noviembre 21, 2024

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“50% de los potosinos en la cárcel aún no tienen sentencia”: De la Garza

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El abogado propone reducir el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva e indemnizar a quien es encarcelado injustamente

Por: Ana G Silva

El 9 de marzo, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace, presentó una iniciativa la cual busca que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o por violaciones al debido proceso. Esto luego de que mencionara que entre el 40 y 50 por ciento de las personas que se encuentran en prisión no han sido enjuiciadas, además de que pueden pasar años de esta manera siendo posibles inocentes.

“El Inegi ha promediado entre un 40 a 50% de las personas que están en prisión están en proceso, varía un poco dependiendo de la población penitenciaria, pero es un porcentaje muy alto el que tienen que espera. En la Huasteca hay un número importante de personas acusadas de violación y no pueden salir hasta que no se resuelva su juicio, lo que puede tardar años, creo que estamos abusando de este esquema que no te permite analizar caso por caso”.

José Mario de la Garza relató que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es una problemática derivada de la inseguridad en México, de la cual se generó un catálogo de delitos graves para que las personas acusadas permanezcan en prisión, aunque la lista se ha ido incrementando:

“Si te acusan en México de alguno de estos delitos, aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque la información no esté bien sustentada, aunque no hayas tenido oportunidad de defenderte, con esa acusación basta para que los tribunales de oficio, sin ningún debate, te orquesten prisión”.

El presidente de Fundación Renace indicó que para estar en prisión hay un sistema ideal en el que se tendrían que analizar dos cosas: la peligrosidad de la persona y la posibilidad que evada a la justicia, como se lleva a cabo en otros países “por el delito que sea”, parámetros que en México no se toman en cuenta, por lo que se encarcela mientras dura el juicio.

“Esto viola la presunción de inocencia porque ya me estás acusando, privado de la libertad. Cuando concluya el juicio lo que puede pasar es que se compruebe que sí cometió el delito y ese tiempo que estuvo en prisión se lo toman en cuenta, o que le digan ‘sabes qué, eres inocente’ y obtienes tu libertad, el problema viene ahí porque entonces tú tuviste a un inocente en la cárcel, me he topado con gente que lleva 8 o 9 años en la cárcel por este tipo de cosas y luego salen y no hay un sistema de compensar o indemnizar a estas personas”.

De la Garza Marroquín comentó que el discurso de las autoridades ha sido “vamos a resolver el problema de inseguridad”, y se ha incrementado la lista de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, sin que un juez decida si una persona debe estar encarcelado o no, aunque el mecanismo no ha resuelto el problema:

“Por otro lado tienes las cifras negras en donde el 95 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, entonces me parece que este esquema no va solucionar la inseguridad”.

El abogado señaló que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva debe ser revisado y volverse a realizar, en donde haya un listado mínimo con delitos sumamente graves contra la comunidad y que sea un juez quien determine si algún acusado debe estar en la cárcel:

Ese es un sistema más justo y que se analice caso por caso, y así hay más posibilidad de que no se cometa una injusticia, porque puede ser que te fabriquen la acusación de un delito grave para que continues en prisión, se puede hacer que pases un buen tiempo ahí y luego salgas y como el sistema no te da ningún resarcimiento quedas señalado como si fueras delincuente”.

La iniciativa de José Mario de la Garza plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de una indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

Dicha propuesta ya ha sido respaldada por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que se espera que en breve suba al pleno del Congreso para su discusión.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes

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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes

Por: Redacción

La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.

David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.

De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:

  • $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
  • $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
  • $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
  • $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
  • $3,839.00 en La Gran Vía.
  • $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
  • $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
  • Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.

En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.

Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.

Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.

Otros gastos en bares y restaurantes:

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SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados

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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.

Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.

El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.

Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.

Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos

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Opinión

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