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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP
En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto
Por: Abelardo Medellín y El Saxofón
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.
En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.
Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».
La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.
Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.
Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».
Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.
En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.
El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.
Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.
Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa
La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.
“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.
“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar
En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.
En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.
Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.
Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.
Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.
Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho.
Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.
Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”.
A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.
Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.
En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.
Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.
Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.
En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.
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El titular de SEGE remarcó que su dependencia tuvo conocimiento del caso y se emprendieron protocolos; se confirma la separación de agresor señalado
Por: Bernardo Vera
El caso de acoso sexual denunciado mediante redes sociales el pasado viernes en la escuela primaria Genovevo Rivas Guillen, del Barrio de San Miguelito, fue atendido por el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), al cual está adscrito dicho plantel, y por medio de la que se realizó la separación de su cargo a la persona señalada como agresora. Así lo confirmó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
“En cuanto nosotros supimos, hicimos el llamado al SEER para que interviniera. Se intervino y se está tratando, sobre todo, a los alumnos perjudicados. Se toman las medidas precautorias de separar del servicio a la persona que se señale como agresor o culpable”, informó.
La separación del señalado e esta escuela en el Bario de San Miguelito, en la capital potosina, forma parte de las medidas precautorias y protocolos de intervención que se tienen desde la SEER, por lo que ahora se dará seguimiento con las autoridades correspondientes
Torres Cedillo exhortó a los padres de familia a fomentar la cultura de denuncia de casos de abuso o de cualquier otra irregularidad al interior de los planteles, para la rápida intervención de las dependencias que puedan actuar en torno al caso. Agregó que se han cesado a diferentes trabajadores de la educación por actos de esa naturaleza, por lo que también se trabaja en la concientización a personal de las escuelas de nivel básico de toda la entidad potosina.
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La mujer tuvo que acudir de forma presencial a desbloquear su cuenta, que usa para el pago de medicamentos, en la sucursal de Fundadores
Por: Redacción
Un usuario de redes sociales denunció públicamente al banco HSBC por la falta de sensibilidad y atención a clientes en situación de vulnerabilidad, luego de que su abuela, una persona con problemas de salud, se viera obligada a acudir presencialmente a una sucursal en San Luis Potosí para desbloquear su cuenta bancaria.
De acuerdo con la publicación, el pasado viernes 7 de marzo la cuenta de la señora Josette fue bloqueada sin previo aviso, afectando su acceso a recursos destinados a la compra de medicamentos, pago de servicios médicos y necesidades básicas. Al intentar resolver el problema a través del chat de la aplicación de HSBC, la única solución ofrecida fue acudir a una sucursal en persona.
“Quiero responsabilizar al banco HSBC por OBLIGAR a mi abuela a desplazarse y acudir de manera presencial en #SLP a una sucursal, pese a que no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo”, se detalla en el post de Facebook.
Ante la imposibilidad de que la afectada se trasladara por sus propios medios debido a su estado de salud, la familia optó por comunicarse con el Call Center de HSBC. Sin embargo, tras dos horas de llamadas y la intervención de múltiples agentes, no se les brindó ninguna alternativa viable para resolver la situación a distancia.
Sin otra opción, la familia tuvo que solicitar un préstamo para contratar una ambulancia que trasladó a la señora Josette hasta la sucursal de HSBC en Plaza Fundadores, San Luis Potosí. Una vez en la sucursal, los trámites se realizaron sin inconvenientes gracias a la gestión de la gerente del banco, quien agilizó el proceso.
No obstante, la familia calificó como indignante la falta de protocolos adecuados en los canales digitales y telefónicos del banco para atender casos similares.
El usuario expresó su indignación por la falta de empatía de la institución bancaria y criticó que no exista un mecanismo para atender a clientes que, por razones médicas, no pueden acudir en persona.
“Agradezco a la gerente de la sucursal por hacer hasta lo imposible por resolver lo más rápido posible, pero CONDENO ABSOLUTAMENTE el trato indigno que se da por canales digitales y telefónicos para clientes:son un pésimo banco, no tienen vergüenza, ni madre”, finalizó.
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CORREDOR HUMANITARIO
La marcha del 8 de marzo es mucho más que una manifestación pública; es un reflejo de las realidades más profundas y dolorosas que viven muchas mujeres. Lo que comenzó como una lucha por los derechos de género se ha convertido en un espacio donde se alzan las voces de aquellas que no tienen más forma de ser escuchadas.
Desde el año anterior, me he dado a la tarea de realizar breves entrevistas a aquellas que asisten a estas marchas en San Luis Potosí, un testimonio breve… les pregunto: ¿Por qué marchan?
El testimonio que me dejó paralizada fue el de una joven que me respondió: “porque era una niña”. Vemos cómo la violencia y la vulnerabilidad atraviesan la vida de muchas desde edades tempranas. Esta respuesta, aparentemente simple, encapsula un dolor tan profundo que se transmite más allá de las palabras.
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Cada historia compartida durante la marcha es un testimonio de resistencia, un recordatorio de lo que muchas han tenido que soportar y siguen soportando.
Otro fue el caso de Katia, quien sufrió una mutilación del labio inferior y aún vive con el miedo de que su agresor no reciba el castigo que merece, muestra lo insuficiente que es la justicia en muchos casos. A pesar de las heridas visibles, las cicatrices invisibles del miedo y la angustia son las que realmente persisten.
Es doloroso ver cómo, incluso cuando se reconstruye lo físico, el sistema parece no reconocer la magnitud del daño emocional y psicológico que estas mujeres enfrentan.
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Lo más inquietante de todo esto es que las marchas del 8M no son solo un reflejo de la lucha actual, sino una forma de recordar a todas las mujeres que, como la joven que marchaba en memoria de su niñez, o como Katia, siguen luchando por su derecho a vivir sin miedo. Vivir en un mundo donde no se les vea como cifras, donde no se les minimice o se les reste valor por su sufrimiento.
Estas marchas son el grito de todas las mujeres que no quieren que otra más sea víctima de violencia.
Reflexionar sobre estos testimonios y las experiencias de las mujeres que marcharon nos obliga a mirar más allá de lo superficial, ya que las pintas y quemas en los edificios del Centro Histórico son solo la manifestación visible de una lucha mucho más profunda: una lucha por la seguridad, la justicia y el respeto.
La marcha del 8 de marzo también es un homenaje a las vidas de mujeres como Karla Pontigo, Odalys Hipolito, Lupita Viramontes y Fernanda Morán, que fueron víctimas de feminicidio, sus familias siguen luchando en su nombre, marchando para que su memoria no sea olvidada y para que su muerte no quede impune, y no se trata solo de pedir justicia para ellas, sino de exigir que se frenen más feminicidios.
Sororidad a las compañeras reporteras
Es importante subrayar que, aunque la marcha del 8M es un espacio de protesta, debe mantenerse el respeto mutuo entre todos los participantes, incluidos los periodistas que cumplen con la labor de informar.
Repruebo completamente los ataques sufridos a las compañeras reporteras en San Luis Potosí. Estos actos de violencia son inaceptables y no tienen cabida en una lucha que debería unirnos en la búsqueda de la justicia, la igualdad y la dignidad para todas las mujeres.
Los periodistas tienen la libertad de cubrir lo que deseen en un evento público. Al final, su labor es documentar, es dar cuenta de lo que sucede, y lo hacen para que la sociedad pueda conocer todas las dimensiones de una lucha que involucra diversas formas de manifestarse.
El trabajo de los medios de comunicación es esencial para visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, y esto no debe ser entendido como un acto de oposición, sino como un apoyo a la causa.
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