octubre 16, 2026

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Xavier Nava prepara otro intento por quedarse con Tierra Blanca

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El Implan ya está elaborando planes de desarrollo urbano en San Juan de Guadalupe; parte de la intención es convertirla en delegación municipal, dice abogado de comuneros

Por Redacción

La Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí aceptó, de acuerdo con un documento en poder de La Orquesta, que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) está revisando y elaborando planes parciales de Desarrollo Urbano para las delegaciones de La Pila, Villa de Pozos y Bocas; además de la Zona Norte, el Centro Histórico de la capital y la comunidad de San Juan de Guadalupe.

La revisión y elaboración de dichos planes dan seguimiento al oficio S/386/2013 de la Secretaría General del Ayuntamiento, con fecha del 6 de marzo de 2013, durante el gobierno de Mario García Valdez. En los documentos firmados por la directora de Catastro municipal, Patricia Rodríguez Álvarez, el pasado 14 de enero, se menciona a la Comunidad de San Juan de Guadalupe como Delegación de San Juan de Guadalupe, pese a que esa zona de la capital no tiene el rango de delegación.

El mismo documento del 6 de marzo de 2013 había sido utilizado por la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, ambas propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra y Carlos “El Chato” López, como falsa justificación de un cambio de uso de suelo para la comunidad de Tierra Blanca, en una solicitud de opinión que se había pedido a la Procuraduría Agraria, para que permitiera la cesión de terrenos comunales en favor de esas empresas, con lo que podrían iniciar la construcción de proyecto llamado Desarrollo Inmobiliario Las Cañadas.

Los empresarios inmobiliarios entregaron como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero no se autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito. “La sacaron del escombro del Plan de Desarrollo de Mario García Valdez”, según había explicado el abogado Carlos Covarrubias Rendón, defensor de los comuneros de Tierra Blanca, anexa a la comunidad de San Juan de Guadalupe.

Este regreso a los planes de Desarrollo Urbano de la administración 2012-2015, firmada por la directora de Catastro municipal del gobierno de Xavier Nava, Patricia Rodríguez Álvarez, busca de nueva cuenta revalorar desde el Ayuntamiento los terrenos de Tierra Blanca, mediante lo que Covarrubias Rendón y sus defendidos han llamado “una guerra de baja intensidad”.

El plan nuevo, según explicó el abogado, busca cimentar el cambio a Delegación para la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, “Los ayuntamientos de los municipios de la Entidad podrán solicitar al Congreso del Estado, la creación de delegaciones municipales dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales debiendo cumplir los siguientes requisitos”:

Presentar la solicitud exponiendo los motivos para la creación de la Delegación de que se trate; señalar el nombre de la Delegación que se pretende crear y acompañar la documentación necesaria para determinar la delimitación territorial de la misma; acompañar el Acta de Cabildo en la que se haya aprobado solicitar al Congreso del Estado la
creación de la Delegación Municipal respectiva; acreditar que la circunscripción territorial de la Delegación que se pretende crear, cuenta por lo menos con cinco mil habitantes, y acreditar que en la Delegación que se pretende crear, se cuenta por lo menos con servicios médicos y de policía; edificios adecuados para las oficinas delegacionales; mercado, cárcel y panteón; así como escuelas de enseñanza preescolar y de educación básica.

“Una vez verificado por el Congreso del Estado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior, decretará en su caso, la creación de la Delegación Municipal correspondiente, estableciendo el nombre y delimitación territorial de la misma”, dice el artículo 54 de la Ley del Municipio Libre.

Covarrubias Rendón considera que la búsqueda de convertir a San Juan de Guadalupe en delegación municipal tiene como fin el facilitar el cambio de uso de suelo en la comunidad de Tierra Blanca, lo que favorecería a los desarrolladores inmobiliarios para poder comprar terrenos en esa zona de la ciudad para construir un millonario proyecto Las Cañadas, para el que han obtenido favores de la actual administración municipal en el poco tiempo que lleva en el cargo.

Proyecto llamado Desarrollo Inmobiliario Las Cañadas

YA EXISTE EL PROYECTO

El millonario desarrollo inmobiliario que se plantea en las comunidades de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, conocido como Las Cañadas, ya tiene un proyecto de conformación y un mapa de zonificación

, según consta en un documento que posee este medio.

