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SLP, en el Top 10 de los estados con más muertes fetales en el 2018: Inegi
San Luis Potosí registró 682 muertes fetales en 2018, ubicándose así entre las entidades con las tasas más elevadas en cuanto a muertes fetales en México
Por: El Saxofón
San Luis Potosí está entre las 10 entidades con mayor número de muertes fetales registradas en 2018, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los datos contenidos el documento “Características de las defunciones fetales registradas en México durante 2018”, publicado por el Inegi, el año pasado en San Luis Potosí ocurrieron 682 muertes fetales.
De estos decesos, 592 fueron casos integrados a la estadística de defunciones fetales 2018, mientras que 90 casos fueron “identificados en fuente alterna”.
Con estas cifras, San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con las tasas más elevadas de muerte fetal.
La tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal por cada 10 000 mujeres en edad fértil es de 6.2; sin embargo, San Luis se halla entre las entidades donde la tasa de muerte fetal está entre las 7.6 y las 10 muertes fetales por cada 10 000 mujeres en edad fértil.
Según el Inegi, las entidades federativas que presentan las tasas más altas son México (9.8), Guanajuato (9.3) y Ciudad de México (9.0). Las que presentan las tasas más bajas son Guerrero (0.6), Coahuila de Zaragoza (1.3) y Nayarit (1.6).
De acuerdo con los datos del Inegi, la cifra de muertes fetales del 2018 en San Luis Potosí, es la mayor desde el año 2000, cuando se registraron 730 casos.
En los años posteriores la mortalidad fetal había disminuido en el estado. En 2015 se registraron 600 casos, en 2016, 537; y en 2017, 548, por lo que las estadísticas de 2018, revelan un incremento del 24 .45 por ciento con respecto al año previo.
En 2017, en San Luis Potosí, el mayor número de muertes fetales se registró en madres entre los 20 a los 24 años (142 casos), en segundo lugar se ubicó el grupo de edad de 25 a 29 años (134) Y en tercer lugar mujeres entre los 30 y 34 años (106 casos).
Un número importante de muertes fetales se registró también en madres adolescentes o muy jóvenes, entre los 15 y los 19 años, con 98 casos.
De los 592 casos registrados en 2017, 245, es decir, casi el 50% por ciento, fueron casos de aborto espontáneo. El caso de aborto, aplica cuando la edad gestacional del feto es inferior a las 22 semanas. A nivel nacional el aborto espontáneo es el más común entre las muertes fetales con 6 mil 582 casos (86.9%).
Las diez entidades que registraron un mayor número de muertes fetales en 2018 fueron: Estado de México (4838), Ciudad de México (2389), Guanajuato (1638), Jalisco (1624), Puebla (1460), Veracruz de Ignacio de la Llave (1093), Nuevo León (1008), Chiapas (858), Chihuahua (758) y San Luis Potosí (682).
El panorama nacional
A nivel nacional, el 83 por ciento de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.5% durante el parto y 1.4% no fue especificado. El 89 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 mil 081 mujeres (5.1%) indicaron que sí la hablan. Las mujeres de 23 años de edad son las que presentaron la mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en la muerte del producto.
Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 8 370 (39.5%), seguida de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 5 345 (25.2%) y las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7 471 (35.2%). En 9 casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.
Por sexo del feto, los hombres tuvieron la mayor frecuencia (11 100 casos) respecto a las mujeres (8 101 casos). El 9.4% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.
Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años (24%) y el de 25 a 29 (22.5 por ciento).
Los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro popular con 9 904 (46.7%) y el IMSS con 5 916 (27.9%), los cuales concentran el 74.6% de la afiliación.
El 67.6% de mujeres que durante 2018 tuvieron un embarazo que terminó con la muerte del producto dijo no trabajar, mientras que el 27.3% sí lo hacía. El 5.1% no lo especificó.
La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron el 71.1% de las defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas registraron el 13.3 por ciento.
Las principales causas de muerte fetal son las que tienen que ver con las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto con 93.9%, seguidas de las correspondientes a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 6.1%.
El INEGI explica que “El procesamiento y generación de la estadística de defunciones fetales inició en 1932, en 1987 la Secretaría de Salud introdujo el certificado de muerte fetal, que comenzó a ser explotado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1989. A la fecha se mantiene como el formato de captación vigente.
“Esta estadística tiene un vínculo directo con la salud materna, la información referente a variables como las causas que la provocaron, la edad gestacional y peso del producto, así como la edad de la madre y la atención prenatal recibida durante el embarazo, permiten identificar factores de riesgos prevenibles e incidir en una mejoría real de la salud materno-infantil en México.
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Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.
La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida 
Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.
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Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial
Por: Redacción
La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.
“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.
La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia
El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.
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Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.
Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.
Mariano Ávila #224
Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos
Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.
Supuesto manual de operaciones
Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.
Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.
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