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SLP, en el Top 10 de los estados con más muertes fetales en el 2018: Inegi
San Luis Potosí registró 682 muertes fetales en 2018, ubicándose así entre las entidades con las tasas más elevadas en cuanto a muertes fetales en México
Por: El Saxofón
San Luis Potosí está entre las 10 entidades con mayor número de muertes fetales registradas en 2018, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los datos contenidos el documento “Características de las defunciones fetales registradas en México durante 2018”, publicado por el Inegi, el año pasado en San Luis Potosí ocurrieron 682 muertes fetales.
De estos decesos, 592 fueron casos integrados a la estadística de defunciones fetales 2018, mientras que 90 casos fueron “identificados en fuente alterna”.
Con estas cifras, San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con las tasas más elevadas de muerte fetal.
La tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal por cada 10 000 mujeres en edad fértil es de 6.2; sin embargo, San Luis se halla entre las entidades donde la tasa de muerte fetal está entre las 7.6 y las 10 muertes fetales por cada 10 000 mujeres en edad fértil.
Según el Inegi, las entidades federativas que presentan las tasas más altas son México (9.8), Guanajuato (9.3) y Ciudad de México (9.0). Las que presentan las tasas más bajas son Guerrero (0.6), Coahuila de Zaragoza (1.3) y Nayarit (1.6).
De acuerdo con los datos del Inegi, la cifra de muertes fetales del 2018 en San Luis Potosí, es la mayor desde el año 2000, cuando se registraron 730 casos.
En los años posteriores la mortalidad fetal había disminuido en el estado. En 2015 se registraron 600 casos, en 2016, 537; y en 2017, 548, por lo que las estadísticas de 2018, revelan un incremento del 24 .45 por ciento con respecto al año previo.
En 2017, en San Luis Potosí, el mayor número de muertes fetales se registró en madres entre los 20 a los 24 años (142 casos), en segundo lugar se ubicó el grupo de edad de 25 a 29 años (134) Y en tercer lugar mujeres entre los 30 y 34 años (106 casos).
Un número importante de muertes fetales se registró también en madres adolescentes o muy jóvenes, entre los 15 y los 19 años, con 98 casos.
De los 592 casos registrados en 2017, 245, es decir, casi el 50% por ciento, fueron casos de aborto espontáneo. El caso de aborto, aplica cuando la edad gestacional del feto es inferior a las 22 semanas. A nivel nacional el aborto espontáneo es el más común entre las muertes fetales con 6 mil 582 casos (86.9%).
Las diez entidades que registraron un mayor número de muertes fetales en 2018 fueron: Estado de México (4838), Ciudad de México (2389), Guanajuato (1638), Jalisco (1624), Puebla (1460), Veracruz de Ignacio de la Llave (1093), Nuevo León (1008), Chiapas (858), Chihuahua (758) y San Luis Potosí (682).
El panorama nacional
A nivel nacional, el 83 por ciento de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.5% durante el parto y 1.4% no fue especificado. El 89 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 mil 081 mujeres (5.1%) indicaron que sí la hablan. Las mujeres de 23 años de edad son las que presentaron la mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en la muerte del producto.
Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 8 370 (39.5%), seguida de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 5 345 (25.2%) y las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7 471 (35.2%). En 9 casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.
Por sexo del feto, los hombres tuvieron la mayor frecuencia (11 100 casos) respecto a las mujeres (8 101 casos). El 9.4% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.
Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años (24%) y el de 25 a 29 (22.5 por ciento).
Los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro popular con 9 904 (46.7%) y el IMSS con 5 916 (27.9%), los cuales concentran el 74.6% de la afiliación.
El 67.6% de mujeres que durante 2018 tuvieron un embarazo que terminó con la muerte del producto dijo no trabajar, mientras que el 27.3% sí lo hacía. El 5.1% no lo especificó.
La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron el 71.1% de las defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas registraron el 13.3 por ciento.
Las principales causas de muerte fetal son las que tienen que ver con las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto con 93.9%, seguidas de las correspondientes a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 6.1%.
El INEGI explica que “El procesamiento y generación de la estadística de defunciones fetales inició en 1932, en 1987 la Secretaría de Salud introdujo el certificado de muerte fetal, que comenzó a ser explotado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1989. A la fecha se mantiene como el formato de captación vigente.
“Esta estadística tiene un vínculo directo con la salud materna, la información referente a variables como las causas que la provocaron, la edad gestacional y peso del producto, así como la edad de la madre y la atención prenatal recibida durante el embarazo, permiten identificar factores de riesgos prevenibles e incidir en una mejoría real de la salud materno-infantil en México.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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