enero 8, 2026

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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química

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El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales 

Por: Bernardo Vera

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.

A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:

 

¿Qué es?

La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.

En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.

Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.

 

¿Cuáles son los efectos?

Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.

Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.

 

¿Se ha realizado en otros estados o países?

En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.

En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.

En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.

 

¿Es legal?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.

A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.

También lee: Gallardo pide a diputados que aprueben castración química

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

.

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

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Ciudad

¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?

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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.

Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.

La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado

de estas plantas.

Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.

La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.

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SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE

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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional

Por: Redacción

El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.

El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria

.

Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.

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