La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que los recursos provendrán de los ahorros conseguidos de otros proyectos de la Conagua

Por: Redacción

 

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México invertirá, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 14 mil 500 millones de pesos (mdp) para garantizar suficiente agua potable y de calidad a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, evitando el endeudamiento y la privatización con la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara mediante 9 mil 300 mdp, así como del acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar con 5 mil 200 mdp.

“Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el Gobierno Federal ponga cerca de 14 mil 500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra, al mismo tiempo el Gobierno del Estado de Jalisco

también va a poner una parte de la obra. La buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda Zona Metropolitana más poblada del país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que se trata de un proyecto que brinda la mejor solución a la región, aprovechando al 100 por ciento la presa El Zapotillo, inaugurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que los recursos provendrán de los ahorros conseguidos de otros proyectos de la Conagua, así como de otras acciones para que recursos fiscales se orienten durante el 2027 y el 2028 a estas obras.

SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Culto público, el 21 de octubre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció un aumento salarial del 4.5% para el personal de los niveles 12 al 34, retroactivo a enero de 2026. De acuerdo con el comunicado, el incremento se reflejará en la segunda quincena de noviembre y el pago retroactivo llegará en diciembre. También se informó que están garantizadas diversas prestaciones correspondientes al último trimestre del año.

La noticia importa. Para las personas trabajadoras, no se trata de cifras abstractas, sino de ingresos familiares y compromisos cotidianos. Sin embargo, sería un error considerar que este anuncio agota los reclamos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La preocupación va más allá del recibo de nómina.

Durante las últimas semanas también han circulado versiones sobre posibles readscripciones de personal, una eventual reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y presuntas directrices para iniciar procedimientos administrativos contra integrantes de la carrera judicial. No todos estos señalamientos tienen el mismo grado de sustento y sería irresponsable presentarlos como hechos confirmados. Pero tampoco debe ignorarse el clima de incertidumbre que generan entre quienes sostienen diariamente la operación de los órganos jurisdiccionales.

Empecemos por las readscripciones. Se ha difundido una supuesta lista de personas propuestas para cambiar de adscripción por distintas razones. Mientras no se conozcan su autenticidad, alcance y estado administrativo, no puede afirmarse que los movimientos estén decididos ni que respondan a una estrategia para desplazar trabajadores. La pregunta, no obstante, es pertinente: ¿qué criterios se aplicarían?, ¿cómo se notificarían las decisiones? y ¿qué mecanismos tendría el personal para conocer sus razones y defender sus derechos?

Un cambio de adscripción no es necesariamente irregular; la administración judicial necesita organizar recursos y atender necesidades del servicio. Pero esa facultad tampoco debería convertirse en una fuente de incertidumbre injustificada ni en un mecanismo para “renovar al personal”. Culto público, simplemente le pongo un ejemplo, un oficial judicial percibe, si bien le va, alrededor de once mil pesos quincenales, esto claro, si no tiene contratado un fondo de ahorro, algún seguro de gastos médicos mayores, vehículo o vivienda, que en muchos casos queda en alrededor de cinco mil pesos por quincena, ese sueldo se ha mantenido prácticamente sin cambios significativos en los últimos diez años, imagine que con las propuestas de readscripción, además tenga que trasladarse a otra ciudad en la que seguramente tendrá que gastar en renta y transporte, la opción más razonable para esta persona será renunciar y claro que estas medidas son formas explícitas de represión y de hostigamiento laboral, cuando la eficiencia institucional debe armonizarse con la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a las condiciones laborales.

A esta inquietud se suma un análisis comparativo que circula sobre una supuesta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, fechada el 6 de octubre de 2026. El documento atribuye a la propuesta cambios relacionados con evaluaciones del desempeño, posibles consecuencias de no acreditarlas, readscripciones, clasificación de puestos de confianza y facultades para fijar tabuladores y prestaciones.

