La eficacia legislativa bajó de 57 a 54% mientras crecen las iniciativas sin dictamen

Por: Redacción

La organización Congreso Calificado reprobó al Congreso del Estado de San Luis Potosí en sus tres evaluaciones más recientes. Entre marzo y septiembre de 2026, la eficacia legislativa bajó de 57 a 54 por ciento y la mejor calificación individual pasó de 7.04 a 3.63 puntos.

La sexta, séptima y octava evaluaciones trimestrales miden a la LXIV Legislatura, que en septiembre cumplió dos años. En ese lapso, las iniciativas presentadas subieron de 532 a 824, y las que siguen sin dictamen, de 229 a 374.

El rezago crece

En marzo, la organización reportó que en el trimestre no se aprobó ninguna ley nueva. En julio contó una sola, la Ley de Justicia Cívica, que dio puntaje de alto impacto a Rubén Guajardo Barrera, del PAN. En su Segundo Informe de Actividades, la Legislatura reportó tres leyes nuevas y más de 300 decretos en todo el año.

La publicación de actas se desplomó. En marzo, 20 de 27 comisiones daban a conocer las de sus sesiones; en septiembre, solo dos lo hicieron en los últimos tres meses.

Las iniciativas ciudadanas siguen detenidas. En marzo sumaban 75, con 12 aprobadas. En julio, de 89 propuestas, casi 90 por ciento estaban rechazadas, pendientes o caducadas. Las comisiones con al menos una sin dictaminar pasaron de 25 a 26 de 27.

Los diputados con iniciativas caducas subieron de 13 en julio a 17 en septiembre.

Faltas en tiempos electorales

El ausentismo tuvo su pico en julio, cuando 20 legisladores faltaron al menos a una sesión de Pl eno. Es la cifra más alta registrada por la organización, que la relacionó con el adelanto de los tiempos electorales. En septiembre fueron 11

, aun en periodo de receso. En marzo, el máximo individual había sido de dos faltas.

Una tabla que cambia cada trimestre

María Dolores Robles Chairez, del PVEM, fue la única diputada con calificación aprobatoria en marzo, con 7.04 puntos

. En julio encabezó la tabla con 4.39 y en septiembre ya no figuró entre los tres primeros.

El giro más brusco es el de Héctor Serrano Cortés, del PVEM. En julio quedó entre los peores, con -3.04 puntos, y recibió la sanción por conducta notoriamente perniciosa como promotor de la llamada Ley Serrano, que el Congreso derogó el 30 de julio. En septiembre subió al segundo lugar, con 3.48.

Guajardo Barrera pasó del segundo lugar en julio al primero en septiembre, con 3.63 puntos. Él y Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, son los únicos con página web y redes sociales actualizadas en ambas evaluaciones.

En el otro extremo está Sara Rocha Medina, del PRI, la diputada que más propone: sus iniciativas pasaron de 36 a 70 y sus puntos de acuerdo, de 19 a 27. Aun así, cerró julio en el último lugar, con -6.56, y septiembre en el penúltimo, con -4.79.

Tomás Zavala González, del PT, fue tercer lugar en marzo con 4.22 puntos. En julio cayó a -3.53 y fue sancionado luego de ser exhibido, según la organización, por usar relojes con valor de cientos de miles de pesos.

En septiembre, la sanción recayó en María Leticia Vázquez Hernández, del PT, tercera en julio. El motivo fueron señalamientos públicos sobre su presunta intervención en actos que impidieron el correcto funcionamiento de la justicia en el caso de un familiar. El último lugar fue para Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, con -5.26 puntos.

La octava evaluación documentó cinco suplentes en dos años de Legislatura, la mayoría sin iniciativas aprobadas. La organización señaló esa rotación como factor del mal desempeño general.

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Riñas y bailes no autorizados motivaron la creación de las BOMIS

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado anunció la creación de cuatro Bases de Operaciones Móviles Interinstitucionales (BOMIS) para reforzar la vigilancia en la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández.

Juárez Hernández explicó que las bases operarán los viernes por la tarde-noche hasta la madrugada, los sábados en el mismo horario y los domingos por la mañana. Dijo que un análisis de la dependencia identificó esos periodos como los de mayor concentración de riñas, violencia familiar y eventos con consumo de alcohol en la zona metropolitana.

Las cuatro unidades se distribuirán de la siguiente forma: dos en la capital, una en Soledad de Graciano Sánchez y una en Villa de Pozos. Se colocarán en las principales ví as o en los accesos a colonias donde se han registrado este tipo de hechos.

El funcionario dijo que el esquema se definió tras una reunión realizada en instalaciones de la Doceava Zona Militar, como parte del análisis de sucesos recientes en la región.

Además de labores de vigilancia, Juárez Hernández señaló que el objetivo de las bases es la proximidad social: personal de la SSPC platicará con los vecinos, pedirá que se reporten situaciones de riesgo y entregará trípticos con recomendaciones para prevenir hechos violentos. También buscarán evitar bailes y eventos callejeros que no cuenten con autorización.

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El diputado Héctor Serrano dijo que se revisa incluir a la funcionaria, aunque tradicionalmente no participa en este esquema

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano informó que el Congreso del Estado ya prepara el formato de comparecencias de funcionarios del Gobierno del Estado, que arrancarían a mediados de octubre, y que se revisa la posibilidad de incluir a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tradicionalmente no forma parte de este esquema.

Serrano explicó que el representante parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Derechos Huma nos, Marco Blanco

, propuso ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la titular del organismo también comparezca ante el Pleno.

“¿Pero no es un no? No, claro que no. Insisto, vamos a revisarlo y lo que sea necesario”, afirmó.

El diputado precisó que, hasta ahora, las comparecencias se han realizado conforme a lo que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Closa), esquema en el que no participa la presidenta del organismo de derechos humanos, y adelantó que en diciembre tampoco hay una definición sobre si otras instancias, como la Fiscalía, podrían sumarse a este formato de rendición de cuentas.

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