agosto 21, 2026

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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP

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En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto

Por: Abelardo Medellín y El Saxofón

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.

En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.

Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.

Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».

La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.

Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.

Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».

Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.

En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.

El  diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.

Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.

Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa

La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.

“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.

“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.

Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar

En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.

En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.

Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.

Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho  “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.

Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.

Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en  octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho. 

Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.

Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”. 

A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.

Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.

En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.

Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.

Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.

En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.

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“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro

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Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista

Por: Ana G Silva

“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.

“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.

Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal,  Jesús “Chuy” Nava Loredo.

La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.

Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.

Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.

Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.

Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.

Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.

Una denuncia desde 2023

El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.

Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.

Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.

La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.

También afirma que fue amenazada de muerte.

“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.

Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.

El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.

Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.

El antecedente de la detención de julio

La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.

En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.

De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.

A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.

El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.

Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.

Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.

El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.

Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.

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Casos de dengue caen 92% en San Luis Potosí durante 2026

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La caída estatal casi triplica el ritmo con el que baja el dengue en el país

Por: Carlos Ruíz

San Luis Potosí registró 22 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, una caída de 91.8% frente a los 269 casos del mismo corte del año anterior, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.

La reducción estatal contrasta con la nacional: los casos confirmados de dengue en el país bajaron de 6,405 a 4,152 en el mismo periodo —una caída de 35.2%—, mientras las defunciones pasaron de 32 a siete, según el corte a la Semana Epidemiológica 32, con información al 17 de agosto de 2026.

De los 22 casos confirmados en la entidad, 10 corresponden a dengue no grave, 10 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave. San Luis Potosí no registra defunciones por la enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.

La tasa de incidencia estatal es de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del 3.09 nacional. El único serotipo identificado por pruebas de PCR en tiempo real en la entidad es el DENV-3, presente en los seis casos con serotipo confirmado.

El 72% de los casos confirmados en el país se concentra en cinco estados: Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur. San Luis Potosí no forma parte de ese grupo.

El Panorama Epidemiológico de Dengue se actualiza cada semana; el corte usado aquí corresponde a la Semana Epidemiológica 32, publicada este jueves 20 de agosto.

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Gallardo atribuye los apagones de la Huasteca a la sobrecarga por calor

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El gobernador pidió a la CFE anunciar las líneas y transformadores nuevos

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Huasteca Potosina es la región del estado con más apagones recurrentes, y que San Luis Potosí figura entre los tres estados con más cortes de luz del país, de acuerdo con una investigación de NMAS Monterrey.

Gallardo atribuyó el problema a la sobrecarga de las líneas por el uso masivo de aires acondicionados en temporada de calor, y dijo que la falla se repite desde hace unos 20 años en toda la franja huasteca del país, incluidos Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Precisó que no es un problema frecuente en la zona metropolitana de la capital.

El mandatario dijo que ya hay diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y calificó de “muy buen delegado” a Elizondo, representante de la dependencia en el estado, a quien atribuyó capacidad de respuesta rápida cuando ocurren las fallas.

Gallardo adelantó que la CFE prepara “cuatro inversiones fuertes” en la región, aunque no dio montos, líneas ni número de transformadores a sustituir; dijo que corresponde a la propia dependencia federal detallar esa información en una rueda de prensa.

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