noviembre 21, 2024

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Machinena culpa a Carreras de atraso en pagos a becarios

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Los beneficiarios de la beca “Rafael Montejano” denunciaron deuda de 1.4 millones

Por: Ana G Silva

A través de redes sociales, beneficiarios del programa de becas “Rafael Montejano y Aguiñaga”, otorgadas por el Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí, hicieron pública una carta dirigida al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en la que expresan su preocupación por el adeudo de 10 meses de dicho estímulo, que asciende a 1 millón 400 mil pesos, a poco tiempo de terminar sus investigaciones y le solicitan su intervención. Ante esto Juan Carlos Machinena Morales, titular de dicho consejo, indicó que las irregularidades en este tema vienen desde la administración pasada, encabezada por Juan Manuel Carreras López.

Machinena Morales detalló que no hay documentos, además de la convocatoria, que registrara el sistema de entregas de apoyo, tampoco del monto que le debe tocar al Gobierno del Estado, pues el incentivo también debe ser pagado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la iniciativa privada. Agregó que la administración pasada no indicó qué empresas abonarían a la beca.

“Todo esto lo fuimos descubriendo juntos, los becarios están enterados de todo esto, por ejemplo el tema de la iniciativa privada donde aportaría parte de ese recurso, pero no hay nada escrito, se dice que una empresa iba a apoyar. Está muy enredado y muy lamentable para ellos que se les hizo una ilusión meterse a la convocatoria y que lo que dice no se ha cumplido”.

El titular del Consejo Consultivo del Centro Histórico mencionó que los 14 becarios inconformes forman parte de una segunda convocatoria de becas “Rafael Montejano y Aguiñaga” que se realizó en el mes de mayo de 2021, aunque hubo una primera a principios de ese año en la que aún ahí adeudos con algunos participantes, por lo que la deuda pasa el millón 400 mil pesos que se piensa.

“También les hicieron la promesa que cuando terminaran la investigación se publicaría, cosa que no sucedió, porque otra persona que no se ha expresado es el de la imprenta, que también se le debe de la administración pasada”.

Juan Carlos Machinena reiteró que otra de las irregularidades en esta convocatoria fue que hablaba de 12 meses cuando al gobierno pasado solo le quedaban 4 meses de administración, lo que es una falta ya que no se pueden traspasar compromisos de este tipo a la administración entrante y la convocatoria debía ser hasta el último día de su gobierno: “es un problema, como bien lo dicen en su escrito de la administración pasada, la famosa herencia maldita nos alcanzó en el consejo”.

Machinena Morales reiteró que el recurso de los becarios debe salir de la Secretaría de Turismo, el cual debe enviarse a la Secretaría de Finanzas, ya que el Consejo Consultivo del Centro Histórico “no maneja recursos”; no obstante se ha buscado la liquidación de los beneficiarios, al menos la parte que le corresponde al Gobierno del Estado aunque aún no hay fecha de cuándo se resolvería.

“Suponemos que es la mayor parte, pero falta ver lo que le corresponde a los privados, no está escrito, fue de palabra, por pláticas hemos sabido quienes son, y esas cosas no se deben de hacer, el Ayuntamiento está enterado, donde esta administración nos habla de más problemas incluso de mayor relevancia como es el tema de un fideicomiso que habia aqui en el Consejo y que también está en partes, que también se debe al banco”.

Señaló que agradece a los becarios por expresarse ya que ayudan a reflejar las irregularidades; además indicó que la Contraloría General del Estado está informada sobre los hechos, así como otros inconvenientes sobre promesas incumplidas y falta de recursos de la administración pasada.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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