Congreso del Estado
Secretario de Salud compareció ante el Congreso de San Luis Potosí
Daniel Acosta Díaz de León habló de temas como inversión para equipamiento de hospitales y seguimiento a las denuncias por desvíos de recursos
Por: Redacción
Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud, al continuar con el ejercicio de comparecencias con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, presentó información relacionada con la atención brindada en el estado, a través de los centros y casas de salud; las acciones en de salud mental, y combate a adicciones; y en materia de sanciones ante responsabilidades de ex funcionarios de esta dependencia.
Díaz de León en lo relacionado a la atención médica informó que los servicios de salud cuentan con una Red de Atención en Salud, integrada por 494 casas de salud, 94 unidades médicas móviles, 184 unidades de primer nivel, 21 unidades de especialidad, 8 hospitales comunitarios, 4 hospitales generales, 2 hospitales de especialidad, y 1 hospital de alta especialidad.
El secretario de Salud precisó que en lo relacionado a las casas de salud en las distintas comunidades, se está haciendo un trabajo de reingeniería buscando que los profesionales de la salud vayan a atender los centros donde hace falta personal y no se queden en una sola institución. Destacó que en cuanto a personal, se cuenta con 480 médicos, 1,138 enfermeras, 187 parteras, 745 auxiliares de salud y 27 paramédicos.
Daniel Acosta mencionó que en relación a los hospitales, en los hospitales básicos comunitarios se ha logrado mejorar la atención, aunque aún tienen carencia de especialistas, lo que ha ocasionado la sobrecarga de los hospitales generales; respecto al abastecimiento de medicamentos, indicó que actualmente se ha logrado subir el abasto de medicamentos y material de curación hasta un 62 por ciento, lo cual aún resulta insuficiente, y la meta prevista es lograr cerrar con un 80 por ciento al finalizar el presente año.
En relación al Hospital Central, afirmó que se está realizando el equipamiento del mismo, y se tiene el compromiso de recibir recursos provenientes del INSABI para que al finalizar el año se pueda contar con el 80 por ciento del equipamiento del mismo.
El funcionario indicó que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de 4 mil 800 millones de pesos, y en el último año se invirtieron más de 100 millones de pesos para equipamiento en los hospitales; agregó que se cuenta con 70 ambulancias para traslados de urgencias básicas, ubicadas en 43 municipios de las cuatro regiones del estado; de éstas, el modelo más reciente es 2020, por lo cual se buscará en el próximo año modernizar la flotilla y señaló que debido a que la Cruz Roja enfrenta una crisis económica, se han aumentado los traslados por parte de la Secretaría de Salud en la zona metropolitana.
Acosta Díaz de León en cuanto a servicios de hemodiálisis, precisó que se brinda atención a 257 pacientes con 40 máquinas, instaladas en los municipios de Tamazunchale, Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, y el Hospital Central; sin embargo, resulta insuficiente se han presentado 43 amparos en un día, obligando al estado a dar el beneficio, y se aborda la necesidad de duplicar el número de máquinas, por lo cual es importante afianzar la prevención de enfermedades renales.
Acosta Díaz de León en cuanto a las vacunas manifestó que se cuenta con la cartilla de vacunación para menores de 6 años en un 90 por ciento, aunque existió un periodo de desabasto de vacunas de nivel federal, incluyendo la de la Hepatitis A, Viruela, y en el caso de la vacuna de tétanos existe un desabasto mundial por problemas de producción.
El titular de los servicios de Salud sobre la situación de COVID-19 informó que se logró contener la cuarta y quinta ola, mediante los esquemas de vacunación y la realización de pruebas masivas, mencionó que se espera una sexta ola para los meses de enero o febrero, por lo cual se mantendrán las acciones de prevención y de vacunas; en relación a las acciones de prevención de otras enfermedades como viruela del mono, y de prevención de vectores para contagios de dengue, entre otros, detalló que en este año, se otorgaron más de 1 millón 200 mil primeras y segundas dosis para personas de 18 años y más; 262 mil 405 en adolescentes de 12 a 17 años, y 111 639 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad.
En lo relacionado a acciones para salud mental, indicó que se cuenta con 7 unidades abastecidas con psicólogo, trabajo social y personal de apoyo, que ha trabajado principalmente los temas referentes a prevención de suicidio, depresión, ansiedad, incrementando las adicciones a drogas, tabaco, y alcohol. Respecto a la revisión de los centros de rehabilitación, manifestó que deben contar con una licencia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud participa por medio de la COEPRIS, Protección Civil municipal y el ayuntamientos, para contar con las 3 autorizaciones.
La legisladora Bernarda Reyes Hernández indicó que es necesario fortalecer las acciones de salud materna, y de apoyo a parteras; a lo que el funcionario indicó que en el último año se registraron 12 mujeres muertas, ocupando el lugar 24 a nivel nacional, lo que evidencia que es un problema que no se ha podido erradicar completamente, dijo que se cuenta con 7 parteras técnicas y 5 enfermeras especialistas perinatales, así como más de 100 parteras tradicionales en la zona huasteca, que se busca apoyen a prevenir problemas desde el embarazo hasta la atención al parto en las mujeres de la comunidad.
