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Van tras ex funcionarios de Toranzo y Carreras por metrobús de SLP
Se pagaron 180 millones de pesos para la construcción, pero solo se avanzó un 25%
Por: Karina González
Este lunes, Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, presentó una denuncia contra los exfuncionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado, cuando se calcula que el monto real que se destinó a este proyecto no llega a los 40 millones.
Leonel Serrato detalló que fue difícil conformar la denuncia, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.
El 10 de septiembre de 2021 se hizo un último pago para concluir la obra, cuando en realidad, dijo Serrato Sánchez, no existe un carril confinado, ni paradas o parabuses; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.
La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.
Banobras tiene comprometida una línea de crédito 266 millones de pesos para la segunda línea de la Red Metro y lamentablemente el estado no va a poder acceder a ella si no se concluye la primera, misma que repitió, está pagada en su totalidad, pero no está construida ni siquiera en un 25 por ciento.
Además, los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años, en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.
“Son varios responsables de diversas dependencias de gobierno de Toranzo y Carreras, pero van desde los exgobernadores hasta secretarios de desarrollo, los y las directoras de la junta estatal de caminos, la secretaría de finanzas y además constructores particulares, son alrededor de 60 personas coludidas en el saqueo”, dijo el secretario.
Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios, dejando entrever la posibilidad de que las investigaciones toquen al actual secretario general de la capital potosina, Fernando Chávez Méndez, quien concluyó el periodo de Juan Manuel Carreras frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Hay quienes tienen cargos en administraciones municipales. El delito de corrupción no alcanza fianza y al suceder la acusación deberán separarse de sus cargos”, dijo.
Sobre la actual infraestructura de la Red Metro, el titular de SCT señaló que pidieron al Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras una certificación para que el gobierno pueda tener intervención en el proyecto pese a las investigaciones, para poder utilizarla, sin embargo, adelantó que esto requerirá de mucha documentación del actual estado de la red.
Por otra parte, Leonel Serrato anunció que se trabaja en la presentación de otras tres denuncias, una por disposición indebida de recursos en materia de telecomunicaciones, ya que las antenas no están en poder de gobierno sino en manos de un particular concesionadas.
Otra por uso indebido de insumos durante la pandemia, que aunque mencionó que no representa una gran saqueo económico, requiere ser señalada porque se robaron el dinero de cubrebocas, gel y dispensadores. Y la última denuncia se debe al uso indebido de trajeras de prepago en la pandemia, porque se solicitaron 15 millones de pesos para programas de ayuda que no se entregaron ni a estudiantes, ni a amas de casa a nadie y no se tiene registro de todas las tarjetas, sino únicamente de un gasto de 800 registros.
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La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes
La senadora Ruth González Silva viajó este martes a Washington D.C., junto con una comitiva plural del Senado mexicano, con el objetivo de expresar ante congresistas estadounidenses la postura de México frente a la propuesta de gravar con un impuesto del 5% los envíos de remesas.
Dicho impuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectaría gravemente a la comunidad mexicana en el exterior y a millones de familias de México que dependen de esos recursos.
González Silva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que “la defensa de las remesas es la defensa de nuestras familias. Este tipo de medidas castigan a quienes, con esfuerzo y sacrificio, continúan sosteniendo a sus comunidades desde el extranjero. No se trata solo de números: se trata de niñas y niños que estudian, de adultos mayores que sobreviven con dignidad”.
De las personas que reciben estos recursos, el 62% son mujeres y más de un tercio vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, por lo que el gravamen tendría un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.
La senadora advirtió que aplicar este impuesto, además de representar una doble tributación, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, lo que dificultaría su trazabilidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión financiera entre la comunidad migrante.
La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes y velar por los intereses de sus familias: “No merecen castigo. Merecen respeto, reconocimiento y políticas que fortalezcan su papel en el desarrollo de nuestra región”, concluyó.
