noviembre 21, 2024

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Ex director del Archivo Histórico acusó al padre Montejano de robar documentos

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“Debió venderlos en Estados Unidos donde seguro se los pagaron muy bien”, afirmó y solicitó a Rafael Aguilar realizar una investigación de todos los saqueos

Por: Ana G Silva

El 4 de octubre, Rafael Aguilar Fuentes, titular del Archivo Histórico, aseguró que están extraviados algunos documentos históricos de San Luis Potosí, entre ellos los que se refieren a la propiedad de los terrenos que conforman la Sierra de San Miguelito y del núcleo ejidal de San Juan de Guadalupe. Ante esto Ricardo García, ex director de esta dependencia, exhortó a Aguilar a hacer la denuncia correspondiente. Además denunció que el padre Rafael Montejano y Aguiñaga, ex cronista de San Luis Potosí, robó documentos y el entonces gobernador Fernando Silva Nieto hizo caso omiso al hecho.

“Cuando fui director del Archivo, entre 1995 y 2000, los empleados de la sala y los clasificadores me hicieron saber que Montejano robaba documentos. Fui con el gobernador y le dije que los empleados estaban dispuestos a confesar qué documentos se llevó, pero Fernando Silva Nieto no quiso hacer nada al respecto porque significaría un escándalo mayúsculo. El padre Montejano era muy bravo. Fernando utilizó su criterio y decidió no hacer nada, pero yo tenía que cumplir con informarle”.

Ricardo García detalló que también acudió con el obispo y le contó lo ocurrido, ahí le informaron que estaban enterados del hurto,

al igual que Silva Nieto, aunque desafortunadamente no hicieron nada: “cuando fui a acusarlo con el obispo, que no me recibió, fue el secretario quien me dijo que tenían conocimientos de eso, pero que no sabían cómo hacer para recuperar los documentos que ya no estaban aquí. Seguro acabaron en Estados Unidos, donde se los debieron pagar muy bien”.

El ex titular del Archivo Histórico reconoció que revelar que el padre Montejano es quien sustraía los documentos es delicado, aunque aclaró que no puede especificar qué archivos se llevó.

García comentó que no ha sido la única vez que ha recibido quejas de desaparición de documentos: “hace poco se quejaron conmigo unas personas de la Huasteca que antes de la pandemia consultaron unos expedientes y ahora ya no están, yo les dije que fueran al archivo y hablaran con la directora y porque posiblemente están mal archivado, e

stán traspapelado, porque también hay un gran desorden, el actual directorio tiene mucho trabajo para reacomodar, para hacer una clasificación puntual para archivar los documentos”.

Por otra parte, Ricardo García dijo que el actual titular del Archivo Histórico tiene la obligación de denunciar la desaparición de los documentos si tiene la pruebas suficientes para recuperarlos lo antes posible; agregó que si Rafael Aguilar se lo pide lo ayudará con su experiencia como ex director a presentar dicha demanda. Argumentó que el también ex director Rafael Morales estaría dispuesto a ayudar.

“El Archivo es un tesoro, es una mina riquísima de investigación. Hay información inimaginable, el director actual dice que se perdieron documentos como San Juan de Guadalupe, de la Comisión Agraria Mixta, el antes Tribunal Agrario, eso es una gran responsabilidad porque el archivo no es propietario de los documentos, es un custodio, no se debe prestar nada a menos que lleven una orden judicial o la firma y sello del ejido al que se le está solicitando”.

Ricardo García aclaró que no teme ser acusado de nada, pues nunca sustrajo algún documento, por lo que solicitó que se lleve a cabo la investigación anunciada por Rafael Aguilar.

“Mi trabajo ahí está, tengo 6 libros sobre los protocolos de los escribanos del siglo XVII y XIX, también tengo investigaciones y artículos. Yo no me traje ni un clip, al contrario tuve la fortuna de que la SEP estaba pidiendo libros de historia, el encargado habló conmigo y me dijo que porque no me comprometía a hacer esos paquetes, lo hicimos, se produjeron 10 libros y obtuvimos una ganancia de medio millón de pesos que se invirtió en la sala de consulta”, concluyó.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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