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30 funcionarios estarían involucrados en el desvío de recursos de la Red Metro
El titular de la SCT dijo que se trata de servidores públicos de las gestiones de Toranzo y Carreras
Por: Ana G Silva
El 6 de junio, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, indicó que ya se tiene identificados en su totalidad a los funcionarios involucrados del desvío de recursos del supuesto proyecto de la Red Metro; Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que en total hay 30 personas físicas y morales que se están señalando como directas responsables del presunto delito.
“Estamos señalando a diversos servidores públicos de las administraciones de Fernando Toranzo y de Juan Manuel Carreras, que obviamente un servidor no puede darlos a conocer porque están dentro de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado, pero son alrededor de unas 30 personas físicas y morales”.
El secretario de Comunicaciones y Transportes que el daño al erario el daño asciende a alrededor 236 millones de pesos de los cuales solo 48 fueron ejecutados; dicha cantidad deriva de obras que se pagaron a aproximadamente 10 empresas privadas, las cuales no hicieron su trabajo, no cumplieron con las especificaciones o no las terminaron.
“Estas empresas privadas son las directas responsables porque ellas cobraron por las obras, que luego la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) y la Junta Estatal de Caminos (JEC) adjudicaron, porque esas son las entidades ejecutoras, la SCT es digamos el cliente, entonces ese dinero se pagaron de fondos del estado, la gran mayoría, alrededor de 170 millones de pesos y el resto se pagó con el monto de un crédito de Banobras, este banco abrió un fideicomiso del cual la Seduvop y la JEC disponían cantidades para ir pagando los avances de obra”.
Leonel Serrato explicó que Banobras era el encargado de toda la supervisión a través de empresas, y conforme “avanzaron” liberaron los recursos, por lo que advirtieron una colusión, es decir una complicidad entre algunos funcionarios del Banobras, la empresa encargada de la revisión, de las constructoras, así como los entes ejecutores del estado.
“Al final ellos manifestaron tener lista y terminada la línea 3 que es la que va de la Alameda al Eje 128 incluyendo los centros de transferencia, así mismo esta autorización o este pago incluye todos los parabuses; que además hay una especificación para el proyecto que no complementan. Es dinero de dos fuentes, de recursos federales y del estado”.
Al cuestionarlo sobre si considera que es moralmente correcto que solo con la reparación del daño puedan salir libres los implicados en el desvío de recursos del proyecto de la Red Metro, Serrato Sánchez respondió que hay dos asuntos que hay que tener en cuenta: uno es el tema del delito que persigue la Fiscalía donde se pueden llegar a acuerdos reparatorios, ya que la ley lo permite; y la otra parte es lo relacionado con el servicio público, donde la Contraloría General del Estado ya recibió las denuncias de la Secretaría para que proceda contra las personas implicadas para que les inhabilite y se les multe en los términos de la ley.
“No que me parezca moralmente válido, me parece que deben ser castigados los servidores públicos abusivos, pero también es muy importante que esa línea de la Red Metro se construya y opere porque es indispensable para San Luis, estamos hablando de la posible movilización de más de 100 mil personas en un transporte de alta calidad, y si no se regresa ese dinero, el estado no tiene recursos, es importante que el presunto delincuente que se llevó ese dinero lo regrese para que podamos reactivar el proyecto. En ese sentido, yo estaría satisfecho con que la Fiscalía recupere lo robado y que la Contraloría y los órganos de vigilancia, les castiguen de forma ejemplar”.
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Ladrilleras, un problema social sin solución integral en SLP
La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
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Incendios en febrero, un fenómeno atípico en SLP: SGG
El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación, resultado del despliegue coordinado entre los tres órdenes de Gobierno.
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
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Senado avala reducción de la jornada laboral a 40 horas
La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su respaldo al dictamen.En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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