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Van tras ex funcionarios de Toranzo y Carreras por metrobús de SLP
Se pagaron 180 millones de pesos para la construcción, pero solo se avanzó un 25%
Por: Karina González
Este lunes, Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, presentó una denuncia contra los exfuncionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado, cuando se calcula que el monto real que se destinó a este proyecto no llega a los 40 millones.
Leonel Serrato detalló que fue difícil conformar la denuncia, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.
El 10 de septiembre de 2021 se hizo un último pago para concluir la obra, cuando en realidad, dijo Serrato Sánchez, no existe un carril confinado, ni paradas o parabuses; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.
La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.
Banobras tiene comprometida una línea de crédito 266 millones de pesos para la segunda línea de la Red Metro y lamentablemente el estado no va a poder acceder a ella si no se concluye la primera, misma que repitió, está pagada en su totalidad, pero no está construida ni siquiera en un 25 por ciento.
Además, los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años, en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.
“Son varios responsables de diversas dependencias de gobierno de Toranzo y Carreras, pero van desde los exgobernadores hasta secretarios de desarrollo, los y las directoras de la junta estatal de caminos, la secretaría de finanzas y además constructores particulares, son alrededor de 60 personas coludidas en el saqueo”, dijo el secretario.
Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios, dejando entrever la posibilidad de que las investigaciones toquen al actual secretario general de la capital potosina, Fernando Chávez Méndez, quien concluyó el periodo de Juan Manuel Carreras frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Hay quienes tienen cargos en administraciones municipales. El delito de corrupción no alcanza fianza y al suceder la acusación deberán separarse de sus cargos”, dijo.
Sobre la actual infraestructura de la Red Metro, el titular de SCT señaló que pidieron al Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras una certificación para que el gobierno pueda tener intervención en el proyecto pese a las investigaciones, para poder utilizarla, sin embargo, adelantó que esto requerirá de mucha documentación del actual estado de la red.
Por otra parte, Leonel Serrato anunció que se trabaja en la presentación de otras tres denuncias, una por disposición indebida de recursos en materia de telecomunicaciones, ya que las antenas no están en poder de gobierno sino en manos de un particular concesionadas.
Otra por uso indebido de insumos durante la pandemia, que aunque mencionó que no representa una gran saqueo económico, requiere ser señalada porque se robaron el dinero de cubrebocas, gel y dispensadores. Y la última denuncia se debe al uso indebido de trajeras de prepago en la pandemia, porque se solicitaron 15 millones de pesos para programas de ayuda que no se entregaron ni a estudiantes, ni a amas de casa a nadie y no se tiene registro de todas las tarjetas, sino únicamente de un gasto de 800 registros.
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¡Viejo mañoso! Denuncian caso de acoso en Ciudad Satélite
Una mujer fue abordada por un sujeto que realizó tocamientos sin su consentimiento, para darse a la fuga; exigen justicia por la jóven, castigo al agresor y vigilancia en la zona
Por: Redacción
Un sujeto fue captado en video tras abordar a una mujer que caminaba por las calles de Ciudad Satélite, al oriente de la capital potosina.
En el video captado por cámaras de vigilancia de vecinos en la zona, se aprecia como el masculino, vestido de sudadera negra, se acerca apresuradamente a la joven, la abalanza contra la fachada de uno de los domicilios y tras un breve forcejeo, alcanza a realizarle tocamientos indebidos, para posteriormente darse a la fuga . Todo en menos de diez segundos.
Vecinos de la zona y usuarios de redes sociales condenaron el acto y exigen castigo para el presunto acosador, además de que se brinden garantías de seguridad por parte de las corporaciones públicas en ese sector de la ciudad.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ni las corporaciones policiacas municipales o estatales se han pronunciado al respecto de este acontecimiento.
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Niegan voto a presos preventivos en elección de jueces y magistrados
Organizaciones civiles argumentaron violación a derechos humanos y a la reforma constitucional de 2024
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impedirá que las personas en prisión preventiva puedan votar en la elección judicial de este año, al respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar inviable su participación.
De acuerdo con Pulso, la organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio para defender los derechos político-electorales de este sector, impugnando el acuerdo INE/CG64/2025, emitido por el Consejo General del INE, que descartó la implementación del voto para personas en prisión preventiva en dicho proceso elector al.
En su demanda, las organizaciones argumentaron que negar este derecho viola el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que las personas en prisión preventiva habían ejercido previamente su derecho al voto en otros comicios. Además, subrayaron que la medida contradice la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que garantiza a la ciudadanía la facultad de elegir directamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Destacaron que impedirles votar en esta elección es particularmente grave, dado que la designación de autoridades judiciales tiene un impacto directo sobre las posibilidades de estas personas de recuperar su libertad. También cuestionaron que el INE justifique la exclusión alegando limitaciones técnicas o financieras, cuando está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho al sufragio sin distinciones.
Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF desestimó los argumentos presentados y declaró infundada la impugnación. El Tribunal reconoció que el INE acepta el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero consideró legítima la decisión de postergar su implementación, al señalar que debe ser gradual y acorde a las capacidades operativas y presupuestales del Instituto.
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Ceepac prevé pedir más recursos para cerrar elección judicial
El recurso se necesita para cumplir con el convenio financiero firmado con el INE
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí indicó enfrenta un panorama económico complicado para cubrir todos los compromisos relacionados con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial.
Aunque el organismo ya ha recibido una parte de los 110 millones de pesos asignados para este proceso, aún no cuenta con el total de los recursos y, en particular, prevé dificultades para cumplir con obligaciones posteriores a la jornada electoral.
Uno de los compromisos más relevantes es el anexo financiero del Convenio Técnico de Colaboración firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE), por un monto de 21 millones de pesos. Este convenio ha permitido al Ceepac solventar diversos gastos relacionados con la elección, gracias a un recurso adelantado por el órgano federal. Sin embargo, ante la falta de liquidez suficiente para cubrir este compromiso y otros pendientes presupuestales, el organismo analiza solicitar formalmente una ampliación presupuestal al Gobierno del Estado.
Paloma Blanco López, consejera presidenta del Ceepac, reconoció que hasta el momento no se ha presentado oficialmente la solicitud de ampliación presupuestal, pero confirmó que se mantiene una comunicación constante con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Ambas dependencias han sido informadas de las necesidades económicas del consejo, con el objetivo de asegurar que el proceso electoral judicial se realice en condiciones óptimas y conforme a derecho.
Asimismo, Blanco López señaló que recientemente el Ceepac aprobó una segunda adecuación presupuestal para ajustar el uso de los recursos disponibles. No obstante, admitió que aún hay rubros sin financiamiento suficiente, entre ellos el convenio con el INE, lo que pone en evidencia la necesidad de apoyo adicional para cerrar adecuadamente el proceso electoral.
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