octubre 31, 2025

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“50% de los potosinos en la cárcel aún no tienen sentencia”: De la Garza

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El abogado propone reducir el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva e indemnizar a quien es encarcelado injustamente

Por: Ana G Silva

El 9 de marzo, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace, presentó una iniciativa la cual busca que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o por violaciones al debido proceso. Esto luego de que mencionara que entre el 40 y 50 por ciento de las personas que se encuentran en prisión no han sido enjuiciadas, además de que pueden pasar años de esta manera siendo posibles inocentes.

“El Inegi ha promediado entre un 40 a 50% de las personas que están en prisión están en proceso, varía un poco dependiendo de la población penitenciaria, pero es un porcentaje muy alto el que tienen que espera. En la Huasteca hay un número importante de personas acusadas de violación y no pueden salir hasta que no se resuelva su juicio, lo que puede tardar años, creo que estamos abusando de este esquema que no te permite analizar caso por caso”.

José Mario de la Garza relató que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es una problemática derivada de la inseguridad en México, de la cual se generó un catálogo de delitos graves para que las personas acusadas permanezcan en prisión, aunque la lista se ha ido incrementando:

“Si te acusan en México de alguno de estos delitos, aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque la información no esté bien sustentada, aunque no hayas tenido oportunidad de defenderte, con esa acusación basta para que los tribunales de oficio, sin ningún debate, te orquesten prisión”.

El presidente de Fundación Renace indicó que para estar en prisión hay un sistema ideal en el que se tendrían que analizar dos cosas: la peligrosidad de la persona y la posibilidad que evada a la justicia, como se lleva a cabo en otros países “por el delito que sea”, parámetros que en México no se toman en cuenta, por lo que se encarcela mientras dura el juicio.

“Esto viola la presunción de inocencia porque ya me estás acusando, privado de la libertad. Cuando concluya el juicio lo que puede pasar es que se compruebe que sí cometió el delito y ese tiempo que estuvo en prisión se lo toman en cuenta, o que le digan ‘sabes qué, eres inocente’ y obtienes tu libertad, el problema viene ahí porque entonces tú tuviste a un inocente en la cárcel, me he topado con gente que lleva 8 o 9 años en la cárcel por este tipo de cosas y luego salen y no hay un sistema de compensar o indemnizar a estas personas”.

De la Garza Marroquín comentó que el discurso de las autoridades ha sido “vamos a resolver el problema de inseguridad”, y se ha incrementado la lista de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, sin que un juez decida si una persona debe estar encarcelado o no, aunque el mecanismo no ha resuelto el problema:

“Por otro lado tienes las cifras negras en donde el 95 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, entonces me parece que este esquema no va solucionar la inseguridad”.

El abogado señaló que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva debe ser revisado y volverse a realizar, en donde haya un listado mínimo con delitos sumamente graves contra la comunidad y que sea un juez quien determine si algún acusado debe estar en la cárcel:

Ese es un sistema más justo y que se analice caso por caso, y así hay más posibilidad de que no se cometa una injusticia, porque puede ser que te fabriquen la acusación de un delito grave para que continues en prisión, se puede hacer que pases un buen tiempo ahí y luego salgas y como el sistema no te da ningún resarcimiento quedas señalado como si fueras delincuente”.

La iniciativa de José Mario de la Garza plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de una indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

Dicha propuesta ya ha sido respaldada por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que se espera que en breve suba al pleno del Congreso para su discusión.

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Conagua rescata pozos secuestrados en SLP

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González Castillo pide fortalecer las facultades legales de la dependencia para actuar directamente ante irregularidades

Por: Redacción

Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, informó que la dependencia ha atendido diversos reportes sobre pozos irregulares detectados en diferentes puntos del estado. Destacó que la dirección local de San Luis Potosí es la que más procedimientos administrativos lleva en todo el país en materia de pozos irregulares.

De acuerdo con datos proporcionados por el funcionario, hasta el momento se han cancelado seis pozos, ubicados principalmente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los cuales se encontraban perforados de manera irregular o abastecían a pipas de agua.

