Estado
“SLP debe despenalizar cuando antes el aborto”: activista
Lourdes Moreno aseguró que existe voluntad de las y los diputados para resolver el tema
Por: Ana G Silva
Lourdes Moreno, activista de la organización Samalou, la cual pugna por los derechos políticos de las mujeres, dijo que en San Luis Potosí existe una deuda con las mujeres que han sido encarceladas por abortar:
“Fueron víctimas de esta estructura que las oprimía y no recibían ningún tipo de apoyo emocional al ser víctimas de violencia institucional”.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto, por lo que en breve los congreso locales tendrá que armonizar sus legislaciones con esa decisión, al respecto la activista comentó que en el caso de las mujeres que hoy están sujetas a un proceso vinculatorio por interrumpir su embarazo, se les debe aplicar las nuevas leyes.
Lourdes Moreno reiteró que la despenalización del aborto es algo que el movimiento feminista celebra, pues por años se ha llevado a cabo una lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: “Hemos acudido a varias instancias, metido iniciativas en los congresos locales, salido a las calles a marchar, acompañamos a mujeres que han decidido interrumpir voluntariamente sus embarazos y hemos otorgado los cuidados que el estado no ha otorgado a las mujeres”.
Moreno comentó que es necesario que el Congreso de San Luis Potosí retome el tema en el primer periodo de la legislatura que toma protesta este martes, ya que “es necesario que se defina “el periodo” de embarazo en el que es legal abortar”.
“Como ya es una jurisprudencia en la Suprema Corta, ya tiene el mismo rango de ley estatal o federal gracias al principio de interpretación pro persona, ya no se necesita que se modifique el código penal de cada estado, sino que de facto tiene que aplicar sin que se tenga que discutir, hay un ánimo de la coalición Juntos Haremos Historia en el que se busca armonizar la ley local, a los tratados y convenciones internacionales que México ha suscrito”.
La feminista potosina destacó que debería impulsarse una reforma legislativa de esta materia en San Luis Potosí desde el inicio de la legislatura, ya que con esta disposición hay partidos como el PAN, “que a pesar de ser partidos conservadores”, su misma ideología esta apegada al respeto de las instituciones y están a favor de que existan y que estos le den una directriz a las conductas de los ciudadanos para que exista el estado del derecho.
“En este caso los panistas que tengan los conocimientos jurídicos necesarios y de derechos humanos no tendrán manera de oponerse a lo que pasó en la Suprema Corte y a lo que será un derecho. Con la disposición de los partidos que integran Juntos Haremos Historia, más dejar dejar sin argumentos al ala conservadora del Congreso, la despenalización del aborto tendrá que ser una realidad en la siguiente legislatura, porque es una deuda con las mujeres potosinas”.
Lourdes Moreno comentó que los y las integrantes del próximo Congreso local tendrán que empezar por hacer una reforma legislativa que se armonice con otras leyes como es la salud y que se traduzca en políticas públicas que el ejecutivo esté obligado a llevar a cabo.
La activista recordó que la última iniciativa que se propuso en el Congreso no solamente era para despenalizar el aborto, sino que también se pedían una serie de garantías de salud, como era: el acceso a la educación sexual en los planes de estudio desde educación básica hasta nivel superior, garantizar los derechos humanos de las mujeres y flexibilizar los tramites de adopción para aquellas mujeres que realmente no quieren abortar, pero no tienen otra opción, ya que no pueden ofrecerle a sus hijos una vida digna, al vivir en la pobreza y que no tienen acceso a los derechos básicos.
“Creo que la ultima cohesión es pensar en la despenalización, pero el día de hoy, por el hecho de estar penalizado muchas mujeres que son criminalizadas y terminan en la cárcel, porque el estado no les garantiza los derechos que les debería de garantizar; también los servicios de salud deberían de tener los presupuestos, la infraestructura y los recursos humanos necesarios para atender de manera muy integral a las mujeres que deciden abortar y brindarles el derecho a un aborto seguro y el acompañamiento necesario y psicológico o medico el tiempo que lo requieran”.
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Estado
Gobierno estatal exhorta a conducir con responsabilidad
Un incidente vial dejó una persona fallecida y daños materiales; autoridades reiteran el llamado a la prevención
Por: Redacción
Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad sin límites, los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga informaron que la mañana del domingo 19 de abril se registró un incidente vial al exterior del Parque Tangamanga II, donde un vehículo impactó contra la reja perimetral y posteriormente contra un árbol al interior del recinto.
De manera inmediata, personal de Guardaparques brindó atención en el lugar y solicitó la intervención de la Guardia Civil Estatal, servicios de ambulancia y la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el fallecimiento de una persona. Asimismo, se contó con el apoyo de corporaciones de seguridad de la capital, al tratarse de un hecho de tránsito ocurrido en la vía pública, reflejando el cambio que se vive y se siente en la respuesta oportuna de las autoridades.
Ante estos hechos, se hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, priorizar la seguridad propia y la de los demás, y tomar decisiones conscientes al conducir. La prevención y el respeto a las normas viales son fundamentales para salvaguardar la integridad de todas y todos.
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Estado
Estado refuerza prevención y atención ante temporada de lluvias
Solo Villa de Arista registra afectaciones tras tromba y granizada; autoridades mantienen monitoreo permanente
Por: Redacción
Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la prevención y atención oportuna ante fenómenos meteorológicos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene labores de monitoreo, vigilancia y coordinación sin límites con las Unidades Municipales en el Altiplano potosino, tras las lluvias registradas en las últimas horas.
De acuerdo con la dependencia, se presentaron lluvias ligeras e intermitentes en municipios como Real de Catorce, Cedral, Matehuala, Villa de Guadalupe, Vanegas, Charcas, Venado, Guadalcázar, Villa de la Paz y Ahualulco Moctezuma, mientras que en Villa de Arista se registró una tromba con granizada que provocó afectaciones en la comunidad de Derramaderos, donde el camino principal resultó dañado por la bajada de agua, siendo atendido de manera inmediata por autoridades municipales, reflejando el cambio que se vive y se siente en la capacidad de respuesta.
Asimismo, en el municipio de Moctezuma, en la comunidad de San José del Grito, se reportó acumulación de grava y arena sobre el camino hacia Ahualulco, por lo que ya se realizan trabajos para despejar la vialidad. La CEPC informó que se mantiene atenta ante la presencia del frente frío número 45, que podría generar tormentas eléctricas, granizadas, lluvias fuertes y tolvaneras en el Altiplano, con posible extensión a las zonas Centro y Media, garantizando atención inmediata en caso de cualquier contingencia.
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Congreso del Estado
Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años
La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.
De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.
Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.
Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.
En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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