diciembre 3, 2025

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#SeBuscan | Pacto de impunidad, tras desdén de exdiputados al PJ en SLP: CO

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Por redacción

Dos días, dos audiencias y dos ausencias, acumularon esta semana los exdiputados José Luis Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, quienes fueron citados en el Centro Integral de Justicia Penal para ser imputados por el delito de peculado, en agravio del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Tras una audiencia realizada el pasado 13 de septiembre, el juez que lleva la causa citó a los exfuncionarios para que se presentaran los días 29 y 30 de septiembre a comparecer en las instalaciones de La Pila; sin embargo, no se presentaron.

Para el caso de José Luis Romero Calzada, se informó al juez que el exdiputado, con una serie de conocidos domicilios, entre ellos un hotel de lujo ubicado en el municipio de Salinas de Hidalgo, resultó imposible de localizar pues uno de los inmuebles donde se le buscó está deshabitado y en el otro, una mujer refirió que el hombre no vive ahí.

En el caso de Dulcelina Sánchez de Lira, resultó que no logró localizársele porque el primero de los domicilios en los que se le buscó fue una bodega, en la que un señor de nombre Juan dijo no conocer a la exdiputada; y en el segundo domicilio nadie abrió la puerta.

La única diferencia entre ambos casos es que Sánchez de Lira reportó tener un abogado particular para su defensa, mientras que en el caso del priista Romero Calzada, fue necesaria la presencia de un defensor de oficio.

Ahora corresponde a la Fiscalía, otra vez, la investigación para determinar el domicilio de ambos personajes, de manera que sea posible notificarles y, hasta entonces, el juez fijará nuevamente fecha para la audiencia de formulación de imputación.

Más que una burla, un pacto entre poderosos: Ciudadanos Observando

Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando, dijo en entrevista con La Orquesta que la actitud evasiva de los exdiputados demuestra que hay hay complicidad entre estos y las instituciones encargadas de impartir justicia en San Luis Potosí.

“Ya no sabe uno si es una burla o de plano así son las cosas”, lamentó González, quien encabezó una investigación, en 2018, que exhibió un patrón de desvío de recursos articulado por la mayoría de los 27 legisladores que integraron la LXI Legislatura, entre ellos Romero Calzada y Sánchez de Lira.

El activista consideró que “el que pongan el pretexto de que no daban con las direcciones y que no han sido notificados, yo creo que con eso nos están dando a entender de qué está hecho este tipo de procesos cuando se trata de exdiputados”.

“Yo veo esto raro, veo que hay poca esperanza de que realmente haya justicia para las víctimas porque si ahorita que apenas los van a vincular a proceso ya estamos viendo todo este tipo de argucias, imagínate ahora que vayan ante los jueces, pues casi vemos que hay un pacto, una negociación, y la verdad no confiamos en lo más mínimo en el Poder Judicial”.

Pago de favores políticos

En mayo de 2018, Ciudadanos Observando presentó El Honorable Gremio del Fraude, una investigación que reveló cómo los diputados locales desviaron más de 30 millones de pesos, un recurso del que disponían para entregar apoyos sociales a los habitantes de sus distritos; y aunque por ese caso se presentaron 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, solo uno de ellos, el panista Mariano Niño, fue vinculado a proceso por el delito de peculado en mayo de este año.

Guadalupe González detalla que, entre los exdiputados denunciados están, además de Romero Calzada, Niño y Sánchez de Lira, el tristemente célebre Óscar Bautista, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Josefina Salazar Báez e, incluso, el hoy secetario de Comunicaciones y Transportes del gobierno carrerista: Fernándo Chávez.

El activista estima que los exlegisladores se sienten confiados, pues fue su voto quien colocó al titular de la Fiscalía General del Estado y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sus respectivas posiciones.

“La Fiscalía los va a llevar, los va a vincular a proceso y los jueces van a salir con algún argumento para dejarlos impunes. (…) El mismo Almazán Cué pues les vende el favor; él llegó ahí gracias al voto de estos diputados (…) Ellos también pusieron al fiscal

Entonces cuando la clase política se cobra los favores vemos que quedan en impunidad, por eso andan tan campantes riéndose, porque saben de antemano que no les van a hacer nada”.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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