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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP
En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto
Por: Abelardo Medellín y El Saxofón
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.
En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.
Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».
La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.
Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.
Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».
Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.
En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.
El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.
Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.
Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa
La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.
“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.
“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar
En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.
En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.
Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.
Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.
Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.
Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho.
Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.
Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”.
A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.
Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.
En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.
Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.
Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.
En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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