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¿Ya no hay bicis de renta en SLP?
El servicio fue cancelado después de pocos meses, el poco interés, los altos costos serían el factor determinante, sin embargo, la empresa insiste en que se encuentra dentro de una reestructuración
Por: Ana G Silva
Mirell Betanso, directora de Movilidad Municipal de San Luis Potosí, anunció que desde junio la empresa Yoy Bike Sharing dejó de prestar el servicio de renta de bicicletas que se encontraban en diferentes puntos de las ciclovías de la capital, esto luego de que se presentará el robo de al menos 12 unidades; no obstante, la Yoy by Motum en México indicó para La Orquesta que la empresa está en una reestructuración, pero no se dejará de prestar el servicio en la capital potosina.
“No sabemos de dónde está saliendo dicha información, pero nosotros informaremos si algo pasa”.
La empresa mencionó que las bicicletas están en funcionamiento en San Luis Potosí los fines de semana debido a los robos que se han suscitado y esto se ha dado a conocer a través de sus redes sociales.
En cuanto a qué sucederá con las unidades robadas, Yoy by Motum comentó que las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes: “nosotros como empresa estamos formando estrategias de seguridad para detener estas situaciones”.
No obstante, estas bicicletas no han tenido un buen recibimiento por los potosinos, pues tienen problemas que van desde un alto costo a que pueden significar un peligro para los peatones.
El 24 de septiembre del 2020, el Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció y presumió la puesta en marcha del nuevo Sistema de Movilidad de Bicicleta Compartida “YOY Bike Sharing”, cuyo objetivo era que los usuarios se desplacen por la ciclovía de avenida Himno Nacional y en la de Venustiano Carranza, que es donde se puede disponer del servicio, a lo que activistas y colectivos, como Vida Sobre Ruedas, pidieron que se ampliará a más secciones de la capital y “no solo a la parte bonita” del municipio, por ejemplo a la Zona Industrial donde trabajadores podrían disponer de este medio para llegar a sus empleos.
La administración capitalina anunció un costo de alquiler de una bicicleta en 19.99 pesos por 30 minutos y 15 pesos por cada 15 minutos adicionales a ese tiempo. Es decir que si tardas 30 minutos con 1 segundos la tarifa a pagar será de 34.99 pesos por bicicleta, por lo que un viaje en un Uber sería de menor precio.
Para el mes de febrero se anunció que diariamente apenas se usaban un tercio de las bicicletas, esto a pesar del impulso que el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el factor principal para esta situación estaba en el costo del servicio.
Si se optaba por un plan mensual, este sistema de bicicletas tiene un costo de 145 pesos, por lo que anualmente se estaría pagando mil 740 pesos. No obstante, en otros estados la suscripción anual es de 439 pesos con Ecobici en la Ciudad de México lo que significa que es un 296% más caro que este servicio; en Querétaro con QroBici es de 365; en Jalisco con MiBici es de 416; y en Pachuca con PachucaEnBici es de 400.
También se reportó que la descarga de la aplicación Nextbike para poder rentar las bicicletas no funcionó en todos los celulares, ya que en algunos aparatos móviles en los que fue descargada no se envió el código de verificación y reporta error; además esta exige al usuario registrar una forma de pago que puede ser Paypal, tarjeta de débito o crédito, lo que representa una desventaja para personas que no tengan cuentas bancarias, en especial si se trata de estudiantes.
Para abril del 2021 La Orquesta reveló que la empresa encargada de la renta de estas bicicletas generaba desorden en las calles ya que permitía a sus usuarios dejar las unidades en cualquier sitio, con lo que en muchas ocasiones obstaculizaban los pasos peatonales, poniendo en peligro a la ciudadanía y constituyendo una violación al Reglamento de Tránsito Municipal.
Muchas de estas bicicletas eran abandonadas fuera de las bahías y estacionamientos designados e invaden aceras, calles y cruces, violando los artículos 18, 19, 23, 44 y 92 del Reglamento de Tránsito Municipal.
Ya para el pasado mes de junio se suscitó el robo de 12 unidades,esto a pesar de que el exalcalde interino Alfredo Lujambio indicó que estas bicicletas tenían un sistema de geolocalización para determinar la ubicación, por lo que está en duda si se continuará prestando el servicio de renta en San Luis Potosí.
Lee también: Fracasa sistema de bicicletas compartidas de Nava; se robaron 12 unidades
Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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