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Consulta indígena que tumbó Ley Electoral de SLP debió realizarse un año antes
Diputados han usado el covid-19 como pretexto para no haber escuchado a este sector de la población
Por: Ana G. Silva
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haberse llevado a cabo una consulta previa en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, los diputados Vianey Montes (PAN) y Martín Juárez (PRI) mencionaron que este procedimiento no se llevó a cabo por la pandemia de covid-19, ante esto León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y colaborador de La Orquesta, dijo que esto no es excusa para que no se escuchara a los pueblos originarios, ya que de acuerdo a los estatutos este proceso debió hacerse con un año de anticipación:
“Claro que no era justificación, aunque este año fue un parteaguas para la sociedad y la política, el Congreso del Estado aprobó esta ley el primero de julio, es decir que la consulta se debió realizar desde el año pasado, ya que la simple convocatoria para llevarla a cabo requiere tres meses, luego de esto se deben analizar los resultados, por tanto se aprobó al vapor”.
El antropólogo destacó que los pasos a seguir en la Ley de Consulta son: tres meses para que las comunidades se preparen, donde deben incluir talleres informativos y un acercamiento de la parte consultora, que generalmente es una institución pública que debe tomar contacto con las poblaciones, para desarrollar los talleres informativos en la lengua de origen. Después viene un proceso de análisis de los resultados de dichas consultas, esto puede tardar 6 meses. Agregó que al tratarse de una consulta de nivel estatal se vuelve más complejo:
“El Congreso cuenta con los recursos para llevarla a cabo, pero no es algo que simplemente sea la emisión de unas boletas con una pregunta y se ponen casetitas, sino implica una metodología profunda”.
García Lam dijo que la decisión de la SCJN significa es un acontecimiento histórico porque atiende al reclamo de las comunidades indígenas de que continuamente son desconocidas en su derecho a consulta: “en este caso el Congreso del Estado tuvo recursos, tiempo y toda clase de capitales financieros, hasta asesores, instituciones y marcos legales, todo para darles una ley electoral que cumpliera con todos los requisitos legales para todos los potosinos y omitieron tomar en cuenta a estas comunidades, me parece un logro histórico para las comunidades, me parece que esto va a permitir abrirles muchas puertas”.
León García Lam dijo que si la consulta se hacía bien, arrojaría un trato diferenciado, es decir, “en algunos casos, respetando los usos y costumbres, hay comunidades que resuelven como asamblea que se carga hacia un partido por alguna razón, puede ser que haya un candidato que les favorece o porque hicieron algún trato con el partido político o con un personaje regional, pero cada comunidad resuelve de manera distinta, eso es lo importante, independientemente si pudieran ofrecer algunos votos, tendríamos que empezar a reconocer que algunas acciones y procedimientos que tienen las comunidades indígenas, que nos puedan parecer extrañas, por eso era importante el proceso de consulta, porque deben preguntarles cómo quieren o necesitan ser los procedimientos para que sean acordes a los usos y costumbres”.
En cuanto a la pregunta de que si este llamado de atención que le hizo la SCJN al Congreso de San Luis Potosí le serviría de ejemplo a quienes realizan consultas como una advertencia, respondió: “Ojalá, pero me parece que en el caso del señor Xavier Nava ni con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni exhortos del Senado ni jalones de orejas de la Suprema Corte al Congreso, él es de oídos sordos”.
SE GASTARON 665 MIL PESOS EN LA CONSULTA
Esta mañana, el diputado priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi declaró que el Congreso del estado había erogado cerca de 665 mil para dicha consulta de los 9 millones que la Comisión Especial solicitó originalmente para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, sin embargo, aseveró que interrumpieron el proceso para evitar contagios de covid-19.
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APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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