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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” 
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales
Por: Redacción
Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.
La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.
Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.
“4% no sirve absolutamente para nada”
Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.
El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.
Congreso Extraordinario y más movilizaciones
Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.
Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.
Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”
Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.
Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.
También lee: El IMSS dijo “no” al 6.8%; en SLP, la consulta se votó entre denuncias
Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo
Por: Redacción
La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.
Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.
En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.
«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».
Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.
Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.
También lee: Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %
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