El máximo tribunal, en su nueva integración, elimina la obligación de emitir sentencias escritas con fundamentos

​Por: Roberto Mendoza

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha modificado radicalmente su método de trabajo al implementar un sistema sumario de votaciones a mano alzada para resolver sobre su facultad de atracción, eliminando la obligación de emitir una sentencia escrita que explique los motivos de su decisión.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el tribunal despachó una docena de solicitudes en aproximadamente 10 minutos, un acto que sepulta una tradición deliberativa de tres décadas. De los 12 asuntos resueltos, solo cuatro fueron aceptados para su estudio, redefiniendo no solo el ritmo de la justicia constitucional, sino también su transparencia argumentativa, en un esquema similar al de la Corte Suprema de Estados Unidos.

​El presidente Hugo Aguilar justificó la medida argumentando la necesidad de agilizar los trámites para evitar que los expedientes queden “congelados seis o siete meses”. Según datos de la propia Corte, esta celeridad busca abatir un rezago considerable: de dos mil 224 solicitudes de atracción recibidas en 2024, aún quedan 929 pendientes, a las que se suman 686 de este año. Con el nuevo mecanismo de “votación económica”, ya no se publicarán proyectos de resolución ni sentencias que detallen los elementos de “interés y trascendencia” de un caso, por lo que los ministros no tendrán que dar explicaciones públicas sobre por qué deciden intervenir en un asunto.

​Este paradigma contrasta dramáticamente con el método anterior, vigente desde 1994, que exigía un análisis exhaustivo en la ponencia de un ministro, un debate colegiado sobre un proyecto escrito y una sentencia final que, incluso al rechazar un caso, generaba una valiosa “jurisprudencia de umbral”

que orientaba a jueces y litigantes. La eliminación de esta fase deliberativa y documentada, si bien agiliza las decisiones, extingue una fuente crucial de interpretación constitucional y se enfoca únicamente en el resultado de la votación, sin transparentar el razonamiento detrás de ella.

​El fundamento de esta transformación es el Acuerdo General 4/2025, que articula los nuevos criterios de atracción, enfocados en temas de justicia social. Los casos atraídos este miércoles, todos por votación dividida, ilustran este enfoque: la revisión de una condena por trata de personas, un asunto de delitos contra la salud y un amparo para definir las reglas de nulidad en transferencias bancarias electrónicas. Aunque la “atracción sumaria” ya era utilizada en privado por la extinta Segunda Sala, su implementación como el método estándar y público del Pleno marca el cambio operativo más profundo en el máximo tribunal en treinta años.

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La iniciativa busca impedir la privatización del recurso y reforzar la regulación estatal sobre las concesiones

Por: Redacción

El próximo lunes 29 de septiembre, el Gobierno de México enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y una propuesta para expedir una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de fortalecer la regulación estatal sobre el uso del agua y evitar su trato como mercancía.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la intención es que el Estado mantenga el control sobre las concesiones y se prohíba su transferencia entre particulares. Además, se contempla imponer sanciones a quienes extraigan agua de manera ilegal o modifiquen el uso autorizado sin notificar a la autoridad.

Sheinbaum señaló que el agua debe considerarse un bien estratégico, particularmente en un contexto donde gran parte del país enfrenta escasez. Agregó que la nueva Ley General de Aguas establecerá claramente las atribuciones de la federación, estados, municipios y concesionarios, mientras que la actual Ley de Aguas Nacionales será modificada para alinearse con esta visión.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, indicó que estas propuestas forman parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, que contempla medidas como la revisión de títulos, inspecciones, la creación de un nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB)

y la puesta en marcha de una Ventanilla Única de trámites.

Según informó el subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, hasta ahora se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil registrados. En ese proceso se detectaron 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas: títulos vencidos, uso indebido del agua, errores de ubicación geográfica y posibles casos de falsificación.

Las inspecciones derivadas de estas irregularidades han resultado en 3,912 visitas de verificación, así como 490 clausuras o suspensiones.

Además, se presentó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), disponible en app.conagua.gob.mx/podan, para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades.

Rodríguez también informó que, como resultado del programa, la recaudación aumentó en 2,938 millones de pesos, al pasar de 19,410.9 mdp en agosto de 2024 a 22,349.3 mdp en agosto de 2025, lo que representa un incremento del 15%. Se exhortó a los usuarios con adeudos a ponerse al corriente con sus pagos.

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En la Cámara de Diputados, la secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó avances en economía y seguridad.

​Por: Roberto Mendoza

Este martes dio inicio en la Cámara de Diputados la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la comparecencia de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. Ante el pleno, la secretaria expuso los ejes de la política interior, destacando la estabilidad del país y los resultados obtenidos durante el primer año de la nueva administración, con la consolidación del “segundo piso de la Cuarta Transformación“. 

Durante su intervención, subrayó que “México es grande y está en paz”. Los puntos más relevantes de su discurso fueron: 

Estabilidad Económica y Social: Resaltó la fortaleza del peso frente al dólar y una cifra récord de inversión extranjera directa de 34 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025. Mencionó también que la tasa de desocupación se mantiene en mínimos históricos (2.7%) y que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza gracias a una inversión social superior a los 850 mil millones de pesos. 

Avances en Seguridad: Informó una reducción de homicidios del 25% durante 11 meses consecutivos. Atribuyó este logro a la Estrategia Nacional de Seguridad, que se basa en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación interinstitucional, encabezada diariamente por la Presidenta. 

Gobernabilidad y Diálogo: Afirmó que la Segob funciona como un “puente de diálogo” que ha atendido más de 2,900 controversias y movilizaciones sociales a nivel nacional. Aseguró que en México “no hay perseguidos políticos, pero tampoco hay margen para la impunidad“. 

Justicia y Derechos Humanos: Reiteró el compromiso “inquebrantable” con la verdad en el caso Ayotzinapa y destacó el impulso a la búsqueda de personas desaparecidas, con la participación de colectivos y la creación de una nueva ley en la materia. Anunció además la intención de actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos

, vigente desde 1947. 

Luego, en el marco de la comparecencia, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, dijo en exclusiva para La Orquesta que la solidez del informe de la secretaría se debe a los resultados contundentes del gobierno. Para la legisladora, la tranquilidad de la comparecencia no fue una cuestión de formas políticas, sino un reflejo de los resultados positivos que, a su juicio, vive el país. 

Armendáriz desestimó la falta de autocrítica en el discurso de la secretaría, argumentando que “todo fue buenas noticias” y que no existían “lagunas” o “patas flojas” en la gestión. “¿Cuándo se ha escuchado a un gobernante decir que se equivocaron en algo?”, cuestionó. 

Justificó las constantes referencias de la secretaría, al expresidente Andrés Manuel López Obrador como una defensa necesaria al “fundador” del movimiento frente a lo que calificó como “ataques” y “mentiras“, como la acusación de “narcopresidente“. Subrayó que el actual es “un gobierno de la continuidad” y no uno, como los priistas de otra época que “le escupe el ojo al anterior”. 

Reconoció que existen retos como el “huachicol medicinal” en la distribución de medicamentos, sostuvo que el gobierno avanza. Sobre la deuda pública, fue enfática al afirmar que el 90% de su incremento actual se debe al pago de intereses de deudas acumuladas desde la década de 1980, y no a un nuevo gasto gubernamental. Asegurando que administraciones pasadas tuvieron la oportunidad de prepagar la deuda y no lo hicieron.

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