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Gobierno de Colosio pretendía saquear agua de SLP para beneficiar a empresarios
Juan Ignacio Barragán, titular del Servicio de Agua en Monterrey y principal impulsor del llevarse el líquido de la Huasteca, es miembro de la familia fundadora de la principal embotelladora de Coca Cola
Por: Ana G Silva
Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestó hace unos meses sus intenciones de reactivar el proyecto de Monterrey VI para llevar agua de la Huasteca potosina hasta la zona metropolitana de su estado, donde se ha reportado una severa sequía. En respuesta, Ricardo Gallardo Cardona se posicionó en contra del plan y fue apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el interés neoleonense podría tener un trasfondo que constituiría un conflicto de intereses al interior del gabinete de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.
Una investigación realizada por la periodista Meme Yamel para The Mexico News y titulada “Samuel García entrega el agua de Nuevo León a padrinos y embotelladores de Coca Cola”, reveló que el proyecto Monterrey VI beneficiaría a Juan Ignacio Barragán Villareal, actual titular del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en el equipo de Colosio Riojas, además de a un grupo de empresarios y políticos cercanos al alcalde y Samuel García.
De acuerdo con la periodista, “no es sequía, es saqueo” la falta de agua en Nuevo León en donde se han incrementado de un 10 a un 49 por ciento la tarifa del servicio para la población. Mientras que empresas tienen concesiones para la explotación de los mantos acuíferos sin pagar nada a cambio, lo que ha generado que haya poco líquido para la población. Una de esas compañías es ARCA Continental, de las principales embotelladoras de Coca Cola, la cual fue fundada por la familia de Barragán Villarreal, quien ha insistido en la necesidad de ejecutar el proyecto Monterrey VI, esto significa que por un lado el funcionario de Colosio no está dispuesto en regular a su propia parentela, pero sí ha sido tajante al afirmar que llevar el agua de la Huasteca potosina es la alternativa más viable.
En la publicación de The Mexico News titulada se resaltó que el estado de Nuevo León en realidad cuenta con muchos recursos hídricos suficientes, lo que ha llamado la atención de empresas que dependen de estos, por lo que han elegido el territorio y los utilizan de manera desmedida por medio de concesiones federales.
Estas compañías, al igual que ARCA Continental, han logrado hacerse de concesiones agrícolas y pecuarias gracias a la intervención de familias muy poderosas con vínculos políticos como la de los exgobernadores Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo, así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza y la senadora Olga Sánchez Cordero, quienes tienen acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua; además de ser conocidos por impulsar la carrera política de Samuel García.
“Esto significa que el responsable de decidir el destino del agua potable de los nuevoleoneses y el propio gobernador no solo están atentando contra el derecho humano al vital líquido de sus gobernados, sino que, además, tienen vínculos directos con aquellos que acaparan –de forma gratuita- estos recursos y que han sido beneficiados por las administraciones anteriores o han formado parte de ellas” se lee en la nota.
En el caso de San Luis Potosí se debe entender que las intenciones de retomar el proyecto de Monterrey VI es para abastecer a la población, mientras que estas empresas continúan tomando el agua de los ciudadanos de Nuevo León o, en el peor de los casos, seguir abasteciéndolos, en lugar de buscar una solución al saqueo de los empresarios y políticos mencionados.
Otros problemas que se destacaron fue la petición de Samuel García a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que emitiera una declaración de emergencia para que hubiera una inyección de millones de pesos; no obstante, la dependencia federal determinó que no existían elementos para decretar una contingencia, por lo SAyDM optó por aumentar la tarifa de agua a los ciudadanos.
El 30 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria, dijo que esta semana hablará con industriales personalmente, para que apoyen con el problema de desabasto de agua; además de revisar las concesiones para que no haya sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Se debe agregar que el proyecto de Monterrey VI fue descartado por el propio presidente de la República y Conagua, además, el gobernador de Nuevo León reiteró que lo dejaría atrás luego de la reunión del 29 de marzo que tuvo con López Obrador en Palacio de Gobierno, donde el jefe del ejecutivo federal le brindó una solución para resolver el problema a la falta del servicio, la cual consiste en terminar la construcción de la presa La Libertad y de manera emergente pedir a empresarios ceder agua a la población.
