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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP
En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto
Por: Abelardo Medellín y El Saxofón
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.
En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.
Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».
La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.
Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.
Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».
Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.
En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.
El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.
Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.
Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa
La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.
“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.
“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar
En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.
En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.
Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.
Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.
Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.
Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho.
Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.
Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”.
A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.
Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.
En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.
Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.
Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.
En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.
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#4 Tiempos
En nombre de la Iglesia, del IFSE y el espíritu santo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la paja en el ojo ajeno:
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
¿Qué hace el vocero de la iglesia, Tomás Cruz Perales, dando sermones de transparencia, cuando su iglesia y el Vaticano es una de las instituciones, primero más ricas, menos transparentes y menos democráticas del planeta?
El Vaticano como Estado, en realidad es pobre, sería la última economía del mundo si se mide por su nivel de ingresos, que de acuerdo al propio Estado Vaticano solo provienen de la venta de medallas, artículos para turistas y entradas a museos.
Por otro lado, su territorio y población es muy pequeña, por lo tanto para el nivel de ingresos, divididos entre tan pocas personas, tienen un Ingreso per cápita, de los más altos del mundo (hay poco más de 600 habitantes)
Los puristas me dirán que el Vaticano y la iglesia no tienen por qué dar cuentas a nadie (solo a Dios) porque no recibe ”recursos públicos” (aunque sí recibe donaciones millonarias principalmente de EEUU, Francia e Italia y que a ciencia cierta no se sabe el destino que se les da a cantidades multimillonarias).
Es cierto que construye hospitales, albergues, y universidades por todo el mundo, pero los números, el balance de sus ingresos jamás ha sido conocido.
Datos duros, plasmados en la Biblia son muy pocos: si acaso las 30 monedas de plata que recibió judas, y el denario que pagaba el propietario de una viña a sus trabajadores en la parábola conocida así, la de “los obreros de la viña”.
(Seguramente hay otras referencias económicas en las escrituras, pero de ahí en fuera, la institución humana, y por lo tanto imperfecta, llamada iglesia, jamás en su historia ha dado cuentas a nadie de sus números, no obstante que es de todos conocido que tiene una cantidad de recursos tan alta que ya quisieran muchas naciones)
Pero a ver, preguntemos:… ¿No son recursos públicos los que recibe la iglesia católica?
Todas las dádivas y donaciones vienen de sus feligreses, que de manera voluntaria -eso sí- aportan. Sin olvidar todo lo que cobran de manera “no tan voluntaria”, como actas bautismales, bodas, misas, amonestaciones, licencias y muchos “etcéteras”.
En todo caso no son recursos públicos técnicamente hablando, pero sí “del público”.
Lo más importante: ya sea con alcancías a los pies de un santo, en la canasta de las limosnas, o en los sobres del diezmo, todos esos recursos son “ingresos propios” o auto generados por la institución creada , a solicitud expresa, por San Pedro.
Si la iglesia es así de opaca en el manejo de los recursos de sus “seguidores públicos”, ¿por qué entonces no propone el vocero potosino, en un acto de humildad, de transparencia y de dar al César lo que le corresponde, que el IFSE audite cada alcancía, diezmo y limosnas?
¿Qué se tiene que estar metiendo Cruz Perales con las demás instituciones cuando la propia tiene mucho que explicar, y no solo en temas económicos?
Ya nada más falta que la iglesia potosina también ayude al SAT y promueva auditorías a sus fieles seguidores…
Total, “el que nada debe, nada teme” y bajo esa lógica deberían de poner el ejemplo, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
De otra forma se comportan como fariseos, tomando posturas de tumbas blanqueadas.
Mire, Culto Público, que el que esto escribe reconoce que “peco de persignado” y soy temeroso del poder de Dios, no obstante y aunque me excomulgue la iglesia no puedo dejar de decir la verdad. No mentirás es mi octavo mandamiento.
La UASLP y el IFSE tienen su liturgia y mandamientos mundanos, cívicos y sin ninguna relación celestial, por lo tanto no se meta, señor vocero, en temas que no le incumben. Amén.
