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Tres personas detenidas por hechos al Congreso fueron puestas a disposición de FGE
Independientemente, se mantienen investigaciones por los daños a otros inmuebles: FGH
Por Redacción:
Ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) se pusieron a disposición a tres de las personas que fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por los hechos suscitados en el Congreso del Estado en donde se causaron diversos destrozos y daños a ese inmueble del centro histórico de la ciudad Capital.
Federico Garza Herrera, titular de la institución de procuración de justicia, confirmó la existencia de una carpeta de investigación por lo acontecido la tarde del viernes 5 de junio de 2020, que dejó como saldo instalaciones de la Fiscalía y del poder legislativo local con daños considerables, entre otros edificios.
“Nosotros desde el momento en que se causaron los daños aquí en este edificio y los posteriores que fueron preponderantemente en el Congreso del Estado, abrimos una carpeta de investigación y posteriormente tuvimos conocimiento que Seguridad Pública había detenido en flagrancia algunas gentes que causaron los destrozos en el edificio del legislativo; ante estas circunstancias y no obstante, la anterior la carpeta que nosotros habíamos aperturado, a través del área de investigación llevaron el acopio de diverso material de filmación y por otro lado, personal del área científica se constituyó, tanto aquí en este recinto como en las instalaciones del Congreso y llevaron a cabo la recolección de toda la evidencia que pudiera hacer objeto de integrarse a la carpeta de investigación”, puntualizó.
Sobre los detenidos, Garza Herrera detalló que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la FGESLP, a tres personas quienes se encuentran a la espera de que se defina su situación legal dentro del tiempo establecido por la ley.
“Puedo señalar que anoche alrededor de las 23 horas nos pusieron a disposición a tres personas, dos mujeres y un hombre; nosotros de acuerdo con la ley tenemos 48 horas para poder definir la situación jurídica; esto lo hará el agente del Ministerio Público que está encargado de la carpeta de investigación”, acotó.
En cuanto a que, si ya se cuenta con las denuncias correspondientes por estos actos, el Fiscal confirmó que fue la misma noche del viernes que un representante del Congreso del Estado realizó la misma, en la cual hizo saber los daños que fueron perpetrados y la forma cómo se dieron, por lo que ya se trabaja en ella.
“Nosotros aperturamos la carpeta de investigación, estamos trabajando en la integración, en la identificación de las personas y por supuesto si encontramos evidencias de la participación de alguna persona y que esa participación trajera el surgimiento de la comisión de un delito vamos a ir a obtener las órdenes de aprehensión respectivas y vamos a ir en contra de quienes perpetraron los hechos”.
Sobre el actuar de estas personas por lo acontecido, Garza Herrera dijo que la Fiscalía es respetuosa de que la gente se manifieste, pero sin transgredir las normas y la legalidad.
“Somos respetuosos de las manifestaciones, y seremos respetuosos de que la gente se manifieste y señale lo que su derecho le concierne, pero cuando se trastocan instituciones o se transgrede la ley, de acuerdo a la encomienda que nosotros tenemos, habremos de actuar en contra de todos aquellos que perpetraron hechos que sin dula la ley señala como delito”.
Agregó que el Ministerio Público estará muy al pendiente de este asunto y se tendrá que apegar a la legalidad, y establecerá en su momento el camino a seguir.
Asimismo, apuntó que, de los detenidos por la SSPE, uno fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) porque quemó una insignia nacional, y ese es un delito federal, por eso lo conoce esa instancia. De igual forma, seis personas más las puso la SSPE ante un Juez Calificador y a dos menores ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA), quienes determinarán su situación.
También mencionó que, hasta el momento por el daño a la patrulla municipal, no se ha presentado la denuncia respectiva, pero se está a la espera que en próximas horas lo hagan las autoridades de Soledad de Graciano Sánchez.
“Las personas que tenemos, fueron detenidas en flagrancia, habremos de trabajar en ese tenor, pero eso es independientemente de la carpeta de investigación que estamos llevando a cabo, nosotros en el análisis sucinto de los hechos, estamos sumando material tanto de fotografía como de video; todo aquello que forme parte de la recolección de evidencia que hizo el área científica de la institución”, señaló.
Finalizó diciendo que de encontrar elementos en contra de alguna persona que haya tenido relación con todos estos hechos, sin duda se comparecería ante el Juez de Control y para obtener las órdenes de aprehensión en su caso o lo que corresponda, para la correcta aplicación de la ley.
Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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