La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios

Por: Redacción

Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.

Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.

El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.

Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.

La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.

El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.

Menos gasto en telefonía y oficinas

La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.

Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.

Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.

En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.

También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano

La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.

Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas

La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.

De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.

Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.

Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.

Analizan concentrar oficinas para reducir rentas

La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.

El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.

La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.

De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.

También lee: Torres Sánchez se reúne con Rodríguez Velázquez por preliberaciones en SLP

Guajardo dijo que todos los aspirantes firmaron aceptar la encuesta del CEN como vinculante

Por: Redacción

Cuestionado sobre si podría haber “mano negra” en caso de que la encuesta oficial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN contradiga las que han presentado los distintos aspirantes, el diputado Rubén Guajardo Barrera lo descartó.

Guajardo recordó que todos los contendientes firmaron un documento en el que aceptan que la encuesta del CEN será la única válida y vinculante para definir al candidato panista a la alcaldía capitalina.

Explicó que las encuestas tienen múltiples variables que pueden inclinar los resultados: si se levantan vía telefónica o presencial, el tipo de pregunta, la sección electoral consultada y si se muestra fotografía del aspirante, entre otros factores. Dijo tener experiencia propia en la materia, tras estudiar estadística en la maestría en Estudios por la Democracia y Fuerzas Electorales

Evitó pronunciarse sobre quién encabeza las preferencias internas. “La mejor encuesta es la que se hace con los ciudadanos”, dijo, y recordó que el PAN ha competido en cuatro procesos electorales, de los cuales ha ganado tres.

También lee: Guajardo exhibe su 6 de 6 en la contienda panista

En 2027 queda lista la firma electrónica avanzada de IFSE y vence el plazo para que los municipios digitalicen documentos y procesos

Por: Redacción

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reveló que actualmente los Ayuntamientos potosinos gestionan recursos y enfrentan los desafíos de la rendición de cuentas con un rezago muy significativo en materia de digitalización; sin embargo, la transición hacia operaciones y procesos completamente automatizados es inminente y prioritaria.

“Uno de nuestros proyectos para el ejercicio 2027 es poner en marcha al cien por ciento la firma electrónica avanzada, lo que obligará legalmente a los 59 municipios a digitalizar toda su documentación y que ésta le sea entregada al Instituto ‘sí o sí’, de manera remota para las auditorías del período entrante”, advirtió.

Aun así, reconoció que si bien la legislación actual ya prevé la digitalización, el organismo fiscalizador se encuentra en estos momentos esperando la emisión de lineamientos y otra documentación legal, que permitan operar oficialmente su firma electrónica avanzada.

Asimismo, señaló que hay Ayuntamientos muy adelantados en la tarea de digitalizar sus documentos y ya cubren vía electrónica casi todas sus obligaciones de información ante el Instituto; se trata de los que cuentan con mayor capacidad económica y técnica: Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

Pese a ello, el asunto sigue representando un reto de inversión para la mayoría de los municipios con grandes rezagos, que carecen de la infraestructura necesaria para atender esta clase de requerimientos.

“En este caso vamos por etapas, presionando para que se atienda lo básico primero –Seguridad Pública, por ejemplo- y lo secundario después; infortunadamente las tecnologías por ahora”, puntualizó.

Finalmente, detalló las ventajas de sistematizar digitalmente los procesos de fiscalización superior y afirmó que es el modo más eficaz y seguro de llevar a cabo la entrega de registros contables y documentos comprobatorios y justificativos del gasto, ya que desaparece el riesgo de perder información en traslados prolongados y salvaguarda la integridad de las personas servidoras públicas municipales y del propio IFSE.

También lee: Nancy Jeanine García respalda que SLP no ceda agua a Nuevo León