julio 23, 2026

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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras

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Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros

Por: Ana G Silva

Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.

La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:

Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.

En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.

En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.

Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.

Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.

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Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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