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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras
Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros
Por: Ana G Silva
Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.
La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:
Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.
Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.
En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.
Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.
En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.
En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.
En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.
Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.
Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.
José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.
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Congreso del Estado
Sigue en estudio continuidad de concejales de Pozos
Héctor Serrano afirmó que los concejales no fueron electos y que el Congreso es la autoridad competente para tomar decisiones sobre ellos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que los concejales de Villa de Pozos que incurrieron en una “mala actuación” ya se encuentran bajo revisión jurídica y administrativa por parte del propio Legislativo y del órgano de control interno del municipio.
Serrano explicó que, tras diversas observaciones y conductas presuntamente irregulares dentro del concejo, se inició un proceso formal para integrar expedientes y deslindar posibles responsabilidades.
“¿Qué es preferible? ¿Atender un acto que a la luz pública muestra por lo menos una ilegalidad, o dejarlo pasar con la impunidad que eso implica?”, cuestionó el legislador, al señalar que su obligación es concluir estos procedimientos con estricto apego a la legalidad.
El diputado destacó que esta revisión interna ocurre en paralelo al reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que confirmó que la designación de Martha Patricia Aradillas como presidenta concejal no es un tema electoral, sino estrictamente administrativo y de competencia del Congreso.
“Siempre lo dijimos: los concejales no fueron electos, no son producto de la voluntad popular; por tanto, el órgano que tiene injerencia sobre sus decisiones es el que los designó, en este caso, el Congreso del Estado”, afirmó. Añadió que el Tribunal desechó las impugnaciones precisamente por ser improcedentes y no tener materia qué analizar.
Serrano reiteró que para el Congreso lo fundamental es mantener la estabilidad y la seguridad social de los habitantes de Villa de Pozos. Recordó que no hubo elecciones previas debido a diversos amparos que frenaron el proceso, por lo que los comicios se realizarán hasta 2027.
Mientras tanto, el órgano de control municipal integra observaciones, evalúa responsabilidades y da seguimiento a las conductas de los concejales señalados. El diputado sostuvo que el compromiso del Congreso es claro: “He pugnado siempre por la legalidad”.
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Destacadas
¿Tocan mujeres? CEEPAC propone paridad total y alternancia en candidaturas
La propuesta incluye que si en la elección pasada un partido postuló a un hombre para la gubernatura o ayuntamientos, obligatoriamente ahora deberá postular a una mujer, y viceversa
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceeoac) entregó al Congreso del Estado una Iniciativa Integral de Reforma Constitucional y Electoral que busca modernizar el sistema comicial potosino, fortalecer sus instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
La propuesta incorpora ajustes operativos, nuevas obligaciones para los partidos y un énfasis inédito en la paridad, incluida una medida clave: alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura, es decir, si en la elección pasada el partido postuló a un hombre, la siguiente deberá ser una mujer, y viceversa.
La iniciativa plantea al Legislativo analizar cambios de fondo como:
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Nuevo calendario electoral, adelantando el arranque del proceso al 15 de noviembre del año previo a la elección.
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Pago para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, reconociendo su labor durante el proceso electoral.
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Procedimientos más sólidos para sustituir o revocar a personas integrantes de órganos desconcentrados.
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Modernización en el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados preliminares.
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Nuevas atribuciones del Ceepac en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
La iniciativa establece que los partidos políticos deberán destinar al menos 5% de su financiamiento a programas de formación política, desarrollo de habilidades y liderazgo, enfocados especialmente en:
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Personas con discapacidad
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Personas de la diversidad sexual
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La participación real en espacios de decisión
Uno de los ejes más robustos de la propuesta es el fortalecimiento sustantivo al principio de paridad:
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Alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género del registro previo.
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Integraciones paritarias en todos los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales.
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Armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación.
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Facultad del Ceepac para rechazar registros que incumplan con la paridad.
En conjunto, la reforma busca construir un sistema electoral:
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Moderno y eficiente
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Con procesos confiables y transparentes
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Con igualdad sustantiva para todas las personas
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Que garantice participación equitativa de grupos históricamente excluidos
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Que consolide la pluralidad y la democracia potosina
El CEEPAC destacó que la discusión debe abrirse a diversos espacios públicos, académicos y políticos, a fin de que el Congreso defina la actualización legal que permita desarrollar procesos electorales íntegros, incluyentes y accesibles en San Luis Potosí.
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Gallardo acuerda más obras y apoyos con alcaldes
El Gobernador sostuvo reuniones con ediles de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo para consolidar más proyectos
Por: Redacción
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, acordó obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura, mejorarán la movilidad, ampliarán el acceso al agua y crearán nuevos espacios deportivos, en reuniones de trabajo con los alcaldes de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo, además de coordinar más proyectos en los 59 municipios.
En la capital, el Gobernador y el alcalde Enrique Galindo Ceballos acordaron arrancar dos proyectos de infraestructura con una inversión histórica de 600 millones de pesos, que consolidarán un avance sin precedentes garantizando mejores condiciones de vida para las familias potosinas.
En Alaquines, Ricardo Gallardo y la presidenta municipal Laura Moctezuma de la Cruz definieron el inicio de una nueva unidad deportiva en Los Viveros, dentro de la colonia indígena, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino A laquines–El Llanito.
Durante la reunión con la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud, el Mandatario confirmó la rehabilitación de la carretera principal Comoca–Axtla, la intervención del camino Jalpilla–Tenexio y el impulso a un proyecto integral de agua con sistema de bombeo en Cuayo–Cerro.
Finalmente, en Santo Domingo, junto al alcalde Filiberto Rodríguez Alvarado, el Gobernador anunció la instalación de nuevas luminarias, la construcción de una unidad deportiva en la cabecera municipal, un pozo de agua en la comunidad de Illescas y la ampliación de programas sociales orientados al bienestar de la población.
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