Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

También lee: Unos 10 alcaldes podrían ser inhabilitados por sueldos de policías: Gallardo

Tras el señalamiento contra el dirigente panista Carlos Enrique Dahud por recibir honorarios del Ayuntamiento, el alcalde Enrique Galindo respondió con una acusación contra el presidente del Congreso: afirma que registros de transparencia muestran que Luis Fernando Gámez Macías sigue cobrando 32 mil pesos en la Secretaría General de Gobierno

Por: Jorge Saldaña

Foto creada con IA

La confrontación entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el bloque político del Gobierno del Estado escaló este martes, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó al presidente de la Directiva del Congreso local, Luis Fernando Gámez Macías, de aparecer simultáneamente en la nómina de la Secretaría General de Gobierno con una percepción de 32 mil pesos.

El señalamiento surgió un día después de que se hiciera público que Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del PAN estatal, mantiene un contrato de honorarios con el Ayuntamiento capitalino por alrededor de 28 mil pesos mensuales.

Galindo reconoció que Dahud presta servicios al gobierno municipal, pero rechazó que se trate de una irregularidad o de un caso de “aviaduría”. Según explicó, el dirigente panista cuenta con un contrato por honorarios, cumple funciones específicas y ese esquema no necesariamente implica un horario fijo.

“No es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que está dispuesto a mostrar la documentación y las actividades realizadas por Dahud.

Acto seguido, Galindo devolvió el señalamiento al Congreso.

De acuerdo con el alcalde, información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que Gámez Macías todavía aparece como director general dentro de la Secretaría General de Gobierno y recibe aproximadamente 32 mil pesos.

“Eso sí es un delito, si es que no ha renunciado”, afirmó Galindo, quien insistió en que el legislador debe aclarar públicamente si mantiene o no una relación laboral y salarial con el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejerce como diputado y presidente de la Directiva del Congreso.

La afirmación corresponde al señalamiento del alcalde y, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Gámez continúe cobrando ese salario ni se ha determinado por una autoridad que exista responsabilidad penal o administrativa.

Galindo elevó además el tono del enfrentamiento al asegurar que, si se pretende abrir una investigación contra el Ayuntamiento por el caso Dahud, el Congreso debería aplicar el mismo criterio al propio Gámez.

“Que el presidente del Congreso, el diputado Gámez, explique primero si sigue cobrando en la Secretaría General. Es un dato muy reciente, cobra 32 mil pesos”, declaró.

Incluso sostuvo que, en caso de comprobarse una incompatibilidad, a Gámez también podrían alcanzarle procedimientos como un juicio político o una eventual inhabilitación.

El alcalde ironizó sobre el caso al señalar que el presidente de la Directiva no sería “un aviador chiquito”, sino “un aviador del 727”, debido al nivel del cargo que, según Galindo, aparece registrado en la administración estatal.

Más allá del posible doble cobro, Galindo acusó a Gámez de utilizar la presidencia del Congreso para mantener una ofensiva política contra el Ayuntamiento capitalino.

A pregunta expresa sobre si consideraba que el legislador había sido colocado al frente de la Directiva con el propósito de confrontarlo rumbo al proceso electoral de 2027, respondió: “Estoy seguro de eso, pero el Congreso no se lo merece”.

Galindo sostuvo que las expresiones de Gámez comprometen institucionalmente al Poder Legislativo porque, en su calidad de presidente de la Directiva, sus declaraciones ya no pueden ser consideradas únicamente opiniones personales.

“Hoy que es presidente representa a un poder. No es Gámez el que habla, habla el Congreso”, señaló.

Por ello, pidió al legislador separarse de la presidencia de la Directiva si pretende continuar con la confrontación política.

“Yo le pido que mejor deje la Directiva. Que si él como presidente del Congreso es nombrado para golpearme, yo invito al diputado a que deje la Directiva para que nos golpeemos a gusto”, expresó.

