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Gobierno de Colosio pretendía saquear agua de SLP para beneficiar a empresarios
Juan Ignacio Barragán, titular del Servicio de Agua en Monterrey y principal impulsor del llevarse el líquido de la Huasteca, es miembro de la familia fundadora de la principal embotelladora de Coca Cola
Por: Ana G Silva
Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestó hace unos meses sus intenciones de reactivar el proyecto de Monterrey VI para llevar agua de la Huasteca potosina hasta la zona metropolitana de su estado, donde se ha reportado una severa sequía. En respuesta, Ricardo Gallardo Cardona se posicionó en contra del plan y fue apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el interés neoleonense podría tener un trasfondo que constituiría un conflicto de intereses al interior del gabinete de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.
Una investigación realizada por la periodista Meme Yamel para The Mexico News y titulada “Samuel García entrega el agua de Nuevo León a padrinos y embotelladores de Coca Cola”, reveló que el proyecto Monterrey VI beneficiaría a Juan Ignacio Barragán Villareal, actual titular del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en el equipo de Colosio Riojas, además de a un grupo de empresarios y políticos cercanos al alcalde y Samuel García.
De acuerdo con la periodista, “no es sequía, es saqueo” la falta de agua en Nuevo León en donde se han incrementado de un 10 a un 49 por ciento la tarifa del servicio para la población. Mientras que empresas tienen concesiones para la explotación de los mantos acuíferos sin pagar nada a cambio, lo que ha generado que haya poco líquido para la población. Una de esas compañías es ARCA Continental, de las principales embotelladoras de Coca Cola, la cual fue fundada por la familia de Barragán Villarreal, quien ha insistido en la necesidad de ejecutar el proyecto Monterrey VI, esto significa que por un lado el funcionario de Colosio no está dispuesto en regular a su propia parentela, pero sí ha sido tajante al afirmar que llevar el agua de la Huasteca potosina es la alternativa más viable.
En la publicación de The Mexico News titulada se resaltó que el estado de Nuevo León en realidad cuenta con muchos recursos hídricos suficientes, lo que ha llamado la atención de empresas que dependen de estos, por lo que han elegido el territorio y los utilizan de manera desmedida por medio de concesiones federales.
Estas compañías, al igual que ARCA Continental, han logrado hacerse de concesiones agrícolas y pecuarias gracias a la intervención de familias muy poderosas con vínculos políticos como la de los exgobernadores Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo, así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza y la senadora Olga Sánchez Cordero, quienes tienen acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua; además de ser conocidos por impulsar la carrera política de Samuel García.
“Esto significa que el responsable de decidir el destino del agua potable de los nuevoleoneses y el propio gobernador no solo están atentando contra el derecho humano al vital líquido de sus gobernados, sino que, además, tienen vínculos directos con aquellos que acaparan –de forma gratuita- estos recursos y que han sido beneficiados por las administraciones anteriores o han formado parte de ellas” se lee en la nota.
En el caso de San Luis Potosí se debe entender que las intenciones de retomar el proyecto de Monterrey VI es para abastecer a la población, mientras que estas empresas continúan tomando el agua de los ciudadanos de Nuevo León o, en el peor de los casos, seguir abasteciéndolos, en lugar de buscar una solución al saqueo de los empresarios y políticos mencionados.
Otros problemas que se destacaron fue la petición de Samuel García a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que emitiera una declaración de emergencia para que hubiera una inyección de millones de pesos; no obstante, la dependencia federal determinó que no existían elementos para decretar una contingencia, por lo SAyDM optó por aumentar la tarifa de agua a los ciudadanos.
El 30 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria, dijo que esta semana hablará con industriales personalmente, para que apoyen con el problema de desabasto de agua; además de revisar las concesiones para que no haya sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Se debe agregar que el proyecto de Monterrey VI fue descartado por el propio presidente de la República y Conagua, además, el gobernador de Nuevo León reiteró que lo dejaría atrás luego de la reunión del 29 de marzo que tuvo con López Obrador en Palacio de Gobierno, donde el jefe del ejecutivo federal le brindó una solución para resolver el problema a la falta del servicio, la cual consiste en terminar la construcción de la presa La Libertad y de manera emergente pedir a empresarios ceder agua a la población.
El Monterrey VI fue severamente criticado tanto en San Luis Potosí como en Nuevo León, debido a sus altos costos tanto económicos como ambientales, que fueron advertidos también por estados como Veracruz y Tamaulipas que se negaron a que sus ductos pasaran por su territorio.
Lee también: SLP tendrá 1,269 casillas para la consulta de revocación de mandato
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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO La agenda del poder – Dirige: Jorge Saldaña
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
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