La filtración de documentos hecha por Guacamaya expuso que el ejercito ha monitoreado los perfiles y acciones de diferentes asociaciones civiles en el estado

Por: Redacción

La exhibición de documento realizada por el grupo Guacamaya, reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha realizado acciones de vigilancia dirigidas a, por lo menos, 13 colectivos feministas de San Luis Potosí y sus representantes, mismos que de acuerdo a un informe, podrían ser utilizados para “afectar la imagen del Gobierno Federal”.

El documento contiene un informe realizado por la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí, con fecha del 6 de marzo de 2022 y catalogado con prioridad de “urgente”. Además, se señaló que fue realizado con la finalidad de mostrar el “panorama actualizado” de las actividades de los colectivos feministas en el estado, entre los que se mencionan a Isabel Lastras Martinez del “Colectivo Aquelarre Valles”; Catalina Mendoza Torres, de “Colectivo Huastecas Violetas”; Carolina Quintanilla, de “Marea Verde SLP”; Marcela García Velázquez, perteneciente a “Nueva Luna”; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Olga Elizabeth Lucio Huerta, y Mónica Paulina Rodríguez Cuellar, pertenecientes a “Feministas Universitarias Zona Oriente”; Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, de “Luminas Centro de Derechos Humanos A.C.”; Fátima Patricia Hernández Alvizo, activista feminista y perteneciente a “Agrupación Educación y Ciudadanía”; Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, de “Inclusión e Igualdad A.C.”; Olimpia Palomo Moreno, de “Colectivo Por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C.”; y Claudia Hernández Herrera, perteneciente a “Defensores de la Sierra de San Miguelito.”

El documento emitido por la Doceava Zona Militar incluía 17 demandas de los colectivos feministas, como los derechos a la participación política; a una vida libre de violencia; a un ambiente sano a la información; una vida sexual y reproductiva con libertad de decisión y pensamiento; igualdad de género; licencias de maternidad y el no encubrimiento de violadores y acosadores.

La dependencia federal describe también los medios que utilizan los colectivos como transporte público, vehículos particulares, equipos de sonido, megáfonos, pancartas, lonas, volantes, medios de comunicación local y redes sociales.

La Doceava Zona Militar señaló que los colectivos tienen un número aproximado de 5 mil 200 integrantes, con un “alto” poder de convocatoria en el estado

El documento establecía que algunos colectivos reciben apoyos económicos de organizaciones internacionales como el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo y más adelante afirma que no se tiene conocimiento de que reciban financiamiento de actores u organizaciones sociales o políticas ajenas al movimiento.

El informe cuenta con un apartado de “afectaciones que genera a la gobernabilidad” y uno de “prospectiva a corto y mediano plazo”. En el primero el Ejercito reconoce que hay antecedentes de que las autoridades en San Luis Potosí respondieron de forma violenta a las protestas, cuando estas han llegado a dañar oficinas gubernamentales. En lo referente a las prospectivas a mediano plazo, el documento señalaba que las movilizaciones de colectivos podrían ser utilizadas para “afectar la imagen del Gobierno Federal, por encontrarse próxima a realizarse la Jornada Electoral para la revocación de mandato del Presidente de la República”.

El reporte mencionó que podría haber actores políticos que quieran aprovecharse de la coyuntura y señala como ejemplo a la excandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de San Luis Potosí, Marvely Constanzo Rangel, sobre quien dice:

“En su campaña para Gobernadora del Estado uso como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 Abr. 2021, en una marcha feminista y actualmente aspira ser la Coordinadora Estatal del partido político Movimiento Ciudadano”.

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