De confirmarse el contenido y la autenticidad de la iniciativa, estaríamos ante asuntos que merecen una discusión pública seria. Sin embargo, es indispensable distinguir entre una propuesta y una norma vigente: no se debe anunciar como derecho aplicable lo que todavía no se ha acreditado como aprobado y publicado. Tampoco basta un resumen para concluir que determinadas garantías desaparecieron o que cualquier movimiento de personal podría ejecutarse unilateralmente. Para sostener esas afirmaciones hace falta revisar el texto íntegro, las disposiciones relacionadas y el régimen transitorio; pero como dicen, si el río suena…

Lo mismo ocurre con los rumores sobre una supuesta línea de las nuevas personas juzgadoras para iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos de carrera judicial. Cosa que, en la práctica, bajita la mano ya está ocurriendo. La responsabilidad administrativa no puede utilizarse como represalia, la clave está en los hechos, los fundamentos y las garantías del procedimiento.

Mientras tanto, el debate presupuestario continúa. Las cifras previamente discutidas sobre el presupuesto solicitado y el finalmente aprobado para 2026 muestran una diferencia de más de 15 mil millones de pesos. También se han expuesto preocupaciones sobre la suficiencia de los recursos para cubrir compromisos institucionales. Esos números requieren explicaciones claras: ¿cómo se planeó la transición del Consejo de la Judicatura Federal al nuevo esquema institucional?, ¿qué previsiones se hicieron para los gastos operativos y laborales?, ¿qué cambió para que el OAJ anunciara ahora el incremento salarial y el pago retroactivo?

El comunicado del 21 de octubre representa un compromiso concreto respecto de los conceptos que enumera, entre ellos vestuario, aguinaldo, asignaciones adicionales, estímulo por antigüedad, ayuda al personal operativo y ayuda de despensa. Corresponde dar seguimiento a su cumplimiento. Pero el anuncio no explica, por sí mismo, el origen de la incertidumbre previa ni responde a las inquietudes sobre movilidad, estabilidad y posibles modificaciones normativas.

Aquí también hay responsabilidades diferenciadas. El OAJ debe explicar sus decisiones administrativas y presupuestarias; las autoridades hacendarias, el marco financiero de los acuerdos que les correspondan; y el Poder Legislativo, el contenido y alcance de cualquier reforma que impulse. La representación sindical, por su parte, puede negociar, solicitar información, documentar afectaciones y acudir a las vías legales pertinentes. Ninguna de estas funciones sustituye a las demás.

Tampoco se trata de enfrentar a trabajadores judiciales con quienes laboran en salud, educación o seguridad. Todas son áreas esenciales y todas requieren presupuestos responsables. La discusión no debe convertirse en una competencia para determinar quién merece menos, sino en una exigencia de planeación, transparencia y respeto a los derechos.

La reforma judicial no puede evaluarse únicamente por la integración de sus órganos o por la forma de designar a quienes juzgan. También importa cómo se administra la institución, cómo se trata a su personal y qué garantías existen para que las decisiones laborales respondan a criterios legales y no a presiones indebidas.

El aumento anunciado no es una noticia que deba reconocerse, puesto que ese 4.5% no es nada frente al incremento del costo de vida a nivel nacional. Además, la estabilidad laboral no se mide solamente en porcentajes salariales: también depende de reglas claras, procedimientos imparciales, decisiones explicadas y mecanismos efectivos para defender derechos.

Una institución que imparte justicia debe ofrecer, en su propia casa, razones claras y garantías verificables. La incertidumbre no se disipa con rumores, pero tampoco con silencio: se enfrenta con documentos, transparencia y rendición de cuentas.

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Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004

Por: Redacción

Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.

El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.

De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.

Qué es PHP2Shell

PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.

Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.

La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.

Cinco días de octubre

Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.

Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.

El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.

Una tercera falla, sin parche

El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.

Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.

Gobierno y universidades, los más expuestos

La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.

La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.

Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.

Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.

Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.

La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.

Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones

El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.

El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.

Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.

En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.

Argentina: datos de 172 mil estudiantes

Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.

Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.

Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.

La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.

La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.

Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.

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