octubre 21, 2026

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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP

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En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto

Por: Abelardo Medellín y El Saxofón

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.

En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.

Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.

Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».

La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.

Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.

Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».

Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.

En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.

El  diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.

Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.

Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa

La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.

“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.

“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.

Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar

En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.

En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.

Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.

Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho  “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.

Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.

Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en  octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho. 

Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.

Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”. 

A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.

Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.

En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.

Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.

Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.

En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %

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Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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