De acuerdo con Protección Civil, la superficie afectada rebasa las 23 mil hectáreas, aunque la cifra podría aumentar una vez que Conafor concluya la medición satelital

Por: Redacción

La reciente onda de calor registrada en San Luis Potosí provocó un incremento considerable en los incendios forestales, informó César Manuel Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quien detalló que hasta el momento se tiene un registro de 84 siniestros en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El funcionario explicó que la superficie afectada se mantiene por arriba de las 23 mil hectáreas, aunque aclaró que la cifra continúa en proceso de actualización debido a que la medición oficial se realiza mediante imágenes satelitales, procedimiento que puede tardar entre cuatro y cinco días.

“Conafor tarda entre cuatro y cinco días en determinar las hectáreas afectadas porque lo hace por medio de imágenes de satélite. La imagen no es al momento y además las condiciones nubladas complican el análisis”, señaló.

Rocha Moreno indicó que actualmente no se reportan incendios forestales activos en el estado, luego de que los últimos incidentes registrados ocurrieran en la zona serrana de Santa María del Río, hacia el área colindante con Rioverde.

Sobre estos casos recientes, mencionó que existe la presunción de que fueron originados por tormentas eléctricas derivadas de las condiciones climáticas de los últimos días.

Las autoridades estatales mantienen coordinación con Conafor para continuar con el monitoreo y actualización de los daños ambientales provocados por la temporada de incendios forestales.

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Además del ecocidio hubo violación al territorio y a la identidad del Barrio Unión de Guadalupe; señala directamente a la dependencia estatal que autorizó el sobrevuelo

Por: Redacción

Un peritaje antropológico elaborado por el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, catedrático del Colegio de San Luis, confirmó que el sobrevuelo de helicópteros sobre el Sótano de las Golondrinas, realizado por empresas filiales de Grupo Vidanta en mayo de 2024, no solo provocó un ecocidio sino que vulneró el territorio y la identidad de la comunidad teenek del Barrio Unión de Guadalupe, en Aquismón. El documento ya fue aportado como prueba pericial en los distintos procedimientos legales abiertos contra los responsables.

El investigador, con 18 años de experiencia en la región y en el tema de ecoturismo en zonas indígenas, subrayó que lo ocurrido va más allá de la mortandad de vencejos documentada por el doctor Leonardo Chapa del IPICYT. Lo que está de fondo, señaló Guzmán Chávez, es que las empresas involucradas violentaron la autoridad comunitaria, mintieron sobre una supuesta aceptación previa y falsificaron firmas.

El peritaje acredita que el Barrio Unión de Guadalupe cuenta con un sistema normativo propio que le asiste como comunidad indígena organizada, cuya máxima expresión es el Reglamento de Conservación y Protección del Sótano de las Golondrinas, elaborado en 1998 y ratificado en asamblea. Ese reglamento es explícito: en su artículo 22 prohíbe expresamente el sobrevuelo de helicópteros sobre el sitio. “Queda prohibido el descenso con artefactos de vuelo, como son helicópteros”, establece el documento.

Ante la ausencia de un Programa de Manejo, que debió elaborarse tras el decreto del Área Natural Protegida en 2001 y que hasta la fecha no existe, ese reglamento comunitario es el instrumento normativo vigente. Su violación, por tanto, no fue un tecnicismo: fue el desconocimiento de la autoridad indígena.

En cuanto al papel de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Guzmán Chávez fue contundente

El peritaje plantea como escenario de resolución la reparación del daño mediante contraprestación económica o en especie, una disculpa pública de la SEGAM a todos los habitantes del barrio y la inhabilitación y sanción de la funcionaria responsable. “No se puede repetir esta situación”, advirtió el catedrático, quien además llamó a las instituciones de gobierno a empoderar a las comunidades en lugar de permitir que empresas nacionales o extranjeras coopten sus recursos naturales.

La historia del Barrio Unión de Guadalupe con el Sótano de las Golondrinas tiene más de 25 años. Desde finales de los ochenta, sus habitantes asumieron el proyecto ecoturístico como propio, frenaron la deforestación, recuperaron ecosistemas degradados y construyeron un modelo de administración comunitaria que ha sido referente. Que una empresa llegara a sobrevolar su sitio sagrado con helicópteros, con el aval de una funcionaria estatal y sin consultar a la asamblea, es lo que hoy se dirime en los tribunales.

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Además, el gobierno estatal prepara la entrega de bases para que cada ayuntamiento desarrolle su atlas de riesgo

Por: Redacción

César Manuel Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), confirmó que continúan los trabajos de revisión y atención relacionados con las fallas geológicas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El funcionario explicó que autoridades soledenses solicitaron apoyo técnico a la CEPC para evaluar afectaciones derivadas de estas fracturas, algunas de las cuales ya impactan construcciones y centros comerciales.

“Se tiene el acercamiento con Soledad, nos ha pedido apoyo técnico, se les ha prestado el apoyo con la ingeniera geóloga que tenemos y con personal especializado para hacer las revisiones”, señaló.

Rocha Moreno indicó que ya se emitieron reportes técnicos correspondientes; sin embargo, aclaró que las decisiones relacionadas con posibles reubicaciones o restricciones de construcción recaen directamente en los municipios.

El encargado de despacho destacó que la mayor incidencia de fallas geológicas se concentra al norte de la zona metropolitana, una problemática que, aseguró, no es exclusiva de San Luis Potosí.

Sobre los atlas municipales de riesgo, informó que el proyecto estatal ya se encuentra en revisión por parte del gobernador y posteriormente se entregará una base técnica a los ayuntamientos para que desarrollen sus propios documentos de prevención.

Explicó que, aunque el gobierno estatal brindará apoyo técnico, la elaboración de los atlas es responsabilidad directa de cada municipio, los cuales deben destinar presupuesto y estudios especializados para cumplir con esta obligación.

“Es 100 por ciento responsabilidad de los ayuntamientos contar con su atlas municipal de riesgo”, enfatizó.

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