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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada , en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
También lee: Sara Rocha respalda la manifestación del 8M, siempre que no incomode al patrimonio
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De la reforma electoral y el 2027 potosino | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
“…Paradoja compleja, fatal y rinconera” ¿Qué mas se va a negociar en el “me quiere, no me quiere” de la discusión sobre la Reforma Electoral?
Culto Público, hijos de mi brújula con aguja de Tarot y de este San Luis de las realidades: Me han pedido que afile la pluma (debo decir que nunca la dejé descansar, solo me hice pato un ratito por así convenir a mis intereses) para desmenuzar este entuerto que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado al Congreso de la Unión y dibujar un boceto de panorama electoral al momento respecto a la elección del 2027 en SLP, un proceso que, le aviso a los despistados: ya comenzó-.
Y es que respecto a la reforma electoral, Culto público: no hay nada más estimulante que ver en tiempo real cómo se les hace engrudo el tema a los partialiados de la presidenta, que les envió hasta ayer martes y no el lunes como lo anunció, lo que prácticamente es un suicidio político asistido en cadena nacional.
La paradoja es compleja, fatal y rinconera: Es tanto como pedir a los partidos aliados, votar por su propio funeral o darse un balazo en el pié (en este caso en un ala) y lo peor: ya sea que lo hagan a favor o en contra, Verde y PT podrían salir perdiendo.
Me explico: la presidenta necesita sí o sí, los votos de los diputados verdes y los petistas tanto como a sus senadores para que se haga realidad su reforma electoral, pero como está planteada, si los verdes la aprueban “pierden” (se reduce significativamente su presupuesto y pierden todo margen de negociación y dedazos para las pluris federales, en pocas palabras estarían aprobando que la presidenta ya no los necesite -o los necesite menos en la segunda parte de su mandato- y no ser necesario en política es lo mismo que no subirse al carrusel, es quedarse abajo para a caso saludar en cada vuelta).
Ahora que si los dipualiados votan en contra del bastón de mando y le dicen que no a la presidenta, también pierden (creo que esto no se necesita mayor explicación).
Ese escenario significaría un franco rompimiento con la primer mandataria y desahuciar a la alianza Verde- Morena en las cámaras, que perderían la mayoría relativa y calificada, “encareciendo” -ni modo hay que aceptarlo- el amor a la 4T votación por votación.
El “sí me quiere, no me quiere” que se deshojará en los próximos días en San Lázaro, también se convierte en moneda de cambio de cara al siguiente proceso electoral.
Ese proceso que se acerca como los viernes se acercan a los jueves en la noche, en el que estarán en juego los 300 distritos federales, (el equilibrio de la segunda parte del sexenio de Sheinbaum) 17 gubernaturas, cientos de diputados locales e incontables alcaldías.
La gran pregunta es: si el Partido Verde vota a favor de la reforma (muy seguramente con adecuaciones que se harán en el camino) ¿A cambio de qué estaría dispuesto a recibir menos presupuesto y tener menos curules? ¿Mantener el estado que gobiernan (o sea a nosotros) y asegurar el triunfo en otro u otros? ¿Un seguro de sobrevivencia para el Verde sin fecha de caducidad?
Y es aquí donde el tema se desdobla a los juegos locales, mire: primero hay que preguntarse, se apruebe o no la ClaudiaReforma, ¿en cuántos distritos del país (que son los que más interesan a la presidenta) Morena necesita al Verde y en cuántos el Verde necesita a Morena?
No tengo los datos de cada estado, pero tomando en cuenta solo las encuestas de posicionamiento por partido a nivel nacional, Morena en la mayoría de los distritos lleva las de ganar…(no así las gubernaturas) con una enorme excepción: SLP
En San Luis la fuerza de estructura electoral la tiene, más que el Partido Verde, el movimiento Gallardísta, que participa y aporta más que suficiente al logotipo tucanezco, mismo que utiliza como vehículo de participación que tiene bien afinado y del que tiene absoluto control.
Dicho de otra forma: En SLP Gallardo es del Verde y el Verde es de Gallardo (¿por qué siento que descubrí el hilo negro y el café soluble…?)
Por lo tanto, entre las negociaciones, jaloneos, estira y aflojas, y muy seguramente de vaivenes declarativos, de aquí al 24 de marzo (fecha fatal en el Pleno de la Cámara de diputados para mandar la iniciativa al Senado) paralelamente se podrán hacer los amarres y acuerdos para los estados y desenredar el nudo potosino con la cúpula de color césped. El dilema es shakesperiano: ¿ser o no ser?
Veamos poco a poco al menos con un ojo abierto: Si en SLP van el Verde y Morena juntos (por un arreglo cupular) entonces la candidata no será la senadora Ruth (ya lo dejó claro la presidenta),
pero aun si no es Ruth, de cualquier forma el Verde llevaría “mano” para poner candidato, por lo que se abren las posibilidades para Guadalupe Torres Sánchez, Juan Manuel Navarro y Juan Carlos Valladares. (Qué bueno que vetaron la Ley “girls only” ¿verdad?)Los dos primeros son “de casa” y cuentan con toda la confianza del gobernador Gallardo para construir “El segundo piso del Gallardismo en SLP”, en cambio Juan Carlos, con todo y que se ha construido una relación genuina y cercana con el gobernador Ricardo, es visto como una carta fuerte a la capital… pero no más.
