febrero 22, 2025

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#Seguridad | 76.8% de los empresarios consideran inseguro a SLP

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El robo o asalto es el delito que más padecen las compañías en el estado

Por: El Saxofón

En medio de la crisis derivada del confinamiento por coronavirus, las empresas mexicanas siguen viendo la violencia y la inseguridad como la principal preocupación y el peor flagelo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020,  cuyos resultados reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por ciento de las empresas potosinas considera a San Luis Potosí como una entidad insegura. En el estado, el delito más frecuente es robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el segundo más frecuente es la extorsión.

En San Luis Potosí, la tasa de empresas víctimas de algún delito, bajó de 3 mil 725 a 3 mil 617, por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa una disminución del -2.9 por ciento.

Mientras que en México se calcula que 30.5 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento. Durante 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4 por ciento del sector Industria y 27.8 por ciento del sector Servicios.

El año pasado, 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro. Ese año ocurrieron 3.9 millones de delitos; el de mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.

En un país asediado por el crimen, la inseguridad y la delincuencia constituyen la principal preocupación de las empresas. En 2018, este problema preocupaba al 63 por ciento de las unidades económicas, al 2020 el porcentaje se ha reducido al 60.4 por ciento, y aunque la disminución es estadísticamente significativa, en la realidad, sigue habiendo temor por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a convertirse en víctimas.

Con la ENVE 2020, se estima que 75.5 por ci ento de las unidades económicas a nivel nacional percibe como insegura la entidad federativa en que operan

. En 2018, 78.9 por ciento de las unidades económicas percibían a su entidad como insegura.

La crisis de seguridad que vive el país, tiene un alto costo para las empresas. Se calcula que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.

En el caso de San Luis Potosí, si bien ha tenido una disminución del -10.7 por ciento en los dos últimos años, el costo promedio del delito por unidad económica, sigue siendo considerable, y asciende a 34 mil 941 pesos.

En la mayoría de las entidades federativas del país, los delitos que las unidades económicas sufrieron durante 2019 fueron cometidos entre las 12:01 y las 18:00 horas, ese es el caso de San Luis Potosí.

En este contexto, la procuración y la impartición de justicia, juegan un papel fundamental, sin embargo, a partir de la ENVE se estima que en 2019 se denunció10.1% de los delitos, de los cuales 79% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició carpeta de investigación en 8% de los casos. Lo anterior, representa un 92% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.

Curiosamente, mientras que la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de las empresas, la falta de castigo a los delincuentes ocupa el quinto lugar de la lista, con el 20.4 por ciento y la mala aplicación de la ley, el octavo, con el 14.2 por ciento.

A nivel nacional la Cifra Negra aumentó a 92% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2019. La cifra negra resulta ser estadísticamente superiora la estimada para 2017. Este aumento ha sido mayor en las unidades de comercio y servicios, así como por tamaño micro, pequeño y grande.

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Ciudad

TEESLP confirma expulsión de Enrique Galindo del PRI

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Detallaron que los argumentos del alcalde fueron considerados infundados

Por: Redacción

El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) confirmó por unanimidad la expulsión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que sus argumentos de defensa eran infundados e improcedentes.

La resolución, respaldada por los magistrados Denisse Porras, Nicolás Juárez y Gerardo Muñoz, determinó que los agravios señalados por el alcalde capitalino carecían de sustento legal.

El TEESLP concluyó que la Comisión Estatal y Nacional de Justicia Partidaria del PRI actuó conforme a derecho y no vulneró las garantías de audiencia ni el debido proceso de Galindo Ceballos. A pesar de que el exmilitante argumentó que no fue debidamente notificado sobre el procedimiento en su contra, el tribunal encontró pruebas suficientes de que sí fue informado y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, aunque optó por no comparecer.

El análisis del caso reveló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria siguió las formalidades necesarias para garantizar el derecho de audiencia dentro del procedimiento sancionador. La resolución, dictada el 5 de diciembre de 2024, fue considerada debidamente fundada y motivada, conforme a lo establecido en el expediente.

Además de ratificar la expulsión de Galindo Ceballos, el Tribunal Estatal Electoral tomó la decisión de acumular diversas impugnaciones relacionadas con los Comités de Evaluación encargados del proceso de renovación de jueces en el Poder Judicial.

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TEESLP ha recibido más de 30 impugnaciones contra elección judicial

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Los casos son, en su mayoría, porque los aspirantes no fueron notificados de las razones para ser elegibles en cualquiera de los tres comités

Por: Redacción

Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), dio a conocer que se han presentado más de 30 impugnaciones contra el proceso electoral judicial en la entidad potosina.

La titular de este órgano explicó que se trata, en su mayoría, de casos en que los aspirantes no recibieron un dictamen por parte de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, que argumente por qué fueron excluidos de las listas de elegibilidad o mejor evaluados.

Otros casos han sido contra los procesos de insaculación pública por tómbola, donde se sortearon a los candidatos que aparecerán en las boletas.

“Están impugnando las listas de mejor evaluados, el proceso de insaculación y su exclusión de las últimas listas que ya fueron enviadas a la autoridad electoral”, explicó la magistrada.

La magistrada presidenta del TEESLP dijo que no se puede ordenar la repetición de los procesos de selección de candidatos, pero sí se puede ordenar reintegrar aspirantes a las listas de candidaturas.

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“Exceso”, sometimiento de escolta a ciclista en Carranza

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El secretario Guadalupe Torres Sánchez reconoció la reacción de las autoridades de seguridad estatal y federal ; “el portar armas sin licencia ya es de por sí un delito”

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sanchez, secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, se pronunció sobre la detención de un presunto escolta que sometió a un ciclista por estacionarse en la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, y calificó esta acción como un exceso por parte del supuesto elemento de seguridad personal.

“Sin lugar a duda es un exceso. El ciclista, conforme a la información que tenemos, no estaba más que haciendo el señalamiento a las personas que estaban estacionadas, de que estaban obstruyendo una vialidad exclusiva para ellos que es la ciclovía”, compartió el funcionario estatal.

El secretario General de Gobierno estatal dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y pese a que se habla de una denuncia por parte del ciclista, la detención efectuada por la Guardia Civil Estatal (GCE) arrojó la portación de armas de fuego no comprendidas en la licencia presentada, lo que por sí solo constituye un delito.

“Hubo una denuncia sin embargo desde el momento en que hay un civil armado sin contar con las licencias, eso ya es un ilícito que no requiere una denuncia previa”.

Finalmente, Torres Sánchez dijo que se tuvo contacto con el diputado federal, quien supuestamente era escoltado por el agresor del ciclista: “asegura que eso no es cierto, sin embargo, independientemente de ello vamos a continuar con la investigación”.

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Opinión

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