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10 potosinas fueron investigadas y juzgadas por abortar en el último año
Legalizar la interrupción del embarazo es uno de los temas más polémicos que enfrenta el Congreso del Estado
Por: El Saxofón
En 2018, al menos 27 potosinas viajaron a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que las leyes locales le niegan a las mujeres en el estado y que el marco legal de la capital del país garantiza en sus clínicas públicas y privadas.
En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 10 carpetas de investigación contra igual número de mujeres por el delito de aborto, ya que en San Luis Potosí las leyes protegen la vida “desde la concepción” y consideran la interrupción del embarazo un delito que debe ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel.
De abril de 2007 al 19 de diciembre de 2018, 167 potosinas han viajado a la capital del país para interrumpir un embarazo sin arriesgar su integridad y, además, sin violentar la ley, según la Información sobre pacientes atendidos en servicios de ILE en la Ciudad de México, que publica el gobierno de la capital del país.
Quienes defienden la ILE como un derecho, basan sus argumentos en el hecho de que las personas, en este caso las mujeres son dueñas de su propio cuerpo, y nadie puede decidir qué hacer con éste.
También se basan en la libertad de decidir formar o no, una familia y este aspecto también es una decisión personal, que tiene implicaciones en el cambio de rumbo de los planes a futuro.
Es un hecho que un embarazo no deseado frena las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres.
Quienes están en contra, normalmente sostienen sus opiniones en prejuicios y consideraciones de carácter religioso.
En San Luis Potosí, pese a que la Legislatura local cuenta con 13 mujeres diputadas entre sus integrantes, quienes presumen impulsar una agenda de género, este tema no ha sido abordado, bajo la consideración de que la sociedad potosina es “muy conservadora”, y “no está preparada” para debatir un tema como el aborto legal.
Mientras la ley sigue penalizando a las mujeres que deciden abortar, hay casos en los que incluso las autoridades les han negado el derecho de interrumpir el embarazo a mujeres que reunían los requisitos que contempla la ley local para poder recurrir a esa opción
CASOS SENSIBLES
En noviembre de 2018, la CNDH dirigió la Recomendación 49/2018 al IMSS por dos médicos de la Clínica 1 en San Luis Potosí que violentaron los derechos a la protección a la salud, a la seguridad jurídica y al interés superior de una niña con discapacidad intelectual, y al Fiscal General de esa entidad federativa, Federico Arturo Garza Herrera, por falta de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a un Agente del Ministerio Público local.
La madre de la adolescente de 15 años de edad denunció ante la Fiscalía Estatal que su hija fue agredida sexualmente y quedó embarazada, por lo que solicitó al Agente del Ministerio Público decretar la interrupción del embarazo, sin obtener respuesta; la misma petición la realizó en la Clínica 1 del IMSS, donde se le negó el servicio; le dijeron que estaban imposibilitados jurídica y normativamente.
La CNDH acreditó que el primer médico no evaluó los factores de riesgo que concurrían en la niña y representaban una situación de compromiso para su estado de salud, dejándola en estado de vulnerabilidad; un segundo médico determinó indebidamente no invocar la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, que resultaban favorables a los intereses de la agraviada , en tanto un Agente del Ministerio Público omitió dar seguimiento a una solicitud que dirigió a la Secretaría de Salud respecto de un informe en el que se estableciera el riesgo que tendría la víctima de practicarle la cirugía.
Constató que el Agente del Ministerio Público también es responsable de la demora en realizar actuaciones procesales; de los 16 meses que lleva en trámite la Carpeta de Investigación, en 13 hay inactividad ministerial; también concurre responsabilidad institucional por la Fiscalía Estatal que repercutió en que la víctima no tuviera acceso a una justicia pronta y expedita, ya que la Unidad de Atención a la Mujer a su cargo no cuenta con personal suficiente e idóneo para atender con la debida diligencia las Carpetas de Investigación.
Este es un caso más en el que la vida de una mujer se ve trastocada por una decisión que otros tomaron por ella.
ABORTO FINANCIERO
Pero si las mujeres tienen el derecho a abortar, ¿pueden los hombres también tener el derecho de deslindarse de cualquier responsabilidad en la concepción de un hijo en un embarazo no deseado?
El derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres ha abierto la discusión acerca de otro tema, el llamado aborto financiero que no es otra cosa sino “el derecho (de los hombres) de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo”.
El portal www.nuevamujer.com narra:
“En 2004 Matt Dubay y Lauren Wells se enfrentaron a la noticia de un embarazo no planeado, ambos habían mantenido una breve relación y se encontraban separados en ese momento, Lauren decidió continuar el embarazo, pero Matt no tenía deseos de convertirse en padre, por lo que se rehusó a mantener una relación con su hijo así como a pagar manutención argumentando que él también debería tener derecho a decidir si quería ser padre o no, esto resultó en uno de los casos legales más controversiales hasta la fecha sobre los derechos reproductivos de los hombres”.
