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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada , en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto
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Diputados de Morena exigen castigo por fraude a nombre del Gobierno Federal
Luis Emilio Rosas y Carlos Arreola aclararon que el Gobierno de México no vende plazas y no cobra por acceder a espacios laborales
Por: Redacción
Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se pronunciaron enérgicamente contra el fraude perpetrado por Norma Judith Loredo Hernández, quien ofreció plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante una estructura inexistente llamada “Subsecretaría de Auditoría y Control”, con la que se habrían defraudado a por lo menos 500 potosinos.
El legislador Luis Emilio Rosas Montiel calificó como “completamente inaceptable” que se usurpen funciones públicas, y se usen los nombres de instituciones de cualquier orden de gobierno –ya sea federal, estatal o municipal– para estos delitos. Asimismo, consideró que estas acciones deben sancionarse con severidad:
“Las autoridades estamos bajo un escrutinio constante. Este tipo de fraudes dañan profundamente la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Necesitamos cerrar filas, sin importar colores ni partidos, para castigar este tipo de actos”, declaró Rosas Montiel.
Añadió que desde el Congreso deben fortalecerse los canales de información oficial, y que los legisladores deben apoyar en la difusión de contenidos verídicos para evitar la desinformación y el pánico, mientras las fiscalías avanzan con las investigaciones.
Por su parte, Carlos Arreola Mallol , señaló la gravedad de que este esquema fraudulento use el nombre del Gobierno de México y del proyecto que encabeza Morena:
“Es gravísimo, porque se lucra con la confianza que la gente tiene en el Gobierno Federal y en Morena. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de nación ni con nuestras instituciones. Se trata de personas que buscan enriquecerse estafando a ciudadanos de buena fe”, apuntó.
Remarcó que en el Gobierno de México no se venden plazas y no se cobra por acceder a espacios laborales, por lo que su bancada estará vigilante para que las autoridades actúen con celeridad, además de hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de engaños.
Ambos diputados coincidieron en que el caso de Norma Loredo es sólo un ejemplo de cómo la desinformación y el abuso de confianza pueden convertirse en delitos graves contra la ciudadanía, y exigieron que los responsables no queden impunes.
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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Cónsul de El Salvador, sin postura sobre detención de egresado de la UASLP
El diplomático Edwin Ronaldo Hurtado dijo que la oficina a su cargo se centra en trámites como pasaportes y ayuda humanitaria
Por: Redacción
El cónsul de El Salvador en San Luis Potosí, Edwin Ronaldo Hurtado, evitó pronunciarse sobre la detención de Alejandro Henríquez Flores, defensor de derechos humanos y egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a las protestas realizadas frente al consulado para exigir su liberación. Henríquez Flores fue arrestado en El Salvador el pasado 13 de mayo, en un contexto vinculado con su acompañamiento a comunidades organizadas y la defensa del territorio, como en el caso de la Cooperativa El Bosque.
Organizaciones civiles y académicos han calificado la detención como arbitraria, exigiendo su liberación inmediata. En San Luis Potosí, diversas movilizaciones han tenido lugar con el objetivo de visibilizar el caso y presionar a las autoridades salvadoreñas para garantizar el respeto a los derechos d el defensor, reconocido por su labor en procesos comunitarios y la protección de bienes comunes.
Consultado sobre el tema, el cónsul se limitó a describir las funciones del consulado, evitando hacer comentarios directos sobre la detención o las protestas. Explicó que la sede diplomática se enfoca en brindar servicios consulares como la emisión de pasaportes, registros civiles, y asistencia a salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Hurtado también informó sobre la ampliación de horarios de atención, incluyendo jornadas extraordinarias los sábados, y anunció que en agosto se llevará a cabo un consulado móvil en la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, no hizo referencia al impacto de las manifestaciones en las operaciones consulares ni al posicionamiento oficial del gobierno salvadoreño respecto al caso de Henríquez Flores.
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Reducción del desempleo y ferias laborales, prioridades de la STPS en SLP
El titular de la dependencia estatal destaca avances y anuncia más eventos de empleo en municipios del interior
Por: Redacción
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí
, Crisógono Sánchez Lara, informó que en los tres años de la actual administración estatal, ha habido cambios considerables para reducir los índices de desempleo en el estado.Reconoció que han ocurrido bajas en algunos sectores, debido a la situación de migrantes y a empresas que se vieron forzadas a cerrar por temas arancelarios. Sin embargo, consideró que, gracias a las ferias de empleo realizadas en la zona metropolitana, la necesidad de empleo ha disminuido.
“Esto que estamos haciendo es para que la gente en San Luis Potosí tenga un sustento, una seguridad, abatiendo así la pobreza que puede existir en el estado”
, explicó Sánchez Lara.Actualmente, la Secretaría planea extender las ferias del empleo al interior del estado, como ya se ha hecho en Matlapa, Ciudad Valles y próximamente en Villa de Arriaga.
Por último, hizo hincapié en que se ha trabajado también en la prevención de la discriminación laboral, particularmente hacia personas migrantes o con discapacidad, y destacó que no se han presentado quejas formales al respecto.
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