El Monterrey VI fue severamente criticado tanto en San Luis Potosí como en Nuevo León, debido a sus altos costos tanto económicos como ambientales, que fueron advertidos también por estados como Veracruz y Tamaulipas que se negaron a que sus ductos pasaran por su territorio.
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Carreteras, escuelas y MetroRed: lo que Gallardo mostrará en su informe
Ricardo Gallardo detalla resultados de cinco años en cuatro regiones de SLP
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rendirá este lunes, a las 17:00 horas, en el Centro de Negocios de San Luis Potosí, su Quinto Informe de Gobierno, con el balance de resultados del último año y de cinco años de administración en las regiones Centro, Altiplano, Media y Huasteca.
“Este informe es para las familias potosinas, porque son ellas quienes todos los días viven los resultados y quienes deben conocer con claridad qué hemos hecho y hacia dónde vamos”, señaló Gallardo, quien adelantó que la rendición de cuentas incluirá resultados en infraestructura, movilidad, educación, salud, seguridad, desarrollo económico, finanzas públicas y bienestar social.
Entre las acciones que detallará están la construcción y modernización de carreteras, puentes y vialidades, la intervención de más de 520 planteles educativos, la ampliación del transporte gratuito MetroRed, la atención mediante las Clínicas Rosa y los programas sociales dirigidos a miles de familias en las cuatro regiones del estado.
El informe también dará cuenta de resultados en seguridad pública, generación de empleo, atracción de inversiones y estabilidad financiera, además de las acciones para llevar infraestructura, servicios y programas a municipios y comunidades que, según el Gobierno del Estado
, permanecieron rezagados durante años.Al acto asistirán representantes de los poderes del Estado, autoridades federales y municipales, gobernadoras y gobernadores de otras entidades, y de los sectores empresarial, académico y social, aunque el Gobierno del Estado señaló que el eje central del informe es la ciudadanía potosina, ante quien Gallardo presentará los resultados de su administración.
A cinco años del inicio de la administración, el Quinto Informe mostrará el balance de obras, programas y acciones realizadas en las cuatro regiones del estado, con la mira puesta en los proyectos previstos para el cierre del sexenio.
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Educación, ciencia y cultura suben en papel en el presupuesto 2027
El gobierno federal subirá el gasto en los tres rubros para 2027, pero buena parte de lo que llama ciencia es en realidad dinero para becas universitarias
Por: Carlos Ruíz
El gobierno federal quiere gastar más en educación, ciencia y cultura el próximo año. Eso es lo que dice, en números, el Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Pero cuánto suba cada rubro, y en qué se va a gastar exactamente, son dos preguntas con respuestas muy distintas.
Educación: el billón de pesos que en buena parte es beca
Según la publicación, la Secretaría de Educación Pública recibiría 576,600 millones de pesos. Si se suma todo el paquete educativo (educación, ciencia y cultura juntas, como las agrupa el gobierno en sus cuentas) la cifra llega a 1.4 billones de pesos, 7.2% más que el año pasado descontando la inflación. Es, básicamente, el equivalente a 3.50 de cada 100 pesos que produce el país en un año.
De ese billón y medio, las tres becas que el gobierno agrupa bajo el nombre “Benito Juárez” (la de educación básica (Rita Cetina), la de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro) se llevan juntas 190,552 millones de pesos: es la partida más grande de todo el rubro educativo, más que cualquier programa de infraestructura o de formación docente.
Esa cifra es apenas 3.2% mayor a lo que las mismas tres becas recibieron en 2026 (184,595 millones de pesos), un aumento uniforme, idéntico en las tres becas, muy por debajo del ritmo con el que ha crecido el resto del gasto en ciencia y tecnología.
El contraste, y de donde surge la queja de muchos opositores, es que en la prueba PISA de 2025 se encontró que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura o ciencias. Con ese dato en la mano, algunos legisladores ya han justificado medidas como prohibir los celulares en el salón de clases, y se alega que más dinero no es, por sí solo, garantía de mejores resultados.
Ciencia: sube 18%, pero la mayor parte no es para investigar
El presupuesto para ciencia y tecnología (que ahora maneja la Secihti, la dependencia que sustituyó al viejo Conacyt) sería de 193,333.7 millones de pesos. Es apenas medio punto porcentual del PIB, pero representa un salto real de 18% respecto a 2026, el mayor de los tres rubros.
