septiembre 12, 2025

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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año

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Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado

Por: El Saxofón

En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.

En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.

De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.

Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.

También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.

Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.

Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.

En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.

Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción

CASOS SENSIBLES

En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.

La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.

La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada

, en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.

Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.

Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.

aborto financieroABORTO FINANCIERO

Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?

El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.

El portal www.nuevamujer.com narra:

“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.

“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.

En una entrevista, Dubay declaró:

“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”

Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.

Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.

 

+SOLO

“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.


También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto

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Gobierno y UASLP reconocen diferencias de “interpretación”, pero confían en acuerdo

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La universidad exige liquidez en 2025; pago en obra solo sería posible en ejercicios pasados y con autorización de la SEP

Por: Redacción

Las negociaciones para resolver la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) avanzan “por buen camino”, aseguraron tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra como Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas. Ambos reconocieron que las diferencias entre la institución y la administración estatal no han sido de fondo, sino producto de “problemas de interpretación”.

El rector explicó que la discrepancia surge en torno a las aportaciones estatales que complementan el convenio Federación-Estado, pues mientras los recursos federales llegan puntualmente a la universidad y se entregan de inmediato, existe una diferencia en la parte que corresponde al gobierno estatal.

“Ahí es donde tenemos la diferencia. La secretaria de Finanzas tenía un concepto, que ayer creo que quedó aclarado, de que se podía pagar en obra. No. Este año, el 2025, el recurso está perfectamente claro que tiene que ser en líquido”, sostuvo.

Zermeño advirtió que la universidad requiere recursos frescos para cubrir sus compromisos más inmediatos. “Tenemos considerado ese ingreso para poder concluir nuestras actividades de este año. De no resolverse antes de noviembre, tendríamos problemas para cubrir la nómina, los aguinaldos y otras obligaciones básicas”, señaló.

Por su parte, García Vidal defendió la postura del Gobierno del Estado al recordar que ha sido esta administración la única que ha incrementado año con año el presupuesto aprobado por el Congreso a la UASLP. Reconoció que las diferencias han sido en la manera de interpretar los convenios y en las posibilidades de cubrir adeudos con obra, pero insistió en que existe disposición y diálogo para encontrar una salida.

“Es un tema complicado de interpretación, pero la negociación va por buen camino”, afirmó.

La funcionaria también expresó que la universidad mantiene un prestigio invaluable para San Luis Potosí, por lo que el gobierno no dejará solos a los estudiantes. Sin embargo, calificó como lamentables algunas declaraciones mediáticas que, a su juicio, han puesto en entredicho el esfuerzo realizado por la administración estatal.

Tanto el rector como la funcionaria coincidieron en que el mecanismo para resolver la situación debe ser el diálogo, descartando la ruta de las manifestaciones o confrontaciones. “Somos una institución educativa y tenemos que mostrar a la sociedad que sabemos resolver los problemas con inteligencia”, enfatizó Zermeño.

El plazo es claro: si en noviembre no se concreta una solución en torno a la liquidez, la universidad se vería en aprietos para continuar sus operaciones. Mientras tanto, las mesas de negociación siguen abiertas, con la promesa de que, ahora sí, los malentendidos de “interpretación” no se interpongan en la solución definitiva.

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Por falta de recursos, proyectos federales no ven la luz en SLP

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El gobernador Ricardo Gallardo indicó que se ha intervenido desde el estado en obras de infraestructura como caminos y carreteras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reconoció que el primer año del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha sido complicado en términos de inversión para la entidad potosina, ya que hasta el momento no se ha iniciado ningún proyecto de la Federación en el estado.

Señaló que el flujo de recursos desde el Gobierno Federal ha sido limitado, lo que ha afectado la ejecución de proyectos en territorio potosino. Ante ello, aseguró que el gobierno estatal ha asumido proyectos de infraestructura que le corresponden a la Federación, con recursos propios.

“Hoy todavía no tenemos un proyecto federal que esté arrancando. Ya tenemos varios listos para 2026, pero era normal que en el primer año llegues y te acomodes; no hay la lana como para llegar a empezar a hacer, lo entendemos. Por eso hemos tenido mucha paciencia”

, declaró el mandatario.

Gallardo explicó que su administración ya ha comenzado a ejecutar obras estratégicas, como la Vía Alterna a la Zona Industrial, que actualmente beneficia a más de 300 mil trabajadores en la zona metropolitana. “Se acortó el tiempo de más de 1 hora 20 minutos a ir a trabajar a media hora. Ya tenemos un flujo en la vía alterna de 2 mil vehículos cada hora al día de hoy”, afirmó.

A pesar de los avances, el gobernador pidió comprensión a la ciudadanía, al asegurar que aún queda mucho por hacer: “Las obras están funcionando, están jalando, y como les digo, falta mucho por hacer, pero que nos tengan poquito paciencia porque lo vamos a hacer”.

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Responsable de caso Nayeli Alfaro no quedará libre: asegura FGESLP

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La fiscal García Cazares indicó que los retrasos en el caso se deben a recursos de la defensa; rechazó que el caso esté “atorado”

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), respondió sobre el estado del caso de Na yeli Alfaro Silva, joven fisicoculturista víctima de feminicidio en 2022

, cuyo presunto responsable —Uriel “N”, pareja de la víctima— fue detenido hace tres años.

La funcionaria rechazó que el caso esté “atorado”, como señalan representantes legales de la familia de Alfaro, y explicó que los retrasos obedecen a recursos legales interpuestos por la defensa del acusado.

“La ley permite que los actos se puedan ampliar dentro del proceso. La Fiscalía tiene que esperar los tiempos para que las partes promuevan amparos y éstos se resuelvan, para poder llegar a una conclusión en el caso”, señaló García Cázares.

La fiscal recalcó que no existe riesgo de que el presunto feminicida quede en libertad, pues los recursos legales presentados no interrumpen la medida cautelar.

“De ninguna manera puede quedar libre. Son autos de defensa, pero no corren términos para que pueda seguir en libertad”, afirmó.

Finalmente, la titular de la FGESLP evitó dar una cifra sobre cuántos casos se encuentran bajo condiciones similares, pero aseguró que no son la mayoría.

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