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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada 
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
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Miles de asistentes acudieron a la penúltima noche de conciertos de la feria, que este domingo cerrará su edición 2026 con Los Tigres del Norte
Por: Redacción
La penúltima noche de espectáculos de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 reunió a miles de personas en el Foro, donde Toppaz, Tropical Panamá y Liberación ofrecieron una jornada de música grupera que terminó con el público cantando y bailando.
Grupo Toppaz abrió la noche con temas como “Celoso”, “Etapas de mi vida” y “Triste y solitario”, mientras parejas y familias se concentraron en la explanada para seguir la presentación.
Posteriormente, Tropical Panamá mantuvo el ambiente con canciones como “La chica que soñé” y “La Mamalona”, antes de dar paso a Liberación, encargado de cerrar la jornada.
El grupo interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Ese loco soy yo”, “Cómo estás tú”, “Enamorado de un fantasma”, “Si estuvieras conmigo” y “Cómo duele”.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, el Foro registró un lleno total durante la jornada, como parte de la cartelera gratuita de la FENAPO 2026.
La feria concluirá este domingo 30 de agosto con la presentación de Los Tigres del Norte, quienes serán los encargados de cerrar la cartelera de espectáculos del Foro.
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La dependencia federal buscará dejar el modelo de ensamblaje mediante el impulso a patentes nacionales y herramientas de inteligencia artificial
Por: Roberto Mendoza
Durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso que el 83.3% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. En el primer semestre de 2026, estas exportaciones registraron un crecimiento del 24.6%, alcanzando los 324.8 miles de millones de dólares.
Ante la postura de la administración estadounidense sobre el déficit, México mantiene un arancel promedio de 3.4%, lo que coloca al país como el que menos paga al exportar a esa nación. Sobre esta dinámica comercial, Ebrard señaló: “El reto es, ¿cómo mantienes el mejor trato 3.4 con un escenario de crecimiento de un superávit respecto a Estados Unidos? Es un reto político mayor”.
Con el fin de encontrar mercados alternativos y reducir la dependencia de Norteamérica, el gobierno concretó la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea. Este instrumento otorga acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas y elimina el arancel del 10% que pagaba la manufactura y el sector automotriz para ingresar a los 27 países miembros
Ebrard delineó el objetivo de este Tratado de Libre Comercio: “Hoy tenemos déficit con la Unión Europea, pero merced a este acuerdo vamos a tener ingreso o acceso prácticamente de todas nuestras exportaciones, más del 95% y encontrar una salida adicional a nuestros productos”.
La política económica interna contempla una transición administrativa impulsada por la nueva Oficina Presidencial de Inversiones, la cual aprobó 15 proyectos por 3,771 millones de dólares en un plazo máximo de 30 días. En paralelo, reformas a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial redujeron en un 80% los tiempos de resolución para trámites clave, incrementando la participación de patentes nacionales del 3% al 9% del total otorgado.
Sobre el futuro industrial del país, el titular de Economía concluyó: “No vamos a poder generar la riqueza pensando en un modelo de ensamblaje y manufactura cuando estamos en un mundo que va hacia la inteligencia artificial y los robots”.
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Habitantes de La Reforma, en Ciudad Fernández, denuncian cobros de hasta 50 pesos por animal y cuestionan las facultades del Comisariado Ejidal para imponerlos
Por: Redacción (Con Información de Zona Potosina)
Habitantes y ejidatarios de La Reforma, Ciudad Fernández, denunciaron que el Comisariado Ejidal, encabezado por Juan Martínez Ferretiz, pretende cobrar una denominada “tenencia animal” por los animales que las familias mantienen dentro de sus propiedades, una medida cuyo fundamento legal y aprobación por la asamblea ejidal no está claro.
De acuerdo con los inconformes, el cobro fue anunciado mediante avisos y mensajes difundidos por los altavoces de la comunidad. La disposición contemplaría pagos diferenciados según el tipo de animal: 50 pesos por cada vaca, toro o becerro, y 20 pesos por cabra, borrego o cerdo. Los habitantes también aseguran que los caballos estarían incluidos, aunque no precisaron el monto correspondiente.
El anuncio generó molestia entre familias que utilizan el ganado para actividades productivas y de autoconsumo. Los inconformes cuestionan que se pretenda cobrar por mantener animales en sus propiedades sin que, hasta ahora, tengan claridad sobre quién autorizó la medida, bajo qué facultades se estableció y cuál sería el destino de los recursos.
Uno de los principales reclamos es conocer si existe un acuerdo formal de la asamblea ejidal que permita establecer este tipo de cobros. Los habitantes también cuestionan que, según sus versiones, la decisión no habría sido explicada de manera suficiente a la comunidad.
La inconformidad incluso derivó en solicitudes de renuncia contra Martínez Ferretiz y otros integrantes de la representación ejidal, a quienes algunos ejidatarios señalan por tener pendientes de aclarar.
El conflicto también incluye otros cobros relacionados con trámites sobre terrenos ejidales
Estos señalamientos llevaron a algunos integrantes del ejido a plantear una revisión de los ingresos que recibe la representación ejidal y del destino que tienen esos recursos.
Los inconformes prevén solicitar la intervención de la Procuraduría Agraria para que determine si la llamada “tenencia animal” cuenta con sustento en los acuerdos de la asamblea y en las disposiciones que regulan la organización del ejido.
Además, buscan que se revisen los distintos cobros realizados por la representación ejidal y los procedimientos utilizados para establecerlos.
Otro punto de preocupación para los habitantes es el señalamiento de que podrían imponerse multas a quienes se nieguen a pagar la denominada “tenencia animal”. Por ello, demandan que antes de aplicar cualquier cobro existan reglas claras, acuerdos formales e información sobre el monto que se pretende recaudar y el uso que tendrá.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a las versiones de habitantes y ejidatarios inconformes, quienes preparan acciones ante las instancias agrarias para solicitar una revisión de las decisiones tomadas por la representación del ejido.
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