abril 28, 2026

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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año

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Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado

Por: El Saxofón

En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.

En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.

De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.

Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.

También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.

Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.

Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.

En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.

Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción

CASOS SENSIBLES

En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.

La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.

La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada

, en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.

Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.

Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.

aborto financieroABORTO FINANCIERO

Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?

El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.

El portal www.nuevamujer.com narra:

“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.

“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.

En una entrevista, Dubay declaró:

“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”

Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.

Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.

 

+SOLO

“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.


También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto

Ciudad

La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Primera Parte

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Reportaje histórico, político y urbano de la nomenclatura potosina

«No nos une el amor sino el espanto;

será por eso que la quiero tanto.»

Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en El otro, el mismo (1964)

Por: Jorge Saldaña.

Caminar por San Luis Potosí es, sin que uno se dé mucha cuenta, un acto de paciencia historiográfica. Uno cree que va a comprar el pan, pero en realidad atraviesa cuatro siglos, tres regímenes, una revolución y una pulquería desaparecida. La esquina —esa institución tan mexicana— se vuelve aquí un libro abierto al que le faltan páginas, le sobran portadas y sostiene memorias cono nombres hechas de azulejo, metal o placa, que de no nombrarse ahí, nadie más las nombraría y menos las recordarían.

Lo cuento como periodista urbano, también como ciudadano y no como acusador. Esto no es una denuncia: es una caminata. Una caminata larga, tropezada y deliciosa por un casco antiguo donde una sola vía recta puede llamarse «Mariano Arista» en una placa, «ARISTA» en la siguiente y, dos cuadras más allá, «GRAL. M. ARISTA», todo en distintos materiales, todo igual de oficial, todo igual de imposible. Un solo general, tres nombres; un solo cabildo pero ningún acuerdo.

El estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura y el «Diccionario histórico de las calles de San Luis Potosí» de don Arcadio Castro Escalante —en su libro «Por las viejas calles de aquel San Luis»— dejaron consignado lo que aquí se cuenta con prosa de domingo: que la nomenclatura de esta ciudad es un palimpsesto -esos manuscritos en pergamino que conservan huellas de una escritura anterior-  al igual que nuestro centro, en cada placa hay un héroe encima de un pordiosero, un revolucionario encima de un cura, una avenida encima de una zanja. Y que la abuela, terca, sigue diciendo «La Corriente» cuando el plano oficial dice «Reforma» desde hace ya un siglo.

El verso de Borges con que se abre este reportaje no es decorativo. Es la llave. Porque si hay una manera de querer a las ciudades, esa manera es contradictoria: las queremos por lo que nos avergüenza de ellas. Las queremos por su desorden, por su terquedad, por su modo de no obedecer. San Luis Potosí entra en esa categoría con orgullo. Es una ciudad que se ama, en parte, por su incapacidad para ponerse de acuerdo consigo misma.

De los apodos a los apellidos

En 1828, recién consumada la Independencia, el Ayuntamiento potosino se topó con un problema simpático y propio de la época: necesitaba bautizar oficialmente sus calles, pero no tenía a quién honrar. A los españoles ya no se les quería —era demasiado pronto—, y los héroes nacionales todavía no alcanzaban para tantas esquinas. La solución fue salomónica y muy mexicana: dejar los apodos populares y ponerle apellido de vecino distinguido a lo que faltara.

Así se inauguró, sin saberlo, la primera ley no escrita de la nomenclatura potosina: la calle no se nombra, la calle se hereda. Hereda al insurgente cuando llega la Independencia, hereda al liberal cuando llega la Reforma, hereda al revolucionario cuando llega 1914 —el año bisagra, el del gran rebautizo— y hereda al fraccionador cuando llega el siglo XXI con sus colonias bautizadas con nombres de árboles que aquí no crecen.

Antes de 1828, sin embargo, las calles ya tenían nombre: solo que el nombre lo ponía el barrio, no el cabildo. La calle de la Cruz se llamaba así porque había una gran cruz divisoria entre la ciudad y la villa de San Miguelito. La de las Bóvedas porque allí se levantaron las primeras casas con techo abovedado. La del Arenal porque las lluvias de La Merced llenaban de arena la cuadra. La de los Burros porque los arrieros amarraban sus bestias antes de bajar a la Plaza de Armas. La de la Tamalera porque ahí vivía una mujer cuyos tamales eran de gran demanda.

