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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron 
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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El monto, que se incluirá en la Ley de Egresos, será equivalente al de este año mientras se define el convenio universitario
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Secretaría de Finanzas del Estado ya tomó previsiones para garantizar el recurso que corresponderá a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2026, y adelantó que dicha cantidad será integrada desde ahora en la Ley de Egresos que enviará al Congreso del Estado.
Gallardo explicó que, aunque el convenio anual entre la UASLP y el Gobierno del Estado se firma hasta enero, esta vez se decidió anticipar el monto estimado para evitar desfases como los ocurridos este año, cuando los tiempos entre la firma del convenio y la aprobación del presupuesto no coincidieron y generaron presiones financieras para la institución.
El mandatario señaló que Finanzas partirá del mismo monto asignado este año
Gallardo afirmó que el objetivo de esta previsión es que la UASLP arranque 2026 sin complicaciones, sin necesidad de solicitar recursos prestados durante los primeros meses del año, como ha sucedido históricamente debido a la demora en la llegada del recurso federal y estatal.
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María Manuela García dijo que el monto servirá para contratar personal y fortalecer prospecciones
Por: Redacción
Tras entregar su informe anual de labores ante la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, la fiscal María Manuela García Cázares reconoció que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí enfrenta “muchos retos”, entre ellos el más urgente: transformar la actual Unidad de Desaparecidos en una Fiscalía Especializada, como lo exige la Ley General.
La fiscal destacó que todas las áreas han estado enfocadas en judicializar carpetas y atender los casos más sensibles denunciados por la ciudadanía, aunque admitió que el avance aún es insuficiente frente a la demanda existente.
En materia financiera, García Cázares confirmó que la institución solicitará una ampliación presupuestal para 2025, derivada precisamente de los costos que implica la creación de la nueva Fiscalía de Desaparecidos: más personal, más material, más prospecciones y mayor capacidad operativa.
La ampliación solicitada asciende a 5 millones de pesos como mínimo.
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La diputada señaló que la reducción presupuestal pone en riesgo la operación de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud en SLP
Por: Cristian Betancourt
La diputada local Frinné Azuara alertó sobre un recorte presupuestal para 2026 al sector salud, específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), recurso esencial para el funcionamiento de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.
Azuara explicó que este fondo es clave porque con él se pagan sueldos del personal médico, de enfermería y otros trabajadores del sector. “Trae un recorte del 53% para San Luis Potosí. Yo no sé cómo le va a hacer Bienestar y la propia Secretaría, porque con esa clave se paga al personal”, advirtió.
La legisladora señaló que el Gobierno Federal continúa realizando recortes que afectan directamente la salud de los mexicanos y advirtió que las afectaciones no solo serán salariales, sino que también alcanzarán la compra de medicamentos.
“En el FASA, que es el Fondo de Servicios de Salud, viene un recorte muy grande para San Luis Potosí. No sé cómo le va a hacer IMSS-Bienestar y la propia Secretaría de Salud, porque ahí, con esa clave, con esos recursos, se paga también al personal. Ese es un recurso que se utiliza para pago de personal. Trae un recorte del 53% para el Estado, para IMSS-Bienestar y para la Secretaría de Salud”, reiteró.
Azuara Yarzábal añadió que “no es creíble que los recortes presupuestales del Gobierno Federal sigan afectando la salud de los potosinos, de los mexicanos. Hay un recorte muy importante también a nivel nacional. Estoy revisando todavía qué repercusiones va a tener aquí sobre salud materna. Estamos viendo que la mortalidad materna se incrementó
La diputada reprochó que “es increíble que la salud no le importe al Gobierno Federal, pero a los potosinos sí nos importa, sobre todo por las repercusiones que tiene en el bolsillo de los trabajadores de la salud. Es la tercera vez que presento el exhorto sobre la aprobación que se hizo al artículo 123, sobre el salario digno de médicos, enfermeras, policías y profesores. Fue aprobado por todos los Congresos y por el Congreso de la Unión, pero por la falta de publicación del Senado no se ha hecho oficial en el Diario Oficial de la Federación para que el gobierno pueda aplicarlo”.
Azuara también denunció el desabasto de medicamentos y un recorte al abasto que calificó como “cruel para el pueblo de México”. Criticó que la Federación haya centralizado los recursos que antes manejaban los estados de manera eficiente: “Les quitan los recursos a los gobiernos estatales. Quieren hacerse responsables, pero no es cierto; a la hora de la verdad, los gobernadores son los que tienen que entrarle con el hombro”.
“Aquí afortunadamente el gobernador le ha entrado; está metiendo más dinero de lo que tendría que estar metiendo a salud y a otras áreas”, puntualizó.
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