febrero 11, 2026

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#SeBuscan | Pacto de impunidad, tras desdén de exdiputados al PJ en SLP: CO

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Por redacción

Dos días, dos audiencias y dos ausencias, acumularon esta semana los exdiputados José Luis Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, quienes fueron citados en el Centro Integral de Justicia Penal para ser imputados por el delito de peculado, en agravio del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Tras una audiencia realizada el pasado 13 de septiembre, el juez que lleva la causa citó a los exfuncionarios para que se presentaran los días 29 y 30 de septiembre a comparecer en las instalaciones de La Pila; sin embargo, no se presentaron.

Para el caso de José Luis Romero Calzada, se informó al juez que el exdiputado, con una serie de conocidos domicilios, entre ellos un hotel de lujo ubicado en el municipio de Salinas de Hidalgo, resultó imposible de localizar pues uno de los inmuebles donde se le buscó está deshabitado y en el otro, una mujer refirió que el hombre no vive ahí.

En el caso de Dulcelina Sánchez de Lira, resultó que no logró localizársele porque el primero de los domicilios en los que se le buscó fue una bodega, en la que un señor de nombre Juan dijo no conocer a la exdiputada; y en el segundo domicilio nadie abrió la puerta.

La única diferencia entre ambos casos es que Sánchez de Lira reportó tener un abogado particular para su defensa, mientras que en el caso del priista Romero Calzada, fue necesaria la presencia de un defensor de oficio.

Ahora corresponde a la Fiscalía, otra vez, la investigación para determinar el domicilio de ambos personajes, de manera que sea posible notificarles y, hasta entonces, el juez fijará nuevamente fecha para la audiencia de formulación de imputación.

Más que una burla, un pacto entre poderosos: Ciudadanos Observando

Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando, dijo en entrevista con La Orquesta que la actitud evasiva de los exdiputados demuestra que hay hay complicidad entre estos y las instituciones encargadas de impartir justicia en San Luis Potosí.

“Ya no sabe uno si es una burla o de plano así son las cosas”, lamentó González, quien encabezó una investigación, en 2018, que exhibió un patrón de desvío de recursos articulado por la mayoría de los 27 legisladores que integraron la LXI Legislatura, entre ellos Romero Calzada y Sánchez de Lira.

El activista consideró que “el que pongan el pretexto de que no daban con las direcciones y que no han sido notificados, yo creo que con eso nos están dando a entender de qué está hecho este tipo de procesos cuando se trata de exdiputados”.

“Yo veo esto raro, veo que hay poca esperanza de que realmente haya justicia para las víctimas porque si ahorita que apenas los van a vincular a proceso ya estamos viendo todo este tipo de argucias, imagínate ahora que vayan ante los jueces, pues casi vemos que hay un pacto, una negociación, y la verdad no confiamos en lo más mínimo en el Poder Judicial”.

Pago de favores políticos

En mayo de 2018, Ciudadanos Observando presentó El Honorable Gremio del Fraude, una investigación que reveló cómo los diputados locales desviaron más de 30 millones de pesos, un recurso del que disponían para entregar apoyos sociales a los habitantes de sus distritos; y aunque por ese caso se presentaron 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, solo uno de ellos, el panista Mariano Niño, fue vinculado a proceso por el delito de peculado en mayo de este año.

Guadalupe González detalla que, entre los exdiputados denunciados están, además de Romero Calzada, Niño y Sánchez de Lira, el tristemente célebre Óscar Bautista, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Josefina Salazar Báez e, incluso, el hoy secetario de Comunicaciones y Transportes del gobierno carrerista: Fernándo Chávez.

El activista estima que los exlegisladores se sienten confiados, pues fue su voto quien colocó al titular de la Fiscalía General del Estado y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sus respectivas posiciones.

“La Fiscalía los va a llevar, los va a vincular a proceso y los jueces van a salir con algún argumento para dejarlos impunes. (…) El mismo Almazán Cué pues les vende el favor; él llegó ahí gracias al voto de estos diputados (…) Ellos también pusieron al fiscal

Entonces cuando la clase política se cobra los favores vemos que quedan en impunidad, por eso andan tan campantes riéndose, porque saben de antemano que no les van a hacer nada”.

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Hallan sin vida a empresarios de Villa de Reyes en Zacatecas

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Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.

Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.

De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.

Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.

Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.

Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.

La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia

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María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio

Por: Redacción

Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.

La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.

García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones

, ya que incluso es “muy frecuente” que al hacer una detención, la víctima decida no ejercer acciones, por lo que tienen que dejar en libertad al presunto agresor.

Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.

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Extorsión por préstamos ilegales persiste en la zona metropolitana: SSPC

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Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.

Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.

Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.

“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.

El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad

, donde se mantiene la instrucción de dar seguimiento puntual a este tipo de casos en la zona metropolitana.

En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.

Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.

Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.

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