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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras
Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros
Por: Ana G Silva
Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.
La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:
Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.
Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.
En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.
Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.
En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.
En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.
En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.
Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.
Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.
José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.
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Acento Ajeno
Las murallas de Chapultepec | Columna de Haniel Valdés
Acento ajeno
Por: Haniel Valdés Velázquez
La ciudad de las piscinas a desnivel, los puentes verdes y las licencias gratuitas, tiene un nuevo debate público, que lo mismo puede parecer ataque político vestido de periodismo ciudadano.
Resulta que a muchos cochistas les molestan los nuevos topes de la Avenida Chapultepec, porque autos volaron sobre ellos en su primera noche. Los quejosos voladores aducen a través de reportes, que aún los topes no estaba bien señalados; lo cierto es que quien va a la velocidad permitida, no sale volando.
Por primera vez una obra vial a nivel de la calle ocupa portadas y titulares en los medios, porque para los ingenieros viales o expertos de turno la solución siempre es que el peatón suba y baje 200 escalones de horribles estructuras de hierro o que los autos sigan a 100 km/h sobre un puente o paso a desnivel.
No soy un experto en ingeniería urbana, por lo que no pretendo entrar en detalles técnicos de si está bien o mal hecho, por eso me centro en los debates que quieren forzar las páginas de Facebook que se llaman medios de prensa.
Pocas veces he visto medios cuestionar la constante construcción de estructura cochista que lejos de mejorar la movilidad, como dicen los boletines oficiales, tienden solamente a favorecer la velocidad.
¿Quién se acuerda de los peatones? ¿Quién piensa en el que quiere cruzar la calle sin tener que subirse a un gigante de hierro de más de 6 metros de altura? Antes de que lo invada un pensamiento clasista, whitexican o retrógrado y termine llamando “pobre” al que camina, tómese los 30 minutos que tarda en cada semáforo para respirar y léame con la mente un poco menos cerrada.
Las primeras quejas llegaron porque no había señalética para avisarle a los conductores que había una barda en medio de la calle, pero la mayoría de los que piden la señal con el aviso son los mismos que, a propósito, no ven las que sí están, esas que indican un máximo en la velocidad, o ser cortés con los peatones que intentan cruzar.
Señales faltan más, como una que indique para qué o quién es el carril central de Chapultepec, que en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, otras en toda la ciudad, las que avisen que la ciclovía no es para que se estacionen autos de los negocios de Carranza o Himno Nacional.
La Avenida Chapultepec tiene varias señales que indican que el límite de velocidad es de 50 km/h, algunas casi borradas -ahí te encargo, Ayuntamiento- pero en los videos que circularon de autos voladores, en ninguno de los casos, la velocidad del vehículo estaba por debajo del límite permitido .
Sí hubo un fallo grande por parte de las autoridades viales municipales que no anunciaron a tiempo el tope y no colocaron la señal hasta que ya estaba listo el muro de los tormentos.
Sigue existiendo tardanza por parte de estas mismas autoridades para repintar o rescatar las señales que no solo ahí, sino en toda la ciudad, están mal pintadas, opacas, mal colocadas o tapadas por árboles.
Los medios que compartieron videos, que criticaron al gobierno municipal, que incitaron al odio de conductores hacia peatones (como si eso no fuera pan de cada día), ¿por qué no acompañaron sus post con un “circule con cuidado”, “cumpla con lo establecido”, “respete al peatón”?
A mis colegas de los medios: falta para el 2027, no empecemos desde ya a querer caerle mejor al que todavía no saben si va a seguir en el poder, hagamos periodismo útil, no crítica en busca de likes.
Conductores: respeten al peatón. Peatones: no usen el móvil mientras cruzan las calles, ni intenten ganarle al semáforo. Ciclistas: hay solo 3 ciclovías, pero usémoslas correctamente.
Autoridades: hagan su trabajo, pero háganlo bien, y no descuiden lo que hicieron antes por centrarse solo en obras nuevas.
Gobierno estatal: la obra municipal es para que las personas se sientan más seguras entrando a un parque bajo su cuidado, para evitar accidentes en una calle, de una ciudad que también es parte del estado.
Gobierno municipal: no se apresuren por hacer cosas solo de cara a la contienda electoral, échenle ganas y háganlas bien, respeten los tiempos, informen oportunamente a los usuarios de las vialidades.
Ya aprovechando, revisen las señales de tránsito de la zona, que necesitan mantenimiento, y luego dense una vuelta por la ciudad: hay banquetas que son estacionamientos, hay ciclovías intransitables, hay peatones en riesgo porque los conductores no siguen el reglamento.
En pocas palabras, bajemos todos la velocidad… en todo, hay topes.
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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
.El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5 y 27 a uno. En el sur: Aquismón, Matlapa, Coxcatlán, la relación se invierte: el presupuesto federal supera a las remesas. Aquismón, con el mayor FISM de la Huasteca (212 millones de pesos), recibe 93 millones en remesas.
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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