partir de que se vote, primero en la comisión de gobernación, y después en el pleno del legislativo.

En el artículo referido se habla de las facultades del congreso para nombrar un nuevo concejo siempre y cuando el poder de un municipio esté “suspendido o desaparecido” y esto haya ocurrido antes de un año del ejercicio del poder municipal.

El texto constitucional no prevé facultades al legislativo para nombrar solo al presidente o presidenta concejal, sino a todo el concejo, y es claro que la autoridad en Villa de Pozos no cumple las condiciones de estar desaparecido ni de estar suspendido.

Entre tanto, y de acuerdo al punto número 5 del orden del día

de la sesión de gobernación convocada para mañana jueves 13 de noviembre, firmado por el presidente de la mencionada comisión, Héctor Serrano, y filtrado a medios de manera discrecional, se plantea en el mismo la discusión y en su caso aprobación de la solicitud de renuncia de Rivera Acevedo y en el mismo punto se prevé la designación de una nueva o nuevo concejal presidente.

Por otro lado, miembros del concejo han convocado a una rueda de prensa para mañana a las 11 de la mañana, una hora después de que sesione la comisión de gobernación, para plantear una postura.

En exclusiva, se adelantó a este medio que la postura de los concejales es la de apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Villa de Pozos, que contempla que en caso de una ausencia por más de 60 días de la presidenta concejal, es facultad del concejo nombrar a alguno de sus integrantes para que ocupe el cargo.

Juristas consultados al respecto apuntan a que la circunstancia de la renuncia de la presidenta concejal no está prevista en la constitución, pues solo considera facultades de una nueva designación completa del concejo si hubiera desaparecido la autoridad municipal por completo, lo que no es así.

También advirtieron los especialistas que si el congreso interpreta como suyas las facultades para designar nueva presidenta, podría enfrentar una controversia constitucional, pues fue la legislatura la que aprobó la municipalización y con ello, Villa de Pozos es un municipio autónomo, por lo que ningún otro poder podría entrometerse en su gobierno, mismo que debe apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre; de otra forma, se podría interpretar que el congreso estaría tomando atribuciones que no le corresponden.

Rivera Acevedo asumió el cargo para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2027.

Seguiremos informando.

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Gallardo liquida deuda con Pensiones

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El gobernador afirmó que se frenaron obras públicas para destinar los recursos al pago

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que su administración terminará 2025 con la deuda saldada ante la Dirección de Pensiones del Estado, luego de destinar más de cuatro mil 900 millones de pesos para sanear las finanzas del organismo.

Durante su declaración, el mandatario señaló que el pago representa “un logro muy grande” para su gobierno, ya que se dejaron de realizar diversas obras públicas —incluidos cuatro puentes en la capital potosina— con el objetivo de liquidar los adeudos acumulados por administraciones anteriores.

lo“Le hemos pagado más de cuatro mil 200 millones de pesos. Vamos a cerrar diciembre con casi cuatro mil 960 millones de pesos pagados a Pensiones. Ya con eso quedamos en ceros”, afirmó.

Gallardo Cardona insistió en que la deuda fue producto de la llamada “Maldita Herencia”, en referencia a gobiernos pasados que, dijo, actuaron de manera irresponsable con los recursos del sistema de pensiones.

“Nos apretamos el cinturón. Teníamos cuatro puentes muy grandes que íbamos a hacer en la capital y los tuvimos que frenar para darle el dinero a Pensiones. (…) Ya de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no volver a cometer la pendejada que cometieron de endeudar pensiones.”

El mandatario adelantó que el próximo año su administración se enfocará nuevamente en la ejecución de obras públicas, luego de haber “puesto al corriente” las finanzas de Pensiones.

Gallardo también adelantó que la Dirección de Pensiones será reestructurada y reforzada con nuevos mecanismos de control, para evitar que vuelva a generarse un déficit financiero.

Afirmó que en administraciones pasadas existió un manejo irregular de préstamos internos, principalmente por parte de sindicatos que permitieron el endeudamiento excesivo de los trabajadores.

“Había trabajadores que tenían hasta tres préstamos de 380 mil pesos. Nunca se pagaban, entonces fue un desfalco enorme. Se tiene que renovar y poner candados para que no vuelva a pasar”, comentó.

Finalmente, señaló que, a partir de 2026, el gobierno estatal únicamente realizará las aportaciones patronales, las cuales superan los 2 mil millones de pesos anuales, mientras se consolida la reestructuración del sistema.

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Arrastran a un perro con una pipa en Santa María del Río

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Ciudadanos piden al Ayuntamiento sancionar a los responsables y prevenir nuevos casos

Por: Redacción

Una denuncia ciudadana en redes sociales generó indignación en Santa María del Río, luego de que una persona reportara que un conductor arrastraba a un perro amarrado a una pipa mientras circulaba por calles del municipio.

A través de Facebook, la usuaria compartió un video y un mensaje dirigido al Ayuntamiento de Santa María del Río y a la alcaldesa Isis Díaz, exigiendo que se sancione a los responsables y se ponga fin a este tipo de actos de crueldad animal.

“Traía un perrito amarrado atrás de su pipa y lo llevaba arrastrando. Cuando dio vuelta le dio más fuerte (…) sí necesitamos que estas acciones sean sancionadas, porque no es la primera ocasión que sucede; pero sí queremos que sea la última”, denunció.

La publicación se viralizó rápidamente, generando decenas de comentarios de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades municipales y de Protección Animal, para identificar y sancionar al conductor de la unidad.

La denunciante también subrayó la diferencia moral entre humanos y animales, recordando que el ser humano “tiene conciencia y decisión sobre lo que hace”.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Santa María del Río ni la Fiscalía General del Estado han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

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