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30 funcionarios estarían involucrados en el desvío de recursos de la Red Metro
El titular de la SCT dijo que se trata de servidores públicos de las gestiones de Toranzo y Carreras
Por: Ana G Silva
El 6 de junio, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, indicó que ya se tiene identificados en su totalidad a los funcionarios involucrados del desvío de recursos del supuesto proyecto de la Red Metro; Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que en total hay 30 personas físicas y morales que se están señalando como directas responsables del presunto delito.
“Estamos señalando a diversos servidores públicos de las administraciones de Fernando Toranzo y de Juan Manuel Carreras, que obviamente un servidor no puede darlos a conocer porque están dentro de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado, pero son alrededor de unas 30 personas físicas y morales”.
El secretario de Comunicaciones y Transportes que el daño al erario el daño asciende a alrededor 236 millones de pesos de los cuales solo 48 fueron ejecutados; dicha cantidad deriva de obras que se pagaron a aproximadamente 10 empresas privadas, las cuales no hicieron su trabajo, no cumplieron con las especificaciones o no las terminaron.
“Estas empresas privadas son las directas responsables porque ellas cobraron por las obras, que luego la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) y la Junta Estatal de Caminos (JEC) adjudicaron, porque esas son las entidades ejecutoras, la SCT es digamos el cliente, entonces ese dinero se pagaron de fondos del estado, la gran mayoría, alrededor de 170 millones de pesos y el resto se pagó con el monto de un crédito de Banobras, este banco abrió un fideicomiso del cual la Seduvop y la JEC disponían cantidades para ir pagando los avances de obra”.
Leonel Serrato explicó que Banobras era el encargado de toda la supervisión a través de empresas, y conforme “avanzaron” liberaron los recursos, por lo que advirtieron una colusión, es decir una complicidad entre algunos funcionarios del Banobras, la empresa encargada de la revisión, de las constructoras, así como los entes ejecutores del estado.
“Al final ellos manifestaron tener lista y terminada la línea 3 que es la que va de la Alameda al Eje 128 incluyendo los centros de transferencia, así mismo esta autorización o este pago incluye todos los parabuses; que además hay una especificación para el proyecto que no complementan. Es dinero de dos fuentes, de recursos federales y del estado”.
Al cuestionarlo sobre si considera que es moralmente correcto que solo con la reparación del daño puedan salir libres los implicados en el desvío de recursos del proyecto de la Red Metro, Serrato Sánchez respondió que hay dos asuntos que hay que tener en cuenta: uno es el tema del delito que persigue la Fiscalía donde se pueden llegar a acuerdos reparatorios, ya que la ley lo permite; y la otra parte es lo relacionado con el servicio público, donde la Contraloría General del Estado ya recibió las denuncias de la Secretaría para que proceda contra las personas implicadas para que les inhabilite y se les multe en los términos de la ley.
“No que me parezca moralmente válido, me parece que deben ser castigados los servidores públicos abusivos, pero también es muy importante que esa línea de la Red Metro se construya y opere porque es indispensable para San Luis, estamos hablando de la posible movilización de más de 100 mil personas en un transporte de alta calidad, y si no se regresa ese dinero, el estado no tiene recursos, es importante que el presunto delincuente que se llevó ese dinero lo regrese para que podamos reactivar el proyecto. En ese sentido, yo estaría satisfecho con que la Fiscalía recupere lo robado y que la Contraloría y los órganos de vigilancia, les castiguen de forma ejemplar”.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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