marzo 5, 2026

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Aborto en casa en SLP: Misoprosol la pastilla fácil de conseguir

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La Orquesta buscó a activistas dedicadas a brindar el acompañamiento legal, médico y psicológico para conocer cómo es este proceso

Por: Ana G Silva

A modo de poder orientar a mujeres que desean interrumpir su embarazo, activistas potosinas comentaron a La Orquesta cuál es el proceso para poder llevar a cabo la interrupción del embarazo en casa con Misoprostol. Cabe mencionar que esta práctica no es legal en San Luis Potosí, a pesar que desde hace 10 años grupos feministas han luchado para que sea aprobada

*CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LAS IDENTIDADES DE LAS ENTREVISTAS, SUS NOMBRES FUERON MODIFICADOS.

Andrea, quien solía pertenecer a un grupo de acompañamiento seguro a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, comentó que existe un medicamento que produce el aborto llamado Misoprostol, el cual se encuentra avalado por la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 20 años.

“Este medicamento de hecho lo recomendaron para países como el nuestro donde aún se sigue criminalizando el aborto”.

Detalló que el Misoprostol se consigue con facilidad, además de que su consumo no suele dar complicaciones: “Cuando hay repercusiones es porque se ingirió de forma incorrecta como la dosis, vía sublingual o si la mujer que la ingirió tenía alguna alergia. El Misoprostol no tiene consecuencias físicas de ningún tipo, no te deja infertil, no te causa cáncer, no deja vulnerable el sistema reproductivo, solo hay casos de duelos o estrés”.

Aclaró que estas prácticas son más seguras si se llevan a cabo con previa información: “Desde 2014 y hastaprincipios de 2020 que colaboré como acompañante solo tres mujeres tuvieron alguna complicación y ninguna de ellas fue mortal”.

Andrea dijo que en las acompañantes realizan un proceso antes de que una mujer decida abortar:

“Primero les preguntamos si quieren abortar y se les canaliza con una psicóloga; todo es voluntario y si necesitan patrocinio con el dinero que se saca de los pañuelos que se venden, se recomienda los medicamentos que Oscilan en precio, les contamos del Misoprostol, los medicamentos se recomiendan hasta la semana 10, les informamos que en que en la Ciudad de México es legal el aborto hasta los 12 semanas y de eso dependen de las condiciones de la mujer, el tiempo de embarazo, las posibilidades económicas y las condiciones de tiempo laborales. Después de que ella elije, se desarrolla un método el acompañamiento que varía desde si decide ir a Ciudad de México para ver lo del hospedaje, hasta si eligió una clínica segura; y si es en casa les brindamos información vía remota o física, les dan información del medicamento, y una vez que se logró la interrupción dan un curso muy breve para verificar que se encuentre sana y de ser necesario se le asigna una psicóloga”.

Por su parte, Sandra quien apoya el tema del aborto, y además es abogada en derechos político electorales detalló que hay riesgos para que una mujer si pudiera realizarse el aborto estando a solas.
“El temor de las mujeres que están embarazadas y quieren abortar lo hacen con otros métodos como el Misoprostol, esta medicina va encaminada a aliviar malestares gastrointestinales, se debe tomar en las primeras semanas de embarazo, sino podrían poner en riesgo la vida de las mujeres”.

Sandra detalló que los casos de abortos que ha conocido han sido con dicho medicamento: “las recetas te las venden en internet y ahí mismo te enseñan cómo utilizarlas, sin embargo el cuerpo es muy diferente y muchas mujeres han muerto por usar estas pastillas, porque no tienen siquiera el acompañamiento”.

Sin embargo, no es la única manera por la cual se puede practicar el aborto en casa. Sandra comentó que existen mujeres en comunidades rurales que pudieran tener acceso a servicios de salud y por miedo a ser juzgadas no acuden y utilizan plantas como la “ruda” o la “gobernadora” para provocarse abortos.

“La gobernadora en la antigüedad se utilizaba para destapar cañerías entonces imagínate lo que le hace eso al cuerpo de una mujer, tenemos casos de mujeres que mueren desangrada
s, que les vino una hemorragia o que utilizaron algo que no era debido, que no era para eso”.

La activista dijo que también hay mujeres que no tienen educación sexual y que terminan provocándose el aborto a base de golpes, introduciéndose vidrio molido, picándose con ganchos o cosas punzocortantes.

“Esto es una endemia que sigue matando mujeres, la mortalidad materna es un problema no solo social, sino de salud pública, y uno de las causas de ella es el aborto, una estadística dice que hay de 100 a 500 veces más peligro de morir de un aborto clandestino que cuando tienes las condiciones para hacerlo”.

