En menos de un año ya son tres las recomendaciones en su contra; además, la CEDH abandonó los retenes antialcohol por considerarlos recaudatorios y no preventivos

Por: Redacción

A poco menos de un año de iniciada la administración de Xavier Nava Palacios, una de las huellas del Ayuntamiento de San Luis Potosí parece ser el desdén por los derechos humanos.

El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida al presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, por vulnerar el derecho a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal de Teresa Carrizales, la exoficial del Registro Civil que fue desalojada con violencia de su lugar de trabajo.

El 1 de julio de 2019, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por solicitud de la víctima, acudió a las instalaciones de la Oficialía 11 del Registro Civil en la Ciudad de San Luis Potosí, en razón de que en esa oficina pública se cometían presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de una mujer, explicó la CEDH en un comunicado de prensa.

En ese lugar, agentes de Policía Municipal del sexo femenino tomaron de los brazos a la víctima y la jalaron, cayó al piso y estos elementos procedieron a colocarle candados de mano en ambas muñecas, jaloneándola y arrastrándola al exterior de la oficina.

En su queja, Teresa Carrizales precisó que sintió golpes con las rodillas de las oficiales de policía en las costillas, que continuaron jalándola y en dos ocasiones con esa maniobra se lastimó con los escalones, que al sacarla hasta la banqueta, le jalaron los candados de mano y le provocaron dolor, minutos después se reincorporó y la subieron a una patrulla, siendo trasladada a la Comandancia Municipal.

Solo unos días después del desalojo, el 4 de julio pasado, la CEDH había anunciado un rompimiento con el municipio de San Luis Potosí por el abuso en el desalojo de Carrizales, pero también por considerar que el retén antialcohol no es un programa preventivo de accidentes viales, sino recaudatorio.

“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.

Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.

El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.

Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.

En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.

“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa

, el ombudsman, en respuesta a lo dicho por Palacios. “La coordinadora de Derechos Humanos tendrá que aportar su informe a la CEDH, al igual que Seguridad Pública Municipal”, agregó.

En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol que efectúa el Ayuntamiento. “Desde el 2 de abril solicitamos al alcalde su colaboración para difundir programas de concientización, de conductor designado. A tres meses, seguimos sin respuesta. No hay noticias de reuniones con cámaras empresariales, que demuestren que los retenes no sean recaudatorios, sino preventivos”, dijo López Espinosa.

La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.

Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.

Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.

La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad.  Fue aceptada, aunque hasta julio pasado, 10 meses después, el organismo autónomo no contaba con evidencia que acredite su cumplimiento.

También la Recomendación 7/2019, que fue aceptada después de dos negativas, el pasado 24 de julio, sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí. 

El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.

López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.

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