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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada 
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto
Carlos Arreola, Aid Ávila, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo y Antonio Lorca buscan encabezar el proyecto del partido guinda en SLP
Por: Redacción
Cinco perfiles han formalizado sus aspiraciones para encabezar la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, figura que podría convertirse en la antesala de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027 dentro de una posible alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Entre los registros destaca el caso del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien no logró incorporarse al proceso interno del partido guinda debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, por presunto lavado de dinero, huachicolero y otros delitos, mismos por los que se tuvo que amparar para no ser detenido luego de que se supiera que pesa sobre el una orden de aprehensión. Esta circunstancia le impidió poder inscribirse por Morena y solo lo respaldó el Partido del Trabajo, que no tiene ninguna cláusula de filtro para que se registren presuntos delincuentes.
La diferencia quedó reflejada incluso en las constancias de registro difundidas por los aspirantes. Mientras el resto presentan documentos con los emblemas de Morena, PT y PVEM, la constancia de Sánchez Zumaya únicamente contiene el logotipo petista.
Fuentes partidistas señalaron que Morena ha comenzado a aplicar criterios más estrictos para la selección de perfiles, en concordancia con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos internos de verificación de antecedentes, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.
Entre quienes sí buscan la Coordinación Estatal se encuentra Aid Ávila, médico originario de la Huasteca Potosina, quien se identifica como fundador tanto del Partido Verde Ecologista como de Morena
También figura Ana Dora Cabrera Vázquez, periodista y activista con presencia en diversos espacios de participación ciudadana.
Otro de los aspirantes es Daniel Montelongo, militante con trayectoria partidista que se ha caracterizado por mantener una postura crítica hacia diversos actores de Morena y cuestionar públicamente el desempeño de funcionarios y representantes del movimiento.
Por su parte, Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, confirmó hace unas semanas su intención de participar en el proceso. Proveniente de una familia con amplia trayectoria política, durante meses posicionó el lema “Es tiempo de mujeres” antes de anunciar formalmente sus aspiraciones.
Finalmente, Antonio Lorca Valle informó que realizó su registro vía electrónica el pasado 24 de junio para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Aunque aún no se han definido los mecanismos finales de selección, el proceso comienza a perfilar a los actores que buscarán encabezar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
También lee: Morena cierra la puerta a Sánchez Zumaya; se registró por el PT
Desde 2021, el acueducto registra interrupciones recurrentes sin solución definitiva; la nueva suspensión deja sin servicio a colonias del norte, centro y oriente de la capital potosina.
Por: Redacción
Los tanques de almacenamiento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) dejaron de recibir agua proveniente del acueducto “El Realito” la mañana de este viernes, en lo que sería la interrupción número 72 del sistema desde 2021; 27 colonias de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí quedaron sin servicio.
Para reducir el impacto, Interapas activó su protocolo de atención a contingencias, el mismo que aplica en cada suspensión del acueducto: distribuirá agua mediante pipas en las colonias afectadas y pondrá en operación pozos de reserva para amortiguar la falta del líquido.
La suspensión no estuvo acompañada de ningún comunicado oficial por parte de los operadores del sistema “El Realito”, lo que dejó a los usuarios sin información sobre las causas o la duración del corte. Fue Interapas quien activó la contingencia de manera unilateral ante la ausencia de flujo en sus tanques de almacenamiento.
El corte afecta a las colonias Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, Del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.
“El Realito” es el principal acueducto que abastece a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Desde 2021, el sistema ha acumulado múltiples interrupciones derivadas de fallas en su operación, con una frecuencia que no ha disminuido a lo largo de los años. Con la suspensión de este viernes, el acueducto sumaría 72 fallas en cinco años, incrementando también el número de días totales en que la metrópoli ha dependido de pipas y pozos de emergencia para abastecerse.
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El empresario no pudo inscribirse como aspirante a Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos
Por: Redacción
Gerardo Sánchez Zumaya no logró registrarse como aspirante a Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación por Morena debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, confirmaron a este medio fuentes del más alto nivel del partido.
Aunque el empresario sugirió públicamente que había participado en el proceso interno del partido guinda, en realidad su registro no prosperó dentro de Morena.
Lo que sí ocurrió fue su inscripción ante el Partido del Trabajo (PT) como posible aspirante a una candidatura rumbo al próximo proceso electoral.
Sin embargo, los estatutos y mecanismos internos de Morena, alineados con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para depurar candidaturas, representan un obstáculo para la participación de perfiles que enfrentan investigaciones o señalamientos de relevancia pública.
La propuesta presidencial contempla la creación de una Comisión de Verificación encargada de revisar antecedentes penales, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.
Fuentes consultadas señalaron que las investigaciones y expedientes federales relacionados con Sánchez Zumaya fueron determinantes para impedir su incorporación al proceso interno de Morena.
El tema tomó relevancia después de la entrevista que el empresario concedió al periodista Francisco Zea, donde evitó precisar que su registro se realizó a través del PT y dejó abierta la interpretación de que participaba dentro del proceso de Morena.
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