Estado
Suprema Corte invalidó reformas de regularización de Uber en SLP
Entre los artículos invalidados están: que el operador tiene que ser el propietario del vehículo y que este debe de tener un valor de más de 300 mil pesos
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas realizadas por el Congreso del Estado en 2019 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que buscaban regular la operación de plataformas de transporte como Uber.
Se invalidó el artículo 71 bis, fracción I, en la porción “con domicilio social y fiscal en el mismo estado”, en el que se preveía la obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa, pues se consideró que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevén que las entidades federativas deban establecer normas que otorguen un tratamiento más favorable a las personas que residan en su territorio.
También, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción I, inciso a), en su porción: “tener una distancia mínima de 2.60 metros entre ejes, […] y tener un valor factura del equivalente a por lo menos tres mil 500 unidades de medida y actualización ”, relativos a las características físicas y valor de los automóviles que prestarán el servicio. Esto, al considerar que, al exigirse vehículos más grandes y de mayor valor, es necesario enfrentar costos adicionales para obtener un registro vehicular, lo que eleva el costo del servicio, reservándolo para personas con mayor capacidad económica, situación que implicaba una barrera comercial, violatoria del artículo 28 de la Constitución Federal.
Asimismo, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción II, inciso c) y penúltimo párrafo, los cuales disponían que el operador del servicio de transporte tendría que ser el propietario del vehículo , por considerar que el requisito no se relacionaba con la calidad y seguridad del servicio, ya que, finalmente, es la compañía (incluyendo la empresa de redes de transporte, el propietario del vehículo y el operador), la que deberá soportar la carga de prestar un servicio eficiente, además de enfrentar cualquier eventualidad que surja en perjuicio de terceros y de la sociedad en general.
Además, esta exigencia era desproporcional, ya que se impedía a las personas que carecen de un vehículo ejercer el empleo de chofer y, por otra parte, implicaba una afectación al derecho de propiedad, pues impedía a los dueños de automóviles explotarlos de manera libre y según sus intereses.
De igual forma, se invalidó el artículo 71 nonies, fracciones I, III, primer párrafo, V, VI y VII, que preveían sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación, en virtud de que dichas sanciones estaban determinadas en cantidades fijas, lo que impedía a la autoridad valorar las circunstancias en que se cometió la irregularidad, su gravedad o levedad y las condiciones particulares del infractor, para individualizar la multa correspondiente.
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Estado
Inaceptable que ayuntamientos sigan teniendo observaciones: SGG
J. Guadalupe Torres Sánchez denunció que los municipios “se ven mal” cuando registran estas inconsistencias
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que es inexcusable que todavía existan gobiernos municipales que registren observaciones en cuanto al manejo de sus finanzas.
El secretario general señaló que estas son situaciones que cada ayuntamiento se debe encargar de resolver, ya que hasta “se ven mal” cuando andan denunciando o reportando sus inconsistencias.
Explicó que en los tiempos modernos existen muchos mecanismos y avances tecnológicos para facilitar estos procesos, así como para hacerlos más precisos en búsqueda de que no existan estos errores.
Añadió que desde el Gobierno del Estado tienen diversas certificaciones a disposición de los municipios, en especial para los funcionarios encargados de temas financieros y de administración.
Hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las conclusiones de sus revisiones de la cuenta pública de los ayuntamientos potosinos durante el ejercicio 2024.
El gobernador Ricardo Gallardo calificó de “desastrosos” estos resultados, asegurando que existen algunos municipios que arrojaron observaciones de hasta 40 millones de pesos en obras que nunca se realizaron.
No todos los órdenes registraron estas advertencias, pues algunos como el Gobierno del Estado, así los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos salieron limpios de estas evaluaciones.
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Estado
Buscan reducir impunidad para evasores de pensión alimentaria
Las sanciones que se estarían manejando abarcarían de seis meses a tres años de prisión, así como una sanción de sesenta a 300 días del valor de la UMA
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de cerrar los espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.
Propone establecer claramente que la persona que se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, estaría cometiendo el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo éste su único o principal medio de obtener ingresos.
Habrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien: durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias
Asimismo, también se penalizará a quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.
La legisladora Robles Chairez señaló que, comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que tienen como fin el desamparo del acreedor. Algunos ejemplos son la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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Ciudad
Refuerzan seguridad en escuelas de Villa de Pozos
Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil
Por: Redacción
Con el compromiso de garantizar entornos seguros para la comunidad estudiantil, luego del regreso a clases, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos realizó durante esta semana una serie de inspecciones en distintos centros educativos del municipio, a fin de verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para la protección de alumnas, alumnos y personal docente.
El director de Protección Civil, Miguel Ángel Llanas Texon, informó que, durante estos recorridos, el personal especializado supervisó aspectos clave como rutas de evacuación, señalética, condiciones estructurales, extintores y protocolos de emergencia, para asegurar que cada plantel cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de sus actividades.
Llanas Texon, mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos y fortalecer la cultura de la protección civil en escuelas de todos los niveles, por lo que se prioriza la seguridad de niñas, niños, docentes y personal administrativo, además se brindaron recomendaciones a las autoridades educativas para mejorar o reforzar ciertos aspectos para promover una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.
El funcionario municipal, destacó la importancia de mantener una vigilancia constante en los planteles; de igual manera, reiteró el compromiso de continuar con este tipo de inspecciones de manera periódica, con el fin de garantizar espacios educativos seguros y preparados ante cualquier situación de riesgo.
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