González Castillo subrayó la necesidad de que a Conagua “se le den dientes”, es decir, mayores facultades legales para actuar directamente ante estas situaciones. Actualmente, explicó, la dependencia no cuenta con atribuciones para realizar cateos o clausuras

sin la intervención de otras autoridades.

“Con la nueva Ley de Aguas se prevén delitos por el uso irregular del recurso. Entonces, Conagua ya no necesitará a la Fiscalía General de la República para actuar, podrá hacerlo directamente y con fuerza legal. Lo que se busca es la regularización, porque la sobreexplotación en San Luis Potosí es sin precedentes. No puedo decir que no existe, porque ustedes mismos ven las pipas circulando por todos lados relacionadas con este tema”, explicó el director.

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Ciudad

Ayto de SLP depende de la Ley de Ingresos para obras en Saucito y Villamagna

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El alcalde Enrique Galindo advirtió que también los recursos federales bajaron en 2025 y eso podría afectar obras clave en la capital en el 26

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que varios proyectos de infraestructura —entre ellos los del Saucito, Villamagna y Río Españita— están listos para ejecutarse, aunque su realización dependerá del monto que se autorice en la Ley de Ingresos 2025 y del presupuesto final que reciba el municipio.

El edil recordó que si para el próximo año todos los municipios del país enfrentaran una reducción en los recursos federales, complicará la planeación financiera y la ejecución de obras públicas: “En 2025 todos los municipios del país, incluyendo San Luis, tuvimos menos recursos federales. Hay una propuesta nacional para que aumenten o al menos se igualen a los de 2024”, señaló Galindo.

De acuerdo con el alcalde, los proyectos del puente de Villamagna, la salida a Guadalajara y la zona del Saucito fueron considerados de prioridad A por su impacto en la movilidad urbana. Además, explicó que el Ayuntamiento ya cuenta con los proyectos ejecutivos listos desde el año pasado

, lo que permitiría arrancar las obras en cuanto haya disponibilidad de recursos.

“Cada proyecto es caro, incluso el puro documento lo es, pero nosotros ya los tenemos listos desde el año pasado”, agregó.

Galindo explicó que la Comisión de Hacienda del Cabildo ya analiza la propuesta de Ley de Ingresos municipal, con el fin de aumentar las posibilidades financieras para el 2026. El documento deberá aprobarse antes del 15 de noviembre, para posteriormente enviarse al Congreso del Estado, donde se decidirá la versión definitiva.

“El Congreso puede cambiar la propuesta como lo considere, pero veo buen ánimo. Espero que logremos un buen año financiero”, dijo el edil.

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Congreso del Estado

Marco Gama llama a una discusción responsable sobre la eutanasia

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Señaló que el tema debe discutirse con base en evidencia científica y sin criterios personales o partidistas

Por: Redacción

El diputado local de San Luis Potosí, Marco Gama, habló sobre la propuesta federal para aprobar la eutanasia. Aclaró que dicha iniciativa aún no ha llegado al Congreso del Estado y reconoció que el tema se ha discutido muy poco entre las y los legisladores potosinos.

Gama señaló que, para analizar su posible aprobación, será necesario estudiar cómo se ha implementado en otros países y respaldarse en evidencia científica que sustente una propuesta de esta magnitud. Solo entonces —dijo— será el momento óptimo para debatirla con profundidad, dejando de lado los criterios personales o partidistas.

“Tenemos una responsabilidad pública: debemos tomar decisiones pensando en la mayoría de las y los ciudadanos que podrían verse beneficiados o afectados por las medidas que adoptemos. Tenemos que escuchar los argumentos a favor y en contra para decidir con independencia. No podemos basar nuestras decisiones en lo personal, porque tenemos una responsabilidad pública”, explicó el diputado.

Agregó que, aunque en el pasado la eutanasia fue considerada un tema tabú, hoy es necesario abrir la discusión y escuchar a la ciudadanía para poder tomar la mejor decisión posible.

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Opinión

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