Estado
Suprema Corte invalidó reformas de regularización de Uber en SLP
Entre los artículos invalidados están: que el operador tiene que ser el propietario del vehículo y que este debe de tener un valor de más de 300 mil pesos
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas realizadas por el Congreso del Estado en 2019 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que buscaban regular la operación de plataformas de transporte como Uber.
Se invalidó el artículo 71 bis, fracción I, en la porción “con domicilio social y fiscal en el mismo estado”, en el que se preveía la obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa, pues se consideró que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevén que las entidades federativas deban establecer normas que otorguen un tratamiento más favorable a las personas que residan en su territorio.
También, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción I, inciso a), en su porción: “tener una distancia mínima de 2.60 metros entre ejes, […] y tener un valor factura del equivalente a por lo menos tres mil 500 unidades de medida y actualización ”, relativos a las características físicas y valor de los automóviles que prestarán el servicio. Esto, al considerar que, al exigirse vehículos más grandes y de mayor valor, es necesario enfrentar costos adicionales para obtener un registro vehicular, lo que eleva el costo del servicio, reservándolo para personas con mayor capacidad económica, situación que implicaba una barrera comercial, violatoria del artículo 28 de la Constitución Federal.
Asimismo, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción II, inciso c) y penúltimo párrafo, los cuales disponían que el operador del servicio de transporte tendría que ser el propietario del vehículo , por considerar que el requisito no se relacionaba con la calidad y seguridad del servicio, ya que, finalmente, es la compañía (incluyendo la empresa de redes de transporte, el propietario del vehículo y el operador), la que deberá soportar la carga de prestar un servicio eficiente, además de enfrentar cualquier eventualidad que surja en perjuicio de terceros y de la sociedad en general.
Además, esta exigencia era desproporcional, ya que se impedía a las personas que carecen de un vehículo ejercer el empleo de chofer y, por otra parte, implicaba una afectación al derecho de propiedad, pues impedía a los dueños de automóviles explotarlos de manera libre y según sus intereses.
De igual forma, se invalidó el artículo 71 nonies, fracciones I, III, primer párrafo, V, VI y VII, que preveían sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación, en virtud de que dichas sanciones estaban determinadas en cantidades fijas, lo que impedía a la autoridad valorar las circunstancias en que se cometió la irregularidad, su gravedad o levedad y las condiciones particulares del infractor, para individualizar la multa correspondiente.
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Deportes
SLP acaricia las 100 medallas en la Olimpiada Nacional
Al momento, los atletas potosinos suman 96 preseas, con resultados históricos en deportes como karate y racquetbol
Por: Redacción
San Luis Potosí mantiene una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026, al acumular hasta el momento 96 medallas: 28 de oro, 32 de plata y 36 de bronce, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).
Entre los logros más sobresalientes, el karate potosino alcanzó por primera vez en su historia el primer lugar nacional con una cosecha de ocho medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, mientras que el ráquetbol obtuvo el segundo sitio nacional con tres preseas doradas, ocho plateadas y ocho más de bronce.
En materia individual, atletas como Paloma Palacios destacan con tres oros, una plata y dos bronces en natación, además de una presea plateada en aguas abiertas , así como Valeria Juárez, quien conquistó por cuarto año consecutivo el oro en karate y sumó una plata en judo. Caso similar con Orlando Reyna Cano, quien también logró preseas en ambas disciplinas.
La participación potosina continuará esta semana con disciplinas como charrería, con sede en San Luis Potosí, además de gimnasia rítmica, luchas asociadas, levantamiento de pesas, patinaje artístico y de velocidad.
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Estado
Asegura Fiscalía que no existe persecución contra periodistas
La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, aseguró que su institución no es un ente inquisidor o sancionador
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), rechazó los señalamientos realizados por organizaciones civiles sobre una presunta persecución de la Fiscalía hacia periodistas y su derecho a la libertad de expresión, así como las acusaciones relacionadas con una supuesta falta de respeto al debido proceso en la reciente detención de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la dignidad humana.
La fiscal general puntualizó que la coordinación institucional con los tres poderes del Estado no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGESLP, ya que las actuaciones de la institución se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explicó que la Fiscalía encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y solicitar ante el Poder Judicial las medidas correspondientes . Precisó que corresponde a un Juez determinar la procedencia de una orden de arresto o presentación, mientras que la Fiscalía actúa como representante jurídico de quien denuncia.
Finalmente, García Cázares aseguró que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales relacionados con personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. Respecto a los señalamientos de presunta incomunicación de las personas detenidas, indicó que la Fiscalía actuó conforme a la ley y con respeto al debido proceso, por lo que cualquier afirmación en sentido contrario deberá ser acreditada por quien la emita.
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Destacadas
Proponen reforma para delimitar uso de teléfonos en clases
La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops , entre otros; estos equipos ofrecen grandes ventajas, como la eficiencia realizando tareas de manera más rápida y menor esfuerzo y en general automatiza procesos laborales y educativos”.
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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