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Morena pediría una consulta para enjuiciar a ex gobernadores de SLP
Por: Ana G. Silva
Luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la consulta ciudadana propuesta por Andrés Manuel López Obrador para poder enjuiciar a los expresidentes de la República por delitos que hayan cometido durante y después de su gestión, el diputado Edson Quintanar, coordinador de la bancada de Morena y Gabino Morales, súper delegado, no descartaron que ante el cambio de la pregunta donde se especificaban los nombres de los presidentes por “actores políticos” haya abierto una ventana para poder enjuiciar a los exgobernadores de San Luis Potosí como Fernando Toranzo, Marcelo de los Santos, Fernando Silva Nieto y Horacio Sánchez Unzueta.
“Cuando inicio esta dinámica de la colecta de firmas, me preguntaron si podríamos enjuiciar a presidentes municipales y gobernadores y no sería una mala idea, sería una propuesta muy motivadora para la ciudadanía, ese tipo de crímenes de estado no se puede solapar y sí se puede comprobar como muchos gobernadores que siguen todavía procesos y están congelados, se puede generar presión con las mismas herramientas legales. No existe ningún mexicano que no conozca a un actor político que no haya sido señalado por corrupto, sin embargo, no ha sido enjuiciado o sentenciados” dijo Edson Quintanar.
Mientras que Gabino Morales comentó que: “cualquier funcionario que actúe de manera deshonesta debe ser enjuiciado, lo que hay que resaltar es la participación de la ciudadanía, en medida de que los ciudadanos se involucran más en la política pública del país vamos ir eliminando la corrupción y los malos manejos de los recursos, van a ir saneando. Antes de que se vuelva una cacería de brujas se destaca la participación directa en la toma de decisiones de los ciudadanos”.
Quintanar indicó que no se descarta que en unos meses o años los integrantes del partido puedan sentarse en una mesa para platicar sobre la aplicación de esta consulta para exgobernadores y expresidentes municipales potosinos:
“De hecho la revocación de mandato que se aplica para el presidente, también se planea aplicar para que se cree una figura jurídica dentro de la participación ciudadana, dentro de la cual, las personas puedan exigir la destitución de sus gobernadores a mitad de su sexenio o de sus presidentes municipales a mitad de su trienio”.
Ambos morenistas destacaron que la aprobación de la consulta por p arte del poder judicial “ha sido un triunfo histórico para la ciudadanía 
“Es importante e histórico, es un tema que estaba pendiente que se le debía a los ciudadanos, y en temas legales la mayoría de los magistrados analizaron cada uno de los preceptos jurídicos para que la ciudadanía pudiera entender cómo se deben enjuiciar a los expresidentes. Yo creo que la pregunta para las personas que no entienden un término jurídico o desconocen el derecho, puede llegar a ser confusa, la pregunta si es muy directa en cuanto a enjuiciar a los expresidentes” dijo el legislador Edson Quintanar.
“Un gran triunfo para la democracia del país, porque al pueblo nunca se le ha preguntado qué quiere hacer con el destino del país, siempre se han hecho acuerdos en lo oscurito, en los gobiernos anteriores se reunían de noche para acordar pactos en contra de México que desataron únicamente corrupción, que antes, cuando nosotros que éramos oposición, nos decían que no y ahora ya con el caso de Lozoya y todos los casos de corrupción pues se han puesto al descubierto, que eran pactos en contra de México”, agregó Morales.
El súper delegado del gobierno federal mencionó que con esta consulta el país se convertirá en un referente mundial de la democracia.
Finalmente, en cuanto a las dudas que se generaron por la oposición y expertos en la materia respecto a la intromisión del presidente López Obrador en la determinación de la Corte, Edson Quintanar respondió:
“El poder judicial es muy aparte, si fuera un gobierno priista ponían a gente de su propio partido dentro de esas estructura o hacían nombramientos dentro del poder judicial te diría que sí, pero nosotros no; llevamos dos años en el poder, la comunicación ha sido difícil, sin embargo, con la decisión de los magistrados han dado una respuesta favorable en cuanto a derecho. La oposición está totalmente derrotada que no sabe cómo culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en tema fue pronunciado por un organismo totalmente autónomo”.
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APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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