diciembre 3, 2025

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“50% de los potosinos en la cárcel aún no tienen sentencia”: De la Garza

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El abogado propone reducir el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva e indemnizar a quien es encarcelado injustamente

Por: Ana G Silva

El 9 de marzo, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace, presentó una iniciativa la cual busca que se indemnice con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o por violaciones al debido proceso. Esto luego de que mencionara que entre el 40 y 50 por ciento de las personas que se encuentran en prisión no han sido enjuiciadas, además de que pueden pasar años de esta manera siendo posibles inocentes.

“El Inegi ha promediado entre un 40 a 50% de las personas que están en prisión están en proceso, varía un poco dependiendo de la población penitenciaria, pero es un porcentaje muy alto el que tienen que espera. En la Huasteca hay un número importante de personas acusadas de violación y no pueden salir hasta que no se resuelva su juicio, lo que puede tardar años, creo que estamos abusando de este esquema que no te permite analizar caso por caso”.

José Mario de la Garza relató que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es una problemática derivada de la inseguridad en México, de la cual se generó un catálogo de delitos graves para que las personas acusadas permanezcan en prisión, aunque la lista se ha ido incrementando:

“Si te acusan en México de alguno de estos delitos, aunque no se tengan pruebas suficientes, aunque la información no esté bien sustentada, aunque no hayas tenido oportunidad de defenderte, con esa acusación basta para que los tribunales de oficio, sin ningún debate, te orquesten prisión”.

El presidente de Fundación Renace indicó que para estar en prisión hay un sistema ideal en el que se tendrían que analizar dos cosas: la peligrosidad de la persona y la posibilidad que evada a la justicia, como se lleva a cabo en otros países “por el delito que sea”, parámetros que en México no se toman en cuenta, por lo que se encarcela mientras dura el juicio.

“Esto viola la presunción de inocencia porque ya me estás acusando, privado de la libertad. Cuando concluya el juicio lo que puede pasar es que se compruebe que sí cometió el delito y ese tiempo que estuvo en prisión se lo toman en cuenta, o que le digan ‘sabes qué, eres inocente’ y obtienes tu libertad, el problema viene ahí porque entonces tú tuviste a un inocente en la cárcel, me he topado con gente que lleva 8 o 9 años en la cárcel por este tipo de cosas y luego salen y no hay un sistema de compensar o indemnizar a estas personas”.

De la Garza Marroquín comentó que el discurso de las autoridades ha sido “vamos a resolver el problema de inseguridad”, y se ha incrementado la lista de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, sin que un juez decida si una persona debe estar encarcelado o no, aunque el mecanismo no ha resuelto el problema:

“Por otro lado tienes las cifras negras en donde el 95 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, entonces me parece que este esquema no va solucionar la inseguridad”.

El abogado señaló que el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva debe ser revisado y volverse a realizar, en donde haya un listado mínimo con delitos sumamente graves contra la comunidad y que sea un juez quien determine si algún acusado debe estar en la cárcel:

Ese es un sistema más justo y que se analice caso por caso, y así hay más posibilidad de que no se cometa una injusticia, porque puede ser que te fabriquen la acusación de un delito grave para que continues en prisión, se puede hacer que pases un buen tiempo ahí y luego salgas y como el sistema no te da ningún resarcimiento quedas señalado como si fueras delincuente”.

La iniciativa de José Mario de la Garza plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de una indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado.

Dicha propuesta ya ha sido respaldada por diputados del PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que se espera que en breve suba al pleno del Congreso para su discusión.

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Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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