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Lárraga niega haber pedido “moche” a exasesora y acusa a medios de acosarlo
Luego de que la asociación Ciudadanos Observando hiciera pública la denuncia de una exasesora del diputado Mario Lárraga, este aseguró que las acusaciones son “otras más de las mentiras”
Por: Ana Dora
El diputado Mario Lárraga Delgado respondió a la agrupación Ciudadanos Observando sobre los señalamientos que han hecho en su contra, acerca del presunto cobro de “moches” a una exasesora suya en el Congreso local.
El legislador desmintió las acusaciones, las que, dijo, corresponden a “otra más de las mentiras. No es cierto”. A la vez indicó que exige a la agrupación anticorrupción mostrar pruebas de las acusaciones: “si los señores de Ciudadanos Observando tienen algún elemento de prueba que lo presenten, no nada más con golpes mediáticos”.
Mario Lárraga dijo no conocer a la ex asesora que lo acusa: “no sé quién sea, no se maneja el nombre de la trabajadora”; sin embargo confirmó la salida de varios asesores: “tenemos varios compañeros que dejaron de trabajar. Tres mujeres y dos varones”, de quienes, dijo, renunciaron por diversos motivos laborales: “ellos renunciaron, tal vez encontraron un mejor lugar o a lo mejor lo que aquí se les da, no les satisfacía”.
Informó que actualmente cuenta con cuatro asesores que perciben veinte mil pesos mensuales, y dijo que, efectivamente, una persona de nombre Carlos Pacheco labora con él: “es un compañero emanado del partido, nadie controla a nadie ellos me acompañan desde antes de la campaña 
El legislador aseguró que lleva una labor honesta desde sus anteriores puestos públicos: “en nuestro caso garantizamos que hemos llevado una vida honesta de cara a la sociedad, hemos enseñado a nuestros funcionarios, me refiero al Ayuntamiento, a manejarse con las uñas recortadas”, por lo que “me pueden acusar de muchas otras cosas, menos de eso”.
El diputado hizo un llamamiento a los reporteros y medios de comunicación, quienes, consideró: “deberían tener un límite, ese límite es sujetarse a la verdad” y aseveró que constantemente es asediado por comunicadores: “todos los días me corretean los reporteros, para pedir “chayote”. Yo he sido muy respetuoso de todos lo demás, me piden para la comida, para el pasaje, hubo uno que pedía hasta para ir a España”.
Por último, Mario Lárraga amenazó: “si nos acosan, tendremos que responder”.
Revelan sueldo de los 137 asesores del Congreso de SLP; 68 mil, el más alto
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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