El 9 de marzo, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace, presentó una iniciativa la cual busca que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o por violaciones al debido proceso. Esto luego de que mencionara que entre el 40 y 50 por ciento de las personas que se encuentran en prisión no han sido enjuiciadas, además de que pueden pasar años de esta manera siendo posibles inocentes.

“El Inegi ha promediado entre un 40 a 50% de las personas que están en prisión están en proceso, varía un poco dependiendo de la población penitenciaria, pero es un porcentaje muy alto el que tienen que espera. En la Huasteca hay un número importante de personas acusadas de violación y no pueden salir hasta que no se resuelva su juicio, lo que puede tardar años, creo que estamos abusando de este esquema que no te permite analizar caso por caso”.

José Mario de la Garza relató que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es una problemática derivada de la inseguridad en México, de la cual se generó un catálogo de delitos graves para que las personas acusadas permanezcan en prisión, aunque la lista se ha ido incrementando:

“Si te acusan en México de alguno de estos delitos, aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque la información no esté bien sustentada, aunque no hayas tenido oportunidad de defenderte, con esa acusación basta para que los tribunales de oficio, sin ningún debate, te orquesten prisión”.

El presidente de Fundación Renace indicó que para estar en prisión hay un sistema ideal en el que se tendrían que analizar dos cosas: la peligrosidad de la persona y la posibilidad que evada a la justicia, como se lleva a cabo en otros países “por el delito que sea”, parámetros que en México no se toman en cuenta, por lo que se encarcela mientras dura el juicio.

“Esto viola la presunción de inocencia porque ya me estás acusando, privado de la libertad. Cuando concluya el juicio lo que puede pasar es que se compruebe que sí cometió el delito y ese tiempo que estuvo en prisión se lo toman en cuenta, o que le digan ‘sabes qué, eres inocente’ y obtienes tu libertad, el problema viene ahí porque entonces tú tuviste a un inocente en la cárcel, me he topado con gente que lleva 8 o 9 años en la cárcel por este tipo de cosas y luego salen y no hay un sistema de compensar o indemnizar a estas personas”.

De la Garza Marroquín comentó que el discurso de las autoridades ha sido “vamos a resolver el problema de inseguridad”, y se ha incrementado la lista de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, sin que un juez decida si una persona debe estar encarcelado o no, aunque el mecanismo no ha resuelto el problema:

“Por otro lado tienes las cifras negras en donde el 95 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, entonces me parece que este esquema no va solucionar la inseguridad”.

El abogado señaló que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva debe ser revisado y volverse a realizar, en donde haya un listado mínimo con delitos sumamente graves contra la comunidad y que sea un juez quien determine si algún acusado debe estar en la cárcel:

“Ese es un sistema más justo y que se analice caso por caso, y así hay más posibilidad de que no se cometa una injusticia, porque puede ser que te fabriquen la acusación de un delito grave para que continues en prisión, se puede hacer que pases un buen tiempo ahí y luego salgas y como el sistema no te da ningún resarcimiento quedas señalado como si fueras delincuente”.

La iniciativa de José Mario de la Garza plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de una indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

Dicha propuesta ya ha sido respaldada por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que se espera que en breve suba al pleno del Congreso para su discusión.

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