marzo 13, 2026

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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos

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Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio

Por: Ana G Silva

La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.

Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.

Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.

El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.

“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.

El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.

Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron

; además de obtenerse una ventaja económica de la explotación comercial de esos espacios.

“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.

La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.

El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.

Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:

“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.

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Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía

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Comerciantes han denunciado en redes a una mujer que presuntamente roba en negocios aprovechando descuidos

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), señaló que hasta el momento no tiene información específica sobre el caso de una mujer que presuntamente se dedica a cometer robos en comercios del Centro Histórico de San Luis Potosí y que, según denuncias difundidas en redes sociales, contaría con varias carpetas de investigación en su contra.

Al ser cuestionada sobre el tema, la fiscal indicó que revisará la situación debido a que se trata de un delito que afecta a la sociedad y que además se persigue de oficio.

“No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad”, expresó.

En los últimos días, comerciantes del Centro Histórico han difundido videos en redes sociales en los que se observa a una mujer presuntamente sustraer carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos

, aprovechando descuidos de los trabajadores.

Sobre este tipo de delitos, García Cázares explicó que generalmente se trata de robos sin violencia, en los que los responsables aprovechan momentos de distracción para cometer el ilícito.

Asimismo, señaló que en el Centro Histórico se han reforzado los rondines de vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí y de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, lo que ha contribuido a disminuir este tipo de incidentes en la zona.

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Convenio por 516 millones… pero la UASLP solo tiene garantizados 320

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El rector Alejandro Zermeño explicó que el calendario de ministraciones estatales deja 196 millones sujetos a disponibilidad presupuestal, un escenario que podría replicar las tensiones financieras del año pasado para la universidad

Por: Jorge Saldaña

Aunque el convenio de financiamiento entre la federación y el gobierno estatal establece una aportación de 516 millones de pesos para la UASLP, el esquema de pagos previsto por la administración estatal solo garantiza 320 millones durante el año, cantidad autorizada por el Congreso del Estado, divididos en doce mensualidades.

Así lo explicó el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien detalló que en estos días la universidad ya recibió únicamente el 10 por ciento de la primera ministración federal, mientras que la aportación del gobierno está pendiente y se espera para los próximos días.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la edición número 50 de la Feria Nacional del Libro de la UASLP, Zermeño Guerra precisó que el proceso de liberación de recursos sigue una cadena administrativa: primero la firma del convenio entre Federación y estado, (14 de enero) luego el envío del documento a la Federación, la ministración federal y posteriormente la aportación estatal.

“El recurso de la Federación nos fue ministrado hace tres días”, señaló, por lo que la universidad espera que en los próximos días llegue la parte estatal correspondiente a enero, febrero y lo que va de marzo.

El convenio global firmado con la Federación contempla un poco más de 3 mil millones de pesos, de los que el gobierno estatal se comprometió a aportar 516 millones. Sin embargo, el esquema de pagos que se notificó recientemente contempla solamente 320 millones lo que podría poner en una situación de crisis a la institución igual a la que se vivió el año pasado, con la diferencia que en este convenio se contempló una cláusula de disponibilidad presupuestal, es decir que gobierno podría no estar en condiciones de alcanzar la cantidad total.

“Hay cláusula respecto a la situación financiera de los gobiernos; nadie está obligado a lo imposible”, reconoció Zermeño, aunque subrayó que mantiene confianza en que el acuerdo pueda cumplirse en su totalidad.

“Yo tengo que seguir teniendo confianza porque confío en que una autoridad como nuestro gobernador, si firma un documento es porque seguramente va a tratar de cumplir”, expresó.

El rector también señaló que la universidad enfrenta adeudos cruzados con el gobierno estatal. Por un lado, la UASLP solicitó a inicios de año un préstamo al gobierno de 100 millones de pesos para cubrir compromisos de nómina.

Por otro lado, el gobierno estatal mantiene un adeudo superior a 20 millones de pesos relacionado con un pago que la universidad adelantó para cubrir una deuda con Conagua, operación que permitió reducir un pasivo que originalmente superaba los 50 millones.

A estos pendientes se suma un monto de 540 millones de pesos acumulados durante los últimos tres años, según explicó el rector.

Pese a este escenario financiero, Zermeño reiteró que mantiene expectativas de que el gobierno estatal cumpla con los compromisos asumidos.

“La esperanza muere al último”, dijo.

Nota completa: Inició Feria Nacional del Libro de la UASLP

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Más de 20 mil hectáreas han sido consumidas por incendios en SLP

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El incendio más grande ocurrió en Santo Domingo, San Luis Potosí, con 15 mil 300 hectáreas afectadas

Por: Redacción

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (Segam), informó que en los primeros meses del año el estado ha registrado una alta incidencia de incendios, con más de 20 mil 160 hectáreas afectadas.

La funcionaria explicó que actualmente se mantiene un incendio activo, y señaló que la cantidad de siniestros registrados en aproximadamente dos meses ha sido considerable, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención.

Mendoza Díaz destacó que uno de los incendios más graves ocurrió en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, donde se registraron 15 mil 300 hectáreas siniestradas, convirtiéndose en el incendio más grande del que se tenga registro en la historia del estado.

La titular de la Segam indicó que, debido a la magnitud de los daños, San Luis Potosí se encuentra actualmente en primer lugar a nivel nacional en territorio afectado por incendios, aunque aclaró que esto se refiere a superficie siniestrada y no al número total de incendios registrados.

Ante este panorama, la dependencia ha iniciado reuniones con alcaldes de distintas regiones para coordinar estrategias de prevención. Hace unos días se realizó un encuentro con presidentes municipales del Altiplano, zona que presenta alta peligrosidad debido a la sequía y a las condiciones de los pastizales.

Asimismo, este jueves fueron convocados los alcaldes de la zona centro, donde municipios como Mexquitic de Carmona, Zaragoza, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez han registrado una importante incidencia de incendios en los últimos días.

La funcionaria explicó que muchos de estos siniestros se originan por quemas agrícolas realizadas por habitantes de comunidades, quienes buscan limpiar sus terrenos, pero en ocasiones el fuego se sale de control.

Por ello, las autoridades estatales trabajan con los gobiernos municipales para reforzar campañas de concientización y pedir a la población evitar quemas sin previo aviso a las autoridades competentes, con el fin de prevenir nuevas contingencias y proteger a las comunidades cercanas.

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