La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero

Por: Roberto Mendoza

Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.

El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.

La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?

“.

La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.

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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral

Por: Roberto Mendoza

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.

La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.

También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión

para homologar criterios y exámenes de conocimiento. El Instituto Nacional Electoral (INE) quedará encargado de reorganizar el marco geográfico electoral y operar la distribución territorial de candidaturas.

El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.

El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.

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Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura

Por: Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.

Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR)

, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo​, con base en ello los partidos políticos son responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.​

Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.

Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.

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