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#SeBuscan | Pacto de impunidad, tras desdén de exdiputados al PJ en SLP: CO
Por redacción
Dos días, dos audiencias y dos ausencias, acumularon esta semana los exdiputados José Luis Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, quienes fueron citados en el Centro Integral de Justicia Penal para ser imputados por el delito de peculado, en agravio del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Tras una audiencia realizada el pasado 13 de septiembre, el juez que lleva la causa citó a los exfuncionarios para que se presentaran los días 29 y 30 de septiembre a comparecer en las instalaciones de La Pila; sin embargo, no se presentaron.
Para el caso de José Luis Romero Calzada, se informó al juez que el exdiputado, con una serie de conocidos domicilios, entre ellos un hotel de lujo ubicado en el municipio de Salinas de Hidalgo, resultó imposible de localizar pues uno de los inmuebles donde se le buscó está deshabitado y en el otro, una mujer refirió que el hombre no vive ahí.
En el caso de Dulcelina Sánchez de Lira, resultó que no logró localizársele porque el primero de los domicilios en los que se le buscó fue una bodega, en la que un señor de nombre Juan dijo no conocer a la exdiputada; y en el segundo domicilio nadie abrió la puerta.
La única diferencia entre ambos casos es que Sánchez de Lira reportó tener un abogado particular para su defensa, mientras que en el caso del priista Romero Calzada, fue necesaria la presencia de un defensor de oficio.
Ahora corresponde a la Fiscalía, otra vez, la investigación para determinar el domicilio de ambos personajes, de manera que sea posible notificarles y, hasta entonces, el juez fijará nuevamente fecha para la audiencia de formulación de imputación.
Más que una burla, un pacto entre poderosos: Ciudadanos Observando
Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando, dijo en entrevista con La Orquesta que la actitud evasiva de los exdiputados demuestra que hay hay complicidad entre estos y las instituciones encargadas de impartir justicia en San Luis Potosí.
“Ya no sabe uno si es una burla o de plano así son las cosas”, lamentó González, quien encabezó una investigación, en 2018, que exhibió un patrón de desvío de recursos articulado por la mayoría de los 27 legisladores que integraron la LXI Legislatura, entre ellos Romero Calzada y Sánchez de Lira.
El activista consideró que “el que pongan el pretexto de que no daban con las direcciones y que no han sido notificados, yo creo que con eso nos están dando a entender de qué está hecho este tipo de procesos cuando se trata de exdiputados”.
“Yo veo esto raro, veo que hay poca esperanza de que realmente haya justicia para las víctimas porque si ahorita que apenas los van a vincular a proceso ya estamos viendo todo este tipo de argucias, imagínate ahora que vayan ante los jueces, pues casi vemos que hay un pacto, una negociación, y la verdad no confiamos en lo más mínimo en el Poder Judicial”.
Pago de favores políticos
En mayo de 2018, Ciudadanos Observando presentó El Honorable Gremio del Fraude, una investigación que reveló cómo los diputados locales desviaron más de 30 millones de pesos, un recurso del que disponían para entregar apoyos sociales a los habitantes de sus distritos; y aunque por ese caso se presentaron 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, solo uno de ellos, el panista Mariano Niño, fue vinculado a proceso por el delito de peculado en mayo de este año.
Guadalupe González detalla que, entre los exdiputados denunciados están, además de Romero Calzada, Niño y Sánchez de Lira, el tristemente célebre Óscar Bautista, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Josefina Salazar Báez e, incluso, el hoy secetario de Comunicaciones y Transportes del gobierno carrerista: Fernándo Chávez.
El activista estima que los exlegisladores se sienten confiados, pues fue su voto quien colocó al titular de la Fiscalía General del Estado y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sus respectivas posiciones.
“La Fiscalía los va a llevar, los va a vincular a proceso y los jueces van a salir con algún argumento para dejarlos impunes. (…) El mismo Almazán Cué pues les vende el favor; él llegó ahí gracias al voto de estos diputados (…) Ellos también pusieron al fiscal
Entonces cuando la clase política se cobra los favores vemos que quedan en impunidad, por eso andan tan campantes riéndose, porque saben de antemano que no les van a hacer nada”.
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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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