El Ayuntamiento de San Luis Potosí incurre en una ilegalidad al saltarse los montos máximos para las adjudicaciones directas

Por La Orquesta

El Ayuntamiento de San Luis Potosí encabezado por Xavier Nava Palacios incurre sistemáticamente en la ilegalidad respecto a las licitaciones de contratos en su administración. Actualmente su equipo miente al asegurar ante medios que los gastos en obras y servicios se manejan de acuerdo a la norma, cuando la evidencia muestra que no es así.

Según consta en la solicitud de información UT-SI-0224/2019-00169119-PNT respondida por la Dirección de Compras, hasta el 20 de febrero de 2019 no se había ejecutado ninguna licitación “con relación al servicio médico para los trabajadores del H. Ayuntamiento”.

Apenas una semana antes el oficial mayor Óscar Valle Portilla había presumido que había tres empresas en competición para la prestación del servicio de abasto de medicamentos, una de ellas de Monterrey, otra de León y una más de la Ciudad de México.

El delirio llegó a más el 5 de marzo, ya que aunque la mencionada oficina de la propia alcaldía admitía que no se estaba llevando a cabo ningún proceso de licitación en materia de servicio médico, el Oficial Mayor salió a decir que que la empresa Medicamentos Genéricos no había firmado los documentos necesarios para concretar la designación, pese a ver quedado como ganadora, por lo que la supuesta licitación se volvería a llevar a cabo.

De este modo queda evidenciado que Nava Palacios sigue sin transparentar la compra de medicinas y combustible. La adjudicación de manera directa en ambos rubros se vuelto una costumbre cada vez más cuestionada. A principios de año su equipo de trabajo se justificó al asegurar que esta práctica se había llevado a cabo debido a la falta de tiempo, pero con casi un semestre en el poder el argumento se desmorona.

Así, sin ninguna constancia de un mecanismo de licitación, el alcalde junto a el primer síndico municipal, Víctor José Ángel Saldaña, y Sebastián Pérez García, el secretario general, firmaron un contrato de servicio de combustible, por un total de 10 millones de pesos, que tuvo como beneficiario a Medios de Pago Movilízate SA de CV para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del año 2019, como consta en el contrato número OM/002/2019

A principios de año Valle Portilla pidió una prórroga para continuar con los servicios médicos que se adjudicaron de manera directa a la empresa Hospital Nuestra Señora de la Salud, así como los servicios de gasolina en lo que se abría “una convocatoria nacional de licitación”.

Sin embargo, las semanas pasaron y no hubo avance alguno en el rubro, por lo que de manera arbitraria se continuó con una dinámica que favorece a lo proveedores consentidos de la actual administración.

Lo anterior representa una ilegalidad que contraviene a los montos tope asignados por la ley en lo que respecta a obra pública y servicios. Para 2019 las comisiones del Congreso fijaron que la  obra pública en adjudicación directa solo podía ir desde $ 0.01 hasta $1’120,000.00, mientras que los servicios relacionados en adjudicación directa tan solo desde $ 0.01 hasta $ 340,000.00.

De acuerdo al mismo dictamen, los servicios desde 680 mil pesos en adelante y la obra pública que estuviera por encima de los 3 millones 140 mil pesos tendría que licitarse públicamente.

El contrato de  suministro de combustible firmado con Medios de Pago Movilízate SA de CV, fue por un total de 10 millones de pesos, por lo que se debió licitar. Pero a la vista está que no fue así, pese a que la retórica del gabinete navista pretenda sostener la contrario.

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