Congreso del Estado
Se debe garantizar que migrantes tengan documentación oficial y vigente: diputado
José Ramón Torres presentó un punto de acuerdo que incluye una solicitud para investigar el uso de documentación ilegal
Por: Redacción
El diputado José Ramón Torres García presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para que realicen actividades tendientes a organizar que la población migrante tenga la documentación oficial y vigente durante el tránsito en San Luis Potosí.
Les solicita que coadyuven en la investigación de los casos en donde se denuncia el presunto uso de documentación ilegal en perjuicio de las y los migrantes en su tránsito por la entidad potosina.
El legislador también pidió que los oficiales migratorios en el aeropuerto internacional de San Luis Potosí, respeten el plazo de estancia establecido en la forma migratoria, garantizando con ello el respeto a los derechos humanos el libre tránsito, evitando con ello que se cometan actos en contra de la identidad de las personas, así como un cobro irregular en perjuicio de las personas. 
Torres García dijo que se pide al personal adscrito a la oficina de migración en el Estado que prevalezcan los principios de respeto a los derechos humanos, no criminalización del migrante irregular, facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y seguridad, respeto de los derechos adquiridos de los migrantes y evitar un cobro irregular en perjuicio del patrimonio de las personas. 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis y posteriormente ser remitido al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso ser votado.
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Congreso del Estado
Congreso cierra reformas electorales; ahora la decisión está en manos de la SCJN: diputado
El diputado Rubén Guajardo dijo que la sentencia de la Corte debe estar lista antes del 15 de noviembre
Por: Redacción
El Congreso del Estado ya no puede modificar la ley electoral, confirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.
Guajardo Barrera dijo que el plazo de 90 días para reformas electorales ya se cerró, y que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver las controversias que en su momento presentaron el gobierno federal, el partido Morena y el partido Somos México.
“Ahorita ya en el Congreso no podemos hacer nada. Ya se cerró esta etapa”, señaló el legislador.
Sobre la impugnación por el mecanismo de alternancia, explicó que la defensa del Congreso es que un artículo transitorio fija su aplicación hasta 2033, no para las elecciones de 2027, y que por eso el argumento podría desecharse.
Sobre la queja de Somos México por falta de consulta indígena, dijo que no hubo consulta porque, a su parecer, ninguna modificación de la ley electoral toca los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre los exámenes de control de confianza para candidatos, dijo que, al no ser obligatorios, no violan derechos humanos, aunque esperarán la resolución de la Corte.
El proceso electoral de San Luis Potosí inicia el 15 de noviembre. Guajardo Barrera dijo que espera que la sentencia de la Suprema Corte esté lista antes de esa fecha, “para tener reglas claras para el proceso del 2027”.
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Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales
Por: Redacción
El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.
La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.
“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.
La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.
Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.
La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.
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Héctor Serrano anunció un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados del Congreso
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano Cortés anunció que el Congreso del Estado iniciará un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados a los que atribuye la filtración de documentos legislativos, con el fin de aplicarles las sanciones que marca la ley.
El caso llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Según el legislador, lo que la institución detectó no es un tráfico de documentos en abstracto, sino la actuación de personal específico: “algunos asesores y algunos empleados del Congreso del Estado”.
Serrano Cortés reconoció que ese personal tiene derecho a sus propias filiaciones partidistas y simpatías políticas, pero sostuvo que dentro de la instituTodas las entradasción están obligados a cumplir “cabalmente con la honorabilidad”.
El diputado calificó las filtraciones como acciones sin sentido y con un propósito determinado: “totalmente con el único afán de generar una crisis”. Y las ligó al caso del dictamen sobre los requisitos para designar Fiscal General, que según las versiones publicadas se modificó dos veces: “es alguien que está provocando”.
“Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria a los empleados, ya sean asesores o del cuerpo legislativo, que hayan incurrido en una deslealtad de esta naturaleza”, afirmó.
Sobre el mecanismo, fue explícito: el procedimiento arrancará ante el Contralor y concluirá con las sanciones previstas en la norma.
El anuncio llega en la misma entrevista en que Serrano Cortés respaldó la iniciativa federal para regular plataformas digitales e inteligencia artificial, y en la que sostuvo que esa regulación “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.
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