Estado
Suprema Corte invalidó reformas de regularización de Uber en SLP
Entre los artículos invalidados están: que el operador tiene que ser el propietario del vehículo y que este debe de tener un valor de más de 300 mil pesos
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas realizadas por el Congreso del Estado en 2019 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí que buscaban regular la operación de plataformas de transporte como Uber.
Se invalidó el artículo 71 bis, fracción I, en la porción “con domicilio social y fiscal en el mismo estado”, en el que se preveía la obligación de las empresas de redes de transporte de contar con domicilio social y fiscal dentro de la entidad federativa, pues se consideró que la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevén que las entidades federativas deban establecer normas que otorguen un tratamiento más favorable a las personas que residan en su territorio.
También, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción I, inciso a), en su porción: “tener una distancia mínima de 2.60 metros entre ejes, […] y tener un valor factura del equivalente a por lo menos tres mil 500 unidades de medida y actualización ”, relativos a las características físicas y valor de los automóviles que prestarán el servicio. Esto, al considerar que, al exigirse vehículos más grandes y de mayor valor, es necesario enfrentar costos adicionales para obtener un registro vehicular, lo que eleva el costo del servicio, reservándolo para personas con mayor capacidad económica, situación que implicaba una barrera comercial, violatoria del artículo 28 de la Constitución Federal.
Asimismo, se invalidó el artículo 71 quáter, fracción II, inciso c) y penúltimo párrafo, los cuales disponían que el operador del servicio de transporte tendría que ser el propietario del vehículo , por considerar que el requisito no se relacionaba con la calidad y seguridad del servicio, ya que, finalmente, es la compañía (incluyendo la empresa de redes de transporte, el propietario del vehículo y el operador), la que deberá soportar la carga de prestar un servicio eficiente, además de enfrentar cualquier eventualidad que surja en perjuicio de terceros y de la sociedad en general.
Además, esta exigencia era desproporcional, ya que se impedía a las personas que carecen de un vehículo ejercer el empleo de chofer y, por otra parte, implicaba una afectación al derecho de propiedad, pues impedía a los dueños de automóviles explotarlos de manera libre y según sus intereses.
De igual forma, se invalidó el artículo 71 nonies, fracciones I, III, primer párrafo, V, VI y VII, que preveían sanciones administrativas por infracción a los requisitos legales de operación, en virtud de que dichas sanciones estaban determinadas en cantidades fijas, lo que impedía a la autoridad valorar las circunstancias en que se cometió la irregularidad, su gravedad o levedad y las condiciones particulares del infractor, para individualizar la multa correspondiente.
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Estado
IFSE va contra proveedores de gobierno implicados en corrupción
Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes.
El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias.
Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.
Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.
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Ciudad
Villa de Pozos clausura granja avícola
La clausura fue por una denuncia ciudadana y la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo
Por: Redacción
Villa de Pozos realizó la clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de una granja avícola ubicada en el municipio, tras detectarse la operación sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.
El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa explicó que, esta clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado 04 de mayo del presente año; las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas, por lo que se actuó de manera preventiva y conforme a la normatividad ambiental vigente.
Detalló que la clausura fue resultado de una denuncia ciudadana y de la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo, entre ella la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología y manifestación de impacto ambiental, documentos que no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley.
Estado
Ricardo Gallardo participa en toma de protesta del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar
El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante, se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, participó en la ceremonia de toma de protesta, protesta de Bandera y posesión del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, con quien refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con las fuerzas federales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias potosinas.
Ricardo Gallardo destacó que, con la colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se mantienen los resultados positivos en seguridad pública en las cuatro regiones de la entidad, aunado al reforzamiento de los operativos permanentes que se desarrollan, principalmente, en los límites con los demás estados.
El gobernador añadió que, con la llegada del nuevo comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí,
se continuará impulsando una agenda de trabajo conjunta que permita reforzar las acciones de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia en beneficio de la tranquilidad y la paz social de cada rincón del estado potosino.De igual forma, reiteró que San Luis Potosí continúa posicionándose entre las cuatro entidades más seguras del país, resultado de la estrategia integral de seguridad y del trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, lo que ha fortalecido la vigilancia y la protección de la ciudadanía, transportistas, trabajadores y turistas que transitan diariamente por territorio potosino.
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