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Denuncian desabasto de pruebas para detectar VIH en SLP
El desabasto de pruebas sería responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel estatal, por malas gestiones para adquirir estos instrumentos
Por: Abelardo Medellín
Paul Ibarra Collazo, activista y consejero del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA, habló este viernes, en entrevista con La Orquesta, sobre el desabasto de insumos que ha sufrido el sector salud en San Luis Potosí, insumos específicamente catalogados para el tratamiento y detección del SIDA.
De acuerdo con Ibarra, debido a la escasez de insumos para la detección del virus del VIH, personas que antes pudieron ser tratados a dos días después de ser detectado el virus, ahora están tardando de 2 a 3 meses para ser atendidos.
“En febrero de este año se lanzó la circular de la Presidencia de la República que limita a las asociaciones civiles para recibir financiamiento público y la partida que veníamos recibiendo desde hace 18 años, que venía del CENSIDA; y en 2016 surge un apartado específico para centros comunitarios de detección, que aplicamos en la organización, y recibimos el recurso para abrir un centro aquí en el estado como los hay en todo el país”, comentó Paul Ibarra.
De 2016 al 2018, indica, el centro de detección recibía incentivos financieros para adquirir pruebas de VIH e insumos para la prevención: “teníamos mejores pruebas en ese entonces; sin embargo, después de la entrada en vigor de la circular de la Presidencia, ya no se pudo hacer de forma ordinaria, entonces el CENSIDA buscó la forma de generar un convenio a través de la FASPE, un apartado presupuestal para subsidios a entes privados y organismos de la sociedad civil, y se trasladaron recursos a centros comunitarios”.
El problema, entonces, residió en que la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, detuvo un apoyo para mejorar las estrategias de salud: “se alegó que faltaba un documento que no estaba puesto en la serie de documentos, y que era necesario, pero no lo declararon como el motivo oficial, no hay fallo legal de los motivos”, asegura Ibarra Collazo.
También los procesos burocráticos retrasaron la obtención de los recursos. “Ahora no sabemos qué pasó con ese recurso. Sabemos que, desde la cabeza de la Secretaria de Salud, la doctora Mónica y el contralor nos están abasteciendo de pocas pruebas, pero hay que decirlo, el estado tiene pocas pruebas 
El activista puntualizó que este problema de desabasto no tenía nada que ver con el gobierno federal, sino con una falta de gestión adecuada de parte de la Secretaría de Salud.
“Es algo ilógico cómo la Secretaría de Salud que ayer recibió el premio de excelencia no tenga los insumos necesarios para tener un programa activo de detección de SIDA”, dijo Ibarra Collazo agregando que el problema de la escasez de insumos para la detección ha provocado que se focalice la atención y “solamente estamos haciendo pruebas a población clave: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres, y hemos tenido que negar, a veces, la atención a personas heterosexuales”.
Este problema de insumos ha afectado también a los insumos de orden sexual para la población: “imagínate una tira de cuatro condones para una trabajadora sexual que necesita dos cajas a lo sumo, o el lubricante, que es necesario para las prácticas seguras. Hoy en día no tenemos en las bodegas un lubricante, ya se terminaron”.
Sobre las afectaciones económicas, Ibarra Collazo, dijo que a nivel federal se etiquetaron 350 millones de pesos para prevención, de los cuales los centros comunitarios erogarían 1.5 millones en insumos, situación que no está ocurriendo: “por eso intentamos tener acciones para sobrevivir, cosa que no debería ocurrir, porque esto debería ser un servicio gratuito”.
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Tanto esta obra como la rehabilitación del Parque de Morales se mantienen detenidas por un amparo promovido por la asociación Cambio de Ruta
Por: Redacción
Al ser cuestionada sobre las obras de ampliación del Río Santiago, Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), señaló que esperan poder retomar las obras en este mes de enero.
Los trabajos llevan casi un año detenidos, después de que en el mes de abril, una jueza federal autorizara un amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, argumentando una falta de cumplimiento en la normativa ambiental del proyecto, principalmente por la tala de árboles.
Vargas Tinajero aseguró que se mantienen en pláticas constantes con la constructora a cargo del proyecto para poder reanudarlo a la brevedad, después de que se quedara detenido en la parte del colector pluvial.
Otra de las obras que fue frenada fue la rehabilitación del Parque de Morales, la cual también se detuvo por un amparo promovido por Cambio de Ruta, bajo el argumento de que no se respetaron los derechos de participación ciudadana y el acceso a la información ambiental.
Al respecto, la titular de la Seduvop indicó que el amparo se mantiene vigente, y al establecer que no se puede tocar ninguna naturaleza del parque, están prácticamente frenados y a la espera de la resolución del juzgado.
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La Sedeco afirmó que la entidad ofrece sueldos atractivos tanto para personal operativo como para altos directivos
Por: Redacción
La Zona Industrial de San Luis Potosí se mantiene como una de las mejor remuneradas del país, lo que ha sido un factor clave para su crecimiento y consolidación, afirmó Jesús Salvador González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El funcionario destacó que el nivel salarial que se ofrece en el estado es altamente competitivo tanto para personal operativo como para puestos de directivos gracias a la calidad y capacitación de la mano de obra.
Detalló que en San Luis Potosí existe una amplía oferta de sueldos que van desde salarios atractivos para personal operativo
“Contamos con salarios muy competitivos, tanto para altos directivos como para el personal operativo, que es personal muy calificado”, puntualizó.
Finalmente, subrayó que estas condiciones salariales fortalecen la competitividad del estado y lo posicionan como nuevo destino para nuevas inversiones, además de impulsar el desarrollo económico y laboral de San Luis Potosí.
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El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica
Por: Roberto Mendoza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.
El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.
Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.
La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.
El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.
El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.
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