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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada 
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
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La Guardia Nacional tiene identificados a grupos delictivos de entidades vecinas que llegan a operar en San Luis Potosí; para rastrearlos cuenta con un equipo especializado en inteligencia y análisis de información.
Por: Redacción
La Guardia Nacional confirmó que grupos delictivos originarios de otros estados tienen presencia en San Luis Potosí y participan en actividades criminales dentro del territorio potosino. Así lo reveló el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, al ser cuestionado sobre si tienen identificadas bandas que operan en la entidad.
“Definitivamente sí. No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, afirmó Martínez Medina. El general no precisó cuáles son los grupos ni de qué entidades provienen.
Para hacerles frente, la Guardia Nacional en SLP opera un equipo especializado en inteligencia criminal. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información”, explicó el coordinador estatal.
Las operaciones contra esos grupos se realizan de forma interinstitucional. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano
El general también abordó el protocolo que aplica cuando civiles confrontan a los elementos. “Tenemos una ley de uso de la fuerza. De acuerdo, como les mencionamos, si hay una resistencia a la autoridad, pues se va procediendo”, indicó.
Como parte de la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional complementa sus operativos con acciones de proximidad social en escuelas primarias, secundarias, universidades y oratorios. “Que tengan la confianza en su Guardia Nacional, que sepan que estamos para cuidarlos y para defenderlos de la delincuencia”, sostuvo el coordinador.
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Nancy Jeanine García señaló que tanto SLP como Guanajuato deben presionar a la operadora; recordó que Sheinbaum ya había planteado cancelar el contrato el año pasado
Por: Redacción
Nancy Jeanine García Martínez, diputada local y presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, señaló que las fallas recurrentes del sistema El Realito son responsabilidad de la empresa operadora y llamó a los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato a tomar acciones en su contra.
La legisladora recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había mencionado, desde el año pasado, la posibilidad de cancelar el contrato con la empresa, cuyo nombre no se precisó. “Esto es meramente la empresa la que está incumpliendo”, afirmó García Martínez, quien señaló que corresponde al Estado de San Luis Potosí y a Guanajuato intervenir para exigir el cumplimiento.
Consultada sobre si promovería un exhorto formal al Ejecutivo, la diputada no se comprometió. Explicó que desde la Comisión del Agua
García Martínez calificó como contradictoria la situación: las presas están llenas, pero el agua no llega a la ciudad. Atribuyó el problema estructural a la mala infraestructura, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política. “Sí hay soluciones que se pueden hacer si se tiene voluntad, en que se apliquen realmente las leyes, se apliquen las normas”, dijo.
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La Guardia Nacional mantiene más de 300 elementos en las vías del estado y trabaja con mapas de calor e inteligencia para reducir los robos a autotransporte, que han disminuido de forma significativa según el propio mando
Por: Redacción
La Guardia Nacional despliega permanentemente más de 300 elementos en las carreteras de San Luis Potosí, distribuidos en 7 estaciones instaladas a lo largo de las principales vialidades del estado. Así lo confirmó el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, quien detalló las condiciones actuales del operativo carretero.
“Tenemos un despliegue permanente. En el Estado tenemos 7 estaciones de carreteras. Tenemos más de 300 elementos desplegados en las carreteras”, afirmó Martínez Medina.
Entre las rutas bajo vigilancia destaca la carretera 57. El general precisó que, aunque no es la vía de mayor operatividad para la corporación, su volumen de tráfico la convierte en un foco de atención constante. “La 57 no es realmente la principal, pero ahí circulan aproximadamente entre 19,000 y 30,000 vehículos diarios“, indicó.
La estrategia en carreteras combina presencia física con trabajo de inteligencia. La corporación opera puestos de inspección ciudadana en puntos intermedios entre las estaciones, además de recorridos permanentes a lo largo de los tramos asignados. “Hacemos mapas de calor para evitar los robos principalmente de autotransporte”, explicó el coordinador.
Esa combinación de presencia e inteligencia ha dado resultados medibles. Los robos a vehículos de carga han “disminuido significativamente”, al grado de que el sector privado lo reconoció formalmente. “Esto se ha platicado inclusive con las cámaras de transporte. Nos han hecho un reconocimiento, porque en San Luis Potosí sí han disminuido los robos de autotransporte”, sostuvo Martínez Medina.
El operativo es interinstitucional. La Guardia Nacional trabaja en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal División Carreteras, el personal de las empresas concesionarias de las vías y las fiscalías. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y con las Fiscalías. Principalmente tenemos bases de operaciones mixtas interinstitucionales que están en todo el Estado”, detalló.
Además de los operativos en campo, la corporación cuenta con un grupo especializado en inteligencia. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información“, dijo el general. Ese grupo tiene identificados a grupos delictivos activos, aunque aclaró que su presencia es sobre todo desde estados vecinos. “No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, advirtió Martínez Medina.
La Guardia Nacional trabaja de manera particular con la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de seguridad carretera. “Trabajamos muy de la mano con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, pero particularmente con la Fiscalía General de la República, con las autoridades de seguridad de carreteras”, precisó el coordinador estatal.
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