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Gobierno de Colosio pretendía saquear agua de SLP para beneficiar a empresarios
Juan Ignacio Barragán, titular del Servicio de Agua en Monterrey y principal impulsor del llevarse el líquido de la Huasteca, es miembro de la familia fundadora de la principal embotelladora de Coca Cola
Por: Ana G Silva
Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestó hace unos meses sus intenciones de reactivar el proyecto de Monterrey VI para llevar agua de la Huasteca potosina hasta la zona metropolitana de su estado, donde se ha reportado una severa sequía. En respuesta, Ricardo Gallardo Cardona se posicionó en contra del plan y fue apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el interés neoleonense podría tener un trasfondo que constituiría un conflicto de intereses al interior del gabinete de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.
Una investigación realizada por la periodista Meme Yamel para The Mexico News y titulada “Samuel García entrega el agua de Nuevo León a padrinos y embotelladores de Coca Cola”, reveló que el proyecto Monterrey VI beneficiaría a Juan Ignacio Barragán Villareal, actual titular del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en el equipo de Colosio Riojas, además de a un grupo de empresarios y políticos cercanos al alcalde y Samuel García.
De acuerdo con la periodista, “no es sequía, es saqueo” la falta de agua en Nuevo León en donde se han incrementado de un 10 a un 49 por ciento la tarifa del servicio para la población. Mientras que empresas tienen concesiones para la explotación de los mantos acuíferos sin pagar nada a cambio, lo que ha generado que haya poco líquido para la población. Una de esas compañías es ARCA Continental, de las principales embotelladoras de Coca Cola, la cual fue fundada por la familia de Barragán Villarreal, quien ha insistido en la necesidad de ejecutar el proyecto Monterrey VI, esto significa que por un lado el funcionario de Colosio no está dispuesto en regular a su propia parentela, pero sí ha sido tajante al afirmar que llevar el agua de la Huasteca potosina es la alternativa más viable.
En la publicación de The Mexico News titulada se resaltó que el estado de Nuevo León en realidad cuenta con muchos recursos hídricos suficientes, lo que ha llamado la atención de empresas que dependen de estos, por lo que han elegido el territorio y los utilizan de manera desmedida por medio de concesiones federales.
Estas compañías, al igual que ARCA Continental, han logrado hacerse de concesiones agrícolas y pecuarias gracias a la intervención de familias muy poderosas con vínculos políticos como la de los exgobernadores Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo, así como el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza y la senadora Olga Sánchez Cordero, quienes tienen acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua; además de ser conocidos por impulsar la carrera política de Samuel García.
“Esto significa que el responsable de decidir el destino del agua potable de los nuevoleoneses y el propio gobernador no solo están atentando contra el derecho humano al vital líquido de sus gobernados, sino que, además, tienen vínculos directos con aquellos que acaparan –de forma gratuita- estos recursos y que han sido beneficiados por las administraciones anteriores o han formado parte de ellas” se lee en la nota.
En el caso de San Luis Potosí se debe entender que las intenciones de retomar el proyecto de Monterrey VI es para abastecer a la población, mientras que estas empresas continúan tomando el agua de los ciudadanos de Nuevo León o, en el peor de los casos, seguir abasteciéndolos, en lugar de buscar una solución al saqueo de los empresarios y políticos mencionados.
Otros problemas que se destacaron fue la petición de Samuel García a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que emitiera una declaración de emergencia para que hubiera una inyección de millones de pesos; no obstante, la dependencia federal determinó que no existían elementos para decretar una contingencia, por lo SAyDM optó por aumentar la tarifa de agua a los ciudadanos.
El 30 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria, dijo que esta semana hablará con industriales personalmente, para que apoyen con el problema de desabasto de agua; además de revisar las concesiones para que no haya sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Se debe agregar que el proyecto de Monterrey VI fue descartado por el propio presidente de la República y Conagua, además, el gobernador de Nuevo León reiteró que lo dejaría atrás luego de la reunión del 29 de marzo que tuvo con López Obrador en Palacio de Gobierno, donde el jefe del ejecutivo federal le brindó una solución para resolver el problema a la falta del servicio, la cual consiste en terminar la construcción de la presa La Libertad y de manera emergente pedir a empresarios ceder agua a la población.
El Monterrey VI fue severamente criticado tanto en San Luis Potosí como en Nuevo León, debido a sus altos costos tanto económicos como ambientales, que fueron advertidos también por estados como Veracruz y Tamaulipas que se negaron a que sus ductos pasaran por su territorio.
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Pensiones e intereses absorberán uno de cada tres pesos del gasto federal en 2027
En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo: urge que Soledad salga ya de Interapas
Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Partido Verde negociará alianzas de 2027 a partir de noviembre
Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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