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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada 
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto
Elementos de la Policía Municipal hallaron 35 casquillos en el domicilio, mientras la Fiscalía General del Estado ya interviene en el caso
Por: Redacción
Un domicilio de la colonia Simón Díaz, en Camino Viejo al Aguaje, recibió disparos de arma de fuego entre las 05:00 y las 06:00 horas de este lunes. El inmueble presuntamente pertenece a un mando de la Policía Municipal de San Luis Potosí.
Elementos de la corporación, que fungieron como primeros respondientes, habrían localizado en el lugar aproximadamente 35 casquillos percutidos, además de daños en la fachada. La propietaria señaló que las detonaciones ocurrieron alrededor de las 05:30 horas.
Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), confirmó el ataque y dijo que Guerra no había recibido amenazas previas. La funcionaria ya contaba con escoltas, agregó, y la corporación reforzará su esquema de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la Guardia Civil Estatal ya intervienen en el caso, según Villa. La Policía Municipal resguardó el domicilio para evitar que la escena se contaminara, en su papel de primer respondiente.
Villa reconoció que quienes trabajan en temas de seguridad con resultados operativos “siempre van a estar en una línea muy delgada” y recordó que en otras corporaciones del país han fallecido elementos en circunstancias similares.
Consultado sobre si el ataque está relacionado con el trabajo operativo de la corporación, Villa evitó señalar una línea de investigación: “sería muy aventurado decirte yo ahorita si es una línea en ese sentido”, dijo, y agregó que por ahora se limitan a recabar información.
De manera extraoficial, mandos de la Policía Municipal indicaron que no darán mayor información sobre el ataque mientras avanza la investigación. Tampoco se descarta que esté relacionado con los operativos de seguridad que la corporación mantiene en la capital.
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El gobierno de Tamaulipas se deslindó del proyecto que Nuevo León reactivó ante Semarnat para llevar agua del río Pánuco hasta su zona metropolitana
Por: Redacción
Organizaciones campesinas de Tamaulipas y San Luis Potosí denunciaron que el proyecto Monterrey VI —el acueducto que trasladaría agua del río Pánuco, en la Huasteca Potosina, hasta la zona metropolitana de Nuevo León— fue reactivado, tres años después de que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, lo rechazara “de manera definitiva”.
De acuerdo con las organizaciones denunciantes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, revivió el 13 de agosto el proyecto con la solicitud de autorización ambiental que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, una obra de 390 kilómetros con capacidad inicial de cinco mil litros de agua por segundo. Semarnat publicó la solicitud en su gaceta el 27 de agosto; el proyecto aún no cuenta con autorización.
El trazo captaría el agua en el municipio de Ébano y contempla un tramo de más de 26 kilómetros dentro de territorio potosino; de ahí cruzaría Veracruz y Tamaulipas hasta conectar con la infraestructura de abasto de Nuevo León.
La propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la disminución del caudal del Pánuco representa un impacto ambiental negativo “muy significativo” durante la operación del acueducto. Especialistas y organizaciones ambientales advierten riesgos para la recarga de acuíferos, la agricultura, la ganadería de pequeña escala y el abasto de comunidades indígenas de la Huasteca, además de salinización en la parte baja de la cuenca y afectaciones a los sistemas kársticos. Entre los ríos que podrían resentir alteraciones se encuentran el Tampaón, Valles, Amajac, Gallinas, Santa María, Tamasopo y Moctezuma.
El gobierno de Tamaulipas se deslindó de la iniciativa, pese a que ambas administraciones habían planteado antes una estrategia regional conjunta para aprovechar la cuenca. Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, afirmó que la administración de Américo Villarreal Anaya no participa en el proyecto impulsado por Agua y Drenaje de Monterrey: “Desconozco los alcances actualmente de ese proyecto. No es un proyecto de Tamaulipas”.
Agua y Drenaje de Monterrey, en un comunicado del 28 de agosto, dijo que evalúa la “optimización” de Monterrey VI dentro de una planeación hídrica a 30 años y que requiere estudios complementarios de eficiencia energética y aprovechamiento del Pánuco, sin fijar fecha para iniciar la obra.
Monterrey VI se originó en 2011, durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, y fue licitado en 2014 con una inversión inicial de 13 mil 644 millones de pesos. La administración de Jaime Rodríguez Calderón detuvo la obra por cuestionamientos sobre su costo y esquema financiero; el proyecto volvió a la discusión pública tras la crisis de abasto que enfrentó la zona metropolitana de Monterrey en 2022.
Cuando Samuel García planteó revivirlo ese mismo año, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se opuso de forma tajante y calificó la extracción de agua de la Huasteca Potosina como un “ecocidio”. En marzo de 2023, López Obrador rechazó de manera definitiva el proyecto durante una visita a Nuevo León y reconoció que la población de la Huasteca no permitiría la extracción.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, había señalado en enero de 2025 que el proyecto seguía en estudio y que el primer paso era el diálogo entre Nuevo León y Tamaulipas para compartir la concesión del agua del Pánuco.
La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Agua y Drenaje de Monterrey queda ahora bajo revisión de Semarnat, el trámite que definirá si el acueducto avanza pese al rechazo histórico de San Luis Potosí y, ahora, al deslinde de Tamaulipas.
También lee: Gallardo, en contra del Monterrey VI si afecta a la Huasteca
El Gobierno estatal desplegó un operativo especial de seguridad en escuelas, paraderos y vialidades para el inicio del ciclo escolar 2026-2027
Por: Redacción
Este lunes 31 de agosto, más de 540 mil estudiantes regresan a las aulas en San Luis Potosí para comenzar el ciclo escolar 2026-2027, por lo que el Gobierno del Estado informó que mantiene coordinación entre distintas instituciones para procurar un regreso a clases ordenado y seguro en las cuatro regiones de la entidad.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona deseó un exitoso inicio de ciclo a niñas, niños y jóvenes potosinos, y reconoció el trabajo de madres y padres de familia, así como de docentes, directivos y personal administrativo y de mantenimiento.
Como parte del operativo por el regreso a clases, la Guardia Civil Estatal mantiene desde las primeras horas de este lunes un despliegue especial de seguridad en coordinación con las policías municipales.
La vigilancia contempla presencia preventiva en las inmediaciones de los planteles educativos, paraderos y principales vialidades, particularmente durante los horarios de entrada y salida.
Gallardo Cardona también destacó que el respaldo a la educación durante su administración se ha traducido, de acuerdo con el gobierno estatal, en la construcción de 530 escuelas
El mandatario señaló que también se mantienen acciones para contar con planteles “dignos, modernos y seguros”, de acuerdo con las necesidades de las nuevas generaciones.
El Gobierno estatal señaló que durante el ciclo escolar continuará trabajando bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, además de implementar estrategias relacionadas con los cambios demográficos y el avance de las nuevas tecnologías.
El regreso a clases, sostuvo el gobernador, representa también la renovación del compromiso entre autoridades, docentes y familias para ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes potosinos.
Así, más de 540 mil estudiantes vuelven este lunes a las aulas después del periodo vacacional y dan inicio formal al ciclo escolar 2026-2027 en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
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