junio 22, 2026

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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras

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Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros

Por: Ana G Silva

Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.

La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:

Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.

Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.

En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.

Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.

En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.

En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.

En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.

Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.

Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.

Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.

Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.

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FGESLP reporta baja en denuncias de violencia familiar en días de Mundial

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A contracorriente de la tendencia nacional, SLP ha recibido menos denuncias de violencia familiar desde que arrancó el Mundial; la fiscal no descarta múltiples factores y espera que la baja sea permanente

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que el inicio del Mundial no ha generado un aumento en las denuncias de violencia familiar en la entidad; al contrario, los registros muestran una disminución.

“Hasta ahorita, ¿qué creen, que hasta hemos tenido una disminución? A lo mejor porque como que no ha habido mayor tema, pero hemos tenido disminución; no ha habido el número de denuncias que recibimos todos los días”, señaló.

La funcionaria confirmó que la baja está vinculada específicamente a violencia familiar

. Al ser cuestionada sobre si podría atribuirse a un menor consumo de drogas o alcohol durante los partidos, García Cázares no descartó esa posibilidad, aunque prefirió no adelantar una causa definitiva.

“Puede haber muchos factores, pero esperemos que esté disminuyendo”, indicó.

La fiscal expresó, sin embargo, reservas sobre la permanencia de la tendencia.

“Esperemos que se continúe y que no sea un fenómeno del fútbol”, puntualizó.

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Uber obtuvo luz verde para registrarse ante la SCT

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Falta que entregue su padrón de operadores y que el Congreso modifique la ley de Hacienda para que la empresa quede formalmente regulada

Por: Redacción

Uber es la única plataforma de transporte por aplicación con determinación favorable para iniciar su registro en San Luis Potosí, pero aún opera sin regulación de la ley de Hacienda estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El proceso, explicó Martínez Acosta, tiene dos frentes pendientes. Por un lado, la empresa debe entregar a la SCT el padrón completo de sus operadores con datos de vehículos y choferes

, requisito que aún no ha cumplido. Por el otro, el Congreso del Estado deberá modificar la ley de Hacienda estatal para incorporar los artículos de la ley de transporte que establecen los pagos a los que quedará obligada la plataforma.

La secretaria no precisó un calendario para ninguno de los dos pasos. Sobre la posibilidad de que Uber opere durante la Feria Nacional Potosina, reconoció que la dependencia desconoce si la empresa cumplirá los requisitos a tiempo.

Una vez que Uber entregue su padrón, la ley de transporte establece pasos adicionales: capacitación de operadores y entrega de credenciales. Solo al concluir ese proceso la plataforma quedaría habilitada para ofrecer viajes de forma regulada en la entidad.

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Ciudad

Ruido de gimnasios dispara inconformidades vecinales en la capital

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Comercio Municipal informó que los gimnasios ya igualan a los antros en denuncias por ruido, especialmente aquellos instalados en zonas habitacionales o al aire libre

Por: Redacción

El auge de los gimnasios en San Luis Potosí comienza a reflejarse también en las oficinas municipales. El director de Comercio del Ayuntamiento, Ángel de la Vega, informó que estos establecimientos se han convertido en una de las principales causas de inconformidad vecinal, principalmente por el exceso de ruido y por operar sin cumplir completamente con la normatividad.

El funcionario explicó que, tras atender reportes ciudadanos, inspectores municipales han detectado diversos negocios que funcionan con licencias vencidas, permisos sin actualizar o incluso sin haber concluido los trámites necesarios para su apertura.

“Los vecinos se quejan, hacemos las revisiones y nos damos cuenta de que están trabajando de forma irregular; algunos tienen licencias vencidas y otros ni siquiera cuentan con apertura para realizar su trámite”, señaló.

De la Vega reconoció que el problema del ruido proveniente de gimnasios ha crecido al grado de equipararse con las molestias que tradicionalmente generaban bares y centros nocturnos.

“Creo que los gimnasios hoy en día traen prácticamente la misma cantidad de quejas en cuanto a ruido que los antros”, afirmó.

Precisó que gran parte de las denuncias corresponden a gimnasios al aire libre o instalados en zonas habitacionales, donde el uso de bocinas a alto volumen, música constante y actividades grupales impactan directamente en la tranquilidad de los vecinos.

Además, indicó que algunos establecimientos operan en predios cuyo uso de suelo no permite este tipo de actividad comercial, situación que también es motivo de observaciones por parte del Ayuntamiento.

El director de Comercio aseguró que el objetivo de las inspecciones no es afectar a los negocios dedicados al acondicionamiento físico, sino garantizar que funcionen dentro del marco legal y respeten las condiciones mínimas de convivencia urbana.

“Tampoco se trata de estrangularlos, sino de que cumplan con la normativa y con todo lo que marca el reglamento para poder transitar hacia una mejor convivencia”, concluyó.

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