La iniciativa obliga al DIF estatal y a los municipales a dar protección y alojamiento mientras el Instituto Nacional de Migración define su situación

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. Busca garantizar a los menores migrantes albergue, no detención, no devolución y defensa legal.

La no devolución significa que no se puede regresar a una persona a un lugar donde su vida o su libertad corran peligro. La defensa legal en suplencia es que una autoridad, como la Procuraduría de Protección del DIF, represente al menor cuando no tiene a sus padres o tutores.

El DIF, mientras se resuelve su situación

Según la propuesta, mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) define la situación migratoria de un menor, el Sistema Estatal DIF o los Sistemas Municipales DIF deberán darle protección integral y alojamiento. El interés superior de la niñez, es decir, poner por delante lo que más convenga al menor, deberá ser lo primero en todas las decisiones.

Las autoridades estatales y municipales tendrán que dar los servicios que les correspondan a todos los menores en situación de migración, sin importar su nacionalidad ni su situación migratoria. Esto incluye a quienes viajan solos o acompañados, a los que fueron separados de su familia, y a los menores mexicanos, extranjeros y repatriados.

Sin invadir competencias

La iniciativa aclara que ni el Estado ni los municipios pueden decidir sobre la situación migratoria de una persona extranjera, porque eso le toca a la federación. La reforma, dice, se limita a la protección y la asistencia que ya les corresponden por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su exposición de motivos, la diputada señala que los menores migrantes están expuestos a ser detenidos, al crimen organizado, al tráfico de personas, a la violencia, al hambre y al frío, y a no tener acceso a servicios de salud.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.

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El adelanto del aguinaldo para El Buen Fin depende de las condiciones de cada empresa, detalló el diputado César Arturo Lara

Por: Redacción

El sector productivo de San Luis Potosí cuenta con condiciones para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, consideró el diputado César Arturo Lara Rocha, quien estimó que la mayoría de las empresas se encuentran preparadas para cubrir estas obligaciones laborales.

El legislador señaló que las empresas formales suelen anticipar sus presupuestos desde meses antes para garantizar el pago a sus trabajadores, por lo que previó que el cierre de año transcurra sin mayores inconvenientes en esta materia.

Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo para las personas trabajadoras sujetas a esta legislación equivale a 15 días de salario. La prestación puede ser mayor cuando así lo est ablezcan los contratos o las condiciones laborales.

Lara Rocha llamó a los empleadores a cumplir con esta obligación dentro del plazo legal y garantizar que sus trabajadores reciban el pago correspondiente.

Sobre la posibilidad de adelantar el aguinaldo para que las personas puedan aprovechar las promociones de El Buen Fin, indicó que depende de las condiciones de cada empresa. Añadió que no todos los trabajadores tienen acceso a este beneficio, particularmente cuando no existen contratos colectivos que contemplen acuerdos de esa naturaleza.

El diputado también señaló que el pago de esta prestación contribuye a incrementar la circulación de recursos y dinamizar la actividad económica durante la temporada de fin de año.

Aunque el legislador previó un cierre sin contratiempos, su pronóstico corresponde a una estimación sobre el comportamiento del sector productivo y no a un balance de cumplimiento de las empresas.

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Incrementa la pena de dos a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la UMA

Por: Redacción

Para fortalecer el marco sancionador respecto al delito de despojo, a fin de incrementar la pena básica  y establecer un catálogo de agravantes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que  reforma al artículo 228 Bis del Código Penal del Estado.

El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, incrementa la pena de dos a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Anteriormente se establecía de uno a cinco años de prisión.

Se establecen agravantes, para incrementar la pena hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo, cuando: se simulen actos de autoridad; se utilice documentación falsa; participe un servidor público, en cuyo caso, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; y cuando se cometa en contra de un ascendiente o persona adulta mayor.

En la exposición de motivos se señala que el derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes constituye un pilar fundamental consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.

El despojo, al implicar la ocupación ilícita de inmuebles o el ejercicio indebido de derechos reales mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva, no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también genera un profundo impacto en su seguridad, tranquilidad y confianza en las instituciones. En un contexto donde la propiedad es un pilar para el desarrollo económico y social, el aumento de este delito representa una amenaza significativa para el orden público y la cohesión social en San Luis Potosí.