noviembre 1, 2026

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#4 Tiempos

47 años | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

Rosendo Radilla Pacheco nació en 1914 en Las Clavellinas, localidad ubicada al oriente del municipio de Atoyac, en Guerrero. Durante su vida, el señor Radilla se dedicó a la ganadería y al cultivo del café. Además, impulsó y gestionó la construcción de varias escuelas en la sierra de Guerrero, promovió la construcción del Hospital Regional de Atoyac y luchó por distintas causas campesinas. Su popularidad y cercanía con su comunidad lo llevaron a ser presidente municipal en 1955. Durante la gestión del señor Radilla se construyeron los primeros puestos del mercado municipal, se adquirió el primer camión de limpieza y se gestionó la construcción de un cuartel militar en Atoyac.

Al término de su gestión como presidente municipal, el señor Radilla dedicó su tiempo a las luchas campesinas y a los movimientos que buscaban la restitución de la tierra, la regulación de los ejidos y la exigencia de servicios básicos. A su vez, Rosendo Radilla se caracterizó por componer corridos sobre la matanza del 67 en Atoyac, de los movimientos campesinos y de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, líderes guerrilleros de la región. Sin embargo, el clima político se tornaba más y más adverso. Los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, haciendo uso de las fuerzas armadas y demás instituciones del estado mexicano, emprendieron una serie de medidas represivas orientadas a la inhibición de los grupos opositores y movimientos sociales del país. A este periodo se le conoce comúnmente como la Guerra sucia.

El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla y su hijo de once años, Rosendo Radilla Martínez, viajaban en autobús desde Atoyac hacia Chilpancingo. A pocos kilómetros de haber iniciado el trayecto, un retén militar bajó a todos los pasajeros del autobús, revisaron las maletas y posteriormente les permitieron continuar con el viaje. Más adelante, en un segundo retén, Rosendo Radilla fue detenido ‘por componer corridos’ y, paradójicamente, fue llevado al cuartel militar de Atoyac. Desde entonces, el paradero del señor Radilla es desconocido. Sumados a este caso existen registros de al menos otras 600 personas desaparecidas en Guerrero en la década de los setenta, 400 de ellas en Atoyac.

A raíz de la desaparición del señor Rosendo, la familia Radilla Martínez se movilizó para buscarlo con todos los medios y recursos disponibles; en ese contexto, interponer una denuncia ante las autoridades solo hubiese logrado poner en mayor riesgo la integridad de la familia. Fue hasta 1992 —después de la creación de la CNDH en 1990— que la familia logró denunciar la desaparición forzada del señor Radilla. Después de una serie de infructuosas denuncias penales interpuestas ante distintas autoridades, la familia Radilla Martínez acudió en 2001 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue admitido en 2005 y enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente resolvió en noviembre de 2009 que el Estado mexicano es responsable de su desaparición, así como de los daños causados a la familia Radilla Martínez.

La Corte Interamericana condenó al estado mexicano a conducir eficazmente la investigación penal en contra de los responsables de la desaparición; a continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata de Rosendo Radilla; a realizar distintas reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal; a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad, entre otras cosas. Así, esta fue la primera sentencia en condenar al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, lo cual impulsó una serie de discusiones muy pertinentes tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

Para la primera mitad de 2011, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas constitucionales a varios artículos, de los cuales, sin duda, la más trascendente es la reforma al artículo 1. Dicha reforma consistió en añadir el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Es decir, ahora la Constitución reconoce los derechos contenidos en ella y todos los demás contenidos en tratados suscritos por México, lo cual amplía de manera considerable el catálogo de derechos que se deben proteger y, en consecuencia, que se pueden exigir o hacer valer ante las autoridades. Además, el artículo 1 precisó que, cuando una autoridad del Estado mexicano debe aplicar normas de derechos humanos, debe aplicar aquella que sea más favorable a la persona.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia se vio orillada a discutir cómo debía de ser la nueva configuración del Poder Judicial, a la luz de la sentencia del caso Radilla y de la reforma al artículo 1. Después de largos y complejos debates, la Suprema Corte determinó que todos los jueces y juezas del país deben de aplicar un control de convencionalidad de oficio. Es decir, los jueces y juezas, sean de la instancia que sea, deben verificar que el derecho aplicable al caso que están resolviendo vaya de acuerdo con los derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en las convenciones y tratados internacionales firmados por el país. En discusiones siguientes, la Suprema Corte incluso concluyó que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tienen el mismo rango jerárquico que aquellos contenidos en la Constitución mexicana, norma suprema de nuestro ordenamiento.

La relevancia que tuvo el caso Radilla para la manera en que hoy entendemos la relación persona-Estado es indudable. Sin la resolución internacional de este caso, otra suerte correríamos los mexicanos y mexicanas al enfrentarnos a las autoridades. Sin embargo, lejos de esos reflectores y proyección nacional, la familia Radilla Martínez continúa combatiendo al Estado mexicano para que den cumplimiento íntegro a la sentencia, que, recordemos, fue emitida por la Corte Interamericana hace más de diez años.

Si bien es cierto que el Estado mexicano ya cumplió con la reparación económica a la familia, ya dio publicidad a la sentencia y a la semblanza del señor Rosendo Radilla, aún no hay ni una sola persona sancionada por los hechos relacionados a su desaparición forzada. Las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal ya fueron realizadas, pero de manera escueta e insuficiente. Respecto de la búsqueda de Rosendo Radilla, se han realizado seis excavaciones únicamente en los terrenos del entonces Cuartel Militar de Atoyac; sin embargo, dada la poca voluntad y torpeza de la Fiscalía, así como los recursos limitados recursos que se destinan a estas diligencias, las acciones de búsqueda son cada vez más complicadas.

El tiempo corre sin detenerse y la deuda histórica del Estado mexicano se acrecenta. Las víctimas no solo tienen ese carácter por los hechos que les victimizaron en un primer momento, sino que el Estado mexicano les obliga a permanecer en esa calidad durante el transcurso de los años con sus olvido y negación. Este miércoles se cumplirán 47 años de que agentes del Estado mexicano desaparecieron a Rosendo Radilla, pero, día con día, miles de mexicanos y mexicanas se suman a la frialdad de estas cifras. Tan solo de 2006 a 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó  más de 85 mil víctimas. De la misma manera, la fabricación de culpables y los actos de tortura continúan siendo la regla en el actuar de las autoridades mexicanas.

El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y, particularmente esta administración, responder a los compromisos que asumió y plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo. Los mecanismos de reparación extraordinaria para las víctimas deben ser activados, y las comisiones de la verdad necesitan ser instauradas lo antes posible. Con consulta o sin consulta; sin simulación.  

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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El Cronopio

Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.

Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Carlos Villatoro, actor del cine mudo y sonoro mexicano

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.

Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.

Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.

Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.

A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.

También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.

Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.

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El Cronopio

Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.

Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.

Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.

A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.

Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.

Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.

Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.

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