Según dicho proyecto, Las Cañadas contará con áreas privadas para casa habitación unifamiliares; para departamentos habitacionales; para comercio y servicios; áreas recreativas y parques públicos; clubes deportivos; universidades y escuelas; andadores peatonales; arroyos, estanques y cascadas; áreas verdes y arboladas; jardín botánico de conservación de flora y fauna regional; espacios para donación municipal; vialidades y estacionamientos en zonas comerciales.

En total, Las Cañadas se compone de 20 millones 688 mil 596 metros cuadrados, que serían repartidos de la siguiente manera: 5 millones 5 mil 105 metros cuadrados, el 24.29 por ciento del total, serían para lotes habitacionales y 4 millones 464 mil metros cuadrados, el 22.46 por ciento del terreno, sería destinado al área de reserva.

Para calles habría 4 millones 134 mil 447 metros cuadrados, el 19.98 por ciento de los terrenos, serían para calles y 3 millones 746 mil 88 metros cuadrados, que representan el 18.11 por ciento, que se utilizarían en áreas verdes.

Las áreas de donación municipal serían en total un millón 200 mil 669 metros cuadrados, que representan un 5.8 por ciento del total del terreno de Las Cañadas y 868 mil 565 metros cuadrados, el 4.2 por ciento del terreno, serían donados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

425 mil metros cuadrados serán para comercio, es decir, el 2.05 por ciento del total del territorio; 257 mil metros cuadrados se dedicarían a zona parcelada y 255 mil a escuelas, cada uno representando el 1.24 por ciento del terreno total y 127 mil metros cuadrados para clubes deportivos, 0.61 por ciento del total.  

ENTONADO

AYUNTAMIENTO YA HABÍA AYUDADO

El pasado 10 de enero, el abogado Carlos Covarrubias Rendón acusó en rueda de prensa que las obras realizadas por la administración de Xavier Nava Palacios en la zona de Tierra Blanca solo buscaban llevar a la modificación del uso de suelo en ese sector de la ciudad, en beneficio de los constructores Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.
En total, del paquete de 82 obras públicas declaradas por el gobierno de Nava Palacios, que se iniciaron entre octubre y diciembre del año pasado, 29 fueron en Tierra Blanca. Covarrubias Rendón dijo que “Xavier Nava hace obras de relumbrón para cambiar el uso de suelo. Le decimos claramente que nos decepciona”.

Esas 29 obras representan más de la tercera parte del total de los proyectos que inició el Ayuntamiento en todo el municipio. Para obras en la zona de Tierra Blanca, que corresponde a la comunidad de San Juan de Guadalupe, la administración que encabeza Xavier Nava Palacios ha invertido 13 millones 397 mil 69 pesos con 60 centavos.

Covarrubias Rendón señala que las obras son necesarias para la comunidad de Tierra Blanca desde hace varias administraciones, pero que “es muy raro que de pronto se van a hacer en el contexto del intento de aportación de tierras a inmobiliarias que pretende el desarrollador Carlos López Medina”. Incluso, considera sospechoso que se trate de proyectos de infraestructura hidráulica, “que no vayan a ser para conectar redes de drenaje con las áreas residenciales que pretende el ‘Chato’ López”.

En respuesta a las obras del Ayuntamiento, Xavier Nava Palacios obtendría de Alejandro Tamayo Ibarra y Carlos “El Chato” López Medina favores políticos: “Nava espera ser gobernador en 2021, en su entorno hay desarrolladores de vivienda, que de alguna u otra manera significaron la suma de recursos para su triunfo electoral del 1 de julio pasado. Los desarrolladores de pusieron dinero en el cochinito de la campaña de Xavier Nava, quien ahora funge como facilitador para esas empresas”, dijo Covarrubias Rendón en entrevista para La Orquesta.

Ayer, Nava Palacios realizó un evento de “Informe de 100 días de gobierno”, en la Capilla de la Santísima Trinidad, en la comunidad de Tierra Blanca.  

 

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Galindo: Interapas tiene crisis financiera y el Estado le debe casi 300 mdp

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El alcalde dijo que quiere explicar a los diputados por qué hay crisis financiera en el organismo y dónde está la responsabilidad

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, pidió que el Congreso del Estado lo invite a hablar del agua para explicar por qué el organismo atraviesa una crisis financiera y quién tiene la responsabilidad.

