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“Regidores traicionaron a los potosinos”: Eloy Franklin
El edil afirmó que los empresarios beneficiados por la aprobación de los planes de desarrollo urbano serán demandados
Por: Ana G Silva
El viernes pasado, el Cabildo de San Luis Potosí aprobó el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, esto a pesar de la petición de Semarnat de aplazar la decisión hasta que se delimitaran las zonas que serán nombradas Áreas Naturales Protegidas en la Sierra de San Miguelito, por lo que el regidor Eloy Franklin (Partido Verde) dijo que los empresarios inmobiliarios que fueron beneficiados con la determinación “saben que serán demandados, sin embargo, su estrategia consistirá en que dicha demanda sea olvidada y le den carpetazo”.
El regidor indicó que lo que va a suceder una vez aprobado el Plan es que desaparecerá el Área Natural Protegida, también que tendrá un impacto negativo para los potosinos:
“Me preocupa que en un futuro inmediato la gente que va a vivir en estos proyectos habitacionales no va a tener la certeza de los servicios, el principal el agua, dentro del estudio de impacto ambiental nunca se dejó especificado cómo es que se va a distribuir agua a este sector”.
Eloy Franklin destacó que la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano refleja “la insistencia, la necesidad, la terquedad y la corrupción” de algunos regidores: “Les vale madre todo, los compraron, les valió gorro que desde la Semarnat les emitieran estos señalamientos a todas estas áreas naturales protegidas, no les importó”.
Franklin destacó que “fue lamentable el actuar de los ediles, en donde en la votación solo cuatro de ellos votaron en contra (Ana Pineda, Ángel Reina y Alma Mireya Cerino y el propio Eloy; además de una abstención de Dulce Karina Benavides).
“No sirvieron de nada, y quedó esclarecido quienes realmente traicionaron a los potosinos, cuales son los partidos políticos que les vale”.
El regidor indicó que lo que se puede hacer es revertir la situación a través de la presión de los ciudadanos:
“Lamentablemente con la pandemia a la mejor a la gente no la enfocó muy bien este problema, quizás tuvimos estos distractores donde la gente no tuvo la manera de cómo asimilar, de cómo sucedió y cuál es el impacto real que viene para San Luis Potosí y las afectaciones que traerá no solo para el medio ambiente, sino para el ciudadano. Pareciera ser que a los empresarios del área de la construcción poco o nada les importa esta situación”.
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El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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