noviembre 22, 2024

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El robo de autos lleva cinco años sin freno en SLP

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En 5 años, el robo de autos en San Luis Potosí se ha multiplicado por 4; el último año a nivel nacional se registró una baja en las cifras, caso contrario en la entidad

Por: Redacción

En todo el año 2019, en el estado de San Luis Potosí fueron robados 4 mil 89 vehículos. Con esto, el número de autos o motocicletas robadas se ha multiplicado por 4.5 desde 2015, cuando ocurrieron 903 casos de ese delito.

De los 4 mil 89 vehículos robados el año pasado, 2 mil 281 fueron autos de cuatro ruedas, de los cuales, 255 fueron hechos con violencia, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otros mil 808 fueron robos de motocicletas, 223 de ellos con violencia.

La cifra incluso ha permanecido subiendo desde 2015, tanto de autos como de motos.

En 2018, el número de vehículos robados había sido de 3 mil 707. De esos, 2 mil 160 eran automóviles de cuatro ruedas y mil 547 fueron motocicletas.

En 2017, los autos robados fueron mil 750 y 577 las motos, para un total de 2 mil 327. En 2016 fueron mil 328 autos robados, además de 185 motocicletas, para un total de mil 513.

En 2015, los autos robados fueron 903. No hubo, en aquel momento, una sola motocicleta hurtada.

En total, durante el año 2019, en San Luis Potosí se robaron 6.24 automóviles cada día, mientras que de motocicletas el promedio fue de 4.95 diarias.

A nivel nacional, a diferencia de lo ocurrido en San Luis Potosí, aunque el robo de autos y robo de motocicletas crecieron entre 2015 y 2019, en la comparación de 2018 a 2019, las cifras bajaron.

La baja en el número de motocicletas en todo el país fue bajo, pues solo pasó de 36 mil 4 casos, a 35 mil 242. 

En cuanto a los automóviles, en 2018, en todo el país, se habían robado 178 mil 935 vehículos de cuatro ruedas, mientras que el año pasado se logró una reducción a 150 mil 306.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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