El alcalde también reclamó una postura del Gobierno del Estado y particularmente de la Secretaría General de Gobierno para aclarar si Gámez mantiene actualmente algún nombramiento o percepción económica dentro de esa dependencia.

“Si Gámez no deja fehacientemente claro que renunció como director general de la Secretaría General, pues también el secretario general tiene que decir algo. Yo también creo que el Gobierno del Estado tiene que fijar una postura”, afirmó.

El episodio abre un nuevo frente en la disputa pública entre el Ayuntamiento capitalino y actores políticos ligados al Gobierno del Estado y al Partido Verde, ahora con señalamientos cruzados sobre nóminas públicas, posibles incompatibilidades y utilización política de las instituciones.

Galindo aseguró que responderá cualquier investigación relacionada con la contratación de Dahud, pero exigió que el mismo nivel de escrutinio se aplique al presidente del Congreso.

“Yo me comprometo a aclarar lo mío y a demostrar que no es ilegal. Que él aclare”, sentenció.

Lee también: Sin calles ni Ayuntamiento de por medio: la carrera del Congreso se correrá en el Tangamanga

El secretario de la Comisión de Salud del Congreso reconoció que todavía hay problemas con los medicamentos y los insumos médicos

Por: Redacción

El diputado local de Morena Carlos Arreola Mallol, secretario de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, reconoció que lo hecho hasta ahora en el sistema de salud “no ha sido suficiente” y que siguen pendientes los problemas con los medicamentos y los insumos médicos.

Sobre los trabajadores de salud que se manifiestan, dijo que su lucha “es legítima” y que acompañarán su demanda “en lo que corresponda al esquema local”. Sin embargo, sostuvo que “la solución tiene que venir del esquema nacional”, es decir, del IMSS-Bienestar, el organismo federal que hoy se encarga de esos servicios. Según Arreola, a nivel federal ya “se está dando atención”.

Medicamentos, refrigeración y trámites

El legislador dijo que la exigencia de los trabajadores para que haya medicamentos para los pacientes “sí, claro, es preocupante”. Contó que el tema se ha hablado en la Comisión de Salud y que los propios funcionarios de los hospitales les han expuesto el problema “de viva voz”.

Explicó que las fallas están en la distribución local, en la refrigeración y en las redes que llevan los medicamentos a las clínicas. “La pandemia demostró que a los trabajadores de la salud no se les puede regatear, y los procesos administrativos no pueden ser pretextos para que no haya ni siquiera los medicamentos”, afirmó.

“No estamos diciendo que no se esté haciendo nada”

Cuando se le cuestionó que ya pasaron ocho años desde que Morena ganó las elecciones sin que se haya restablecido el sistema de salud, Arreola respondió que el país atraviesa una “reestructuración completa de lo que era un esquema privatizado”. Admitió que “no ha sido suficiente”, aunque defendió que “no estamos diciendo que no se esté haciendo nada”.

Como ejemplo puso la inversión en hospitales y nuevas camas en Ciudad Valles y Rioverde. “No es todavía lo necesario, hace falta la consolidación de los sistemas estatales”, reconoció. “La inversión está ahí, la planeación está ahí, los resultados y los datos están ahí. Hace falta también resolver el asunto de los insumos y de los procesos administrativos”.

“Estamos en la ruta correcta”

El diputado celebró que los trabajadores se movilicen. “Siempre son los movimientos sociales los que dan respuesta y los que generan los cambios necesarios”, dijo. “Qué bueno que se están movilizando los trabajadores. Estamos en la ruta correcta”.

La postura de Arreola coincide con la del Gobierno del Estado. El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo a los trabajadores de salud que bloquean la Glorieta Bocanegra que la responsabilidad del hospital ya es del IMSS-Bienestar, aunque aseguró que el Estado “está dando la cara”.

También lee: “No podemos permitir que ese bloqueo continúe”: Torres Sánchez a trabajadores en la Glorieta Bocanegra