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Secretaría de Salud, lo peor del gobierno de Juan Manuel Carreras
Hoy sus dos ex titulares están detenidos con sospechas de estafas millonarias sobre sus hombros
Por: Ana G Silva
Desde la llegada de Ricardo Gallardo al Gobierno del Estado, se adelantó que el gran reto en su gestión sería resolver los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud durante la administración de Juan Manuel Carreras, sobre desvío de recursos, adquisición de medicamentos piratas, sueldos elevados y contratación de proveedores fantasma. La lucha ha sido tan frontal los dos ex titulares de la dependencia en ese sexenio, Mónica N. y Miguel Ángel N., hoy están en prisión preventiva.
La Orquesta preparó un recuento de hechos que se han registrado en el interior de dicha dependencia, la cual puede ser denominada la peor durante el período de Carreras López:
Uno de los primeros cuestionamientos contra Mónica N., la primera secretaria de Salud, fue su salario que era superior al del gobernador y al del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde 2016 se reveló que mensualmente recibía 222 mil pesos. Los montos fueron reconocidos por la funcionaria durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, a pesar de que el tabulador de ese año estableció un tope para trabajadores de confianza de 128 mil pesos.
Ese mismo año, Mónica N. se vio involucrada en un incidente que aún hoy no ha sido aclarado, cuando, durante una celebración en su casa del municipio de Axtla de Terrazas, recibió un impacto de bala calibre 22, que, según informó la Fiscalía, salió de una pluma-pistola de defensa personal. La versión oficial narró que ella misma activó el arma.
En mayo de 2020, la organización Ciudadanos Observando acusó a la Secretaría de Salud de autorizar compras por 200 millones de pesos a empresas de Gabriel Salazar, denunciado por decenas de personas a las que, presuntamente, defraudó. Más tarde se sabría que dichos proveedores ni siquiera prestaron los servicios de mantenimiento a los que se habían comprometido.
Durante agosto de 2020, cuando Mónica N, se desempeñaba como secretaria de Salud, reincorporó a su cargo a un trabajador involucrado en un caso de abuso sexual.
En el mismo mes, se evidenció el pago de 120 millones de pesos en medicamentos a proveedores fantasma relacionados con la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había detectado en 2019, que las empresas Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco, de las que es socio Abraham Ábrego operador del gobernador de Nuevo León, habían vendido a la Secretaría de Salud potosina medicamentos oncológicos adulterados, sin embargo, se le volvieron a comprar.
En uno de los peores momentos de la pandemia por covid, a mediados de enero, cuando se registraban en promedio 300 casos por día, Mónica N. pidió licencia a su cargo para buscar la postulación a la gubernatura con Morena, cuya militancia siempre la rechazó debido a su pasado en el PRI, en el cual incluso ocupó cargos partidistas.
En agosto de 2021, el sucesor de Mónica N., en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel N.reveló el caso de las 423 toneladas de medicamentos guardados injustificadamente en el Almacén Central del Estado desde la gestión de Mónica.
Durante la toma de protesta, Ricardo Gallardo informó que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la dependencia, días después se reveló la existencia de un parque vehicular detenido con ambulancias y camionetas por la pasada administración bajo el argumento de la falta de recurso para combustible, mientras tanto en el estado se vivió una crisis de inseguridad y salud.
Mónica N. fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 22.4 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas, quien ya fue vinculada a proceso.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
Una detención inesperada fue la de Miguel Ángel N., sucesor de Mónica N., quien está presuntamente relacionado en la adquisición irregular de un precursor para combatir el dengue y cuyo daño a las arcas públicas asciende a más de 31 millones de pesos. Fue aprehendido por la Policía de Investigación (PDI) el 3 de mayo de 2002. Ahora, fue vinculado a proceso y debe permanecer en el centro de reinserción social de La Pila, en tanto transcurren las investigaciones complementarias.
José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que el caso de Miguel Ángel N. no se encuentra relacionado con el que se le imputa a la ex funcionaria Mónica N ya que ocurrieron bajo distintas circunstancias y durante la época en la que cada uno de ellos estuvieron al frente de esa Secretaría.
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Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.
El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.
Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.
El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.
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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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Con una inversión inicial de 350 millones de pesos, la obra beneficiará a más de 400 mil usuarios y mejorará la movilidad metropolitana
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la construcción del Puente La Familia, justamente en la glorieta de salida a Guadalajara, una obra estratégica que contará con una inversión inicial de 350 millones de pesos y beneficiará a más de 400 mil usuarios de la zona metropolitana, al reducir los tiempos de traslado y agilizar la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí.
Ante representantes del sector empresarial y habitantes de la zona, el Mandatario Estatal explicó que el proyecto incluirá la instalación de un colector pluvial de dos metros de diámetro y más de 800 metros de longitud, que conducirá el agua de lluvia hacia la planta tratadora del parque Tangamanga I, esta obra de infraestructura permitirá reducir las inundaciones que durante años afectaron la circu lación en este corredor vial.
Ricardo Gallardo destacó que la obra forma parte de la modernización de la infraestructura urbana de San Luis Potosí
El Puente de La Familia se integrará a las obras construidas y rehabilitadas durante la actual administración en el Circuito Potosí, entre ellas los puentes del Hospital del Niño y la Mujer, avenida Juárez, calle 71 y bulevar Valle de los Fantasmas, además del paso inferior vehicular de la Arena Potosí, que será inaugurado próximamente.
La nueva estructura tendrá una longitud total de mil 185 metros, 15 mil 479 metros cuadrados de carpeta asfáltica y un puente superior elevado de 240 metros. También contará con alumbrado público y señalamientos horizontales y verticales para garantizar una circulación ordenada, eficiente y segura.
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