En el tema de cáncer cervicouterino, Díaz de León mencionó que en el 2022 se registraron 61 casos nuevos y 66 de cáncer de mama, afirmó se realizaron algunas acciones de digitalización y el Centro de Equidad y Género se comprometió a reemplazar material inservible. En cuanto a cáncer infantil, principalmente la leucemia, indicó que se han aplicado 41 mil 605 cédulas de detección, y durante el 2022 se han detectado 30 casos; existen 393 casos activos que se encuentran en tratamiento o seguimiento
Los diputados Rubén Guajardo Barrera, René Oyarvide, Juan Francisco Aguilar y Ulises Mendoza cuestionaron sobre la situación de ex titulares de la Secretaría de Salud que fueron denunciados por desvíos de recursos; el funcionario indicó que en el caso de la ex titular Mónica Rangel se denunció penalmente y se encontró un desvío por la compra de insumos para control de mosquitos de dengue en la zona huasteca, por lo que se logró un acuerdo reparatorio por un monto de 22 millones de pesos que ya ingresaron a las arcas de la Secretaría de Finanzas.
El otro ex funcionario sigue su proceso penal y se realizan las acciones de responsabilidad administrativa contra estos ex funcionarios, ya que se encontraron adeudos por laudos laborales, juicios civiles y mercantiles que se han perdido; destacó que en el Hospital Central se deben 114 millones de pesos de ISR en el 2020, y 26 millones de IMSS-INFONAVIT; expuso que de todas las situaciones, se dio cuenta a la Auditoría Superior del Estado quien sumó la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado para cumplimentar acciones de responsabilidad administrativa.
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Congreso del Estado
Busca Congreso reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El objetivo es armonizar su contenido con la legislación federal , para adoptar el término “violencias” como reconocimiento a la complejidad de agresiones que enfrentan las mujeres
Por: Redacción
La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí a efecto de armonizar su contenido con la legislación federal en la materia, y adoptar el término de “violencias” como un reconocimiento normativo de la diversidad y complejidad de las agresiones que enfrentan las mujeres.
La legisladora señala que el término plural visibiliza que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que se expresa en distintos ámbitos: familiar, laboral, institucional, comunitario, digital y político. La propuesta establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de acciones reforzadas de protección.
Agrega que la violencia contra las mujeres trata de una manifestación estructural de desigualdad histórica que se expresa de manera diferenciada según las condiciones particulares de cada mujer. El enfoque interseccional reconoce que factores como la edad, la pertenencia indígena, la discapacidad, la condición socio económica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación migratoria o el contexto rural o urbano
pueden agravar los riesgos y profundizar las formas de violencia.“Desde esta perspectiva, el singular resulta conceptualmente insuficiente. La violencia no se manifiesta de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones que pueden coexistir y reforzarse entre sí”. Indica que en la actualidad, el orden jurídico reconoce diversas manifestaciones: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial; así como modalidades específicas como la violencia política en razón de género, la violencia digital, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia vicaria, entre otras. Cada una de ellas impacta de manera distinta la autonomía, la dignidad y el ejercicio de derechos de las mujeres.
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Congreso del Estado
Dip. Rivera presenta iniciativa de reforma a la Ley de Educación
Buscan implementar políticas educativas con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos
Por: Redacción
Las autoridades educativas deberán implementar políticas educativas con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y de derechos humanos para la prevención y atención de la deserción escolar de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, señaló el diputado Marcelino Rivera Hernández al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado.
Señaló que el 15 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modifican disposiciones de diversos ordenamientos generales y federales, entre éstos la Ley General de Educación lo que hace necesario realizar las adecuaciones para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado, especialmente la que se ejerce contra la niñez, adolescentes y mujeres, de conformidad con los deberes reforzados del Estado de protección de este sector de la población.
En la reforma se establece el respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación de las personas con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad y participación para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y restauración, y que adopten y promuevan estilos de vida sostenibles.
También la educación inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación y exclusión y violencias, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud.
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Congreso del Estado
Congreso busca fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopciones
Reformas y adiciones que fortalecen requisitos de idoneidad regulan la entrega voluntaria y prohíben cualquier forma de lucro o beneficio indebido
Por: Redacción
La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar para el estado de San Luis Potosí a fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopción, requisitos de idoneidad y prohibir de manera expresa cualquier forma de lucro o beneficio indebido relacionado con dicho procedimiento.
Se establece con claridad que pueden ser sujetos de adopción las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, que no tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria protestad, que sean abandonados, acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado, o que aun estando bajo patria protestad, exista consentimiento expreso otorgado ante la autoridad competente y ratificado judicialmente.
Esta precisión normativa resulta necesaria porque la redacción anterior generaba interpretaciones dispersas que podían dificultar la determinación de la situación jurídica de la persona susceptible de adopción y al establecer de manera puntual los supuestos, se brinda mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas involucradas en el procedimiento y se evita la discrecionalidad en la aplicación de la norma.
Además, se reconoce de manera expresa el derecho a llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, el derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad
y el derecho a recibir atención psicológica y médica durante el proceso; así como a ser informados conforme a su edad y grado de madurez sobre las consecuencias y alcances de la adopción.Se incorpora como impedimento para adoptar el contar con sentencia condenatoria firme por violencia familiar en delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad sexual la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual y de igual forma se establece como impedimento encontrarse inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se acredite el pago total de los adeudos.
Además, se prohíbe de manera expresa la obtención directa o indirecta de beneficios económicos materiales o de cualquier índole por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas o autoridades involucradas en el procedimiento de adopción, ya que la adopción no puede convertirse en un mecanismo de intermediación lucrativa.
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