La abogada Rosa María Balvanera informó que la AFAC incorporó la restricción tras las gestiones de habitantes de Unión de Guadalupe

Por: Redacción

El Sótano de las Golondrinas, en el municipio de Aquismón, habría sido incorporado a una zona de restricción aeronáutica, resultado de las gestiones de habitantes del barrio tének de Unión de Guadalupe para proteger el sitio del sobrevuelo de aeronaves.

La abogada Rosa María Balvanera, representante legal del barrio, informó a El Sol de San Luis que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incorporó la restricción en la cartografía aeronáutica oficial, lo que permitiría a los pilotos identificar las condiciones aplicables a los vuelos en las inmediaciones.

Balvanera consideró que la medida es un avance para la comunidad, que durante años manifestó su preocupación por el paso de helicópteros a baja altura y sus efectos sobre la fauna que habita en la cavidad. A su juicio, la restricción es resultado de la organización comunitaria y una medida preventiva para reducir afectaciones al entorno.

El antecedente es el sobrevuelo de helicópteros del 6 de mayo de 2024, que generó denuncias por la muerte de aves y por las condiciones en que se realizó la actividad. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

abrió una investigación. Los habitantes señalaron entonces que el ruido y la cercanía de las aeronaves ponían en riesgo a las especies que anidan en el lugar.

En abril de 2026, el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar a la AFAC una zona de exclusión aérea permanente sobre el monumento natural.

El Sótano de las Golondrinas es refugio de poblaciones de aves y uno de los principales atractivos turísticos de la Huasteca potosina. Para la comunidad tének tiene además un significado cultural, y sus habitantes han expresado la necesidad de participar en las decisiones que afecten el entorno.

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Solo hay excepciones por emergencia, salud o actividades que programe el maestro

Por: Redacción

Desde este martes 3 de noviembre, los alumnos de primaria y secundaria de San Luis Potosí ya no pueden usar el celular para fines personales durante la jornada escolar, ni en el salón ni en el recreo. La restricción aplica en escuelas públicas y privadas de educación básica, informó el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

La medida no prohíbe que los estudiantes lleven el teléfono a la escuela, sino su uso. Hay tres excepciones: situaciones de emergencia, necesidades de salud y actividades pedagógicas que el personal docente haya determinado previamente.

El recreo es lo nuevo. Hasta ahora, la restricción se había explicado como una medida para el salón de clases, en los términos del dictamen que aprobó en septiembre la Comisión de Educación del Congreso del Estado. En octubre, Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), confirmó que dentro del au la la prohibición alcanza también a los maestros.

En educación media superior no habrá una regla única: cada institución fijará sus propios acuerdos y criterios para el uso de estos dispositivos.

La disposición viene de una reforma a la Ley de Educación del Estado

, promovida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y aprobada por el Congreso del Estado. La reforma restringe el uso personal y no pedagógico de celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar. Entra en vigor el mismo día que el acuerdo federal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Gallardo Cardona señaló que el objetivo no es impedir que niñas, niños y adolescentes usen la tecnología. Según dijo, se trata de poner límites para que el celular no afecte la concentración, la convivencia ni el bienestar emocional de los estudiantes.

La SEGE y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) se encargan de explicar la medida a directivos, docentes y familias de las cuatro regiones del estado y de dar seguimiento a su aplicación, de acuerdo con el Gobierno del Estado.

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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna

Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)

Por: Ana G Silva

Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.

Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.

Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.

Más caro por solicitud en otros estados

La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.

En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.

Lo que el censo no mide

El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.

A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.

Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.

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