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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron 
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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Hector Serrano garantizó estabilidad y certeza jurídica pese a inconformidades de algunos regidores en Villa de Pozos
Por: Redacción
Héctor Serrano Cortés, diputado local de San Luis Potosí, declaró que los miembros de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado están convencidos de que no existe ningún acto inconstitucional en la designación de Patricia Aradillas como presidenta consejal de Villa de Pozos.
Lo anterior lo expresó tras ser cuestionado sobre si la renuncia de Teresa Rivera como concejal y la inconformidad de algunos regidores y concejales podrían ser un síntoma de ingobernabilidad en el municipio.
Serrano Cortés señaló que, si alguien considera que existe un acto ilegal en este proceso, puede promover cualquier acción legal ante la instancia que considere pertinente.
Además, enfatizó que si la intención es generar inestabilidad social u otro tipo de conflictos
“Nadie le apuesta a lo contrario y quien lo haga, sería un motivo para que se revise a solicitud de cualquier integrante del propio Congreso. Formamos parte de una decisión y el Congreso es un cuerpo que actúa de manera colegiada. Se presenta, se revisa y se actúa.” concluyó.
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La Dirección de Gestión Ecológica reporta hasta 45 comercios sancionados por ruido por diferentes factores
Por: Cristian Betancourt
Durante una entrevista Jaime Mendieta, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino, informó que la dependencia ha detectado un incremento en los reportes ciudadanos por ruido excesivo generado por distintos establecimientos comerciales, lo que ha obligado a reforzar las inspecciones y sanciones en materia ambiental.
Mendieta explicó que cada giro comercial tiene parámetros específicos de emisión de ruido, particularmente aquellos con fuentes fijas, como maquinaria o equipos operativos. Cuando estos límites son rebasados, la dependencia no solo aplica sanciones, sino que también exige modificaciones estructurales para garantizar que el ruido no afecte la vida diaria de los vecinos.
“Lo que hemos logrado con muchos establecimientos es que hagan adecuaciones, porque los ciudadanos deben tener la garantía de que el ruido no les afectará en su día a día”, señaló.
El funcionario aclaró que no todos los comercios deben cumplir con revisiones periódicas relacionadas con música, alarmas, refrigeradores, maquinaria o personal trabajando en horarios de alto impacto, especialmente durante la madrugada.
Como ejemplo, mencionó los casos de tortillerías y otros negocios que inician operaciones muy temprano, cuyos ruidos suelen generar constantes señalamientos vecinales. “Vamos, medimos y, si están rebasando la norma o instalaron fuentes fijas a destiempo, se aplican las sanciones correspondientes”, afirmó.
El director detalló que no todos los negocios requieren estudios acústicos, pero sí deben pasar por revisiones periódicas que incluyen música, alarmas, refrigeradores, maquinaria, ventiladores industriales y personal operando en horarios nocturnos o de madrugada. Mencionó casos como tortillerías que comienzan actividades muy temprano, cuyos ruidos generan constantes quejas vecinales
A la problemática del ruido comercial se suma otro frente: el uso de cohetes explosivos, especialmente en temporadas festivas. El alcalde Enrique Galindo adelantó su intención de prohibir la venta y detonación de pirotecnia de alto impacto auditivo, como parte de un esfuerzo para reducir la contaminación sonora y proteger a grupos vulnerables.
Galindo sostuvo que estas medidas no buscan afectar celebraciones tradicionales, sino evitar detonaciones que generan riesgos de incendios, lesiones y altos niveles de ruido que superan los límites permitidos por la normatividad ambiental.
Tanto Mendieta como el alcalde coinciden en que la contaminación auditiva debe atenderse desde todos los frentes: comercios, actividades nocturnas, alarmas, maquinaria y ahora también la pirotecnia explosiva.
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El recurso se verá reflejado en las cuentas universitarias en las próximas 24 a 48 horas y con ese depósito se liquidará el adeudo que ponía en riesgo los pagos y el paro de la institución
Por: Jorge Saldaña y Ana G. Silva
El próximo lunes el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunciarán de manera conjunta la ejecución del pago adeudado por 208 millones de pesos por parte de la administración estatal a la institución.
Con información confirmada por La Orquesta la transferencia del dinero es un hecho, sin embargo los recursos se verán reflejados por condiciones bancarias entre 24 y 48 horas a partir de este jueves.
Con la transferencia de recursos estaría cubierta la totalidad del adeudo que mantenía la administración estatal con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se dará cumplimiento cabal al convenio firmando entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la federación correspondiente al año 2025.
De acuerdo a la información obtenida desde el más alto nivel por este medio, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, alistan una rueda de prensa conjunta para el lunes (con horario por definir), donde anunciarán públicamente que las finanzas universitarias están a salvo y el adeudo fue liquidado.
La llegada del recurso permitirá a la Universidad sortear la etapa más crítica que enfrentó en años: la amenaza real de no poder cubrir nómina, aguinaldos, prestaciones y jubilaciones antes del cierre del año, y con ello el riesgo de un paro generalizado de la institución.
El monto a depositar corresponde al saldo pendiente de 208 millones de pesos, acumulado tras meses de retrasos y diferencias de interpretación del convenio y anexo de ejecución firmado entre la Federación y el Estado teniendo como beneficiario a la universidad.
El convenio, en su cláusula tercera señala que la Secretaría de Educación Pública realizaría depósitos mensuales al gobierno estatal para que fueran entregados a la UASLP hasta por un monto de 506 millones 155 mil 546 pesos, no obstante, de enero a octubre en cada ministración se fueron acumulando diferencias entre lo programado y lo entregado a la universidad.
Durante meses, la UASLP, a través de su máxima autoridad, el rector Alejandro Zermeño, advirtió al Consejo Directivo Universitario y a la sociedad que la falta de liquidez comprometía su operación más básica
Las advertencias subieron de tono al grado de que el pago de quincenas, aguinaldos, pensiones, mantenimiento e incluso la continuidad operativa se verían comprometidas si no llegaba el recurso antes del 30 de noviembre.
La crisis escaló y la SEP recordó oficialmente al Gobierno del Estado su obligación de aportar los 506 millones correspondientes a 2025, aclarando que el convenio no contemplaba la posibilidad de pagos en obra ni en especie.
El Gobierno respondió primero con un abono parcial en octubre, luego con mesas y reuniones de alto nivel de las dos instituciones hasta que se reconoció la deuda, y finalmente —tras semanas de tensiones, filtraciones y recelos— se generó una promesa de pago que vence este viernes 14 de noviembre.
El acuerdo logrado, aunque tardío, representa que la UASLP no enfrentará riesgos de impagos a la nómina ni prestaciones a sus empleados ni jubilados.
Con el anuncio oficial preparado para el próximo lunes, la relación institucional con el Gobierno del Estado se estabiliza, al menos en lo financiero y se podría decir que la responsabilidad institucional se impuso sobre las diferencias políticas.
Aunque el depósito se verá reflejado en las próximas horas y el adeudo estará cubierto, el Gobierno del Estado y la UASLP esperarán al lunes 17 para hacer el anuncio público.
En la conferencia conjunta además se espera se de adelanten los términos del convenio del próximo año y los recursos contemplados por el gobierno en su Ley de egresos 2026 y comenzará una nueva narrativa de la relación Gobierno-UASLP.
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