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#Seguridad | 76.8% de los empresarios consideran inseguro a SLP
El robo o asalto es el delito que más padecen las compañías en el estado
Por: El Saxofón
En medio de la crisis derivada del confinamiento por coronavirus, las empresas mexicanas siguen viendo la violencia y la inseguridad como la principal preocupación y el peor flagelo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, cuyos resultados reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por ciento de las empresas potosinas considera a San Luis Potosí como una entidad insegura. En el estado, el delito más frecuente es robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el segundo más frecuente es la extorsión.
En San Luis Potosí, la tasa de empresas víctimas de algún delito, bajó de 3 mil 725 a 3 mil 617, por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa una disminución del -2.9 por ciento.
Mientras que en México se calcula que 30.5 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento. Durante 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4 por ciento del sector Industria y 27.8 por ciento del sector Servicios.
El año pasado, 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro. Ese año ocurrieron 3.9 millones de delitos; el de mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
En un país asediado por el crimen, la inseguridad y la delincuencia constituyen la principal preocupación de las empresas. En 2018, este problema preocupaba al 63 por ciento de las unidades económicas, al 2020 el porcentaje se ha reducido al 60.4 por ciento, y aunque la disminución es estadísticamente significativa, en la realidad, sigue habiendo temor por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a convertirse en víctimas.
Con la ENVE 2020, se estima que 75.5 por ci ento de las unidades económicas a nivel nacional percibe como insegura la entidad federativa en que operan 
La crisis de seguridad que vive el país, tiene un alto costo para las empresas. Se calcula que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.
En el caso de San Luis Potosí, si bien ha tenido una disminución del -10.7 por ciento en los dos últimos años, el costo promedio del delito por unidad económica, sigue siendo considerable, y asciende a 34 mil 941 pesos.
En la mayoría de las entidades federativas del país, los delitos que las unidades económicas sufrieron durante 2019 fueron cometidos entre las 12:01 y las 18:00 horas, ese es el caso de San Luis Potosí.
En este contexto, la procuración y la impartición de justicia, juegan un papel fundamental, sin embargo, a partir de la ENVE se estima que en 2019 se denunció10.1% de los delitos, de los cuales 79% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició carpeta de investigación en 8% de los casos. Lo anterior, representa un 92% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.
Curiosamente, mientras que la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de las empresas, la falta de castigo a los delincuentes ocupa el quinto lugar de la lista, con el 20.4 por ciento y la mala aplicación de la ley, el octavo, con el 14.2 por ciento.
A nivel nacional la Cifra Negra aumentó a 92% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2019. La cifra negra resulta ser estadísticamente superiora la estimada para 2017. Este aumento ha sido mayor en las unidades de comercio y servicios, así como por tamaño micro, pequeño y grande.
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Héctor Serrano indicó que el próximo martes sesionará la Jucopo para analizar y fundamentar jurídicamente la posible destitución de concejales de Pozos exhibidos como corruptos y que promovieron un paquete de prestaciones millonario.
Por: Redacción
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés se manifestó respecto a las recientes revelaciones sobre la aprobación en la comisión de hacienda de Villa de Pozos de un paquete de prestaciones que otorgaría a los concejales más de 240 mil pesos a cada uno.
El legislador dejó en claro que es facultad del Congreso tanto la designación de la presidenta concejal de dicho municipio, como se dio en días pasados, y por lo tanto también tienen facultades de poder destituir concejales en caso de que se sustente jurídicamente y fundamenten los motivos.
El diputado recordó que el municipio de Pozos es un concejo y que sus integrantes no fueron electos y su designación no proviene de la voluntad popular, ya que fueron designados por el legislativo tal como lo marca el decreto que dio vida al nuevo municipio, por lo tanto, se revisará el próximo martes al interior de la Jucopo si existen los elementos jurídicos suficientes para destituir a los concejales exhibidos primero por aprobarse un paquete de prestaciones alejado de las políticas de austeridad y segundo por el audio en que se revela la “venta” de votos a cambio de recursos.
“El Congreso ha sido muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un consejo como el de Pozos es garantizar la estabilidad social y mejorar las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”
Resaltó que este tipo de conductas no corresponde a la dinámica de austeridad que ha establecido la actual administración estatal y adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una convocatoria para tomar una decisión respecto a las medidas que deberán aplicarse.
“Lo tomamos con seriedad; acompañamos la propuesta y actuaremos en consecuencia con base en los hechos, que lamentablemente se han registrado y son atribuibles a la conducta de los integrantes de este consejo”, concluyó.
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“Es una mentada de madre” así se expreso el gobernador sobre los concejales de este municipio de autorizaron 200 mil pesos en prestaciones de fin de año
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló respecto a que los concejales de Villa de Pozos se autorizaron un paquete de prestaciones de fin de año, que se resume en que cada concejal recibirá 200 mil pesos.
“Es una mentada de madre, eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo. El Congreso del Estado tiene que hacer algo ya. Hay una indignación de que estos concejales abusen de esta manera, saqueen de esta manera. El Congreso debe remover a todos esos integrantes
Cabe recordar que los concejales se autorizaron 45 días de aguinaldo, pago del llamado ‘Día 7’, la devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono y compensaciones adicionales contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto.
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La frase clave de la concejal de Villa de Pozos: “votemos todos a favor”, sugiriendo negociación grupal
Por: Redacción
Un audio en poder de este medio revela que la aprobación del millonario aguinaldazo en el recién creado municipio de Villa de Pozos no fue resultado de “convicción”, sino de negociaciones económicas entre regidores que se ostentan como oposición, particularmente los concejeros Maribel Lemoine y Dante Carreón.
En la grabación —que La Orquesta pudo obtener de fuentes cercanas al concejo — se escucha claramente a la regidora Maribel Lemoine condicionar su voto y el de otros regidores de oposición a cambio de un incremento de 200 mil pesos adicionales a sus prestaciones:
“Póngale otros 200 (mil) y puede que votemos a favor” y “primero traemos nosotros 240 (mil)… Entonces yo les digo: Súmanle otros 200 y la votación de noviembre a favor.”
En el fragmento, Lemoine no habla solo por ella, sino por un bloque de regidores de oposición: “votemos todos a favor”.
Esto evidencia que la negociación del aguinaldo no fue individual, sino colectiva, y que involucró votos de integrantes que públicamente se presentan como contrapeso del Cabildo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda —firmado por Dante Carreón, Maribel Lemoine y María Guadalupe Hernández Méndez— los regidores se autorizaron:
- Aguinaldo superior a 200 mil pesos por persona (más de 240 mil en algunos casos).
- 45 días de compensación para sus “asesores”, es decir 45 mil pesos extra.
- Pago del “día 7” (7 días extras por los meses con 31 días).
- Devolución del ISR retenido durante todo 2025, pagado por el municipio.
En total, el paquete navideño representa cerca de 40 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual del nuevo municipio.
La ciudadanía de Pozos enfrenta ahora un Cabildo que, en su primer cierre de año, no discute obras, servicios ni prioridades comunitarias, sino cuánto dinero adicional puede sumarse a sus cuentas personales.
Aquí puedes consultar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjNT572Kw
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