Andrea dijo que los embarazos van a seguir ocurriendo “con o sin el apoyo del estado, con o sin las acompañantes, incluso ahora hay una mujer en algún lugar buscando interrumpir un embarazo”.

Sandra respondió que la razón por la cual se oculta el tema es porque las mujeres que deciden abortar “sufren desigualdades estructurales que hacen que tengan inacceso a los derechos humanos. El estado es quien debe garantizar derechos pero no está sucediendo”.

“Y a pesar de no garantizar derechos se les penaliza y se les criminaliza: se les penaliza porque está prohibido abortar, pueden ir a dar a la cárcel; y las criminalizan porque se habla de la construcción social del criminal, son estereotipos, la mujer es una delincuente, mala madre o asesina”.

Sandra indicó que lo que se penaliza y criminaliza no es a una mujer que desea abortar si no “se estigmatiza la pobreza”, porque hay mujeres que se realizan los abortos en clínicas en condiciones higiénicas, que pueden viajar a un lugar donde se puedan practicar el aborto o tienen una estima social o elite, lo que las mujeres pobres no pueden hacer.

“Los que toman las decisiones son de una clase política integrada por personas privilegiadas, que tienen todos los derechos y hasta pueden acceder a los derechos políticos y si alguien de ellos quisiera realizarse un aborto tendrían lo necesario para hacerlo. Estas personas tienen acceso a todo tipo de cosas”.

La abogada apuntó que cuando se presentó las iniciativas en el Congreso del Estado para legalizar el aborto asistió con un grupo de mujeres con pañuelos verdes a escuchar y observarla, también llegaron personas que se autodenominan “Próvida y que nosotras las denominamos antiderechos, ya que entre ellos la mayoría son hombres y mujeres adultas mayores. No les impacta a los hombres porque no son mujeres y las mujeres ya habían terminado su etapa reproductiva”.

Sandra dijo que otra opción sería acudir al poder judicial, sin embargo no se acaba de juzgar en México con perspectiva de género: “Muchos de los jueces pasaron por las facultadas y no había libros de teorías feministas, perspectiva de género, de cómo juzgar con perspectiva de género ni de facultad de derechos humanos”.

Andrea explicó que hay un profundo grado de egoísmo y pared para los derechos humanos y no ven que existan muchos factores que amenazan a las mujeres. Por lo que una consecuencia de esto es que “las organizaciones de acompañamiento han tenido un incremento considerable en el número de demandas de mujeres que desean abortar, el estado de San Luis Potosí no está respondiendo ante una demanda social, responden con una mano puesta en el corazón católico, hay mujeres que están siendo obligadas a ser madres y sin considerar que en SLP hay una alta marginación social”.
Sandra detalló que el patriarcado en el estado es tal que las mujeres no temen a morir por abortar, si no por ser asesinadas por sus seres queridos.

“Una mujer en Santa María del Río en una plática, se acercó a una trabajadora social que me acompañaba, al final la mujer comentó es que su marido es un hombre violento y que la golpea, pero ese no era su problema, el problema era que un día cuando fue a buscar leña en el monte y dos hombres que pasaban por el lugar la violaron, para que su marido no se enojara ni la golpeara ella no dijo nada, pero quedó embarazada y para que no se le notara se fajaba con ropa. Nos enseñó su estómago comprimido y le dijimos que se estaba haciendo daño, pero ella contestó que si no se moría de eso, su esposo la mataría a golpes ya que no tenía relaciones con el desde hace tiempo y hasta la comunidad porque está mal visto que una mujer que quede embarazada de alguien que no es su esposo, es un delito”.

Sandra concluyó, “valido las manifestaciones y las pintas, no es por ir a dañar el patrimonio de la ciudad, sino que manifiesta la ira de mujeres que han visto a mujeres morir a causa de abortos clandestinos porque las criminalizan, van a manifestarse por las que murieron o las que no quieren morir o no quieren ir a la cárcel porque no quieren estar embarazadas”.

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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”

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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano

Por: Jorge Saldaña

El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.

En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.

El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.

“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.

Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.

Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.

En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.

“La fiscalización no es opcional”, señaló.

El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.

La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.

Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.

Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.

De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.

En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.

Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.

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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año

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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.

El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

(SICT), donde se analizaron los trazos preliminares de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.

El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.

De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.

Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.

El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.

El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.

Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.

Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.

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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP

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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención

Por: Redacción

A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.

De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.

También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso

.

Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.

Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.

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