Juan Carlos es Verde y es leal pero también es -digamos- de otro costal. Para el Gallardismo puro transmitirle el poder a él, es casi lo mismo que perderlo.
No obstante, para las cúpulas tanto Verdes como de Morena, Juan Carlos es muy bien visto, está en el lugar correcto de la cancha, sería inalcanzable en la aritmética electoral y aunque nadie lo ha dicho, la candidatura de Valladares además (así como no queriendo) rompería al PAN y al PRI.
Medio Acción Nacional y todo el PRI también votarían por Juan Carlos, de hecho el PRI jugará muy seguramente en alianza con el Verde, y hasta los naranjas Samuelistas también están pensando en unirse a la causa. Un candidato como Valladares les caería como anillo al anular…a casi todos.
La pregunta para el ojiclaro diputado federal, como alguien de mucho colmillo, altura y poco pelo le dijo, no es si le va a caer el balón o no, la verdadera pregunta es si quiere agarrar ese balón que tiene prácticamente en los pies con todo lo que conlleva.
Valladares es hábil pero cauto, no se deja llevar por el canto de las sirenas, hace bien lo que le corresponde y el resto se lo deja a Dios y al Universo (sin ser ingenuo: reza pero también trabaja).
El otro escenario, que considero más probable y posible, es que el Verde vaya sin Morena, junte al PRI y a MC (Nueva Alianza se junta más con los guindas) y sin cortar necesariamente el cordón umbilical con el Palacio Nacional, se convierta la senadora Ruth González en la candidata a suceder a su esposo a cambio del compromiso de ganar las 6 diputaciones federales para la 4T.
En este supuesto, la senadora “enfrentaría” por puro trámite a Morena, y del nivel de acuerdo con el Verde y con el Gobernador, sería el tamaño de rival que le pongan a Ruth.
Si la presidenta acepta las diputaciones federales potosinas a cambio, seguramente Morena tendrá un candidato o candidata tan débil como mi fuerza de voluntad, pero si Claudia toma como una afrenta que el Verde le juegue en contra, entonces las cosas cambian.
Seamos realistas, Morena jugando solo (con mucha pena, todo respeto y pase usted) no tiene mucho de dónde escoger perfiles. La verdad es que no se asoma algún personaje que pueda dar la batalla (por el momento al menos y en el horizonte tampoco). Y si Usted está pensando en El Batman de Tanquián debo decirle que es una broma (ya le daré detalles en otra entrega)
Y aquí lo chistoso del escenario: De darse estas condiciones (Verde por su lado con Ruth muy fuerte y Morena con cualquier candidato) se abre una gran ventana de oportunidad para el alcalde Enrique Galindo, que no solo cuenta con el respaldo panismo y el priismo que vota (el de a pié, no estoy hablando de Sara Rocha y sus nueve) sino que también le puede favorecer el voto morenista. Sí, tal cual como ocurrió en su elección y reelección: el morenista prefirió votar por Galindo que por Xavier Nava, y en 2024 también prefirió a Enrique sobre Sonia Mendoza.
De darse así las cosas, Galindo capitalizaría la oposición al gallardismo (que existe soterrada y silenciosa aunque se lo escondan a Ricardo) y la elección se cerraría en una contienda por demás polarizada y frontal.
¡Caray! Todavía no acabo el análisis, y hay más escenarios, pero ya se me acabó el espacio y ya me puse la pijama así que será para la próxima entrega que les escriba, entre otros temas, sobre “el extraño retorno de los Azuara” al PAN,y los apuntados como posibles candidatos a la capital (como Rubén Guajardo, Nacho Segura y otros).
Hasta la próxima
Yo soy Jorge Saldaña.
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Hay activos alrededor de 35 arcos de seguridad en SLP: SSPCE
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría, indicó que en caso de que no cumplan alguna normativa, serán Seduvop, C5 y SECESP quienes se encarguen de arreglarlo
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que ya se instalaron alrededor de 35 arcos de seguridad en todo el estado.
Estos arcos son una especie de minicomplejos, pues además de contar con cámaras de reconocimiento facial apuntando a la calle, tienen también oficinas y celdas para detenciones inmediatas.
En las últimas semanas, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que se establecerán otros 15 más que se ubicarán en carreteras, asegurando que se transformará a las vialidades en un “escudo tecnológico”.
Juárez Hernández también destacó la importancia de este proyecto, pues aseguró que se trata de una inversión importante que le brindará fortaleza a las estrategias de seguridad del estado.
Añadió que estas instalaciones corren a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, el C5 y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con quienes han mantenido una estrecha coordinación.
Al ser cuestionado sobre la altura de los arcos, la cual no cumpliría con el alto necesario para el tránsito de vehículos de doble dimensión, el secretario se limitó a responder que, de ser el caso, serán estas dependencias las que se encargarán de resolverlo, y no necesariamente la SSPCE.
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