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SLP está por iniciar la discusión sobre la castración química
El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales
Por: Bernardo Vera
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.
A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:
¿Qué es?
La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.
En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.
Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.
¿Cuáles son los efectos?
Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.
Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.
¿Se ha realizado en otros estados o países?
En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.
En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.
En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.
¿Es legal?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.
A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.
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Vero Rodríguez recordó que Romero Calzada fue candidato ciudadano, por lo que la encomienda será escuchar a la militancia y ciudadanía de cada municipio de cara al 2027
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, reconoció que uno de los errores cometidos en la elección de 2024, fue no escuchar a la militancia de los municipios, lo que derivó en la postulación de José Luis Romero Calzada como candidato a presidente municipal de Ciudad Valles. Mismo que hace unas semanas presumió en redes sociales su nueva afiliación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Así lo externó Verónica Rodríguez Hernández, dirigente estatal del PAN enn la entidad potosina.
“Yo reconozco algunos errores de las pasadas decisiones en la contienda del 2024. Uno de ellos es eso, agotar el escuchar a la militancia y a la ciudadanía”, mencionó.
La también senadora de la República, recordó que Romero Calzada, fue un candidato ciudadano abanderado por su partido, una postulación enmarcada dentro de los estatutos del partido. Sin embargo, no se consideró la opinión de la militancia y la ciudadanía de Ciudad Valles.
“Lo que ocurrió en el 2024 en Ciudad Valles es que tuvimos un candidato ciudadano, es decir, no militó en Acción Nacional ni milita en Acción Nacional. Lamentamos mucho la decisión porque estamos convencidos que Acción Nacional es el partido que en el 2027 puede ganar no solo la gubernatura, sino más espacios como lo son alcaldías importantes, ejemplo, Ciudad Valles”.
Manifestó que su compromiso de cara a la elección de 2027, será mantener esa cercanía y escucha en los municipios, además de instarlos a alzar la voz y participar en la elección de la próxima candidata o candidato en los 59 municipios.
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El vocero de la Arquidiócesis en SLP dijo que los casos de abuso “han golpeado” a la Iglesia y se desea que “se haga justicia”
Por: Redacción
Tras los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre los “pendientes” de la Iglesia Católica en temas como la pederastia, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, afirmó que la institución reconoce el daño causado y ha buscado que se haga justicia en los casos denunciados.
“Todos deseamos que se solucione el problema, que se haga justicia. Ese ha sido también el deseo de la Iglesia”, declaró Cruz Perales, al referirse a los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en México, que han dejado una profunda herida en la credibilidad de la institución.
Sobre el caso del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de múltiples abusos y actualmente prófugo de la justicia, el vocero señaló que desconocen su paradero, al igual que muchas asociaciones y la propia Fiscalía. “Ya no es sacerdote. También tenemos esa incógnita de dónde está”, dijo.
Respecto a otro caso controvertido, el del sacerdote del Salesiano implicado en la muerte de una joven, Cruz Perales aseguró que la Suprema Corte ya emitió su resolución y que el religioso fue exonerado.
El vocero también reconoció que México se encuentra entre los países con más denuncias de abusos sexuales por parte de miembros del clero. Según cifras recientes, en la última década se han documentado 476 sacerdotes señalados por este tipo de delitos en el país, de los cuales 176 han sido procesados.
“No negamos el problema. Es un mal que ha golpeado a nuestra Iglesia y hemos tratado de responder, tanto con justicia como con medidas preventivas”, aseguró. Añadió que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos ha fortalecido las acciones de prevención dentro de la diócesis, incluyendo procesos de formación para sacerdotes, catequistas y agentes pastorales que trabajan con personas vulnerables.
“La prevención no solo va dirigida a los sacerdotes, sino a todo aquel que esté en contacto con jóvenes”, finalizó.
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La diputada Frinné Azuara reconoció la importancia del tema, sin embargo aún encuentran obstáculos éticos y legales
Por: Redacción
La diputada del Congreso local de San Luis Potosí, Frinné Azuara Yarzábal, habló sobre la iniciativa que busca promover la donación de órganos. Para la legisladora, se trata de una propuesta importante y necesaria, debido a la demanda que existe entre la ciudadanía.
Agregó que actualmente hay más de 180 solicitudes de trasplantes de riñón y 80 de córneas, por lo que, si los diputados aprobaran dicha resolución en este momento, se verían superados por la demanda.
Esta propuesta también contempla las donaciones tácitas, en las que los familiares de la persona fallecida tendrían voz respecto al trasplante de sus órganos.
Por todo lo anterior, enfatizó que la propuesta fue desechada, aunque no se descarta que, tras algunos ajustes y análisis, pueda retomarse, dada la importancia de fomentar una cultura de donación de órganos.
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