Se habrían solicitado más de 5 millones de pesos entre abril y mayo de 2024, fechas que también coinciden con la veda electoral
Por: Ana G Silva
La Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí enfrenta una acusación por presuntos actos de corrupción, en la que a través de documentos, se evidencía un supuesto desvío de recursos durante la veda electoral de 2024.
Tras una denuncia hecha a través de redes sociales por un ex empleado de la dependencia llamado Dorian Morua, quien laboraba en el programa federal para adultos mayores, denunció que fue despedido sin justificación, decidió exponer una serie de solicitudes de recursos millonarios realizadas por la dependencia en fechas en las que los programas sociales deberían estar suspendidos por ley, pues se efectuaban las campañas a elecciones de la presidencia de México.
“Solicitaron millones de pesos para operativos inexistentes, en plena veda electoral. Esto no es solo inmoral, es ilegal”, escribió en su publicación, en la que anexó copias de varios oficios internos con detalles de los gastos.
Entre los recursos solicitados durante la veda electoral se encuentran: el 2 de abril de 2024 donde se solicitaron 148 mil 588 pesos con número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0366/2024 con el concepto “Productos alimenticios para personal en campo”; solo en alimentos, 113 mil 588 pesos. El 23 de abril de 2024 la cantidad fue por 94 mil pesos, con oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0349/2024 con el concepto “Gastos para operativos y trabajos de campo en zonas rurales, impresión y material informativo”.
El 9 de mayo de 2024 se solicitó la cantidad de un millón 180 mil pesos, con el número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0398/2024 usando el concepto “Arrendamiento de mobiliario (250 mil pesos), operativos en áreas naturales (302 mil pesos), entre otros”. Para el 17 de mayo de 2024 el monto fue por un millón 136 mil 100 pesos,
El ex trabajador aseguró que estos recursos no se vieron reflejados en acciones reales, y acusa que fueron parte de una simulación para justificar gastos durante una etapa en la que los programas debían estar detenidos.
Además, denunció prácticas como acoso laboral, represión a empleados críticos y el uso de programas sociales como herramientas de presión política durante procesos electorales. Sumado a ello, denunció que fue despedido sin justificación; razón por la que decidió exhibir dichas prácticas.
Hasta ahora, ni el delegado Guillermo Morales ni la Secretaría del Bienestar han ofrecido una postura pública ante estas acusaciones. La denuncia ya circula en redes sociales y ha comenzado a llamar la atención de organizaciones ciudadanas y medios locales.
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El Ayuntamiento capitalino rehabilitará espacios en Morales, General I. Martínez, entre otras; vecinos de Arbolitos no quieren ser reconocidos como zona de riesgo, aseguró Galindo
Por: Redacción
La tarde de este lunes, el Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzó con la rehabilitación de espacios en la colonia Arbolitos, donde fue derribado un salón de usos múltiples en condiciones de abandono y usado por jóvenes infractores.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, aseguró que los vecinos de la colonia no quieren ser reconocidos como un sitio conflictivo, por lo que se trabajará en esa y otras zonas de la ciudad para mejorar las condiciones de vida.
“La principal petición de los vecinos; querían quitarse el estigma de una zona extremadamente violenta, complicada, con venta de droga. Y yo ofrecí ser un aliado de ellos para quitarles ese estigma”.
Mencionó que se intervendrán espacios en colonias como San Ángel, Morales, Simón Díaz, Satélite, General I. Martínez, entre otras. Además de implementar programas para combatir el consumo de sustancias ilícitas e insertar a las y los jóvenes en actividades productivas
“Seguridad Pública, Servicios Municipales, les van a dar actividades remunerativas. Ellos lo que necesitan es tener ingresos para ser productivos; Desarrollo Económico también está trabajando con ellos, y la intención es meter más chavos a la fuerza laboral formal para que dejen de andar en estas actividades”, declaró.
Galindo Ceballos indicó que estas colonias son detectadas como puntos críticos mediante un mapa de calor, donde se valora la zona de influencia en el consumo de sustancias ilícitas, de inseguridad u otras actividades de desorden público.
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