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La Pila, en la mira de la CEDH por conflicto entre internas y Traktolamp
La CEDH podría solicitar informes al penal de La Pila en caso de que Traktolamp atente contra los derechos humanos de las internas
Por: Ana Dora
Susana Zavala Flores, tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí, informó que esa institución atiende la queja presentada por una mujer interna en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila (Cereso), quien manifestó sufrir un “presunto hostigamiento, derivado de la interposición de un juicio laboral” contra la empresa Traktolamp.
La abogada relató que “la queja fue presentada a través de su abogado defensor” y que en el escrito, la afectada informó a la CEDH que “ya no prestaba servicios laborales para esta empresa”; además de que relató un presunto “abuso que se asemeja a explotación laboral”, puesto que “la jornada era de 8 horas con un ingreso muy precario y sin prestaciones de seguridad”.
Puntualizó que la CEDH emitió medidas precautorias para ser cumplidas por las autoridades del Centro Penitenciario “con la finalidad de que cesara todo acto que violentara sus derechos humanos” y aseguró que estas medidas fueron aceptadas por la autoridad responsable, por lo que, desde entonces, la quejosa “no ha manifestado más hostigamiento o trato indigno” lo que consta en actas levantadas en entrevistas con ella.
La visitadora también indicó que con documentos del representante legal y la autoridad penitenciaria, se negó la existencia de una relación laboral con la quejosa y que por el contrario, informó Traktolamp, se trata de “un programa de capacitación para el trabajo en donde están consideradas todas las mujeres internas y que por ende no se les considera trabajadoras formalmente , en términos de la ley, sino como becarias”.
Pese a ello, Zavala Flores refirió que la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el año 2017, apuntala que se mejore la situación de las personas internadas en los centros de penitenciarios, por lo que “la CEDH está convencida en que se debe transitar en el tema para mejorar las condiciones de vida de los internos”, tal y como lo plantea el abogado defensor de la quejosa.
La abogada acotó que el Estado es responsable de vigilar la legalidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas que están recluidas, por lo que el viernes pasado se sostuvo una reunión con las autoridades, representantes de la empresa, la quejosa y su defensor, donde “las autoridades se comprometieron categóricamente a entregar el dinero a las internas”, en referencia a un recurso que se reclama, proveniente de un fondo de ahorro que se les retira de sus percepciones salariales.
Susana Zavala adelantó que en el supuesto de que la autoridad no cumpliera “se intervendría de manera inmediata con medidas precautorias para todas las mujeres, solicitando rindan informes para garantizar el cumplimiento a la brevedad”.
Además, señaló que es posible una nueva queja contra la misma autoridad, “tenemos las facultades de iniciarla por oficio”, para velar por los derechos de la población varonil que posiblemente estén en la misma situación.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Destacadas
Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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