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SLP: el primer estado que reconoció el derecho de las mujeres a votar
Este año el voto femenino cumplió 98 años de existencia en San Luis Potosí y para celebrarlo repasamos la historia de esta lucha en México y el mundo
Por: Itzel Márquez
A pesar de que actualmente, en México, está garantizado que toda ciudadana puede votar y ser votada, esto no siempre fue así y en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir, San Luis Potosí juega un papel fundamental, ya que fue el primer estado de la República en asegurar el voto femenino, esto en 1923, tres décadas antes de que se generalizara a nivel federal.
El sufragio es un derecho universal para expresar la opinión de los ciudadanos en torno a quién quiere que los represente en la toma de decisiones; sin embargo, no siempre ha sido equitativo.
A nivel mundial, el voto femenino comenzó Estados Unidos, cuando en 1869, el estado de Wyoming, aprobó el sufragio femenino; mientras que en febrero de 1918 se aprobó la ley que daba a las mujeres el derecho de expresar su opinión en las urnas a las mujeres mayores de 30 años y a los hombres de más de 21. En julio de 1928 fue igualada la edad de voto entre hombres y mujeres, en una sesión parlamentaria en la que estuvieron presentes las impulsores de la iniciativa, Fawcett y Despard, de 81 y 84 años, Despard dijo: “jamás pensé que vería la concesión del voto. Pero cuando un sueño se hace realidad, hay que ir a por el siguiente”.
San Luis Potosí fue el estado pionero en instituir en el voto femenino: el ocho de enero de 1923 la XXVII Legislatura del Congreso expidió el Decreto 103, con el cual modificó la Ley Electoral con el objetivo de reconocer a las mujeres como “electores con derecho a ser inscritas en el censo electoral”; dicha iniciativa la presentó Rafael Nieto Compeán, entonces gobernador de San Luis Potosí. En ella se permitía a las mujeres leer y escribir, para que pudieran expresar su opinión en las elecciones municipales de 1924 y estatales de 1925.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953, treinta años después, cuando a nivel nacional se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos de elección popular; sin embargo, la lucha comenzó tiempo atrás.
En 1910 el club femenil “Las Hijas de Cuauhtémoc” se unió a Francisco I. Madero en su camino a contender por la presidencia y tiempo después, el 13 de enero de 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista; uno de sus acuerdos principales fue pugnar por el voto femenino.
Un año después, en 1917 en el Constituyente Permanente fue reconocida la igualdad entre hombres y mujeres en un contexto laboral, bajo el lema: “A trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos”.
Ahora bien, en la Administración de Lázaro Cárdenas el Congreso de la Unión dio luz verde a una iniciativa con la cual otorgó el derecho al voto de la mujer, la cual también contemplaba que pudieran aspirar a cargos de elección popular; sin embargo, fue hasta el gobierno de Miguel Alemán, que en 1947 se publicó la reforma al Artículo 115 constitucional, en donde podía leerse: “en las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Finalmente, fueron los comicios del tres de julio de 1955 en donde por primera vez las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto en elecciones federales para elegir a los miembros del Congreso de la Unión; la primer mujer en ejercer su voto fue María Izaguirre Ruiz Cortines .
Ya el tema de postular mujeres a cargos de elección popular es otra historia, pues si bien se luchó por ambos derechos a la par, el segundo fue reconocido y ejercido con algo de retraso.
En 1922 fue cuando Elvira Carrillo, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, figuró como la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, ese cargó lo desempeñó entre 1922-1924; lo abandonó por amenazas de muerte.
Mientras tanto, en 1954 Aurora Jiménez Palacios fue la primera diputada federal por el Distrito I de Baja California; rindió protesta ante la XLII Legislatura el 7 de septiembre de ese año.
Además, en 1967, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las primeras senadoras del país, por Sonora y Campeche; Urbina fue presidenta del Senado.
De 1979 a 1985, México tuvo su primera gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima.
Algunos años después, en 1988 Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en México; en 1988 fue postulada por segunda ocasión por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Entre 2015 y 2021, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano fue la primera gobernadora de Sonora.
En las elecciones de julio de 2018, fueron electas dos mujeres para la gubernatura de la Ciudad de México y Puebla, para los periodos 2018-2024, Claudia Sheinbaum y Martha Erika Alonso.
En este tema, Erika Velázquez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) comentó “no me sorprende que este haya sido el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho de votar, pues las potosinas siempre hemos sido muy organizadas y participativas.”
En cuanto a la situación en la política actual de las mujeres, Erika Velázquez dijo: “ya la ley está muy ´bonita´, se supone que vivimos en un mundo con igualdad, todos nos respetamos, pero la realidad es otra, se vio una serie de descalificaciones y violencia contra las precandidatas a la gubernatura, lo cual es señal de que el machismo sigue presente en el país y no lo gusta que las mujeres tengamos oportunidades de participar”.
Por otro lado, la directora del IMES recalcó la labor que lleva a cabo el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde velan por los derechos de las potosinas para participar en la vida pública y las asesoran si han sufrido violencia política para encauzar su queja con el Ceepac, el INE, la CEDH, el IMES o el Tribunal Electoral.
Además, la funcionaria mencionó que este observatorio está integrado por distintas instancias y la presidencia se rota; actualmente lo preside el IMES y entre las actividades que llevan a cabo se encuentran capacitaciones, seguimiento de casos de violencia política y actualmente una campaña informativa en redes sociales para prevenir la violencia política.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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