Estado
Suprema Corte invalidó reformas de regularización de Uber en SLP
Entre los artículos invalidados están: que el operador tiene que ser el propietario del vehículo y que este debe de tener un valor de más de 300 mil pesos
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas realizadas por el Congreso del Estado en 2019 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que buscaban regular la operación de plataformas de transporte como Uber.
Se invalidó el artículo 71 bis, fracción I, en la porción “con domicilio social y fiscal en el mismo estado”, en el que se preveía la obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa, pues se consideró que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevén que las entidades federativas deban establecer normas que otorguen un tratamiento más favorable a las personas que residan en su territorio.
También, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción I, inciso a), en su porción: “tener una distancia mínima de 2.60 metros entre ejes, […] y tener un valor factura del equivalente a por lo menos tres mil 500 unidades de medida y actualización 
Asimismo, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción II, inciso c) y penúltimo párrafo, los cuales disponían que el operador del servicio de transporte tendría que ser el propietario del vehículo 
Además, esta exigencia era desproporcional, ya que se impedía a las personas que carecen de un vehículo ejercer el empleo de chofer y, por otra parte, implicaba una afectación al derecho de propiedad, pues impedía a los dueños de automóviles explotarlos de manera libre y según sus intereses.
De igual forma, se invalidó el artículo 71 nonies, fracciones I, III, primer párrafo, V, VI y VII, que preveían sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación, en virtud de que dichas sanciones estaban determinadas en cantidades fijas, lo que impedía a la autoridad valorar las circunstancias en que se cometió la irregularidad, su gravedad o levedad y las condiciones particulares del infractor, para individualizar la multa correspondiente.
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Congreso del Estado
Congreso recibe informe de la Fiscalía; analizará comparecencia de García Cázares
La Fiscal manifestó su disposición para comparecer en una fecha posterior; la normatividad establece que sería dentro de los 30 días posteriores a la entrega
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Manuela García Cázares, conforme al artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, recibió el documento, que detalla el trabajo realizado por la Fiscalía durante el último año. Dijo que, de acuerdo con la normatividad, el informe debe entregarse en la primera quincena de noviembre, y que será analizado para después ver si se realiza una comparecencia en la que los diputados puedan “desahogar inquietudes”.
Posible comparecencia
Vázquez Hernández precisó que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega del informe escrito.
García Cázares manifestó su disposición para comparecer, con motivo de la glosa del informe, en una fecha posterior.
Quiénes estuvieron presentes
En la entrega también estuvieron las diputadas Dolores Robles Chairez, Aranzazu Puente y Jacquelinn Jáuregui; los diputados Héctor Serrano Cortés, Marco Antonio Gama Basarte, César Lara y Cuauhtli Badillo, y la vicefiscal jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.
Contexto
El 14 de noviembre de 2025, García Cázares entregó su informe anual a la misma comisión, y la diputada Vázquez Hernández dijo entonces que había 30 días naturales para su comparecencia. En noviembre de 2024, la Fiscal compareció ante el Congreso.
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El titular de Seduvop dijo que se han levantado reportes y denuncias, y que las obras se rehabilitan cuando es posible
Por: Redacción
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Jorge Grimaldo Limón, reconoció que algunas obras de la dependencia han sido vandalizadas, sobre todo áreas recreativas, juegos y paradores de MetroRed.
Dijo que no son todas las obras y que se han levantado reportes y denuncias por esos casos. Señaló que, cuando es posible, las obras se rehabilitan para que vuelvan a funcionar correctamente.
Sobre el mantenimiento, explicó que depende de cada espacio. Hay áreas recreativas y deportivas que la gente ha cuidado bien y requieren poco; muchas se entregan a los municipios, que se encargan de ellas con su propio personal.
Añadió que Seduvop tiene cuadrillas de mantenimiento que trabajan de forma constante en las vialidades que le corresponden al Estado, como Circuito Potosí y el río Santiago.
Respecto a las constructoras que trabajan con la dependencia, afirmó que son “serias”, que cumplen con sus fianzas, sus tiempos y la calidad de la obra, y que por ello no tienen “ningún problema”.
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Como parte de los 12 proyectos aprobados para San Luis Potosí, Villa de Pozos cuenta con el desarrollo habitacional Infonavit Tierra Luz
Por: Redacción
Con el objetivo de ampliar las oportunidades para que más familias tengan acceso a una vivienda digna y a un patrimonio propio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos mantiene su participación activa en la estrategia nacional Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsada por el Gobierno Federal, mediante la coordinación con autoridades estatales y organismos responsables de su ejecución.
Como parte de los 12 proyectos aprobados para San Luis Potosí, Villa de Pozos cuenta con el desarrollo habitacional Infonavit Tierra Luz, que contempla la construcción de 3 mil 006 viviendas, dirigidas a familias que buscan acceder a un hogar en condiciones accesibles. Durante la Reunión de Coordinación Interinstitucional, encabezada por Octavio Romero
En el encuentro también se presentaron los resultados de la estrategia de vivienda de 2025 a noviembre de 2026, periodo en el que San Luis Potosí pasó de una meta inicial de 13 mil 450 a una proyección de 38 mil viviendas, con una inversión de 23 mil 826 millones de pesos, cifras que reflejan el impulso a la política nacional de vivienda y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
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