Estos nombres, hoy reemplazados por placas con apellidos solemnes, eran en realidad un primer sistema completo y eficaz. Funcionaba etnográficamente: nombraba lo que estaba, no lo que se quería honrar. Era una nomenclatura sin proyecto político, asentada en la observación cotidiana. Por eso, cuando el cabildo intentó imponer apellidos en 1828, lo hizo sobre un sustrato vivo que ofreció resistencia silenciosa. La gente siguió diciendo «La Tamalera» mientras la placa decía «Julián de los Reyes».

La cuadra como unidad onomástica

Hasta bien entrado el siglo XIX, una vía recta no tenía un nombre: tenía tantos nombres como cuadras. La calle Iturbide, por ejemplo, en 1864 se desplegaba en ocho identidades distintas: «Ciprés», «Palaus», «Chino o Clima», «Filantropía», «Guayabo», «Mora», «Cocheros» y «Chica». La calle Vallejo se dividía en cinco: «Remedios», «Las Recogidas», «Plaza de Las Recogidas», «Lucero» y «San Miguelito». Manuel José Othón —el poeta— caminaba de niño por una vía que cambiaba cinco veces de nombre.

La avenida Carranza es el caso emblemático. En 1864 era cinco calles distintas en una sola línea: «La Cárcel» las dos primeras cuadras, «Maltos» las dos siguientes, «El Elefante» la quinta, y todo el resto «Real de Tequisquiapan». Cinco nombres, una traza. Hoy es una sola Carranza —liberal, rectísima, peatonal en su tramo histórico— pero quien camine por ahí está caminando, sin saberlo, sobre el rastro de un elefante, una cárcel y un señor de apellido Maltos del que no quedó memoria.

«Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras […], surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.»

Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1972)

Calvino no escribió sobre San Luis Potosí, pero pudo haberlo hecho. Su descripción de Zaira describe con exactitud lo que cualquier potosino ve al levantar la cabeza en una esquina del primer cuadro: la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene. Lo carga en cada placa que no se quitó, en cada rótulo que se dejó conviviendo con el nuevo, en cada rincón donde el catastro y la abuela difieren y nadie se atreve a darle la razón a uno solo de los dos.

Esta lógica de los muchos nombres por cuadra tenía sentido en una ciudad pequeña. Cada tramo coincidía con un edificio característico, una anécdota memorable, un vecino famoso. Cuando la población creció y la administración pública se profesionalizó, ese sistema se volvió insostenible. Una calle con siete nombres no se puede catastrar, no se puede cobrar predial, no se puede patrullar. La unificación llegaría —y llegaría con una ideología.

Las cuatro fechas bisagra

La nomenclatura de San Luis Potosí no cambió de una vez. Cambió en oleadas, y cada oleada lleva la firma del régimen que la promovió. Cuatro son las fechas que conviene memorizar:

  1. 1828: primera nomenclatura oficial. Es la ola del cabildo independiente. Domina la mezcla de apellidos distinguidos y nombres triviales, por escasez de héroes.
  2. 1860–1870: primera ola liberal. Tras las Leyes de Reforma, aparecen Galeana, Morelos, Hidalgo, Allende sustituyendo nombres conventuales y virreinales. Es el primer barrido ideológico.
  3. 1914: el gran rebautizo revolucionario. La nomenclatura moderna —Carranza, Obregón, Madero, Zapata, 5 de Mayo— se impone sobre los antiguos nombres por cuadra. Es el momento más drástico: lo que había tardado tres siglos en sedimentar se sobrescribió en pocos años.
  4. 1930: ola posrevolucionaria. Aparecen nombres de gobernadores y políticos locales (Julián Carrillo, Francisco Alcalde, Ildefonso Díaz de León). La memoria estatal entra a competir con la memoria nacional.

