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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP
En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto
Por: Abelardo Medellín y El Saxofón
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.
En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.
Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».
La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.
Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.
Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».
Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.
En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.
El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.
Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.
Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa
La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.
“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.
“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar
En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.
En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.
Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.
Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.
Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.
Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho.
Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.
Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”.
A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.
Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.
En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.
Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.
Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.
En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.
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Tras una primera intervención con un camión de limpieza a presión, personal de la dirección de Construcción evalúa si el problema se debe a una obstrucción o al colapso de la red sanitaria
Por: Redacción
Personal especializado de Interapas trabaja en la identificación del origen de una fuga de aguas residuales sobre la avenida Venustiano Carranza en la ciudad capital.
Como primera acción, se realizaron maniobras con el camión de limpieza para desazolvar la red; sin embargo, el nivel del agua residual no descendió, por lo que fue necesario ampliar la revisión técnica.
Actualmente, personal del área de Construcción se encuentra en el lugar evaluando la infraestructura para determinar si la causa del problema corresponde a una obstrucción
Los trabajos en el sitio continúan, el organismo mantiene presencia permanente en la zona hasta identificar el origen de la falla y ejecutar la solución correspondiente, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red a la brevedad posible.
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El colectivo organizador de la Marcha del Orgullo pidió a la Fiscalía y a la SSPC estatal investigar amenazas de odio recibidas
Por: Redacción
El colectivo organizador de la Marcha por los Derechos y la Diversidad LGBTIQ+ de San Luis Potosí denunció mensajes de odio y amenazas recibidos en redes sociales durante los últimos días, previos a la marcha del sábado 25 de julio, y pidió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana investigar su origen.
Los organizadores precisaron que los mensajes provienen de perfiles falsos y de cuentas identificables, y buscan intimidar, sembrar miedo y desalentar la participación de la comunidad en las actividades del Mes del Orgullo. “Algunos contienen expresiones que no pueden minimizarse ni entenderse como simple opiniones, cuando hacen referencia a posibles actos de violencia contra personas de nuestra comunidad”, advirtieron.
En un comunicado, exigieron a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a quienes participarán en los actos de esta edición, que conmemora 15 años de la Marcha en la capital potosina.
Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay, programada para el sábado 25 de julio, condenaron cualquier manifestación de odio, violencia o amenaza dirigida a la comunidad LGBTIQ+. “Ninguna persona debería vivir con miedo por ejercer su derecho a existir”, sostuvieron.
Subrayaron que corresponde al Estado prevenir actos de violencia, investigar posibles conductas delictivas y garantizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libre reunión y la libre manifestación. “Insistimos que atender este tipo de hechos no es opcional, forma parte de las obligaciones del Estado para proteger a todas las personas”, apuntaron.
Los organizadores adelantaron que compartirán con la comunidad un protocolo de cuidados y recomendaciones de seguridad para acompañar la participación en la Marcha del Orgullo.
En la previa a la conmemoración, el colectivo organizador realizó además una intervención artística la noche del 23 de julio, a las 11:00 de la noche, sobre la avenida Venustiano Carranza, en la esquina con Tomasa Estévez, donde voluntarios pintaron el cruce peatonal con los colores representativos de la diversidad sexual.
A través de redes sociales, los organizadores indicaron que la actividad busca convertir el espacio urbano en un mensaje de respeto e igualdad, y que cada color plasmado en el pavimento representa historias, luchas y personas que merecen reconocimiento. Reforzaron que todas las personas tienen derecho a transitar los espacios públicos con libertad, seguridad y dignidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
El colectivo invitó a quienes deseen sumarse a acudir con ropa cómoda y disposición para participar en la actividad comunitaria.
“Marcharemos como lo hemos hecho durante quince años, de manera pacífica y con la convicción de que nuestros derechos no son negociables, y de que ninguna amenaza debe impedir el ejercicio de las libertades que nos corresponden”, expusieron los organizadores.
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WhatsApp, perfiles falsos y mensajes ofensivos siguen siendo las principales formas de este delito digital
Por: Ana G Silva
Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de ciberacoso y WhatsApp sigue siendo la plataforma donde ocurren la mayoría de estas agresiones. En San Luis Potosí, aunque la incidencia disminuyó respecto al levantamiento anterior, uno de cada cinco usuarios de internet afirmó haber sufrido algún tipo de violencia digital, una cifra que todavía supera el promedio nacional, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, dados a conocer este 2026 por parte del INEGI.
Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el 20.8 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizaron internet en San Luis Potosí experimentó alguna situación de ciberacoso. El promedio nacional es del 20.4 por ciento.
La disminución fue de 22.7 por ciento en 2025 respecto a la medición anterior, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades con una de las reducciones más significativas del país. Mientras que en 2024 el estado figuraba entre los de mayor incidencia, en la edición más reciente quedó lejos de los primeros lugares, ocupados por Durango (24.5%), Jalisco (24.4%) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8% cada uno).
El estudio también muestra que las mujeres continúan siendo el grupo más afectado en la entidad.
En San Luis Potosí, 23.1 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2o25, mientras que entre los hombres la proporción fue de 18.0 por ciento. La diferencia es consistente con la tendencia nacional, donde el 21.5 por ciento de las mujeres y el 19.2 por ciento de los hombres afirmaron haber sido víctimas de estas agresiones.
A nivel nacional, el grupo con mayor incidencia fue el de personas de 20 a 29 años, particularmente las mujeres, entre quienes el 28 por ciento experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre los hombres de ese mismo rango de edad la incidencia alcanzó el 23.5 por ciento.
Aunque el reporte no despliega esta información por entidad federativa, el comportamiento nacional permite identificar que la población joven continúa siendo la más expuesta a este tipo de violencia digital.
El MOCIBA reveló que el tipo de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas.
Entre las mujeres víctimas, el 36.8 por ciento reportó haber sido contactada por perfiles falsos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 37.8 por ciento.
Después aparecieron los mensajes ofensivos, que afectaron al 30.8 por ciento de las mujeres y al 35 por ciento de los hombres. En el caso de las mujeres también destacó la recepción de insinuaciones o propuestas sexuales
Otras formas recurrentes fueron las llamadas ofensivas, la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas, las críticas por apariencia física o clase social, la difusión de información personal y las amenazas para publicar contenido privado con fines de extorsión.
Las agresiones digitales ocurren principalmente a través de las plataformas más utilizadas por la población.
Entre las mujeres víctimas, WhatsApp fue el principal medio utilizado por los agresores, con el 40.6 por ciento de los casos, seguido de Facebook (34.2%), llamadas de teléfono celular (34%), Messenger (13.7%) e Instagram (13.5%).
Entre los hombres, WhatsApp también ocupó el primer lugar con 42.6 por ciento, seguido por llamadas de teléfono celular (39.7%), Facebook (24.2%) e Instagram (11.2%).
El reporte también detalla que WhatsApp fue la principal plataforma para enviar mensajes ofensivos, compartir información personal, realizar amenazas, enviar insinuaciones sexuales y provocar reacciones negativas, mientras que Facebook predominó en casos de suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 61.1 por ciento de las víctimas no logró identificar a la persona que las agredió.
Solo el 24.2 por ciento señaló que el agresor era una persona conocida y el 14.7 por ciento afirmó haber sufrido ataques tanto de personas conocidas como desconocidas.
Cuando las víctimas sí pudieron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trató de hombres. El 57.2 por ciento de las mujeres y el 61.1 por ciento de los hombres dijeron haber sido acosados únicamente por personas del sexo masculino.
El impacto emocional del ciberacoso también quedó reflejado en el estudio.
El sentimiento más frecuente fue el enojo, reportado por el 57 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Le siguieron la desconfianza (35.8%), el estrés (29.4%), el miedo, la inseguridad, la frustración y los nervios. Entre las mujeres, seis de cada diez manifestaron haber sentido enojo tras sufrir estas agresiones.
Otro dato relevante es que quienes sufrieron ciberacoso permanecieron conectados más tiempo que el resto de los usuarios.
Mientras la población usuaria de internet en México utiliza la red un promedio de 4.6 horas diarias, las personas que experimentaron ciberacoso permanecieron conectadas 5.6 horas al día, es decir, aproximadamente una hora más.
Frente a estas agresiones, la medida más utilizada fue bloquear al agresor.
El 73.2 por ciento de las mujeres y el 58.1 por ciento de los hombres señalaron que bloquearon personas, números telefónicos o cuentas. Otras acciones frecuentes fueron ignorar los mensajes, cambiar contraseñas, eliminar publicaciones, informar a familiares o amistades y denunciar ante autoridades, aunque estas últimas opciones fueron considerablemente menos comunes.
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