Estado
Suprema Corte invalidó reformas de regularización de Uber en SLP
Entre los artículos invalidados están: que el operador tiene que ser el propietario del vehículo y que este debe de tener un valor de más de 300 mil pesos
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas realizadas por el Congreso del Estado en 2019 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que buscaban regular la operación de plataformas de transporte como Uber.
Se invalidó el artículo 71 bis, fracción I, en la porción “con domicilio social y fiscal en el mismo estado”, en el que se preveía la obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa, pues se consideró que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevén que las entidades federativas deban establecer normas que otorguen un tratamiento más favorable a las personas que residan en su territorio.
También, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción I, inciso a), en su porción: “tener una distancia mínima de 2.60 metros entre ejes, […] y tener un valor factura del equivalente a por lo menos tres mil 500 unidades de medida y actualización 
Asimismo, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción II, inciso c) y penúltimo párrafo, los cuales disponían que el operador del servicio de transporte tendría que ser el propietario del vehículo 
Además, esta exigencia era desproporcional, ya que se impedía a las personas que carecen de un vehículo ejercer el empleo de chofer y, por otra parte, implicaba una afectación al derecho de propiedad, pues impedía a los dueños de automóviles explotarlos de manera libre y según sus intereses.
De igual forma, se invalidó el artículo 71 nonies, fracciones I, III, primer párrafo, V, VI y VII, que preveían sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación, en virtud de que dichas sanciones estaban determinadas en cantidades fijas, lo que impedía a la autoridad valorar las circunstancias en que se cometió la irregularidad, su gravedad o levedad y las condiciones particulares del infractor, para individualizar la multa correspondiente.
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Se abrió un espacio de diálogo directo con quienes desde la sociedad civil realizan labores de rescate, protección, adopción y cuidado animal
Por: Redacción
Villa de Pozos, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, sostuvo un encuentro de acercamiento con representantes de 17 asociaciones, organizaciones y rescatistas independientes, a quienes presentó el Informe de Bienestar Animal con los resultados de las acciones realizadas durante los últimos dos años.
Durante la reunión, encabezada por la presidenta concejal Patricia Aradillas Aradillas y el director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, se abrió un espacio de diálogo directo con quienes desde la sociedad civil realizan labores de rescate, protección, adopción y cuidado animal, con el propósito de escuchar sus propuestas, conocer sus necesidades y consolidar una agenda de trabajo conjunto.
Uno de los temas centrales fue la aprobación del Reglamento para la Protección y Bienestar de los Animales, sobre el cual Paty Aradillas destacó la importancia de incorporar las aportaciones de las asociaciones para fortalecer su contenido, así como sumar su participación en la vigilancia de su aplicación y cumplimiento.
Como parte del informe, se dieron a conocer los resultados de la atención a denuncias por maltrato animal, las jornadas de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos, las campañas de adopción, los espacios de resguardo temporal y los avances del Programa Animal Comunitario. También se abordaron las acciones para regularizar a las personas dedicadas a la recolección voluntaria y avanzar en el retiro de animales de carga, con apego a las disposiciones legales y bajo un enfoque de bienestar animal.
El despliegue contempla vigilancia, control y orientación para facilitar el ingreso y la salida del público, así como mantener condiciones de orden
Por: Redacción
Para brindar seguridad a las familias y aficionados, el Gobierno del Estado desplegará el operativo “Estadio Seguro” antes, durante y después del partido programado a las 19:00 horas en el estadio Libertad Financiera, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordinará acciones preventivas en accesos, inmediaciones, zonas de concentración de aficionados y vialidades cercanas, con la participación de corporaciones de seguridad y servicios de atención de emergencias.
El despliegue contempla vigilancia, control y orientación para facilitar el ingreso y la salida del público, así como mantener condiciones de orden en el entorno del estadio.
Con esta coordinación, el Gobierno del cambio mantiene la prevención y la atención oportuna como parte de la seguridad en eventos de concentración masiva.
El dictamen de la Comisión de Ecología también crea un comité técnico y obliga a llevar expedientes clínicos
Por: Redacción
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí para fijar reglas a quienes ejercen la medicina veterinaria. Un dictamen es el documento con el que una comisión aprueba una propuesta antes de que la vote el Pleno.
La reforma la impulsaron la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y el médico veterinario Antonio Muñoz Ramos. Busca que la protección de los animales “no se limite a sancionar el maltrato una vez que ocurre, sino también prevenir el sufrimiento y promover una atención veterinaria responsable”, explicó la legisladora.
Obligación de avisar
Si se aprueba, los veterinarios tendrían que informar a las autoridades cuando detecten posibles casos de maltrato o crueldad animal, siempre que tengan elementos objetivos para sostenerlo. También tendrían que reportar las enfermedades de notificación obligatoria, que son las que deben avisarse a las autoridades sanitarias por el riesgo de contagio, y los posibles casos de usurpación de funciones, es decir, personas que ejercen la profesión sin estar autorizadas.
Además, deberían mantener actualizados sus conocimientos y expedir documentos solo sobre procedimientos que hayan hecho o verificado.
Expedientes y consentimiento
El dictamen contempla el consentimiento informado, que es la autorización que da el dueño del animal después de que se le explica un tratamiento, y la obligación de integrar y conservar expedientes clínicos.
También prohíbe prácticas veterinarias que impliquen maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario, sin impedir tratamientos o cirugías médicamente necesarios.
Un comité técnico
La reforma crea un Comité Técnico para el Bienestar Animal y el Ejercicio Profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, ligado al Consejo Consultivo Mixto que ya existe en la ley. Podrá aportar conocimientos, promover capacitación y emitir recomendaciones, pero no podrá expedir cédulas, inspeccionar establecimientos ni imponer sanciones.
El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación.
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