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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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El gobernador destacó que ambos proyectos federales fortalecerán la conectividad y el desarrollo económico del estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí informó que el tren Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo y la modernización del Aeropuerto de Tamuín serán los proyectos federales de infraestructura más importantes que se desarrollarán en la entidad en los próximos años, al considerarlos estratégicos para la conectividad y el crecimiento regional.
“Sin lugar a dudas, uno de los más grandes va a ser el tren Querétaro–San Luis–Saltillo y el aeropuerto”, afirmó el mandatario al explicar los proyectos que actualmente se trabajan en coordinación con el Gobierno Federal, los cuales impactarán directamente en la movilidad, la inversión y el desarrollo económico del estado.
En el caso del aeropuerto, el gobernador precisó que el proyecto ya tiene calendarizado su arranque. “El aeropuerto arranca en agosto, ya lo tienen programado”, señaló. La obra corresponde al Aeropuerto de Tamuín, ubicado en la región Huasteca, cuya ampliación y modernización buscan fortalecer la conectividad aérea
Respecto al tren, indicó que se trata de una de las apuestas más fuertes de infraestructura a nivel nacional, al conectar a San Luis Potosí con Querétaro y Saltillo, integrando al estado a un corredor ferroviario clave para el transporte de personas y mercancías, además de reforzar su posición logística en el centro-norte del país.
Ambos proyectos, subrayó el gobernador, forman parte de una estrategia conjunta con la Federación para impulsar el desarrollo integral de San Luis Potosí y consolidar su crecimiento económico en los próximos años.
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Se desarrollarán en distintos municipios del estado mediante esquemas diferenciados que priorizan a sectores vulnerables
Por: Redacción
El titular de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en San Luis Potosí, Jesús Guille Martínez Martínez, informó que la meta estatal del programa federal asciende a 49 mil 930 viviendas, las cuales no cuentan con una distribución fija por municipio, ya que su ubicación dependerá de la disponibilidad y donación de predios por parte de los ayuntamientos.
Explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar se desarrolla a través de tres vertientes: la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste, cada una dirigida a distintos sectores de la población. “Conavi es para toda aquella persona que no tenga seguridad social, que no esté adherido ni al Infonavit ni al Fovissste”, precisó.
En el caso de Conavi, señaló que se priorizará a los sectores con ma yor vulnerabilidad
Martínez Martínez subrayó que uno de los principios del programa es evitar que se encarezca el costo final de la vivienda, por lo que la donación de terrenos es un requisito fundamental. “Eso es básico para que no se eleve el costo al beneficiario de su vivienda”, afirmó, al destacar que este esquema permite mantener precios accesibles para la población que más lo necesita.
Finalmente, reiteró que el programa busca atender el rezago habitacional de manera ordenada y con criterios sociales claros, combinando el trabajo de Conavi, Infonavit y Fovissste para ampliar el acceso a la vivienda digna en el estado.
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El proyecto contempla modernización gradual, mayor seguridad para usuarios y nuevas opciones de movilidad integrada
Por: Redacción
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado avanza en la renovación del transporte público urbano, con la incorporación de nuevas unidades, mejoras en materia de seguridad y el arranque de acciones para fortalecer la intermodalidad, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.
La funcionaria señaló que el actual gobierno inició un proceso de modernización del parque vehicular, el cual no se realizó en administraciones pasadas. “Si un camión se hubiera cambiado nada más, aunque sea con uno, ya es una acción afirmativa que no se tuvo en los últimos 12 años”, afirmó, al subrayar que en gobiernos anteriores “no hubo renovación de unidades”.
Martínez Acosta detalló que actualmente se tienen 1,200 unidades de transporte urbano registradas, de las cuales alrededor de 900 se encuentran en circulación. Añadió que durante el presente año se dio de alta a nuevas unidades como parte del programa de renovación, incluyendo modelos tipo boxer y otros de diseño más reciente.
Destacó que las nuevas unidades incorporan mejoras tecnológicas y de seguridad, como ventanas más amplias y sensores en la parte frontal y trasera. “Ese tipo de unidades traen sensores en la parte trasera y en la parte delantera y es una medida adicional de seguridad para el conductor y para los usuarios”, explicó.
La titular de la SCT reconoció que la renovación del transporte debe realizarse de manera gradual y responsable, debido al alto costo de cada unidad. “Cada unidad cuesta aproximadamente 2 millones 700 mil pesos”
En cuanto a la intermodalidad, Martínez Acosta confirmó que continúa en pie la instalación de portabicicletas en unidades de la MetroRed, aunque aclaró que el arranque será parcial. “No tendríamos para todas las rutas, pero sí vamos a iniciar con algunas parrillas en algunas rutas de la MetroRed”, indicó.
Finalmente, adelantó que en las zonas de transferencia se implementarán espacios y sistemas para el uso de bicicletas, incluyendo candados y bases para facilitar los traslados combinados. “La gente podrá hacer su intermodalidad a bordo de su bicicleta”, señaló, aunque precisó que el monto de inversión aún está en proceso de gestión presupuestal.
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