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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada 
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
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Además, Plaza del Carmen será sede de la transmisión del partido y de la Feria Municipal del Elote Mundialista
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, convocó a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, al tiempo que anunció un operativo especial de seguridad, vialidad y limpieza en los puntos donde tradicionalmente se concentran los aficionados.
El edil informó que Plaza del Carmen volverá a funcionar como sede de la transmisión pública del encuentro, donde además se realizará la Feria Municipal del Elote Mundialista, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.
Galindo explicó que las distintas áreas del Ayuntamiento ya preparan un dispositivo para atender tanto la jornada previa como los posibles festejos posteriores, principalmente sobre avenida Venustiano Carranza y la Glorieta González Bocanegra, frente al Parque de Morales.
En el operativo participarán elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil Municipal, Servicios Municipales y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.
El alcalde pidió a la población celebrar con moderación, respetar las indicaciones de las autoridades, evitar poner en riesgo a niñas, niños y personas adultas mayores, así como mantener libres las vialidades para permitir el paso de vehículos de emergencia.
“El triunfo es de México, pero la responsabilidad es de todas y todos”, expresó.
Asimismo, el Gobierno de la Capital reforzará las labores de limpieza en la zona de concentración de aficionados. El Ayuntamiento recordó que durante celebraciones anteriores fueron recolectadas hasta 17 toneladas de basura, por lo que hizo un llamado a utilizar los contenedores habilitados y contribuir al cuidado de los espacios públicos.
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Permaneció en el cargo desde junio de 2025
Por: Redacción
Joaquín García Martínez concluyó su gestión al frente de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, cargo que ocupó desde junio de 2025, luego de una instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó la administración estatal.
Durante poco más de un año al frente de los parques Tangamanga I y II, la administración destacó la ejecución de proyectos de infraestructura, mantenimiento y mejoramiento de espacios recreativos impulsados por el Gobierno del Estado.
Entre las principales acciones realizadas durante ese periodo se encuentran la consolidación del DinOasis Aqua Park, la rehabilitación del avión museo DC-3, la reforestación de más de 6 mil árboles, la gestión para rehabilitar el Centro Tenístico del Parque Tangamanga y la instalación de más de un centenar de kioscos.
Además, la dirección reportó trabajos permanentes de mantenimiento en vialidades, rescate de espacios deportivos y recreativos, fortalecimiento de la infraestructura y acciones enfocadas en la conservación ambiental.
El Gobierno del Estado sostuvo que estas intervenciones forman parte de la estrategia para fortalecer los parques como espacios de convivencia familiar, recreación y deporte.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado quién asumirá la dirección de los Parques Tangamanga.
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Cerca del 90% de las iniciativas ciudadanas fueron rechazadas, siguen pendientes o caducaron
Por: Redacción
La organización Congreso Calificado presentó su séptima evaluación trimestral de la LXIV Legislatura de San Luis Potosí, en la que volvió a reprobar el desempeño del Congreso local y advirtió un deterioro en indicadores como productividad legislativa, asistencia, atención a iniciativas ciudadanas y comunicación con la población.
En esta edición, el organismo aplicó por primera vez la sanción denominada “conducta notoriamente perniciosa” a dos diputados en un mismo periodo: Héctor Serrano Cortés (PVEM) y Tomás Zavala González (PT).
En el caso de Serrano, la organización señaló que la sanción deriva de haber impulsado la denominada “Ley Serrano”, la cual —afirma— generó alertas nacionales e internacionales por los riesgos que representa para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Respecto a Tomás Zavala, Congreso Calificado argumentó que la sanción se debió a la polémica generada por el uso de relojes de lujo valuados en cientos de miles de pesos y por las declaraciones posteriores en las que defendió públicamente su derecho a portar ese tipo de artículos.
Junto con Ma. Sara Rocha Medina (PRI), presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, ambos legisladores ocuparon los últimos lugares de la evaluación.
El informe también destaca un hecho inédito: por primera vez la evaluación considera únicamente a 26 diputados, luego de que el suplente de Carlos Arreola Mallol, Armando Navarro Tapia, rechazara asumir la diputación tras la licencia solicitada por el legislador morenista.
Para Congreso Calificado, esta situación refleja que algunos actores políticos priorizan intereses electorales sobre las responsabilidades públicas.
Entre los principales indicadores negativos, la organización señala que de 749 iniciativas presentadas, el 44 por ciento permanece pendiente de dictamen.
Asimismo, advierte que 25 de los 26 diputados evaluados
Otro de los puntos críticos es el tratamiento de las iniciativas ciudadanas. De 89 propuestas presentadas por ciudadanos, cerca del 90 por ciento fueron rechazadas, permanecen sin resolver o incluso caducaron sin ser dictaminadas.
Además:
- Trece diputados tienen iniciativas con riesgo de caducar.
- Once legisladores presentaron iniciativas sin estudio de impacto presupuestal cuando la ley lo exige.
- Veinte diputados faltaron al menos a una sesión del Pleno durante el trimestre, el mayor nivel de ausentismo registrado por la organización.
Los tres legisladores mejor calificados fueron:
- María Dolores Robles Cháirez (PVEM) — 4.39 puntos.
- Rubén Guajardo Barrera (PAN) — 4.20 puntos.
- María Leticia Vázquez Hernández (PT) — 3.61 puntos.
Mientras que los peores resultados correspondieron a:
- Ma. Sara Rocha Medina (PRI) — -6.56 puntos.
- Tomás Zavala González (PT) — -3.53 puntos.
- Héctor Serrano Cortés (PVEM) — -3.04 puntos.
Congreso Calificado también destacó que Rubén Guajardo Barrera fue el único legislador que obtuvo puntos por aprobar una nueva ley durante el trimestre, correspondiente a la Ley de Justicia Cívica.
Finalmente, la organización invitó a consultar el informe completo en su plataforma digital, donde se incluyen las calificaciones individuales, indicadores de productividad, asistencia, transparencia y desempeño legislativo.
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