julio 22, 2026

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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras

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Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros

Por: Ana G Silva

Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.

La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:

Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.

En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.

En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.

Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.

Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Lavacoches siguen quitándole el agua a los peces koi de la Alameda

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El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo

Por: Redacción

La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.

El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.

Agregó que el problema no se limita al estanque de los peces, pues antes también se presentaba en el área de los patos, previo al inicio de los trabajos de rehabilitación.

Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.

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“No aplicará tarifas dinámicas”: SCT sobre nueva app de taxis

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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital

que calculará el costo del viaje según los kilómetros recorridos y las tarifas autorizadas por la legislación estatal para cada horario.

Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.

La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.

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Opinión

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