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Gobierno de Colosio pretendía saquear agua de SLP para beneficiar a empresarios
Juan Ignacio Barragán, titular del Servicio de Agua en Monterrey y principal impulsor del llevarse el líquido de la Huasteca, es miembro de la familia fundadora de la principal embotelladora de Coca Cola
Por: Ana G Silva
Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestó hace unos meses sus intenciones de reactivar el proyecto de Monterrey VI para llevar agua de la Huasteca potosina hasta la zona metropolitana de su estado, donde se ha reportado una severa sequía. En respuesta, Ricardo Gallardo Cardona se posicionó en contra del plan y fue apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el interés neoleonense podría tener un trasfondo que constituiría un conflicto de intereses al interior del gabinete de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.
Una investigación realizada por la periodista Meme Yamel para The Mexico News y titulada “Samuel García entrega el agua de Nuevo León a padrinos y embotelladores de Coca Cola”, reveló que el proyecto Monterrey VI beneficiaría a Juan Ignacio Barragán Villareal, actual titular del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en el equipo de Colosio Riojas, además de a un grupo de empresarios y políticos cercanos al alcalde y Samuel García.
De acuerdo con la periodista, “no es sequía, es saqueo” la falta de agua en Nuevo León en donde se han incrementado de un 10 a un 49 por ciento la tarifa del servicio para la población. Mientras que empresas tienen concesiones para la explotación de los mantos acuíferos sin pagar nada a cambio, lo que ha generado que haya poco líquido para la población. Una de esas compañías es ARCA Continental, de las principales embotelladoras de Coca Cola, la cual fue fundada por la familia de Barragán Villarreal, quien ha insistido en la necesidad de ejecutar el proyecto Monterrey VI, esto significa que por un lado el funcionario de Colosio no está dispuesto en regular a su propia parentela, pero sí ha sido tajante al afirmar que llevar el agua de la Huasteca potosina es la alternativa más viable.
En la publicación de The Mexico News titulada se resaltó que el estado de Nuevo León en realidad cuenta con muchos recursos hídricos suficientes, lo que ha llamado la atención de empresas que dependen de estos, por lo que han elegido el territorio y los utilizan de manera desmedida por medio de concesiones federales.
Estas compañías, al igual que ARCA Continental, han logrado hacerse de concesiones agrícolas y pecuarias gracias a la intervención de familias muy poderosas con vínculos políticos como la de los exgobernadores Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo, así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza y la senadora Olga Sánchez Cordero, quienes tienen acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua; además de ser conocidos por impulsar la carrera política de Samuel García.
“Esto significa que el responsable de decidir el destino del agua potable de los nuevoleoneses y el propio gobernador no solo están atentando contra el derecho humano al vital líquido de sus gobernados, sino que, además, tienen vínculos directos con aquellos que acaparan –de forma gratuita- estos recursos y que han sido beneficiados por las administraciones anteriores o han formado parte de ellas” se lee en la nota.
En el caso de San Luis Potosí se debe entender que las intenciones de retomar el proyecto de Monterrey VI es para abastecer a la población, mientras que estas empresas continúan tomando el agua de los ciudadanos de Nuevo León o, en el peor de los casos, seguir abasteciéndolos, en lugar de buscar una solución al saqueo de los empresarios y políticos mencionados.
Otros problemas que se destacaron fue la petición de Samuel García a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que emitiera una declaración de emergencia para que hubiera una inyección de millones de pesos; no obstante, la dependencia federal determinó que no existían elementos para decretar una contingencia, por lo SAyDM optó por aumentar la tarifa de agua a los ciudadanos.
El 30 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria, dijo que esta semana hablará con industriales personalmente, para que apoyen con el problema de desabasto de agua; además de revisar las concesiones para que no haya sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Se debe agregar que el proyecto de Monterrey VI fue descartado por el propio presidente de la República y Conagua, además, el gobernador de Nuevo León reiteró que lo dejaría atrás luego de la reunión del 29 de marzo que tuvo con López Obrador en Palacio de Gobierno, donde el jefe del ejecutivo federal le brindó una solución para resolver el problema a la falta del servicio, la cual consiste en terminar la construcción de la presa La Libertad y de manera emergente pedir a empresarios ceder agua a la población.
El Monterrey VI fue severamente criticado tanto en San Luis Potosí como en Nuevo León, debido a sus altos costos tanto económicos como ambientales, que fueron advertidos también por estados como Veracruz y Tamaulipas que se negaron a que sus ductos pasaran por su territorio.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Destacadas
Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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