Más de 19 mil personas serán beneficiadas con ayuda aérea ante el cierre de caminos por las precipitaciones

Por: Redacción

En respuesta a las severas afectaciones provocadas por las lluvias en diversas regiones del estado de Hidalgo, autoridades federales han puesto en marcha un operativo aéreo de emergencia con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a comunidades incomunicadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habilitó tres centros de mando estratégicamente ubicados: una base principal en el aeropuerto de Pachuca y dos bases logísticas avanzadas en los municipios de Zimapán y Zacualtipán. Desde estas instalaciones, se coordina un despliegue de 111 operaciones aéreas mediante 21 helicópteros—14 de la Sedena y 7 de otras dependencias— para transportar víveres, agua, medicamentos y personal médico.

De acuerdo con información oficial, estas operaciones tienen la capacidad de distribuir hasta 4,872 despensas diarias, beneficiando a aproximadamente 19,488 personas. Las despensas son trasladadas en tractocamiones hasta las bases logísticas, desde donde se distribuyen por vía aérea a zonas de difícil acceso debido a daños en la infraestructura carretera.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de este esfuerzo interinstitucional como parte de la estrategia nacional de atención a desastres

. Por su parte, el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que, por instrucción presidencial, se trasladó a la zona para supervisar directamente la operación.

La base de Pachuca opera con diez helicópteros en apoyo a 57 comunidades; la base de Zimapán cuenta con cinco helicópteros para 28 localidades, y la de Zacualtipán dispone de seis aeronaves para 26 comunidades.

Además del suministro de ayuda, los vuelos permiten recabar información clave sobre el estado de caminos y rutas de acceso, la cual es compartida con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con equipos de maquinaria pesada que trabajan para restablecer la conectividad terrestre.

El despliegue inició el 14 de octubre y forma parte de una respuesta coordinada del Gobierno Federal ante la emergencia provocada por las intensas lluvias en el estado.

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Se avalaron tres cambios clave en materia de suspensión, interés público y aplicación de la ley en procesos vigentes

​Por: Roberto Mendoza

​Tras una prolongada discusión que se extendió hasta las 3:30 de la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el dictamen que reforma la Ley de Amparo. Por 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el proyecto, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue modificado de lo aprobado en la Cámara de Senadores, quitando una controversial acción de retroactividad.

​El Pleno aceptó tres reservas fundamentales al proyecto original. La primera, propuesta por el diputado Julio C Rivera de Morena, sustituye el concepto de “interés público” por “disposiciones de orden público” en el artículo 128. El argumento central fue eliminar un término considerado ésar Morenoambiguo que podría permitir a los jueces negar suspensiones de manera discrecional. Adicionalmente, se eliminó el requisito de que el acto reclamado pudiera causar “daños de difícil reparación”, por considerarlo incompatible c on los principios de progresividad en materia de derechos humanos.

​Una segunda reserva avalada, presentada por los legisladores de Morena y PT Ricardo Monreal y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, ajusta el artículo 129 para proteger a quienes ya poseen un permiso, autorización o concesión.

La finalidad es que, en caso de que una autoridad revoque dicho permiso, el afectado pueda solicitar la suspensión provisional en el juicio de amparo, haciendo una distinción clara entre quien nunca tuvo un permiso y quien lo tenía y le fue retirado.

​Finalmente, se aprobó una modificación al artículo Tercero Transitorio, propuesta por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, también de Morena. Esta establece que la nueva ley aplicará a las actuaciones procesales futuras en juicios ya iniciados, mientras que las etapas ya concluidas se regirán por la ley anterior. Según la justificación expuesta, esta medida busca evitar la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de cualquier persona y agilizar la resolución de miles de juicios, particularmente los relacionados con créditos fiscales.

​Se espera que la discusión de los cuatro dictámenes que conforman la Ley de Ingresos inicie este miércoles y que su aprobación se concrete entre el viernes y el sábado de esta misma semana.

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Tras una intensa sesión, la Cámara Baja aprueba con 345 votos la polémica iniciativa que prohíbe suspensiones con efectos generales.

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Por: Roberto Mendoza 

La tarde de este martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta que reforma la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, entre ellas de la ex ministra Olga Sánchez Cordero. La votación se dio después de una larga discusión donde se consolidaron los cambios que ya habían sido anunciados .

​La reforma, justificada por el oficialismo como una medida para “fortalecer el juicio de amparo” y evitar el abuso de recursos legales, tiene como eje principal la prohibición de que los jueces concedan suspensiones con efectos generales cuando se impugne la inconstitucionalidad de normas. Adicionalmente, endurece los requisitos para el interés legítimo, exigiendo una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Durante su paso por San Lázaro, los diputados modificaron un artículo transitorio añadido en el Senado para alinearlo con la propuesta original de la Presidencia, estableciendo que los juicios iniciados antes de la entrada en vigor de la ley continuarán rigiéndose por las disposiciones anteriores.

​La oposición reiteró su rechazo frontal al proyecto. En entrevista exclusiva para La Orquesta el diputado del PAN, Germán Martínez, calificó la reforma como un “retroceso a la tutela efectiva de los derechos humanos” y una violación directa a tratados internacionales suscritos por México, como el Pacto de San José y el capítulo laboral del T-MEC, que protegen derechos colectivos. El legislador denunció que la nueva ley reduce la certeza jurídica y la convierte en un instrumento “más oscuro y litigable”. Asimismo, insistió en que detrás de los cambios técnicos existe una “pugna soterrada” en la cúpula del poder, señalando directamente al exministro Arturo Zaldívar como el principal operador intelectual de la reforma.