“La defensa de Dubay argumentó que en el caso de un embarazo no planeado, los hombres deberían tener derechos equivalentes a los de las mujeres, quienes pueden decidir no convertirse en madres a través de un aborto. En este supuesto, los hombres tendrían el derecho de declinar sus responsabilidades legales sobre el hijo, es decir, no estarían obligados a tener una relación con él ni a mantenerlo, esto fue referido por Frances Goldscheider de la Universidad de Brown como aborto financiero”.
En una entrevista, Dubay declaró:
“No creo que sea justo obligarme a ser padre financieramente, mentalmente y físicamente.”
Desde luego, discutir esta posibilidad en los derechos reproductivos de los hombres no será posible en tanto no se garantice a las mujeres el derecho de interrumpir un embarazo sin ser sujetos de delito.
Queda por ver si se cumplirá la promesa del actual gobierno federal de impulsar la legalización del aborto en todo el país.
+SOLO
“Lo que me parece muy grave es que mujeres estén siendo procesadas en estas circunstancias, (…) lo que no puede ser es que se castigue a unos y a los que de verdad cometen delitos brutales sigan en la calle”.
—Claudia Corichi García, exdiputada federal.
También lea: Presidenta del DIF en SLP, a favor de la despenalización del aborto
Destacadas
Sin mencionar a Rocha Moya la presidenta asegura que el poder sin limites es abuso
En una publicación de redes sociales plantea que el pueblo no esta para ambiciones personales
Por: Roberto Mendoza
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje en sus canales oficiales donde advirtió sobre las consecuencias éticas e históricas en el ejercicio de la administración pública. Mediante un texto, la titular del Ejecutivo federal fijó una postura: “Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.
La declaración se difunde un día después de que Rubén Rocha Moya retomara la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia, un movimiento que derivó en comunicados de rechazo por parte de la Secretaría de Gobernación y los mandatarios estatales de Morena, quienes calificaron el hecho como una determinación estrictamente personal. Sin nombrar al político sinaloense, el texto presidencial aborda la responsabilidad de los funcionarios, subrayando que “El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”.
Todo parece indicar que hay una especie de cerco político en torno al gobierno de Sinaloa mientras se mantienen abiertas las investigaciones de las autoridades estadounidenses por presunta conspiración y nexos con el crimen organizado. Frente a esta posible ruptura institucional entre el ámbito estatal y la federación, el posicionamiento de Sheinbaum concluye como directriz al sentenciar: “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”.
Ciudad
RedMetro se ampliará a 25 municipios
También entrará en operación la ruta Rioverde-Ciudad Fernández, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez se habilitará una nueva línea
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la ampliación de RedMetro con nuevas rutas que permitirán conectar gratuitamente a más de 25 municipios de las zonas Centro, Media y Huasteca. Algunas comenzarán operaciones a partir de septiembre, ampliando la cobertura del sistema de transporte público gratuito para miles de potosinas y potosinos.
Entre las nuevas conexiones destacan Ciudad Valles-Tamazunchale, Ciudad Valles-Rioverde y, posteriormente, Rioverde-San Luis Potosí, con lo que será posible enlazar la Huasteca con la zona Centro. Además, Ciudad Valles contará con una nueva línea urbana que recorrerá distintas colonias, con unidades modernas, cómodas y equipadas con aire acondicionado.
También entrará en operación la ruta Rioverde-Ciudad Fernández, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez
se habilitará una nueva línea desde Palma de la Cruz, que pasará por el aeropuerto, diversas colonias y la cabecera municipal hasta llegar a la Alameda de la capital, donde tendrá conexión con las rutas hacia la zona industrial.Ricardo Gallardo destacó que el nuevo esquema permitirá realizar trayectos regionales que actualmente no cuentan con conexión directa y sin pagar pasaje. “Todo esto es parte de RedMetro, transporte 100 por ciento gratuito”, afirmó al señalar que las nuevas rutas permitirán trasladarse desde San Luis Potosí hacia Rioverde, continuar a Ciudad Valles y llegar hasta Tamazunchale mediante un sistema integrado de movilidad.
Destacadas
“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro
Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista
Por: Ana G Silva
“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.
“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.
Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal, Jesús “Chuy” Nava Loredo.
La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.
Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.
Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.
Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.
Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.
Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.
Una denuncia desde 2023
El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.
Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.
Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.
La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.
También afirma que fue amenazada de muerte.
“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.
Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.
El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.
Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.
El antecedente de la detención de julio
La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.
En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.
Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.
De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.
A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.
El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.
Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.
Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.
El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.
Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.
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