«Ojalá pronto el Congreso me invite. Es más, este es un buen motivo para que me inviten y platicar del agua», dijo. Recordó que hace dos años acudió a hablar de la tarifa y que ahora le gustaría «revelar» por qué «parece que hay crisis [del agua] cuando creo que no la hay», y dónde está la responsabilidad. «Y de una vez definir exactamente la tarifa», añadió.

En agosto, Galindo admitió que la situación financiera limita la rehabilitación de los más de 170 pozos del organismo, todos con necesidad de mantenimiento mayor, de los cuales más de 70 ya recibieron reparación integral. Dijo entonces que los recursos federales del año pasado y de este no llegaron y que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado seguía pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones.

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Interapas descarta aumento a tarifas de agua en 2027

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Arturo Jaimes aclaró que la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas 2027 mantiene las tarifas vigentes

Por: Redacción

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) informó que para 2027 se mantendrán las mismas tarifas que en 2025 y 2026, y negó que la propuesta de Ley de Cuotas y Tarifas contemple un aumento de 8%.

Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de la dirección general, aclaró que no existe ninguna propuesta para aumentar los costos del agua en la Zona Metropolitana y que, al contrario, se ofreció un paquete de estímulos para evitar una nueva carga para la economía de los usuarios.

Explicó que la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2027 no propone un nuevo incremento, sino que mantiene la actualización autorizada por el Congreso del Estado

en 2025 y 2026.

Además de mantener las tarifas vigentes, la iniciativa incorpora por primera vez un capítulo con seis estímulos para distintos sectores. Entre ellos están la exención de 100% del pago del agua para planteles públicos de educación básica a partir del 1 de enero de 2027; ajustes en el cobro para viviendas afectadas por fallas de El Realito, y la propuesta del Gobierno del Estado para subsidiar el servicio a las personas adultas mayores.

El paquete también contempla contratación del servicio doméstico sin costo durante todo el año, reducción de tarifas para pequeños comerciantes y estímulos fiscales para nuevos desarrollos habitacionales.

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Interapas propone al Congreso siete estímulos fiscales para 2027

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La propuesta de la Junta de Gobierno llega al Congreso para la Ley de Ingresos 2027 y busca regularizar tomas clandestinas

Por: Haniel Valdés

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), informó que el organismo propondrá al Congreso del Estado siete estímulos fiscales para 2027: cuatro planteados por él y tres por la dirección de Interapas.

El primero elimina de manera definitiva el cobro por contratar el servicio doméstico, que hoy cuesta entre 16 mil y 18 mil pesos. Galindo explicó que el esquema funcionó seis meses el año pasado y ayudó a regularizar a usuarios con tomas clandestinas. «Yo prefiero tener un cliente seguro que un ingreso extraordinario por el contrato», dijo.

Para pequeños comercios, la propuesta crea un rango intermedio: los de hasta 60 metros cuadrados pagarían 9 mil pesos por contratar, los de entre 60 y 90 tendrían una tarifa nueva y a partir de 90 metros cuadrados seguiría la tarifa vigente.

Otro estímulo compensará a los usuarios por los días sin agua cuando falla El Realito. Galindo dijo que de 2021 a 2026 se han registrado 76 fallas, que suman 295 días sin servicio. El ajuste se calculará según los días sin agua. Por propuesta del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, también aplicará en pozos cuando la reparación supere cinco días

; Galindo citó el caso de Jacarandas 2, que tardó entre 60 y 70 días.

Las escuelas públicas de educación básica (kínder, primarias y secundarias) tendrían un estímulo de 100% en 2027. Galindo calculó unas dos mil escuelas en los cuatro municipios y explicó que directores y padres de familia deberán solicitarlo y conocer la deuda del plantel.

Los tres estímulos de la dirección de Interapas son: 100% para adultos mayores de 60 años; cobrar la tarifa doméstica solo por los metros cuadrados de la vivienda, sin contar estacionamientos; y descuentos con tabla para vivienda de interés social, no solo la del programa federal Bienestar.

El de adultos mayores retoma la propuesta que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha planteado públicamente. Galindo dijo que no la ven mal, sino bien, pero que debe acomodarse desde la Junta de Gobierno. Interapas tiene contabilizadas 35 mil cuentas en ese universo, que hoy cuentan con un descuento de 50%.

Eso representa unos siete millones de pesos bimestrales, cerca de 45 millones al año. Galindo explicó que es un subsidio, no solo un estímulo, y que la iniciativa del gobernador deberá definir el mecanismo.

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