marzo 9, 2026

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30 funcionarios estarían involucrados en el desvío de recursos de la Red Metro

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El titular de la SCT dijo que se trata de servidores públicos de las gestiones de Toranzo y Carreras

Por: Ana G Silva

El 6 de junio, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, indicó que ya se tiene identificados en su totalidad a los funcionarios involucrados del desvío de recursos del supuesto proyecto de la Red Metro; Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que en total hay 30 personas físicas y morales que se están señalando como directas responsables del presunto delito.

“Estamos señalando a diversos servidores públicos de las administraciones de Fernando Toranzo y de Juan Manuel Carreras, que obviamente un servidor no puede darlos a conocer porque están dentro de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado, pero son alrededor de unas 30 personas físicas y morales”.

El secretario de Comunicaciones y Transportes que el daño al erario el daño asciende a alrededor 236 millones de pesos de los cuales solo 48 fueron ejecutados; dicha cantidad deriva de obras que se pagaron a aproximadamente 10 empresas privadas, las cuales no hicieron su trabajo, no cumplieron con las especificaciones o no las terminaron.

Estas empresas privadas son las directas responsables porque ellas cobraron por las obras, que luego la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) y la Junta Estatal de Caminos (JEC) adjudicaron, porque esas son las entidades ejecutoras, la SCT es digamos el cliente, entonces ese dinero se pagaron de fondos del estado, la gran mayoría, alrededor de 170 millones de pesos y el resto se pagó con el monto de un crédito de Banobras, este banco abrió un fideicomiso del cual la Seduvop y la JEC disponían cantidades para ir pagando los avances de obra”.

Leonel Serrato explicó que Banobras era el encargado de toda la supervisión a través de empresas, y conforme “avanzaron” liberaron los recursos, por lo que advirtieron una colusión, es decir una complicidad entre algunos funcionarios del Banobras, la empresa encargada de la revisión, de las constructoras, así como los entes ejecutores del estado.

“Al final ellos manifestaron tener lista y terminada la línea 3 que es la que va de la Alameda al Eje 128 incluyendo los centros de transferencia,

así mismo esta autorización o este pago incluye todos los parabuses; que además hay una especificación para el proyecto que no complementan. Es dinero de dos fuentes, de recursos federales y del estado”.

Al cuestionarlo sobre si considera que es moralmente correcto que solo con la reparación del daño puedan salir libres los implicados en el desvío de recursos del proyecto de la Red Metro, Serrato Sánchez respondió que hay dos asuntos que hay que tener en cuenta: uno es el tema del delito que persigue la Fiscalía donde se pueden llegar a acuerdos reparatorios, ya que la ley lo permite; y la otra parte es lo relacionado con el servicio público, donde la Contraloría General del Estado ya recibió las denuncias de la Secretaría para que proceda contra las personas implicadas para que les inhabilite y se les multe en los términos de la ley.

“No que me parezca moralmente válido, me parece que deben ser castigados los servidores públicos abusivos, pero también es muy importante que esa línea de la Red Metro se construya y opere porque es indispensable para San Luis, estamos hablando de la posible movilización de más de 100 mil personas en un transporte de alta calidad, y si no se regresa ese dinero, el estado no tiene recursos, es importante que el presunto delincuente que se llevó ese dinero lo regrese para que podamos reactivar el proyecto. En ese sentido, yo estaría satisfecho con que la Fiscalía recupere lo robado y que la Contraloría y los órganos de vigilancia, les castiguen de forma ejemplar”.

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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres

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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental

Por: Redacción

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz

, informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.

La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.

Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.

Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva

, con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.

La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.

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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres

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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal

Por: Redacción

Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.

La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.

Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.

Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.

La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.

No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres

.

Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.

La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.

Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.

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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP

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María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios

Por: Redacción

La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.

La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.

“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.

La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.

Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.

García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada

, ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.

En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.

La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.

Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.

“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.

Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.

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