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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron 
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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La Secretaría señaló que se mantendrán las actividades en todos sus planteles escolares
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), dio a conocer que este lunes 23 de febrero continuará con normalidad la jornada escolar en las cuatro regiones de la entidad en todos los niveles educativos.
La SEGE pidió a la población estar atentas a los canales oficiales de la dependencia, pues cualquier cambio se notificará por estos medios.
Por su parte, la Universidad del Valle de México anunció que cancelarán todas sus actividades presenciales en San Luis Potosí, por lo que las clases se impartirán de manera virtual.
Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantendrá clases, pero no habrá sanciones académicas para aquellos que decidan no asistir por causas de seguridad.
Se registran bloqueos carreteros y quema de inmuebles en diversas entidades tras acciones de seguridad en Jalisco
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de México desplegó este domingo un operativo coordinado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que resultó en el supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho’, identificado como líder de una organización criminal con presencia nacional.
Fuentes de alto nivel del gobierno federal corroboraron el deceso del objetivo prioritario, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial pública emitida mediante comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad nacional informó a las 10:30 horas que las instituciones federales atienden las reacciones derivadas de estas acciones operativas en el occidente del país para restablecer el orden. Las repercusiones operativas incluyeron el cierre de vías de comunicación en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el protocolo de Código Rojo a las 10:25 horas e instaló la mesa de seguridad estatal ante la quema de vehículos en accesos clave a la Zona Metropolitana de Guadalajara y la autopista Guadalajara-Colima.
Simultáneamente, en Michoacán, el gobierno estatal reportó el uso de camiones de carga para obstruir el tránsito en 19 puntos carreteros de las regiones de Tierra Caliente y el Bajío, mientras que en Guanajuato se documentó el incendio de farmacias y tiendas de conveniencia en cinco municipios de la entidad.
Una versión supuestamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que se inició el traslado de los restos localizados en la zona serrana hacia la Ciudad de México para realizar las pruebas periciales de ácido desoxirribonucleico que permitan la identificación científica definitiva.
Como medida de protección civil, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara suspendió el servicio en sus tres líneas y se recomendó el resguardo domiciliario en las zonas de conflicto. El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se mantiene en las carreteras federales del occidente y noreste del país.
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Los estados más afectados son Jalisco, Michoacán y Guanajuato
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de Jalisco activó el protocolo de Código Rojo la mañana de este domingo tras registrarse una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Los incidentes iniciaron a partir de las 08:30 horas derivado de un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente para coordinar acciones con la Federación y estados vecinos ante el desplazamiento de los grupos delictivos hacia los límites territoriales.
En el estado de Jalisco, las autoridades reportaron el incendio de una pipa de combustible en el cruce de la Carretera a Saltillo y Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, así como obstrucciones viales en diversos puntos de la zona sur y la región de los Altos.
Como medida de protección civil, el servicio de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas de conflicto quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que el mandatario estatal solicitó a la población permanecer en sus hogares.
El despliegue de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se extendió a las zonas limítrofes para intentar liberar las vías de comunicación afectadas por el uso de vehículos pesados incendiados.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que la violencia se extendió a su territorio
En Michoacán, se registraron bloqueos con camiones de carga en la carretera Zináparo-La Piedad y en el municipio de Jiquilpan, específicamente a la altura de la planta de Liconsa, afectando la conectividad en la región de Tierra Caliente y la zona Lacustre. Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de patrullaje aéreo y terrestre para localizar a los responsables de los siniestros.
La administración estatal de Jalisco justificó las medidas extraordinarias de seguridad como una respuesta necesaria ante la táctica de los grupos delictivos de quemar vehículos para inhibir la acción de la justicia.
De acuerdo con los reportes oficiales preliminares de las fuerzas federales, las agresiones son una reacción directa al operativo de precisión ejecutado en Tapalpa contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, no se localiza declaración pública oficial sobre el fallecimiento del líder de dicha organización, permaneciendo las zonas de conflicto bajo resguardo militar estricto.
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