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#Seguridad | 76.8% de los empresarios consideran inseguro a SLP
El robo o asalto es el delito que más padecen las compañías en el estado
Por: El Saxofón
En medio de la crisis derivada del confinamiento por coronavirus, las empresas mexicanas siguen viendo la violencia y la inseguridad como la principal preocupación y el peor flagelo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, cuyos resultados reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por ciento de las empresas potosinas considera a San Luis Potosí como una entidad insegura. En el estado, el delito más frecuente es robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el segundo más frecuente es la extorsión.
En San Luis Potosí, la tasa de empresas víctimas de algún delito, bajó de 3 mil 725 a 3 mil 617, por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa una disminución del -2.9 por ciento.
Mientras que en México se calcula que 30.5 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento. Durante 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4 por ciento del sector Industria y 27.8 por ciento del sector Servicios.
El año pasado, 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro. Ese año ocurrieron 3.9 millones de delitos; el de mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
En un país asediado por el crimen, la inseguridad y la delincuencia constituyen la principal preocupación de las empresas. En 2018, este problema preocupaba al 63 por ciento de las unidades económicas, al 2020 el porcentaje se ha reducido al 60.4 por ciento, y aunque la disminución es estadísticamente significativa, en la realidad, sigue habiendo temor por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a convertirse en víctimas.
Con la ENVE 2020, se estima que 75.5 por ci ento de las unidades económicas a nivel nacional percibe como insegura la entidad federativa en que operan 
La crisis de seguridad que vive el país, tiene un alto costo para las empresas. Se calcula que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.
En el caso de San Luis Potosí, si bien ha tenido una disminución del -10.7 por ciento en los dos últimos años, el costo promedio del delito por unidad económica, sigue siendo considerable, y asciende a 34 mil 941 pesos.
En la mayoría de las entidades federativas del país, los delitos que las unidades económicas sufrieron durante 2019 fueron cometidos entre las 12:01 y las 18:00 horas, ese es el caso de San Luis Potosí.
En este contexto, la procuración y la impartición de justicia, juegan un papel fundamental, sin embargo, a partir de la ENVE se estima que en 2019 se denunció10.1% de los delitos, de los cuales 79% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició carpeta de investigación en 8% de los casos. Lo anterior, representa un 92% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.
Curiosamente, mientras que la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de las empresas, la falta de castigo a los delincuentes ocupa el quinto lugar de la lista, con el 20.4 por ciento y la mala aplicación de la ley, el octavo, con el 14.2 por ciento.
A nivel nacional la Cifra Negra aumentó a 92% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2019. La cifra negra resulta ser estadísticamente superiora la estimada para 2017. Este aumento ha sido mayor en las unidades de comercio y servicios, así como por tamaño micro, pequeño y grande.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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