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#Seguridad | 76.8% de los empresarios consideran inseguro a SLP
El robo o asalto es el delito que más padecen las compañías en el estado
Por: El Saxofón
En medio de la crisis derivada del confinamiento por coronavirus, las empresas mexicanas siguen viendo la violencia y la inseguridad como la principal preocupación y el peor flagelo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020, cuyos resultados reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.8 por ciento de las empresas potosinas considera a San Luis Potosí como una entidad insegura. En el estado, el delito más frecuente es robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, y el segundo más frecuente es la extorsión.
En San Luis Potosí, la tasa de empresas víctimas de algún delito, bajó de 3 mil 725 a 3 mil 617, por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa una disminución del -2.9 por ciento.
Mientras que en México se calcula que 30.5 por ciento de las empresas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento. Durante 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4 por ciento del sector Industria y 27.8 por ciento del sector Servicios.
El año pasado, 51.5 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4 por ciento de las medianas, 48.3 por ciento de las pequeñas y 29.6 por ciento de las micro. Ese año ocurrieron 3.9 millones de delitos; el de mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.
En un país asediado por el crimen, la inseguridad y la delincuencia constituyen la principal preocupación de las empresas. En 2018, este problema preocupaba al 63 por ciento de las unidades económicas, al 2020 el porcentaje se ha reducido al 60.4 por ciento, y aunque la disminución es estadísticamente significativa, en la realidad, sigue habiendo temor por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a convertirse en víctimas.
Con la ENVE 2020, se estima que 75.5 por ci ento de las unidades económicas a nivel nacional percibe como insegura la entidad federativa en que operan 
La crisis de seguridad que vive el país, tiene un alto costo para las empresas. Se calcula que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 132.7 mil millones de pesos.
En el caso de San Luis Potosí, si bien ha tenido una disminución del -10.7 por ciento en los dos últimos años, el costo promedio del delito por unidad económica, sigue siendo considerable, y asciende a 34 mil 941 pesos.
En la mayoría de las entidades federativas del país, los delitos que las unidades económicas sufrieron durante 2019 fueron cometidos entre las 12:01 y las 18:00 horas, ese es el caso de San Luis Potosí.
En este contexto, la procuración y la impartición de justicia, juegan un papel fundamental, sin embargo, a partir de la ENVE se estima que en 2019 se denunció10.1% de los delitos, de los cuales 79% llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició carpeta de investigación en 8% de los casos. Lo anterior, representa un 92% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación.
Curiosamente, mientras que la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación de las empresas, la falta de castigo a los delincuentes ocupa el quinto lugar de la lista, con el 20.4 por ciento y la mala aplicación de la ley, el octavo, con el 14.2 por ciento.
A nivel nacional la Cifra Negra aumentó a 92% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2019. La cifra negra resulta ser estadísticamente superiora la estimada para 2017. Este aumento ha sido mayor en las unidades de comercio y servicios, así como por tamaño micro, pequeño y grande.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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