enero 8, 2026

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“50% de los potosinos en la cárcel aún no tienen sentencia”: De la Garza

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El abogado propone reducir el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva e indemnizar a quien es encarcelado injustamente

Por: Ana G Silva

El 9 de marzo, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace, presentó una iniciativa la cual busca que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o por violaciones al debido proceso. Esto luego de que mencionara que entre el 40 y 50 por ciento de las personas que se encuentran en prisión no han sido enjuiciadas, además de que pueden pasar años de esta manera siendo posibles inocentes.

“El Inegi ha promediado entre un 40 a 50% de las personas que están en prisión están en proceso, varía un poco dependiendo de la población penitenciaria, pero es un porcentaje muy alto el que tienen que espera. En la Huasteca hay un número importante de personas acusadas de violación y no pueden salir hasta que no se resuelva su juicio, lo que puede tardar años, creo que estamos abusando de este esquema que no te permite analizar caso por caso”.

José Mario de la Garza relató que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es una problemática derivada de la inseguridad en México, de la cual se generó un catálogo de delitos graves para que las personas acusadas permanezcan en prisión, aunque la lista se ha ido incrementando:

“Si te acusan en México de alguno de estos delitos, aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque la información no esté bien sustentada, aunque no hayas tenido oportunidad de defenderte, con esa acusación basta para que los tribunales de oficio, sin ningún debate, te orquesten prisión”.

El presidente de Fundación Renace indicó que para estar en prisión hay un sistema ideal en el que se tendrían que analizar dos cosas: la peligrosidad de la persona y la posibilidad que evada a la justicia, como se lleva a cabo en otros países “por el delito que sea”, parámetros que en México no se toman en cuenta, por lo que se encarcela mientras dura el juicio.

“Esto viola la presunción de inocencia porque ya me estás acusando, privado de la libertad. Cuando concluya el juicio lo que puede pasar es que se compruebe que sí cometió el delito y ese tiempo que estuvo en prisión se lo toman en cuenta, o que le digan ‘sabes qué, eres inocente’ y obtienes tu libertad, el problema viene ahí porque entonces tú tuviste a un inocente en la cárcel, me he topado con gente que lleva 8 o 9 años en la cárcel por este tipo de cosas y luego salen y no hay un sistema de compensar o indemnizar a estas personas”.

De la Garza Marroquín comentó que el discurso de las autoridades ha sido “vamos a resolver el problema de inseguridad”, y se ha incrementado la lista de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, sin que un juez decida si una persona debe estar encarcelado o no, aunque el mecanismo no ha resuelto el problema:

“Por otro lado tienes las cifras negras en donde el 95 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, entonces me parece que este esquema no va solucionar la inseguridad”.

El abogado señaló que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva debe ser revisado y volverse a realizar, en donde haya un listado mínimo con delitos sumamente graves contra la comunidad y que sea un juez quien determine si algún acusado debe estar en la cárcel:

Ese es un sistema más justo y que se analice caso por caso, y así hay más posibilidad de que no se cometa una injusticia, porque puede ser que te fabriquen la acusación de un delito grave para que continues en prisión, se puede hacer que pases un buen tiempo ahí y luego salgas y como el sistema no te da ningún resarcimiento quedas señalado como si fueras delincuente”.

La iniciativa de José Mario de la Garza plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de una indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

Dicha propuesta ya ha sido respaldada por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que se espera que en breve suba al pleno del Congreso para su discusión.

También lee: Iniciativa de la Guardia Civil será votada el próximo jueves en el Pleno

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

.

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

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Ciudad

¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?

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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.

Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.

La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado

de estas plantas.

Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.

La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.

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SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE

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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional

Por: Redacción

El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.

El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria

.

Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.

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