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#Seguridad | 76.8% de los empresarios consideran inseguro a SLP
El robo o asalto es el delito que más padecen las compañías en el estado
Por: El Saxofón
En medio de la crisis derivada del confinamiento por coronavirus, las empresas mexicanas siguen viendo la violencia y la inseguridad como la principal preocupación y el peor flagelo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, cuyos resultados reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por ciento de las empresas potosinas considera a San Luis Potosí como una entidad insegura. En el estado, el delito más frecuente es robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el segundo más frecuente es la extorsión.
En San Luis Potosí, la tasa de empresas víctimas de algún delito, bajó de 3 mil 725 a 3 mil 617, por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa una disminución del -2.9 por ciento.
Mientras que en México se calcula que 30.5 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento. Durante 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4 por ciento del sector Industria y 27.8 por ciento del sector Servicios.
El año pasado, 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro. Ese año ocurrieron 3.9 millones de delitos; el de mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
En un país asediado por el crimen, la inseguridad y la delincuencia constituyen la principal preocupación de las empresas. En 2018, este problema preocupaba al 63 por ciento de las unidades económicas, al 2020 el porcentaje se ha reducido al 60.4 por ciento, y aunque la disminución es estadísticamente significativa, en la realidad, sigue habiendo temor por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a convertirse en víctimas.
Con la ENVE 2020, se estima que 75.5 por ci ento de las unidades económicas a nivel nacional percibe como insegura la entidad federativa en que operan . En 2018, 78.9 por ciento de las unidades económicas percibían a su entidad como insegura.
La crisis de seguridad que vive el país, tiene un alto costo para las empresas. Se calcula que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.
En el caso de San Luis Potosí, si bien ha tenido una disminución del -10.7 por ciento en los dos últimos años, el costo promedio del delito por unidad económica, sigue siendo considerable, y asciende a 34 mil 941 pesos.
En la mayoría de las entidades federativas del país, los delitos que las unidades económicas sufrieron durante 2019 fueron cometidos entre las 12:01 y las 18:00 horas, ese es el caso de San Luis Potosí.
En este contexto, la procuración y la impartición de justicia, juegan un papel fundamental, sin embargo, a partir de la ENVE se estima que en 2019 se denunció10.1% de los delitos, de los cuales 79% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició carpeta de investigación en 8% de los casos. Lo anterior, representa un 92% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.
Curiosamente, mientras que la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de las empresas, la falta de castigo a los delincuentes ocupa el quinto lugar de la lista, con el 20.4 por ciento y la mala aplicación de la ley, el octavo, con el 14.2 por ciento.
A nivel nacional la Cifra Negra aumentó a 92% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2019. La cifra negra resulta ser estadísticamente superiora la estimada para 2017. Este aumento ha sido mayor en las unidades de comercio y servicios, así como por tamaño micro, pequeño y grande.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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