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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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#4 Tiempos
En nombre de la Iglesia, del IFSE y el espíritu santo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la paja en el ojo ajeno:
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
¿Qué hace el vocero de la iglesia, Tomás Cruz Perales, dando sermones de transparencia, cuando su iglesia y el Vaticano es una de las instituciones, primero más ricas, menos transparentes y menos democráticas del planeta?
El Vaticano como Estado, en realidad es pobre, sería la última economía del mundo si se mide por su nivel de ingresos, que de acuerdo al propio Estado Vaticano solo provienen de la venta de medallas, artículos para turistas y entradas a museos.
Por otro lado, su territorio y población es muy pequeña, por lo tanto para el nivel de ingresos, divididos entre tan pocas personas, tienen un Ingreso per cápita, de los más altos del mundo (hay poco más de 600 habitantes)
Los puristas me dirán que el Vaticano y la iglesia no tienen por qué dar cuentas a nadie (solo a Dios) porque no recibe ”recursos públicos” (aunque sí recibe donaciones millonarias principalmente de EEUU, Francia e Italia y que a ciencia cierta no se sabe el destino que se les da a cantidades multimillonarias).
Es cierto que construye hospitales, albergues, y universidades por todo el mundo, pero los números, el balance de sus ingresos jamás ha sido conocido.
Datos duros, plasmados en la Biblia son muy pocos: si acaso las 30 monedas de plata que recibió judas, y el denario que pagaba el propietario de una viña a sus trabajadores en la parábola conocida así, la de “los obreros de la viña”.
(Seguramente hay otras referencias económicas en las escrituras, pero de ahí en fuera, la institución humana, y por lo tanto imperfecta, llamada iglesia, jamás en su historia ha dado cuentas a nadie de sus números, no obstante que es de todos conocido que tiene una cantidad de recursos tan alta que ya quisieran muchas naciones)
Pero a ver, preguntemos:… ¿No son recursos públicos los que recibe la iglesia católica?
Todas las dádivas y donaciones vienen de sus feligreses, que de manera voluntaria -eso sí- aportan. Sin olvidar todo lo que cobran de manera “no tan voluntaria”, como actas bautismales, bodas, misas, amonestaciones, licencias y muchos “etcéteras”.
En todo caso no son recursos públicos técnicamente hablando, pero sí “del público”.
Lo más importante: ya sea con alcancías a los pies de un santo, en la canasta de las limosnas, o en los sobres del diezmo, todos esos recursos son “ingresos propios” o auto generados por la institución creada , a solicitud expresa, por San Pedro.
Si la iglesia es así de opaca en el manejo de los recursos de sus “seguidores públicos”, ¿por qué entonces no propone el vocero potosino, en un acto de humildad, de transparencia y de dar al César lo que le corresponde, que el IFSE audite cada alcancía, diezmo y limosnas?
¿Qué se tiene que estar metiendo Cruz Perales con las demás instituciones cuando la propia tiene mucho que explicar, y no solo en temas económicos?
Ya nada más falta que la iglesia potosina también ayude al SAT y promueva auditorías a sus fieles seguidores…
Total, “el que nada debe, nada teme” y bajo esa lógica deberían de poner el ejemplo, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
De otra forma se comportan como fariseos, tomando posturas de tumbas blanqueadas.
Mire, Culto Público, que el que esto escribe reconoce que “peco de persignado” y soy temeroso del poder de Dios, no obstante y aunque me excomulgue la iglesia no puedo dejar de decir la verdad. No mentirás es mi octavo mandamiento.
La UASLP y el IFSE tienen su liturgia y mandamientos mundanos, cívicos y sin ninguna relación celestial, por lo tanto no se meta, señor vocero, en temas que no le incumben. Amén.
En otros temas, con la misma curiosidad, tenacidad, geometría analítica espacial, ciencia, cálculo y matemática con que se midió la asistencia a la Fenapo, se debería poner en tela de juicio los números de los costos de las obras que anuncian los gobiernos.
Es el caso del municipio bebé de Villa de Pozos, que presumió gastar 4 millones de pesos en 3 aulas de 6×8 metros cuadrados…
Precios por metro que solo en las zonas más lujosas de SLP se tienen.
Las aulas “inclusivas” que presume Pozos, que se sepa o se vea, no tienen tecnología acústica de primer nivel, ni sistemas en braille, ni grúas para la movilidad de personas con discapacidad. Tiene tres rampas y dos ventiladores.
Fue en la primaria José Mariano Jiménez, en Pozos, donde Teresa Rivera presumió la entrega de tres aulas “didácticas e inclusivas” de 6×8 metros, con una inversión de 4 millones de pesos. La cuenta no falla: 1.3 millones por aula, o casi 28 mil pesos el metro cuadrado. Ni los departamentos de Lomas cuestan tanto. La presidenta concejal presume “materiales de alta calidad” y rampas para hacerlo inclusivo, pero a ese precio uno esperaría butacas con calefacción, pizarras inteligentes o conexión satelital. La obra era necesaria, sí y va a beneficiar a medio millar de niños, pero la matemática es más clara que el discurso: el sobre precio es evidente.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ayuntamiento de SLP
“Andamos de pie”: comandante Villa continúa su labor pese a accidente
El titular de la SSPC capitalina dijo que el responsable enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía de SLP; está concentrado en trabajar al frente de la corporación municipal
Por: Redacción
A casi dos meses de haber sido atropellado por un taxista en estado de ebriedad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí (SSPCSLP), informó que continúa su recuperación física, mientras que el responsable enfrenta su proceso judicial luego de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Señaló que el conductor ya enfrenta un proceso legal y actualmente se encuentra en libertad, pero con la obligación de firmar cada 15 días como parte de las medidas cautelares. “El asunto ya está ante un juez. El taxista está bajo un proceso. Tengo entendido que ahorita están en la etapa de investigación”, explicó.
Villa Gutierrez aseguró estar de pie y comprometido con su labor, luego de haber sido sometido a operaciones en ambas piernas, por lo que ahora desea dejar atrás ese episodio y concentrarse en las labores al frente de la corporación a su cargo.
Finalmente, Villa Gutiérrez agradeció la paciencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos durante su ausencia de la SSPCSLP. Además, hizo un llamado a la responsabilidad tanto desde su posición como servidor público como desde la experiencia personal.
“Si lo veo como secretario, te puedo decir que nosotros estamos trabajando muy duro para que este tipo de cosas no sucedan. Si lo veo como ciudadano, obviamente me solidarizo con aquellas personas que de alguna manera han tenido un accidente de este tipo”.
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Destacadas
Desde 2023, SCT entregó expedientes de Metro Red a la FGESLP
Araceli Martinez Acosta dijo que no se ha solicitado mayor información sobre irregularidades correspondientes a la administración pasada
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmó que desde principios de 2023 la dependencia puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) todos los expedientes relacionados con la construcción y operación de la Metro Red en la administración anterior, señalada por un presunto desvío millonario de recursos.
Martínez Acosta detalló que en ese momento la FGE tuvo acceso completo a la documentación necesaria para integrar la carpeta de investigación, por lo que a la SCT no se le han solicitado nuevas pruebas o información adicional desde entonces.
“Ellos ya cuentan con todos los elementos y están trabajando en la integración de la carpeta”, aseguró la funcionaria, quien precisó que la Secretaría mantiene disposición para colaborar si se requiere más adelante.
La investigación sobre el uso de recursos en la entonces Metro Red continúa bajo la conducción de la Fiscalía, luego de denuncias sobre irregularidades en contratos y aplicación del presupuesto.
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