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13 activistas feministas fueron vigiladas por el ejército
La filtración de documentos hecha por Guacamaya expuso que el ejercito ha monitoreado los perfiles y acciones de diferentes asociaciones civiles en el estado
Por: Redacción
La exhibición de documento realizada por el grupo Guacamaya, reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha realizado acciones de vigilancia dirigidas a, por lo menos, 13 colectivos feministas de San Luis Potosí y sus representantes, mismos que de acuerdo a un informe, podrían ser utilizados para “afectar la imagen del Gobierno Federal”.
El documento contiene un informe realizado por la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí, con fecha del 6 de marzo de 2022 y catalogado con prioridad de “urgente”. Además, se señaló que fue realizado con la finalidad de mostrar el “panorama actualizado” de las actividades de los colectivos feministas en el estado, entre los que se mencionan a Isabel Lastras Martinez del “Colectivo Aquelarre Valles”; Catalina Mendoza Torres, de “Colectivo Huastecas Violetas”; Carolina Quintanilla, de “Marea Verde SLP”; Marcela García Velázquez, perteneciente a “Nueva Luna”; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Olga Elizabeth Lucio Huerta, y Mónica Paulina Rodríguez Cuellar, pertenecientes a “Feministas Universitarias Zona Oriente”; Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, de “Luminas Centro de Derechos Humanos A.C.”; Fátima Patricia Hernández Alvizo, activista feminista y perteneciente a “Agrupación Educación y Ciudadanía”; Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, de “Inclusión e Igualdad A.C.”; Olimpia Palomo Moreno, de “Colectivo Por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C.”; y Claudia Hernández Herrera, perteneciente a “Defensores de la Sierra de San Miguelito.”
El documento emitido por la Doceava Zona Militar incluía 17 demandas de los colectivos feministas, como los derechos a la participación política; a una vida libre de violencia; a un ambiente sano a la información; una vida sexual y reproductiva con libertad de decisión y pensamiento; igualdad de género; licencias de maternidad y el no encubrimiento de violadores y acosadores.
La dependencia federal describe también los medios que utilizan los colectivos como transporte público, vehículos particulares, equipos de sonido, megáfonos, pancartas, lonas, volantes, medios de comunicación local y redes sociales.
La Doceava Zona Militar señaló que los colectivos tienen un número aproximado de 5 mil 200 integrantes, con un “alto” poder de convocatoria en el estado . Asimismo, describe las redes sociales que emplean para movilizarse: Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal. Además, detalla 21 distintas organizaciones e individuos “simpatizantes” del movimiento, donde destacan el Consejo Consultivo de la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Colectivo del Colegio de San Luis y los Defensores de la Sierra de San Miguelito.
El documento establecía que algunos colectivos reciben apoyos económicos de organizaciones internacionales como el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo y más adelante afirma que no se tiene conocimiento de que reciban financiamiento de actores u organizaciones sociales o políticas ajenas al movimiento.
El informe cuenta con un apartado de “afectaciones que genera a la gobernabilidad” y uno de “prospectiva a corto y mediano plazo”. En el primero el Ejercito reconoce que hay antecedentes de que las autoridades en San Luis Potosí respondieron de forma violenta a las protestas, cuando estas han llegado a dañar oficinas gubernamentales. En lo referente a las prospectivas a mediano plazo, el documento señalaba que las movilizaciones de colectivos podrían ser utilizadas para “afectar la imagen del Gobierno Federal, por encontrarse próxima a realizarse la Jornada Electoral para la revocación de mandato del Presidente de la República”.
El reporte mencionó que podría haber actores políticos que quieran aprovecharse de la coyuntura y señala como ejemplo a la excandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de San Luis Potosí, Marvely Constanzo Rangel, sobre quien dice:
“En su campaña para Gobernadora del Estado uso como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 Abr. 2021, en una marcha feminista y actualmente aspira ser la Coordinadora Estatal del partido político Movimiento Ciudadano”.
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Amplían suspensión de clases en la Huasteca y Zona Media por lluvias
Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.
La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida pues se pronostica que continúen las lluvias de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.
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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito
Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial
Por: Redacción
La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.
“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.
La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia . Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.
El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.
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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.
Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.

Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.

Supuesto manual de operaciones

Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.

Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.
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