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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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Gobierno de SLP advierte a antros: cierre será a las 2:00 am
La Dirección de Gobernación indicó que se han detectado violaciones al horario establecido, por lo que ya se impusieron sanciones
Por: Redacción
El titular de la Dirección General de Gobierno de San Luis Potosí, José Concepción Gallardo Martínez, advirtió que los centros nocturnos deberán cumplir estrictamente con el horario de cierre establecido por la ley: a más tardar a las 2:00 de la mañana, fuera del contexto de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde por motivos de celebración se permite una ligera extensión.
Gallardo señaló que la indicación del gobernador Ricardo Gallardo ha sido clara: vigilar que los bares y antros, especialmente en la zona de Himalaya, respeten tanto el horario como la restricción de acceso a menores de edad y, en el caso de la Fenapo, contar con arcos detectores de metales para mayor seguridad.
“Hemos detectado establecimientos que no cumplen con los horarios, y ya se han impuesto sanciones. No se va a pedir, se va a exigir que los empresarios respeten la ley”, afirmó.
El funcionario agregó que la zona metropolitana es donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de incumplimientos, debido a la alta concentración de locales de entretenimiento nocturno y de personas que acuden a ellos.
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Hasta agosto, aumento salarial para trabajadores de gobierno estatal
Noé Lara aseguró que aún se negocia un convenio entre sindicatos y el Ejecutivo del estado; no aprobarán aumentos inalcanzables por la administración, aseguró
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha tenido acercamiento con los sindicatos de trabajadores de la administración pública, con quienes se pretende establecer la propuesta de aumento salarial, misma que podría presentarse durante la primera semana del mes de agosto, así lo dio a conocer Noé Lara Enriquez, titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal.
“Muchos trabajadores dan por hecho que ya se autorizó el incremento, lo cual aún no es cierto. Estamos negociando, platicando, y yo creo que la primera semana del mes de agosto va a ser anunciado de manera oficial el porcentaje de incremento”, mencionó.
El funcionario estatal dijo que las negociaciones se orientan en brindar un aumento salarial digno y significativo para las y los trabajadores, pero también asequible para las finanzas del estado, ya que se han presentado propuestas de hasta un 5 por ciento de aumento salarial ; propuesta que corre el riesgo de volverse insostenible en el futuro.
“Hablaban inclusive de un 5%, lo cual prácticamente es imposible, tomando en cuenta los parámetros que hemos manejado en años anteriores que han sido del 1.8 o 1.9 por ciento; luego el 2%, y el año pasado fue el 2.1%, que se otorgó incluso sin haber negociado con el sindicato. Nosotros vamos a actuar siempre con responsabilidad porque tampoco vamos a ofrecer un incremento que no vayamos a cumplir”, manifestó.
Lara Enriquez se mostró confiado de generar un acuerdo aceptable para las organizaciones gremiales y generar un convenio satisfactorio para las y los trabajadores, pero también para el gobierno estatal.
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Impugnan “pase directo” en PJ de SLP; magistrado con promedio 7.58 se defiende
Ángel Gonzalo Santiago argumentó que su experiencia y trayectoria fueron requisitos del decreto legislativo para su elegibilidad
Por: Redacción
Ángel Gonzalo Santiago, juez con licencia y uno de los aspirantes que electos en el proceso para ocupar magistraturas en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, informó que él y otros candidatos han presentado medios de impugnación tras los resultados de la elección del pasado 1 de junio.
El juez explicó que su elección se basa en el uso legítimo de una cláusula establecida la cual permite a jueces en funciones o con licencia acceder mediante un “pase directo” a la candidatura sin necesidad de cumplir con todos los requisitos aplicables a candidatos externos, como el promedio académico.
“Más que entrar al debate de si el promedio cuenta o no, lo que quiero es dar certeza al procedimiento. Nosotros hicimos valer una disposición constitucional vigente que nos otorgaba ese derecho a quienes ya ejercíamos como jueces”, señaló.
Mencionó que su experiencia ha sido adquirida a través de concursos de oposición, tanto en el ámbito civil como mercantil, lo que acredita su idoneidad profesional para el cargo. Añadió que esta misma vía fue utilizada por otros jueces y magistrados en funciones, quienes también impugnaron los resultados basándose en el mismo argumento.
“La Constitución contempla dos vías: quienes accedimos desde el Poder Judicial por pase directo, y quienes no forman parte del sistema judicial, a quienes sí se les exige cumplir con requisitos como promedio, experiencia, cursos y capacitaciones”, explicó.
Santiago indicó que el Tribunal Electoral deberá resolver el caso a más tardar el 25 de agosto, aunque mencionó que, durante una audiencia reciente, los magistrados le expresaron su intención de emitir una resolución antes de esa fecha límite.
Finalmente, reafirmó que el proceso se está llevando conforme a derecho y confía que su equipo legal tiene argumentos ya presentados que serán valorados de acuerdo con lo establecido en la legislación.
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