En otros temas, con la misma curiosidad, tenacidad, geometría analítica espacial, ciencia, cálculo y matemática con que se midió la asistencia a la Fenapo, se debería poner en tela de juicio los números de los costos de las obras que anuncian los gobiernos.
Es el caso del municipio bebé de Villa de Pozos, que presumió gastar 4 millones de pesos en 3 aulas de 6×8 metros cuadrados…
Precios por metro que solo en las zonas más lujosas de SLP se tienen.
Las aulas “inclusivas” que presume Pozos, que se sepa o se vea, no tienen tecnología acústica de primer nivel, ni sistemas en braille, ni grúas para la movilidad de personas con discapacidad. Tiene tres rampas y dos ventiladores.
Fue en la primaria José Mariano Jiménez, en Pozos, donde Teresa Rivera presumió la entrega de tres aulas “didácticas e inclusivas” de 6×8 metros, con una inversión de 4 millones de pesos. La cuenta no falla: 1.3 millones por aula, o casi 28 mil pesos el metro cuadrado. Ni los departamentos de Lomas cuestan tanto. La presidenta concejal presume “materiales de alta calidad” y rampas para hacerlo inclusivo, pero a ese precio uno esperaría butacas con calefacción, pizarras inteligentes o conexión satelital. La obra era necesaria, sí y va a beneficiar a medio millar de niños, pero la matemática es más clara que el discurso: el sobre precio es evidente.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ayuntamiento de SLP
“Andamos de pie”: comandante Villa continúa su labor pese a accidente
El titular de la SSPC capitalina dijo que el responsable enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía de SLP; está concentrado en trabajar al frente de la corporación municipal
Por: Redacción
A casi dos meses de haber sido atropellado por un taxista en estado de ebriedad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí (SSPCSLP), informó que continúa su recuperación física, mientras que el responsable enfrenta su proceso judicial luego de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Señaló que el conductor ya enfrenta un proceso legal y actualmente se encuentra en libertad, pero con la obligación de firmar cada 15 días como parte de las medidas cautelares. “El asunto ya está ante un juez. El taxista está bajo un proceso. Tengo entendido que ahorita están en la etapa de investigación”, explicó.
Villa Gutierrez aseguró estar de pie y comprometido con su labor, luego de haber sido sometido a operaciones en ambas piernas, por lo que ahora desea dejar atrás ese episodio y concentrarse en las labores al frente de la corporación a su cargo.
Finalmente, Villa Gutiérrez agradeció la paciencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos durante su ausencia de la SSPCSLP. Además, hizo un llamado a la responsabilidad tanto desde su posición como servidor público como desde la experiencia personal.
“Si lo veo como secretario, te puedo decir que nosotros estamos trabajando muy duro para que este tipo de cosas no sucedan. Si lo veo como ciudadano, obviamente me solidarizo con aquellas personas que de alguna manera han tenido un accidente de este tipo”.
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Destacadas
Desde 2023, SCT entregó expedientes de Metro Red a la FGESLP
Araceli Martinez Acosta dijo que no se ha solicitado mayor información sobre irregularidades correspondientes a la administración pasada
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmó que desde principios de 2023 la dependencia puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) todos los expedientes relacionados con la construcción y operación de la Metro Red en la administración anterior, señalada por un presunto desvío millonario de recursos.
Martínez Acosta detalló que en ese momento la FGE tuvo acceso completo a la documentación necesaria para integrar la carpeta de investigación, por lo que a la SCT no se le han solicitado nuevas pruebas o información adicional desde entonces.
“Ellos ya cuentan con todos los elementos y están trabajando en la integración de la carpeta”, aseguró la funcionaria, quien precisó que la Secretaría mantiene disposición para colaborar si se requiere más adelante.
La investigación sobre el uso de recursos en la entonces Metro Red continúa bajo la conducción de la Fiscalía, luego de denuncias sobre irregularidades en contratos y aplicación del presupuesto.
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