Si uno camina hoy el centro y lee placa por placa, está leyendo —en estricto rigor— la geología política de la ciudad. La capa más profunda es colonial: convento, virgen, cruz. La siguiente, decimonónica: apellido distinguido, anécdota local. Encima, la liberal: insurgente. Encima, la revolucionaria: jefe armado. Encima, la postrevolucionaria: gobernador. Y en los fraccionamientos nuevos, la capa contemporánea: árbol exótico, flores, montañas y cordilleras. Cinco capas, una ciudad.

La memoria popular como capa subterránea

Hay una capa más, sin embargo, que ningún régimen logró borrar: la oral. Las placas también hablan de lo que el poder quiso olvidar. La calle de Las Manitas —hoy un tramo de Abasolo— se llamó así porque ahí enterraron las manos de un homicida. La de Las Cruces —hoy un tramo de Universidad— porque dos hombres se mataron mutuamente y se les puso cruces en el sitio. Estos nombres no entraron a la oficialidad porque la oficialidad prefiere héroes; pero la oralidad los recuerda. La calle, otra vez, no se borra: se tapa.

Y hay nombres populares que sí lograron permanecer, contra todo pronóstico. La calle Juan del Jarro lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, un pordiosero potosino del siglo XIX, vestido de harapos y con un jarro al hombro para pedir agua y comida. Se le atribuían dotes adivinatorias; la gente lo consultaba sobre fechas de muerte y matrimonios futuros, y atinaba lo suficiente para volverse leyenda. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene placa oficial. Cosa rara, cosa potosina, cosa hermosa.

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Ciudad

Galindo ve “mano negra” en conflicto por predio de Puerta de Piedra

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El Ayuntamiento propuso habilitar un terreno contiguo como parque urbano, con obras incluidas, pero no hubo respuesta del grupo inconforme

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que existen “manos negras” detrás del conflicto por el predio municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra, luego de que un grupo de vecinos promoviera un amparo para frenar su subasta.

El edil sostuvo que la oposición al proyecto dejó de tener lógica tras haber ofrecido alternativas formales a los inconformes, incluyendo la habilitación de otro terreno contiguo como parque urbano.

“No sé de quién, pero hay dos manos negras. Yo no me la creo. Si te ofrecen otro terreno, con iluminación, cercado y árboles, y no hay respuesta, entonces esto ya salió de la razón lógica”, declaró.

Galindo afirmó que el Ayuntamiento mantuvo diálogo con el grupo y respondió por escrito a sus peticiones, pero acusó que, en lugar de continuar con las negociaciones, optaron por judicializar el caso.

Además, rechazó que el proceso de subasta haya sido suspendido en su totalida

d, como han señalado integrantes del colectivo, al insistir en que el tema se encuentra en litigio y que el Cabildo aprobó la desincorporación de los predios conforme a la ley.

“No se hubiera subastado si no tuviera las condiciones legales. Fue aprobado por unanimidad”, sostuvo.

En contraste, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra ha defendido el amparo interpuesto el pasado 13 de marzo, el cual fue admitido el 10 de abril por un juez, quien ordenó la suspensión del proceso de subasta de al menos 18 predios mientras se analiza el caso.

La audiencia constitucional del caso está programada para el próximo 8 de mayo, fecha en la que se definirá si el proceso de subasta puede continuar o si se confirma la protección legal de los predios.

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Afirma SSPC que la violencia se incrementa con el calor

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El secretario Juan Antonio Villa reveló que con la temperatura la gente se vuelve más irritable, además de que aumenta el consumo de alcohol

Por: Redacción

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que han encontrado una correlación entre el incremento de actos de violencia y el aumento en las temperaturas.

Explicó que el calor genera que mucha gente se vuelva más irritable, por lo que en lugares muy cerrados o en casas pequeñas donde se exponencía la sensación térmica, crecen los incidentes de violencia, como puede ser la familiar.

Asimismo, en esta temporada se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las personas tienden a embriagarse más, y “se ponen violentos” contra las personas a su alrededor.

Añadió que ante esta situación, han reforzado la seguridad para prevenir estos delitos, instruyendo al Agrupamiento Especial para Atención de Violencia de Género a tratar de manera inmediata los reportes.

Comentó que en la última semana atendieron 14 denuncias de este tema, de las cuales, cuatro resultaron procedentes, con los involucrados siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

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