La bolsa más grande dentro de ese presupuesto, llamada “generación de conocimiento”, suma 136,571 millones de pesos, y de ahí, 85,616 millones de pesos son becas y colegiaturas de educación superior, no laboratorios ni proyectos de investigación. A los Centros Públicos de Investigación, que son las instituciones dedicadas justamente a investigar, les tocan 7,139.7 millones de pesos: menos del cinco por ciento de todo el rubro.
Cultura: crece en papel, pero varios museos e institutos pierden
A la Secretaría de Cultura le tocarían 15,858 millones de pesos, un alza de apenas 1.9% ya descontada la inflación… la más baja de los tres rubros.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) van a recibir más pesos que el año pasado, pero al ajustar por inflación, en realidad pierden poder de compra: 2.2% y 2.9% menos, respectivamente.
La Subsecretaría de Desarrollo Cultural, mientras tanto, se desploma de 692.8 a 184.4 millones de pesos, una caída de más de dos terceras partes.
No todos pierden: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica sí ganan terreno real, entre 10.8% y 18.2%.
¿Y esto cómo aplica en San Luis?
De todo este paquete nacional, hay una sola cifra que se puede rastrear con precisión hasta San Luis Potosí, porque el propio documento la desglosa estado por estado: la del Ramo 33, que es el mecanismo por el que la federación reparte dinero directo a los gobiernos estatales. Para 2027, a San Luis Potosí le corresponden 28,577.5 millones de pesos por esa vía.
De ese total, 19,422 millones de pesos están etiquetados para educación. Y de esos 19,422 millones, 18,617 millones, es decir, 96 de cada 100 pesos, son para pagar la nómina de los maestros de educación básica, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Lo que queda se reparte entre infraestructura escolar y asistencia social (547.3 millones de pesos) y educación tecnológica y para adultos (257.9 millones de pesos).
En resumen, casi todo el dinero educativo que le llega al estado ya está comprometido antes de que empiece el año, porque paga sueldos. Lo que sobra para construir, equipar o abrir programas nuevos es, en comparación, muy poco.
Nada de esto es definitivo todavía. La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y el 31 de octubre, respectivamente, para aprobar la Ley de Ingresos, y los diputados tienen plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese proceso, los montos, incluidos los que le tocan a San Luis Potosí, todavía se pueden mover.
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Encuesta de Reforma ubica a Gallardo con dos tercios de aprobación
Gallardo llega a 67 por ciento de aprobación mientras el Verde domina la contienda por la gubernatura
Por: Roberto Mendoza
El 67 por ciento de los ciudadanos de San Luis Potosí aprueba la labor de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, de acuerdo con una encuesta estatal en vivienda levantada por Grupo Reforma del 9 al 13 de septiembre. El ejercicio, realizado a mil 5 adultos con credencial de elector vigente, registra una desaprobación del 27 por ciento hacia su gestión.
El respaldo ciudadano se sostiene principalmente en tres rubros de gestión administrativa: el 69 por ciento de los encuestados califica como “Bien” el manejo de los programas sociales; el 67 por ciento aprueba la gestión en infraestructura y obra pública; y el 65 por ciento respalda el desempeño en educación pública. En contraparte, los indicadores con mayor desaprobación se concentran en el combate al narcotráfico y crimen organizado, con 52 por ciento; el combate a la corrupción, con 50 por ciento; y la seguridad pública, con 48 por ciento.
El 55 por ciento de los encuestados percibe que la situación económica de su familia mejoró en el último año. La inseguridad pública, en cambio, es el principal problema que enfrenta San Luis Potosí, según el 50 por ciento
de las menciones espontáneas registradas en la encuesta, y el 59 por ciento de los entrevistados considera que aumentó en el último año.Ese respaldo se traduce en ventaja electoral: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza las preferencias en el estado. Ante el escenario de una elección para gobernador, el PVEM registra 41 por ciento de la preferencia efectiva, por encima de Morena, con 25 por ciento; el Partido Acción Nacional, con 10 por ciento; y el Partido Revolucionario Institucional, con 8 por ciento.
La misma casa encuestadora ubicó al PVEM en 43 por ciento de la intención de voto y a Morena en 23 por ciento —una brecha de 20 puntos— en una medición levantada del 22 al 26 de julio, cuando la aprobación de Gallardo era de 63 por ciento. Frente a esa fotografía, el margen entre ambos partidos se redujo a 16 puntos, mientras la aprobación del gobernador subió cuatro puntos porcentuales.

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