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13 activistas feministas fueron vigiladas por el ejército
La filtración de documentos hecha por Guacamaya expuso que el ejercito ha monitoreado los perfiles y acciones de diferentes asociaciones civiles en el estado
Por: Redacción
La exhibición de documento realizada por el grupo Guacamaya, reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha realizado acciones de vigilancia dirigidas a, por lo menos, 13 colectivos feministas de San Luis Potosí y sus representantes, mismos que de acuerdo a un informe, podrían ser utilizados para “afectar la imagen del Gobierno Federal”.
El documento contiene un informe realizado por la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí, con fecha del 6 de marzo de 2022 y catalogado con prioridad de “urgente”. Además, se señaló que fue realizado con la finalidad de mostrar el “panorama actualizado” de las actividades de los colectivos feministas en el estado, entre los que se mencionan a Isabel Lastras Martinez del “Colectivo Aquelarre Valles”; Catalina Mendoza Torres, de “Colectivo Huastecas Violetas”; Carolina Quintanilla, de “Marea Verde SLP”; Marcela García Velázquez, perteneciente a “Nueva Luna”; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Olga Elizabeth Lucio Huerta, y Mónica Paulina Rodríguez Cuellar, pertenecientes a “Feministas Universitarias Zona Oriente”; Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, de “Luminas Centro de Derechos Humanos A.C.”; Fátima Patricia Hernández Alvizo, activista feminista y perteneciente a “Agrupación Educación y Ciudadanía”; Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, de “Inclusión e Igualdad A.C.”; Olimpia Palomo Moreno, de “Colectivo Por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C.”; y Claudia Hernández Herrera, perteneciente a “Defensores de la Sierra de San Miguelito.”
El documento emitido por la Doceava Zona Militar incluía 17 demandas de los colectivos feministas, como los derechos a la participación política; a una vida libre de violencia; a un ambiente sano a la información; una vida sexual y reproductiva con libertad de decisión y pensamiento; igualdad de género; licencias de maternidad y el no encubrimiento de violadores y acosadores.
La dependencia federal describe también los medios que utilizan los colectivos como transporte público, vehículos particulares, equipos de sonido, megáfonos, pancartas, lonas, volantes, medios de comunicación local y redes sociales.
La Doceava Zona Militar señaló que los colectivos tienen un número aproximado de 5 mil 200 integrantes, con un “alto” poder de convocatoria en el estado . Asimismo, describe las redes sociales que emplean para movilizarse: Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal. Además, detalla 21 distintas organizaciones e individuos “simpatizantes” del movimiento, donde destacan el Consejo Consultivo de la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Colectivo del Colegio de San Luis y los Defensores de la Sierra de San Miguelito.
El documento establecía que algunos colectivos reciben apoyos económicos de organizaciones internacionales como el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo y más adelante afirma que no se tiene conocimiento de que reciban financiamiento de actores u organizaciones sociales o políticas ajenas al movimiento.
El informe cuenta con un apartado de “afectaciones que genera a la gobernabilidad” y uno de “prospectiva a corto y mediano plazo”. En el primero el Ejercito reconoce que hay antecedentes de que las autoridades en San Luis Potosí respondieron de forma violenta a las protestas, cuando estas han llegado a dañar oficinas gubernamentales. En lo referente a las prospectivas a mediano plazo, el documento señalaba que las movilizaciones de colectivos podrían ser utilizadas para “afectar la imagen del Gobierno Federal, por encontrarse próxima a realizarse la Jornada Electoral para la revocación de mandato del Presidente de la República”.
El reporte mencionó que podría haber actores políticos que quieran aprovecharse de la coyuntura y señala como ejemplo a la excandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de San Luis Potosí, Marvely Constanzo Rangel, sobre quien dice:
“En su campaña para Gobernadora del Estado uso como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 Abr. 2021, en una marcha feminista y actualmente aspira ser la Coordinadora Estatal del partido político Movimiento Ciudadano”.
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#4 Tiempos
MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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